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La agroecología es la solución al hambre y al cambio climático

Philosophicus, 28-11-2014

 
El salvadoreño Adolfo es un ejemplo de los beneficios de la agroecología campesina. Crédito: Jason Taylor/Amigos de la Tierra Internacional


Análisis de Kirtana Chandrasekaran y Martín Drago*
IPS, 28 de noviembre, 2014.- Científicos especializados en cambio climático emitieron el 2 de noviembre su más reciente advertencia de que la crisis climática está empeorando rápidamente en varios aspectos. Prevén que el cambio climático afecte la productividad agrícola, cuya consecuencia será la afectación de la seguridad y soberanía alimentaria de muchos países.
¿Adoptarán nuestros gobiernos las medidas urgentes y necesarias para abordar estas crisis? Tienen una oportunidad en la próxima ronda de negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Lima, del 1 al 12 de diciembre.
Los campesinos y campesinas como el salvadoreño Adolfo son los principales productores de alimentos hoy en día. Necesitamos de ellos, y no de la producción industrial, para alimentar al planeta en el contexto del cambio climático y de la degradación generalizada de los recursos naturales.
En nuestro planeta, 805 millones de personas padecen hambre crónica y el sobrepeso y la obesidad afecta a más de 2.000 millones de personas; 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad matan más personas que la desnutrición.
El problema no es la falta de alimentos, sino su distribución desigual. El acceso a los alimentos está definido por la riqueza y el lucro, en lugar de la necesidad. Se promueve el libre comercio por encima del derecho a la alimentación. Como consecuencia de ello, la mitad de los granos del mundo se utilizan para alimentar a animales criados en establecimientos industriales y una proporción importante de cultivos básicos en la alimentación se convierten en agrocombustibles para alimentar autos. Así, las personas hambrientas se quedan sin alimentos para dárselos a los consumidores ricos
Quienes padecen hambre son principalmente las personas pobres de las zonas rurales en los países en desarrollo, fundamentalmente productores a pequeña escala de África y Asia. Casi una de cada nueve personas se va a dormir con hambre cada noche.
No es el caso de Adolfo y su familia, a pesar de vivir en una zona que fue devastada por los efectos del cambio climático y las inundaciones, el Valle Lempa en El Salvador. Él conoce por experiencia propia que la diversidad agrícola y la conservación en manos campesinas de las semillas tradicionales son fundamentales para el sustento de los productores a pequeña escala.
La enorme mayoría de los gobiernos de todo el mundo han ignorado a los productores a pequeña escala durante décadas, sumiendo a millones de ellos en la pobreza. Sin embargo, ellos y ellas siguen siendo quienes producen la mayor parte de los alimentos del mundo, utilizando variedades tradicionales de semillas y sin recurrir a insumos industriales.
En África, los campesinos y campesinas cultivan prácticamente todos los alimentos que se consumen a nivel local. En América Latina, 60 por ciento de la producción, incluida la carne, proviene de pequeñas fincas familiares. En Asia, centro mundial de la producción de arroz, prácticamente todo el arroz se cultiva en granjas de menos de dos hectáreas.
Aun así, el agronegocio y algunos gobiernos promueven fuertemente la agricultura industrial (basada en monocultivos, semillas híbridas y plaguicidas y fertilizantes químicos) como la mejor forma de alimentar al planeta.
Además, la agricultura industrial es una de las mayores contribuyentes al cambio climático, debido a su alto consumo de combustibles fósiles, pesticidas y fertilizantes y a sus impactos sobre suelos, aguas y biodiversidad. Existe suficiente evidencia de que está destruyendo los recursos de los que dependemos para producir nuestros alimentos.
Pero los promotores de la agricultura industrial hacen caso omiso de sus impactos ambientales.
Sabiendo el gran reto que representa el cambio climático, ya que podría reducir considerablemente la productividad agrícola, especialmente en los países en desarrollo, otros son los caminos que se deberían fomentar.
Por otro lado, los defensores de la agricultura industrial la justifican señalando que debido a la creciente población mundial se necesitarán producir más alimentos y para ello es necesario aumentar los rendimientos. Pero sabemos que producir más alimentos y aumentar el rendimiento no son los únicos retos. De hecho, ya producimos suficientes alimentos para alimentar a nuestra población actual y futura.
El problema no es la falta de alimentos, sino su distribución desigual. El acceso a los alimentos está definido por la riqueza y el lucro, en lugar de la necesidad. Se promueve el libre comercio por encima del derecho a la alimentación.
Como consecuencia de ello, la mitad de los granos del mundo se utilizan para alimentar a animales criados en establecimientos industriales y una proporción importante de cultivos básicos en la alimentación se convierten en agrocombustibles para alimentar autos. Así, las personas hambrientas se quedan sin alimentos para dárselos a los consumidores ricos.
Para erradicar el hambre es imprescindible aumentar los ingresos de los sectores empobrecidos y contribuir a que los productores y productoras de alimentos a pequeña escala puedan mantener sus modos de vida, para alimentarse y alimentar al mundo de forma sustentable.
Pero la salida estructural al hambre y la pobreza se encontrará construyendo la soberanía alimentaria de los pueblos. Es decir, “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, resume la Declaración de Nyéléni con que concluyó el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, realizado en Malí en 2007.
Para ello, es imprescindible: que el control de los sistemas y políticas agroalimentarias recaiga en aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos, en lugar de en los mercados y las corporaciones; priorizar las economías y los mercados locales y nacionales; fomentar la sostenibilidad ambiental, social y económica de la producción, la distribución y el consumo; y garantizar el derecho de los productores de alimentos al acceso y la gestión de la tierra, las aguas, las semillas y la biodiversidad en general.
“La Soberanía Alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones”, destaca también la Declaración de Nyéléni.
La soberanía alimentaria incluye el derecho a la seguridad alimentaria. Pero un país que se centra solamente en lograr la seguridad alimentaria no distingue de dónde provienen los alimentos ni las condiciones en las que se producen y distribuyen.
Los objetivos nacionales de seguridad alimentaria a menudo se logran mediante la producción de alimentos en condiciones de destrucción del medio ambiente y de explotación social que destruyen a los productores locales de alimentos, mientras benefician a las empresas del agronegocio.
En los últimos años, varios organismos de las Naciones Unidas han reconocido que la agroecología es la forma más eficaz para combatir las crisis alimentaria, ambiental y de pobreza. Un análisis de la agroecología, realizado en 2011, evidenció que tiene el potencial de duplicar la producción de alimentos en 10 años.
Hasta una fracción de dicha ganancia puede disminuir considerablemente el hambre en el mundo. Las pruebas son claras, pero cambiar el sistema agroalimentario mundial es difícil.
Para hacer frente a este desafío surgió el movimiento por la “soberanía alimentaria”; que cuenta con el respaldo de más de 300 millones de mujeres y hombres, productores de alimentos a pequeña escala, consumidores y activistas por la justicia ambiental y los derechos humanos, entre otros.
El poder de las empresas de semillas y plaguicidas como Monsanto y Syngenta, de supermercados gigantes como Wal-Mart y de empresas productoras de granos como Cargill ha crecido tanto que ejercen mucha influencia en las políticas agroalimentarias nacionales y globales. Esto asegura que el agronegocio reciba miles de millones de dólares en subvenciones y apoyo normativo.
Acabar con el hambre en el mundo está a nuestro alcance, pero se necesita una transformación fundamental del sistema agroalimentario mundial: un cambio radical de la agricultura industrial a la agroecología para la soberanía alimentaria.
Esta transformación sin duda tendría repercusiones muy positivas en la crisis climática: menos agricultura industrial y más producción agroecológica equivalen a menos emisiones de carbono, algo fundamental para protegernos del cambio climático.
Adolfo y millones de productores y productoras como él están en la primera línea de esta transformación y los líderes mundiales deben brindarles mucho más apoyo -a nivel de la ONU, así como en el plano nacional y local- si se proponen seriamente solucionar las crisis climática y alimentaria.
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*Kirtana Chandrasekaran y Martín Drago coordinan el programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional.
(Las opiniones de este artículo corresponden a sus autores y no representan necesariamente las de IPS, ni pueden atribuírsele)
Editado por Estrella Gutiérrez

