AREQUIPEÑOS PIDEN VACANCIA PRESIDENCIAL

DOMINGO 14 DE JUNIO 2,009 ECOS DE LA CONTUNDENTE PROTESTA EL JUEVES 11 DE JUNIO CONTRA EL GOBIERNO DEL APRA EN TODO EL PERÚ. Fuente :Contrainformación Sur-AREQUIPA. La Jornada Nacional de Solidaridad con los pueblos amazónicos fue masivamente acatada en Arequipa. Desde tempranas horas se iniciaron las concentraciones que convergieron alrededor del mediodía repletando la Plaza de Armas de la ciudad. Al menos unas 30 mil personas marcharon pidiendo la caída del gobierno de Alan García y de su gabinete, así como el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por el aprismo en Bagua la semana pasada. El transporte público, las instituciones educativas y el comercio paralizaron hasta bien entrada la tarde. En la movilización, que a pesar de haberse convocado con sólo unos días de anticipación fue sin duda una de las más contundentes de la última década, se dieron cita una multitud de actores sociales: trabajadores, estudiantes, campesinos, religiosas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, artistas y ciudadanos y ciudadanas independientes que expresaron su respaldo a las demandas de los pueblos amazónicos e hicieron suya la defensa de los recursos naturales del país. Desde la Coordinadora Popular se anunció que esta multitudinaria muestra de solidaridad es la antesala del Paro Nacional convocado para el mes de julio. (Imágenes: Coordinadora Política Social Juvenil) ESTAS IMÁGENES SON IGNORADAS POR LA PRENSA OFICIALISTA, ES DECIR CASI TODOS. JUVENTUD UNIVERSITARIA COMPROMETIDA CON LOS HERMANOS DE LA SELVA EN EL CENTRO DE AREQUIPA SOLO SE ESCUCHABA: URGENTE...NUEVO PRESIDENTE. Coodinadora Política Social de Arequipa LOS MEDIOS DE LIMA MINIMIZARON LA MANIFESTACIÓN Pero" Correo" Edición Regional si dió cuenta del hecho.

Petroaudios: La hoja en blanco

Por: Gerardo Saravia

A continuación una recapitulación  de lo avanzado hasta el momento en el proceso que se sigue al escándalo de corrupción a raíz de los llamados petroaudios. “……………………………………………….”. 

Continuamos con una ajustada síntesis  de todas las pruebas acumuladas durante dicho proceso: “…………………………………………………………………………………….”. 

Fin del artículo. No es broma, no es broma. Tampoco es una propaganda de Interbank, aunque pueda tener algo de truco. Sucede que el vació absoluto es lo más cercano a la realidad cuando se trata de explicar  lo acontecido después de 10 meses en que se destapó por primera vez los famosos petroaudios que puso en pindinga  a importantes dirigentes apristas y del gobierno en la fraudulenta concesión de lotes petroleros.   El escándalo tocó hasta un peldaño más abajo de la mismísima presidencia: cayó el primer ministro y se involucró al secretario presidencial y a su secretaria personal. ¿Cómo van las cosas? Nadita de nada. El fantasma de la hoja en blanco que de tanto en tanto persigue a los escritores ahora es una realidad inalterable que persigue a los periodistas, pues el único resultado  que puede exhibir el proceso judicial, hasta el momento, es una sola persona en cárcel, Rómulo León Alegría, quien al menos ya ha sido absuelto del primer juicio que se le hizo por el cargo de asociación ilícita para delinquir. Por lo pronto todo marcha  viento en popa para León Alegría y sus amigotes. Peor aún, el juez Jorge Barreto encargado de este proceso, ya ha declarado que los petroaudiosno serán admitidos como pruebas válidas. Es decir todo aquello que escuchamos hace unos meses y que en poco tiempo pasó  de indignación a  vocabulario popular: faenón, aceitada, honorario de éxito, operar sin anestesia y demás peritas, no se van a considerar como delito. “Si mañana aparece  un video donde están matando a una persona este  juez  puede decir que ese video como no se obtuvo legalmente el asesinato no  tiene valor y por lo tanto no se podría sancionar al asesino, quien además  no te va a decir yo te autorizo que me graves como voy a matar”, señala el abogado y ex congresista Heriberto Benitez. Puede afirmarse que actualmente León Alegría esta purgando cárcel sin tener una sola prueba legal que lo implique.  Se espera que sea el CPU encontrado en su oficina   y los documentos que de ahí se extraigan puedan, esta vez  si, convertirse en pruebas válidas y contundentes. Aunque Fernando Rospigliosi no se ahorra en suspicacias, bastante comprensibles: “La computadora ha viajado de un lugar a otro y a estas alturas nadie sabe que quedará en ella. A juzgar por el nivel de control y manipulación que tiene el gobierno de las instancias judiciales que ven el caso, no sería extraño que ya hubiera desaparecido parte de la información”. Si hay una persona que sabe de procesos anticorrupción es Luis Vargas Valdivia, ex procurador  en esta materia quien no solo  tuvo a su cargo la investigación de los casos de corrupción más prominentes del fujimontesinismo, sino que también se fajó con el poder de turno, durante el régimen de Toledo. Vargas Valdivia igualmente percibe una pasividad para tratar el caso de los petroaudios no solo del juez, sino de todos los actores involucrados:

