El Perú entero respiró tranquilo, después de mucho tiempo, cuando los
sacerdotes Cabrejos y Garatea dieron inicio al diálogo con las
autoridades cajamarquinas. La administración Humala reconocía
abiertamente el fracaso de su fórmula violentista, que había enlutado a
las familias cajamarquinas, y se esperaba casi con seguridad que el
estado de emergencia - en cuyo marco se habían dado las muertes de
humildes ciudadanos- iba a ser levantado para crear un ambiente idóneo a
las conversaciones entre las partes en conflicto.
Los sacerdotes habían trasmitido ese mensaje de pacificación, como
también lo dio después el flamante premier Jimenez. Sin embargo con la
prórroga del estado de emergencia en Cajamarca ese diálogo promisorio ha
sido dinamitado.
Porque los hechos nos revelan, por enésima vez el peso real del gran
capital en el Perú, ante el cual la administración Humala ha abdicado en
toda la línea. La gran burguesía, particularmente la minera, -asociada
además al poder regional cajamarquino- ha logrado lo que estaban
exigiendo: el no levantamiento del estado de emergencia, porque saben
perfectamente que solamente a balazos, a puntapiés y a palazos lograrán
imponer el proyecto Conga a un pueblo que está decidido no darle
licencia social.
El señor Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Conflictos del
Primere Ministro, justificando la extensión de la emergencia ha dicho
que la decisión se adoptó atendiendo la solicitud de un "sector
importante de esa región". Lo que no dice Huaroc es que ese "sector
importante" lo constituyen los que en los últimos 20 años se han
beneficiado de la irracionalidad explotativa de Yanacocha en Cajamarca, y
que anhelan - lo han dicho públicamente- que el proyecto Conga se haga
realidad, claro está para que se engrosen sus niveles de acumulación.
Las grandes mayorías, particularmente los campesinos agraviados y
humillados hasta la muerte por la empresa minera han sido los que a
través de sus dirigentes, desde un inicio, han exigido al gobierno el
levantamiento del estado de emergencia, para que propio diálogo sea
mucho más fructífero. ¿A quien ha escuchado entonces el gobierno? La
respuesta cae por su propio peso.
En ese mismo sentido, tratando de justificar lo injustificable, el
mismo Huaroc y su jefe, el premier Jimenez, están sosteniendo, el
primero "que no se está pensando en medidas represivas"; y el segundo,
que con el estado de emergencia se garantiza "un clima de paz y
tranquilidad en la región". Ambos quieren tomarle el pelo a los
cajamarquinos y al país. Primero, porque el estado de emergencia en si,
que implica la militarización de la región, es una medida coercitiva,
violentista, sembradora del miedo y el temor; el verdadero rol represivo
del estado aparece de esta manera en toda su dimensión. Segundo, porque
no se puede hablar de un clima de paz y tranquilidad cuando esas
fuerzas armadas y policiales han sembrado la muerte en Cajamarca, en
acciones que hasta hoy permanecen en la impunidad.
No hay hombre o mujer, niño, joven o anciano que en Cajamarca,
Hualgayoc o Celendín pueda vivir tranquilo con los soldados y policías
-habría que incluir a jueces y fiscales- dispuestos a defender el orden
que exige ese estado de emergencia. Para esos soldados de la ley los
opositores al proyecto Conga son perros - recuérdese la respuesta de un
policía a la protesta de una cajamarquina ante la violenta detención de
Marco Arana-, a los cuales no se les permite ni que vean por televisión
el discurso presidencial. (Un periodista de Celendín fue detenido
cuando filmaba el cómo un policía apagaba un televisor para que los
celendinos no viesen el discurso del presidente Humala en el Congreso de
la República).
Pero hay algo más: en ese contexto represivo, la administración
Humala revela que lo que le interesa es la aplicación del proyecto
Conga, a como de lugar y punto. El diálogo tal y como los sacerdotes
Cabrejos y Garatea lo están llevando está poniendo sobre la mesa los
problemas de fondo de Cajamarca, que no se reducen a la presencia de
Yanacocha. Cajamarca quiere desarrollarse, pero quiere un desarrollo
sostenible, integral, que siente las bases para el futuro de los
cajamarquinos de hoy, pero también para sus hijos y para los hijos de
sus hijos. De ahí que Cajamarca anhele que cuanto antes se proceda a
discutir el ordenamiento territorial de sus espacios geográficos, a fin
de alcanzar una explotación planificada y racional de sus múltiples
recursos, que no son exclusivamente mineros; discusión democrática, que
ponga en tensión a todos los sectores sociales, urbanos y rurales, y
cuyos resultados finales beneficien principalmente a la población
cajamarquina.
Desde una perspectiva democrática ese diálogo, que la administración
Humala no ha podido implementar,a pesar de todo su verbo supuestamente
democratizador, afianza la democracia en el país y ha colocado al pueblo
cajamarquino - gestor de esa conquista - en el centro de la atención
nacional e internacional. A la gran burguesía peruana, a la que nunca le
ha interesado impulsar una verdadera democracia, lo que ocurre en
Cajamarca es un mal ejemplo; y, sobre todo y ante todo ese diálogo
enriquecedor es una rémora, un obstáculo para sus pretensiones
crematísticas. Sus cálculos están centrados en cuánto se gana y cuánto
se pierde y nada más.
Desde esa óptica utilitarista, a la que se ha allanado la
administración Humala y su raciocinio castrense ese diálogo habría
perdido sentido. Desde esta óptica, la prórroga del estado de
emergencia puede ser un excelente instrumento de provocación a los
pueblos cajamarquinos, para procurar su reacción contestataria y en
estas condiciones, con el filo de las bayonetas por delante, aplicar el
proyecto Conga apoyándose en ese "sector importante" de Cajamarca al que
se refería Huaroc. Después de los 17 muertos que tiene su haber, ya
nada puede sorprendernos en la administración Humala, que quiso
limpiarse el rostro con nuevos ministros y funcionarios, que en los
hechos están manteniendo la pauta castrense y autoritaria dejada por ex
premier Valdés.
No es cierto entonces, como afirman los diarios de la derecha bruta y
achorada, que los dirigentes cajamarquinos, al reclamar por la
extensión del estado de emergencia, estén pateando el tablero del
diálogo. Quien lo está dinamitando es el propio gobierno..