Denuncian completo desinterés del Ejecutivo por crisis ambiental y social en la Amazonía

Philosophicus, 28-11-2014

 
Apu de la cuenca del río Tigre muestra a la prensa imagen del daño que le está haciendo la actividad petrolera a la Amazonía.

- En conferencia de prensa apus exigieron que se destine presupuesto para atender demandas de los pueblos indígenas de las cuatro cuencas.
Servindi, 28 de noviembre, 2014.- Congresistas y apus de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en Loreto, denunciaron el desinterés con que el Ejecutivo viene tratando la problemática ambiental y social que afrontan más de un centenar de comunidades a consecuencia de la actividad petrolera.
Alfonso López, presidente de la Acodecospat, federación del pueblo Kukama, sostuvo en la conferencia de prensa organizada para dar a conocer esta situación, que sus demandas son las mismas de hace tres años y que sin embargo el gobierno no ha hecho significativo al respecto.
En ese sentido, la congresista Marisol Pérez Tello afirmó que en todo ese tiempo no se han creado los mecanismos para satisfacer las demandas de los pueblos afectados como son “titulación, compensación, pago por el uso de tierras, saneamiento y un plan de remediación serio”.
Se han creado comisiones multisectoriales, informes socioambientales, informes sociales, una comisión de emergencia ambiental y nada de esto ha dado resultados concretos, explicó la parlamentaria.
Los apus de la cuatro cuencas se refirieron también al rol de la premier Ana Jara, a quien le pidieron respete los acuerdos tomados en las comisiones de desarrollo que el mismo Ejecutivo ha formado.
 
Carlos Sandi, presidente de la Feconaco

Los apus cuestionaron así que la PCM a través de su Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad recientemente haya suspendio una reunión clave, por el alcance de las decisiones que se tenían previstas tomar, hasta nuevo aviso, cuando el 10 de noviembre la PCM ya había empeñado su palabra para que dicha reunión se dé la última semana de este mes.
“Venimos a reiterar nuestro pedido a la premier, que se pronuncie (…) necesitamos que la premier nos establezca fecha y hora para que las cuencas y los apus estemos con ella para discutir las soluciones a nuestros problemas”, manifestó enfático Alfonso López de la Acodecospat.