 “Todo lo que se ganó, en transparencia y confianza respecto al juicio de Fujimori, la demora en estos procesos está revirtiendo el concepto que tiene   la colectividad con respecto al poder judicial.   En realidad podría no demorarse tanto. Podría imprimírsele mayor celeridad, pero todo depende también del apoyo que reciba, no sólo del poder judicial, sino también del propio Estado. El Estado podría   implementar una partida especial para solucionar el problema de los peritos, que es un tema crucial; nos hemos pasado cuatro meses buscando peritos”.

 El ex procurador cuenta que en la época en que ellos estuvieron a cargo de la procuraduría esta recibía mayor apoyo del ejecutivo. Ahora en cambio el presupuesto se ha reducido considerablemente.

Los periodistas que destaparon en un inicio la tramposa transacción petrolera están no solamente decepcionados sino que prácticamente han perdido la esperanza que exista una exhaustiva investigación que lleve al esclarecimiento y sanción de los involucrados.

 Pablo O´Brien, ex director de la unidad de investigación de El Comercio y uno de los protagonistas del destape periodístico, no ve ningún avance ni real ni aparente: “Creo que no es necesario se muy perspicaz, para ver que el tema ha quedado en un absolutamente y  total ocultamiento. No ha pasado nada en estos últimos meses, los jueces por un motivo u otro se han excusado de los que deben hacer: investigar el caso, encontrar a los responsables   y  sancionar  a los responsables de esto  actos. Tengo entendido que hay algunas investigaciones en curso que se han debido llevar a acabo la de algunos ministros que debe estar llevando a cabo la fiscal de la nación pero no se sabe nada de eso. Hasta donde yo tengo entendido, todavía no ya ningún resultado de la investigación”.

  En un primer momento el gobierno quiso dar señales de compromiso en la lucha contra la corrupción. Lo que, en realidad,  dio, y nadie lo duda, fue señales de buen reflejo político. García no dudó en hacer un eficaz enroque largo: convocó a Yehude Simon, un prestigiado presidente regional como alfil en el premierato y sacó a Jorge Del Castillo, un histórico aprista que hasta el momento se comportaba como sólida torre en la presidencia del gabinete.

 Pero  más nada. No se vio gran cosa después de esta jugada y de  las primeras frases con que tipificó a su ex amigo y correligionario León Alegría. Lo de “rata” hace rato   pasó, dejando el asunto, como tiene sin duda que ser, en manos del poder judicial.

