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CONTRALORIA DE BOLIVIA SEÑALA RESPONSABILIDAD PENAL EN FUNCIONARIOS QUE PROTEGIAN A SABSA

PHILOSOPHICUS
La Paz/Bolivia
Miércoles, 20 de Marzo del 2,013

Fuente: Diario Cambio
COMPROMETIDOS EX SUPERINTENDENTES Y EX AUTORIDADES DE AASANA Y CONCESIONARIOS.SE CONCLUYÓ AUDITORÍA SOBRE PROCESO DE CONTRATO DE CONCESIÓN
AEROPORTUARIA.
DOCUMENTO ANALIZA INCLUSIÓN DE SABSA EN RELACIÓN CONTRACTUAL
ENTRE AASANA Y AIRPORT GROUP INTERNATIONAL ( AGI )
Redacción central / Cambio
 
Una auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE) estableció indicios penales contra seis ex funcionarios en el proceso del contrato de concesión de los aeropuertos John F. Kennedy (hoy Aeropuerto Internacional de El Alto), en La Paz; Jorge Wilstermann de Cochabamba y Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.

El documento analiza la inclusión de la compañía Servicio de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa) —nacionalizada el 18 de febrero de 2013— en la relación contractual entre Aasana (Administración de Aeropuertos de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) y el concesionario Airport Group International (AGI), además de la cesión de derechos y privilegios exclusivos otorgados a la empresa TBI US Inc.

La auditoría, en sus conclusiones, constituye indicios de responsabilidad penal y con probabilidad de presuntos autores del delito de Uso indebido de Influencias (artículo 146 del Código Penal) a las acciones de Alfredo Careaga Guereca, ex director ejecutivo de Aasana; Branimir Lobo Boneta, ex superintendente de Transportes; Juan Carlos Montaño Kenning, ex director ejecutivo de Aasana, y Erik Larrazabal Antezana, ex superintendente de Transportes a.i.

De estos ex funcionarios públicos también se establece probabilidad de presuntos autores del delito de Contratos Lesivos al Estado (artículo 221 del Código Penal) contra Alfredo Careaga Guereca y Juan Carlos Montaño Kenning, ex directores de Aasana; y se añade a Robert J. Aaronson, representante legal de la Compañía Airport Group International (AGI), y Anthony Alicastro, gerente general de Sabsa.

El documento de auditoría añade que las acciones y omisiones de los ex superintendentes, Branimir Lobo Boneta y Erik Larrazábal Antezana (antes mencionados), constituyen indicios de responsabilidad penal por haber adecuado su conducta al tipo penal señalado en el artículo 153 del Código Penal, siendo con probabilidad presuntos autores del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

La auditoría señala que el contrato de concesión vulneró el Decreto Supremo Nº 24315, de 14 de junio de 1996, referido a la Concesión de los Servicios Aeroportuarios.

“Aasana, como representante del Estado y Concedente, al momento de la suscripción del Contrato de Concesión de Aeropuertos debió observar que la inclusión de Sabsa en la relación bilateral con Airport Group International vulneró el Decreto Supremo Nº 24315”, sostiene parte del documento.