Presupuesto cuanto antes

Tras recibir el respaldo de los congresistas Verónika Mendoza, Marisol Pérez Tello, Eduardo Nayap, Rosa Mavila, Manuel Dammert y Jaime Delgado, los apus dieron a conocer uno de sus pedidos más inmediatos como es el establecimiento de un fondo para atender las demandas de las comunidades de las cuatro cuencas afectadas.
Asimismo, solicitaron que se señale a un responsable del mismo y el tiempo que va tomar atender temas urgentes como el de la salud. Los apus recordaron que hasta el día de hoy las comunidades siguen tomando agua contaminada con metales pesados y derivados del petróleo.
“Así como el Estado garantiza las ganancias de las empresa petroleras también tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).
 
Congresistas de la República expresando su respaldo a las demandas de los apus. 

El mismo cuestionó la autoridad del Perú en la organización de la Conferencia de las Partes (COP 20), ya que mientras que por un lado el gobierno habla de defender la Amazonía, por el otro -explicó- no hace nada por protegerla de los daños que por más de cuarenta años le ha ocasionado la actividad petrolera.
En otros puntos, las federaciones se mostraron reticentes a los anuncios del Gobierno sobre la licitación del Lote 192. Señalaron que hasta que no se cumplan con sus demandas no participarán de ningún proceso de consulta al respecto.
Como es sabido, en el Lote 1 AB y el Lote 8 opera la empresa argentina Pluspetrol, la misma que por años ha sido blanco de serias críticas. Un reciente informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha dado cuenta de su cuestionable forma de operar en vastas extensiones de la Amazonía.
Precisamente en agosto del próximo año termina el contrato de concesión del Lote 1AB, la misma área, ahora ampliada, se llama Lote 192, y se concesionará 40 años más.
Al respecto, la congresista Rosa Mavila sostuvo que lo mínimo que se debe hacer es que se dé un control de daños, y que se establezca un parámetro para que a futuro esos daños no puedan profundizarse en contra de la población indígena.

Fuente: Servindi

Seminario conmemora el 25º aniversario del Convenio 169 de la OIT

Philosophicus, 28-11-2014


28 de noviembre, 2014.- Hace 25 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptaba el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio Nº 169).
En este contexto, las Misiones Permanentes de Dinamarca y México ante la ONU de Ginebra, en colaboración con la OIT, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y la Universidad de Lucerna, organizan el seminario “Favoreciendo un desarrollo basado en derechos: lecciones aprendidas en los 25 años de experiencia del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales”.
Este seminario, que se celebra en Ginebra los días 27 y 28 de noviembre, representa la primera ocasión desde la adopción del Convenio en que representantes de alto nivel de las cuatro partes implicadas en el Convenio (los estados, sindicatos de trabajadores, organizaciones de empleadores y representantes de los pueblos indígenas), se reúnen en un evento global para llevar a cabo una reflexión conjunta sobre el uso del Convenio.
Una excelente oportunidad para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la CMPI
El evento tiene lugar pocos meses después de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (CMPI), que concluyó con la adopción de un documento final histórico que reafirma el apoyo de los estados a los derechos de los pueblos indígenas y a una serie de compromisos sobre acciones concretas, entre ellas instar a los estados a ratificar el Convenio Nº 169.
En este sentido, el seminario ofrece una gran oportunidad para promover esfuerzos conjuntos de seguimiento de los compromisos adquiridos en la CMPI y para trabajar hacia la ratificación y mejora de la implementación del Convenio Nº 169.
Contribución del Convenio 169 al desarrollo de los pueblos indígenas
El Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989, representa uno de los pilares fundamentales del marco legal internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas.
A 25 años de su adopción, el seminario pretende dar respuesta a la cuestión de cómo ha contribuido el Convenio al desarrollo basado en derechos de los pueblos indígenas del mundo.
También se pregunta sobre los principales obstáculos y retos enfrentados en la puesta en marcha efectiva de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio ¿Puede el desarrollo libremente determinado de los pueblos indígenas alinearse con los intereses nacionales y las inversiones privadas, incluyendo proyectos de explotación de recursos naturales a gran escala?
Con la idea de evaluar el rol del Convenio Nº 169 como herramienta que promueve un desarrollo de los pueblos indígenas basado en derechos, los organizadores del seminario invitaron a participar a representantes de diferentes estados (algunos que han ratificado el Convenio y otros que no), pueblos indígenas, aliados sociales de la OIT, expertos independientes, investigadores y otros actores relevantes.
El programa de este evento que dura dos días incluye tanto espacios de debate interactivo como presentaciones de experiencias nacionales y regionales expuestas por representantes de los pueblos indígenas, gobiernos, sindicatos y organizaciones de empleadores y agencias y mecanismos de la ONU.
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Fuente: IWGIA: http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1117