Poderes secretos

 Javier Villa Stein, estrenado presidente de la corte suprema y quien hasta el momento ha tenido audaces  intervenciones mediáticas, cuando se ha referido a los petroaudios  ha sido para respaldar la labor del juez Barreto:

 “Nuestro respaldo total al juez Barreto cuya competencia, calidad y probidad están fuera de toda duda, pero aclarar que cualquier desabastecimiento del que pusiera ser objeto no es cierto que sea el resultado de omisión por parte de la gerencia general a quien también respaldamos”, se refirió Villa Stein a a algunas denuncias de falta de apoyo logístico con las que había excusado Barreto la falta de celeridad.

 Extraña actitud en la principal autoridad de la Corte Suprema que no dudó en zarandear al juez Ticona por el caso de Genaro Delgado Parker.

“Así como yo defiendo a los jueces, también me pongo bravo cuando veo actitudes pusilánimes, y los jueces no deben comportarse como burócratas. Esto es indignante!”, dijo en esa misma oportunidad Villa Stein.

 En realidad no debe extrañar. Si no nos preguntásemos ¿qué literatura pudo consultar el juez Barreto para llegar a la conclusión de que los petroaudios no eran pruebas válidas? Podemos sospechar que uno de sus gurú fue el tribuno Villa Stein quien en la época de los vladivideos se fajó por la  idea que estos no eran pruebas legítimas.

 Si la idea de Villa Stein hubiese prosperado en ese entonces quizá ni siquiera el mismo Montesinos estaría en prisión.  Interesante nuestro personaje, exarticulista de La Razón, y  principal hombre  en la Corte Suprema  hoy.

 Pero claro, Barreto además de leer a Villa Stein en Expreso y  La Razón ha tenido sus (de)méritos propios.

 Heriberto Benítez el 2001 escribió:

“Hace varios meses, un juez penal dictó una extraña resolución ordenando la libertad de Vladimiro Montesinos y amparaba su decisión en una Ley que estaba referida al cambio de nombre del Parque de Las Leyendas y cuando el hecho se hizo público, el magistrado, muy suelto de huesos, dijo que se trataba de un error mecanográfico. Nadie lo sancionó y, actualmente, sigue administrando justicia a nombre de la Nación”.

No es una adivinanza, está clarito. El juez a quien en esa época se refería Heriberto Benitez es Jorge Barreto quien  está a cargo del juicio de los petroaudios hoy y acaba de absolver a León Alegría de los cargos de asociación ilícita para delinquir.

El otro caso anexo al de los petroaudios es el de los chuponeadores de Bussines Track y compañía. Aquí si se vió desde el primer momento una rápida acción del poder judicial y mucha iniciativa y presión presidencial. Incluso intervino la Fiscal Gladys Echaiz, que no era propiamente la llamada a hacerlo, y Miguel Hidalgo jefe de la DINANDRO que, a pesar de ser un policía de méritos y trayectoria no era precisamente la persona  naturalmente encargada de ver casos de corrupción. Post dato: Es muy cercano a García.

Es cierto que en el caso de los chuponeadores se percibe mucho más celeridad y hay muchas personas detenidas esperando su juzgamiento. También se ha iniciado el deslacramiento de los USB y CPU pero también como sostiene Heriberto Benitez los comprometidos de sub oficiales para abajo ¿es factible pensar que solo los marineritos sostenían el negocio?:

 “El caso de los chuponeadores  avanza, pero solo compromete es a tres o cuatro marinos insignificante  que en el peor de los casos van a darle una pena mínima o suspendida por que ya se sometieron a colaboración eficaz.  Pero el tema de fondo que implica conversaciones irregulares  reuniones probables para actos de corrupción, nada se ve . Porque en los audios  están del Castillo con Canaán, que Canaán se fue a palacio, esos temas nadie lo ve. Eso se escucho  y murió. Deberían realizar una investigación como debería de realizarse, citarlos como testigos, confrontarlos, pero en realidad nada de eso se quiere hacer”.

El caso de los petroaudios reveló a funcionarios de un gobierno que no termina de escarmentar de un histórico sambenito. Pero viéndolo en ritmo de FODA, la amenaza de la corrupción hubieran podido convertirla  en oportunidad y la habrían podido hacer linda. Un escándalo de los petroaudios como un parto de aguas, donde el gobierno demostraba real convicción en la lucha contra la corrupción.

 Pero no ha sido. Por algo será. 

 

Antes que nada, el derecho a la consulta

Por: Javier La Rosa/ Justicia Viva

Una de las expresiones más recurridas en estos días respecto al conflicto entre los indígenas amazónicos y el Gobierno ha sido la necesidad de promover el diálogo a toda costa como si el mismo, por arte de magia, resolvería todas las discrepancias que han motivado que esta protesta ya lleve más de dos meses sin solución.

Precisamente, la mayoría de voceros gubernamentales han insistido al respecto y descalificado la actuación de los directivos de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) por negarse a seguir negociando los aspectos positivos y negativos de cada decreto. Ellos a su vez han aducido que no tiene sentido proseguir un diálogo cuando una de las partes –los funcionarios del Ejecutivo- no tienen capacidad de derogar las controvertidas normas.

Es en marco previo que quisiéramos formular algunas apreciaciones sobre las razones de fondo de este conflicto y qué elementos tendrían que incorporarse para una resolución del mismo.

1. La mirada gubernamental de este conflicto

Desde el inicio de la protesta amazónica el pasado 9 de abril, la actuación de las autoridades gubernamentales ha sido no sólo errática sino que incluso han reproducido de diversos modos los tradicionales estereotipos y prejuicios que se tienen en el país sobre las poblaciones indígenas.

En tal sentido, la declaratoria del Estado de Emergencia, la autorización de la intervención de las fuerzas armadas y las frecuentes declaraciones confrontacionales han mostrado una careta excesivamente dura e intolerante de parte de un Estado que tradicionalmente ha sido poco receptivo a incorporar las demandas de los peruanos y peruanas más excluidos.

En tal sentido, en nada ha contribuido que sea el propio Presidente de la República o el Presidente del Consejo de Ministros quienes hayan declarado que lo que estaría en juego aquí son los intereses de una minoría amazónica versus el resto de peruanos, por lo que en nombre del “interés nacional” tendría esta minoría que permitir que se afecten las tierras y recursos donde se asientan sus comunidades.

Esta visión de los hechos no sólo resulta equivocada por ser etnocentrista, discriminatoria e incluso racista, sino que es contradictoria con postulados básicos de una sociedad que se dice democrática y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos. Todo indicaría que en el caso de las comunidades amazónicas, no estaríamos ante ciudadanos que tienen el mínimo derecho a participar de una toma de decisiones que les afecta directamente.

2. El Derecho a la consulta y cómo debiera implementarse

Sobre este tema existe bastante información que nos permite señalar cuando una medida gubernamental afecta específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, tiene que serles consultada previamente, lo cual en el caso de los pueblos amazónicos, no ha sido así.

Esta consulta tendría que producirse bajo ciertas condiciones de tiempo, modo y lugar que garanticen que la misma sea representativa y de buena fe de parte de los funcionarios estatales que la promueven. Es por ello que necesariamente tiene que hacerse antes de la expedición de la medida estatal. Por otro lado, la forma tiene que ser sincera y que aspire a recoger las reales prioridades de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe haber un esfuerzo por asegurar la representatividad de quienes son consultados. Finalmente, el lugar donde se efectúa la consulta tiene que ser en sitio donde radican las comunidades, de manera que la legitimidad del proceso no se cuestione por este aspecto.

Definitivamente, en el caso de los decretos legislativos recientes que son materia de impugnación por los pueblos indígenas amazónicos no se ha seguido ninguna de estas condiciones, lo cual es indicativo de cómo debieran encaminarse las probables alternativas si se deseara una resolución de este conflicto.

Dicho de otro modo, no vemos más salidas que la consulta organizada y de buena fe de los decretos legislativos en cuestión. Lo cual pasa por la decisión política de dejar en suspenso los mismos hasta que se realice un proceso que recoja el parecer de las poblaciones indígenas afectadas específicamente.

3. Perspectivas a seguir

Después de los recientes hechos de violencia donde habría una serie de personas fallecidas, tanto del lado indígena como de la Policía Nacional, creemos que con mayor razón tiene que irse a las razones de fondo de este conflicto y atenderse la demanda del derecho a la consulta que exigen las comunidades nativas. Sólo después de esto podría iniciarse un diálogo sincero donde se especifiquen aquellos aspectos que son controversiales, los positivos y los negativos, de modo que recién en ese momento se tenga una salida razonable que conjugue los intereses de todas las partes. 

ALAN GARCÍA Y CALDERÓN AL SERVICIO DE PETROLEROS DE LOS EE.UU.‏

Por: Pedro Echeverría V.

1. En Lima, Perú, ya desde mediados de mayo de 2008, se reunieron organizaciones indias de América durante la II Cumbre Nacional y Foro Internacional Indígena, para analizar el contexto nacional e internacional, así como las perspectivas en que ocurre el llamado proceso hacia el “Acuerdo de Asociación Unión Europea y Comunidad Andina de Naciones”. En esa cumbre se acordó un “alto a la catástrofe en el Perú con mineras encima de la mitad de 6000 comunidades andinas en las cabeceras de cuencas de agua para la costa, y petroleras en el 70% de la amazonía y encima de más de 1000 comunidades” y la anulación de las leyes o proyectos de supuesta “cooperación” que pretenden parcelar, individualizar, privatizar, “reforestar”, nuestros territorios comunales.

2. Se denunció que todo ese proceso de privatización se da con la intervención del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones (a través del IIRSA) y que esa mercantilización de la Vida es la que está llevando al suicidio a la humanidad. Hace sólo 11 días (el 1 de junio) en Puno, Perú, los líderes indígenas de América reafirmaron su intención de conformar una Asamblea General de los Pueblos y su rechazo a los Tratados de Libre Comercio y la privatización de las tierras. Siete mil delegados de América, Europa y África declararon que los indígenas conformarán la Asamblea General de los Pueblos, rechazaron los TLC y emitieron las conclusiones de la IV Cumbre Continental de los Pueblos.

3. Por eso Alan García, el presidente de Perú que también –como Calderón de México y Uribe de Colombia- es un cachorrito de los gobiernos de EEUU, está preocupadísimo y acusa al indio Evo Morales (presidente de Bolivia) de “estar soliviantando los ánimos indígenas en el sur del continente americano”. Denunció que junto a Hugo Chávez, Morales es un peligro en todo el corredor indígena del océano Pacífico que va de Venezuela a Bolivia pasando por Colombia, Ecuador y Perú. ¿Pretende García con esa denuncia firmar un Plan Perú con Obama como los que firmaron Clinton y Bush con Colombia y México? Lo que diga García no le podrá servir para esconder la gran masacre, que desató el pasado 5 y 6 de junio que produjo decenas de muertes.

4. En tanto García, el presidente asesino de Perú, reprime con brutalidad un gran movimiento indígena y campesino que exige la derogación de leyes para la inversión y explotación extranjera en materia petrolera, en México Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, sigue exigiendo que se le autoricen inversiones extranjeras en la industria petrolera y “se olviden los prejuicios nacionalistas”. Pero en México nadie sale a la calle a protestar contra su política entreguista. En tanto en Perú el presidente está a punto de caer del gobierno por su entreguismo hacia los inversionistas yanquis, en México Calderón parece mantener el control de la situación a pesar de su desgobierno que ha avivado muchas protestas, aunque muy aisladas entre sí.

5. Miles de pobladores de regiones amazónicas de Perú cumplían el jueves 11 un paro parcial de 24 horas en apoyo a las protestas de indígenas que insisten en la derogatoria de leyes de estímulo a la explotación e inversiones extranjeras en sus territorios en materia petrolera, minera y del campo, que consideran atentatorias de la naturaleza y sus propiedades. Al mismo tiempo, en Lima otros miles de trabajadores marcharon por la ciudad en respaldo a los indígenas con dirección al Congreso –donde legisladores nacionalistas han bloqueado las sesiones de trabajo–, pero fueron dispersados por la policía que lanzó bombas lacrimógenas, en medio de un caos vehicular y el cierre de algunos negocios. Las luchas se agudizan entre García y los indígenas.

6. Señala el asesor de comunidades Marco Huaco: aunque los diarios “El Comercio” y “Perú 21” sigan poniendo entre comillas la palabra “masacre”, la sociedad asiste horrorizada a las masacres del 05 y 06 de junio mientras el Presidente García y sus Ministros inventan justificaciones cada vez más alucinantes ahora hablando de conspiraciones internacionales (¿Ecuador-Bolivia-Venezuela?) para impedir que el Perú explote sus recursos petrolíferos, gasíferos, auríferos, hídricos y forestales…que es al final todo lo que le interesa al perpetrador intelectual de la política del “perro del hortelano”. Ahora todos aquellos que todavía no estaban convencidos constatan que aquella insultante etiqueta del “perro” no era proclamada como simple metáfora agraviante sino como figura muy literal con ribetes genocidas.

7. Los indígenas, después de dos siglos de haber hecho su independencia como país, no han podido liberarse porque fueron traicionados o simplemente usados al participar en el siglo XIX en las luchas por la independencia dirigidas por los criollos. Lo ha escrito con enorme claridad Guillermo Bonfil en su México Profundo al plantear que el proyecto básico de las nuevas naciones hispanoamericanas fue organizarse al estilo europeo, con constituciones y economías que seguían los modelos franceses y británicos. Las constituciones mexicanas tuvieron como base la Constitución de 1824. Las circunstancias políticas y económicas de los habitantes originales, por lo tanto, cambiaron muy poco al seguir condenados a la miseria y a la marginación social. Es el motivo por el que han continuado las rebeliones indígenas en diferentes regiones hasta el presente.

8. La "integración" a la vida nacional, a la civilización, ha significado renunciar a su lengua, a su modo de vivir, a su religión y a su identificación étnica. Por otro lado, como bien se ha dicho, hay muchas comunidades que ocupan territorios pertenecientes a países distintos que tienen leyes y políticas contradictorias, como es el caso de los wayúu en la Guajira colombo-venezolana, los aymara de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, los miskitos de Nicaragua, Honduras y Belice, y los mayas de México, Guatemala y Belice, entre otros muchos. En tercer término, los intereses económicos de los grupos con más poder en el país están a menudo en conflicto con la necesidad de alguna comunidad indígena específica por preservar su tierra o su modo de vida..

9. Uno de los objetivos básicos del llamado Plan Puebla Panamá, instrumentado bajo el mandato de Bush y que quiso liderar Fox, fue controlar toda la zona indígena de Mesoamérica. La batalla que los indígenas libran en Perú, Ecuador y Bolivia seguramente se extenderá al resto del continente hasta llegar a México pasando por Centroamérica. La demanda por una distribución más equitativa de la tierra todavía tiene un largo camino por recorrer y, al parecer los indígenas, unidos a otros trabajadores, conservan todavía sus fuerzas y su presencia. Por eso las batallas en el Perú contra las burguesías locales y el capital internacional –que todos debemos apoyar en estos momentos- sólo son los primeros pasos de la lucha mundial por la liberación.

Fuente: http://mujeresporlademocracia.blogspot.com

LA SANGRE FLUYE EN EL AMAZONAS

Por: James Petras 

Junio de 2009 

       A principios de junio el presidente peruano Alan García, aliado de Barack Obama presidente de EEUU, envió blindados de transporte, helicópteros con artillería, cientos de buques fuertemente armados, y tropas de asalto para dispersar  una manifestación pacífica y legal, una protesta organizada por los miembros de las comunidades indígenas  de la Amazonía del Perú que rechazaban la entrada de multinacionales mineras en sus tierras tradicionales. Decenas de indígenas fueron asesinados o están desaparecidos, decenas han sido heridos y detenidos por la policía peruana, mantenidos como rehenes. El presidente García declaró la ley marcial en la región a fin de hacer cumplir su mandato unilateral e inconstitucional de concesión de derechos de explotación de la minería a empresas extranjeras, lo que viola la integridad de las tierras comunales de los indígenas amazónicos. 

       Alan García no es extraño a las matanzas patrocinadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear a los prisioneros hacinados en las cárceles de la capital con cientos de presos políticos que protestaban contra las condiciones de su encierro , resultando más de 400 las víctimas conocidas. Más tarde, la existencia de siniestras fosas comunes reveló decenas más. Esta notoria masacre tuvo lugar mientras García era el anfitrión de una reunión en Lima de la denominada "Internacional Socialista Internacional”. Su partido político, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), un miembro de la «Internacional», se vio ante la vergüenza de la exhibición pública de sus tendencias "nacional-socialistas", ante cientos de funcionarios del Partido Socialdemócrata Europeo. Acusado en 1990 de apropiación indebida de fondos del gobierno y dejar su cargo con una tasa de inflación de casi 8.000%, acepto apoyar a candidato presidencial Alberto Fujimori a cambio de una amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura de en 1992, García se auto-exilió en Colombia y más tarde en Francia. Regresó en 2001, cuando los cargos en su contra habían prescripto y Fujimori se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de crear escuadrones de la muerte y espionaje contra sus adversarios. García ganó las elecciones presidenciales de 2006 en una segunda vuelta contra el candidato indigenista y nacionalista ex oficial del Ejército Ollanta Humala, gracias al apoyo financiero y a los medios de comunicación de la derecha de Lima, los oligarcas descendientes de europeos, y las agencias de “ayuda” de EE.UU.  

       Ya en el poder, García no dejó dudas acerca de su programa político y económico. En octubre de 2007 anunció su estrategia de colocar a las multinacionales mineras en el centro de su programa económico de "desarrollo", mientras justificaba el brutal desplazamiento de los pequeños productores de las tierras comunales y pueblos indígenas en el nombre de "modernización". 

       García presionó al Congreso para aceptar el ALCA promovido por EEUU. Perú fue uno de tres únicos países de América Latina en apoyar esa propuesta de los EE.UU., y se abrió al saqueo sin precedentes de recursos, mano de obra, tierra y mercados por las multinacionales. A finales de 2007, García empezó a conceder enormes extensiones de tierras tradicionales de los indígenas en la región del Amazonas para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue una violación del acuerdo de la OIT de 1969 que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. Bajo su política de  "puertas abiertas", el sector de la minería de la economía se expandió rápidamente y obtuvo enormes ganancias a partir del récord mundial de precios de productos básicos y aumento de la demanda de materias primas por parte de Asia (China).  Las empresas multinacionales fueron atraídas por la baja de impuestos y un prácticamente libre acceso al agua con cánones baratos y la subvención del gobierno a las tarifas de electricidad. La suspensión de los reglamentos ambientales en estas regiones ecológicamente frágiles, aumenta la contaminación de los ríos, aguas subterráneas, el aire y el suelo en los alrededores de las comunidades indígenas. El envenenamiento provocado por las operaciones mineras, llevó a la muerte en masa de peces y hacen que el agua no sea apta para beber. El diezmado de bosques tropicales socava el sustento de decenas de miles de pobladores que participan en el trabajo artesanal tradicional de subsistencia, en la recolección forestal y las actividades agrícolas. 

       Los beneficios de la bonanza de la minería van principalmente a las empresas extranjeras. El régimen de García distribuye los ingresos del Estado a sus partidarios financieros y especuladores inmobiliarios, los importadores de artículos de lujo y la camarilla política en la Lima fuertemente custodiada de barrios residenciales y clubes exclusivos. Mientras los márgenes de beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, las comunidades indígenas carecen de caminos pavimentados, agua potable, servicios básicos de salud y escuelas. Peor aún, han experimentado un rápido deterioro de su vida cotidiana porque la afluencia de capital minero provocó un aumento de los precios de los alimentos básicos y medicinas. Incluso el Banco Mundial en su Informe Anual para 2008 y el Financial Times de Londres, instaron al régimen de García a hacer frente a la crisis y el descontento creciente entre las comunidades indígenas. Delegaciones de las comunidades indígenas habían viajado a la ciudad de Lima para tratar de establecer un diálogo con el Presidente a fin de evitar la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados se encontraron con las puertas cerradas. García sostuvo que "el progreso y la modernidad proviene de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales ..., (y no) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir “. Interpretó los llamamientos al diálogo pacífico como un signo de debilidad de los habitantes indígenas de la Amazonia y aumentó las sus concesiones de explotación a las multinacionales extranjeras, incluso más adentro en el Amazonas. Cortó prácticamente toda posibilidad de diálogo y compromiso con las comunidades indígenas. 

       La respuesta de las comunidades indígenas amazónicos fue la formación de la Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se celebraron protestas públicas por más de 7 semanas que culminaron en el bloqueo de dos carreteras transnacionales. Esto enfureció a García, quien se refirió a los manifestantes como "salvajes y bárbaros" y envió unidades policiales y militares para reprimir la acción de masas. Lo que García no tuvo en cuenta fue el hecho de que una proporción significativa de los hombres indígenas en esas aldeas se había desempeñado como conscriptos en el ejército que peleó en la guerra de 1995 contra Ecuador, mientras que otros habían sido entrenados en la defensa de la autonomía local por las organizaciones de la comunidad. Estos veteranos combatientes no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los primeros ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos, la policía y los indígenas. García declaró "la guerra a los salvajes" y envió una gran fuerza militar con helicópteros, blindados y tropas con órdenes de "tirar a matar". Los activistas de la AIDESEP cuentan más de un centenar de muertos entre los manifestantes indígenas y de sus familias: los indios fueron asesinados en las calles, en sus hogares y lugares de trabajo. Se cree que los restos de muchas víctimas han sido arrojados en las quebradas y ríos. 

Conclusión 

       Como era previsible el régimen de Obama no emitió ni una sola palabra de preocupación o de protesta ante una de las peores masacres de civiles en esta década perpetrada por uno de sus más cercanos aliados en América Latina. García, tomando su libreto de una conversación con el Embajador de los EE.UU., acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como “prueba” una carta de apoyo que  el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas celebrada en Lima en mayo. Se impuso la ley marcial y toda la región amazónica del Perú está siendo militarizada. Están prohibidas las reuniones y los miembros de las familias tienen prohibida hasta la búsqueda de sus parientes desaparecidos. 

       A lo largo de América Latina, las principales organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas del Perú. En ese país, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de derechos humanos han organizado una huelga general para el 11 de junio. Temiendo la propagación de las protestas masivas, El Comercio, el diario conservador de Lima, aconsejó a García adoptar algunas medidas de conciliación para evitar un levantamiento urbano generalizado. Un día antes, el 10 de junio, se declaró una tregua, pero las organizaciones indígenas se negaron a poner fin al bloqueo de las carreteras a menos que el gobierno derogue su decreto de concesión ilegal de tierras. 

       En el ínterin, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro Presidente, el habitualmente bullanguero Obama, experto en recitados acerca de la diversidad y la tolerancia y alabar la paz y la justicia, no puede encontrar en su secuencia de frases preparadas, una sola para condenar la matanza de decenas de habitantes indígenas de la Amazonía peruana. Cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, EE.UU. respalda a un presidente- cliente que sigue las fórmulas de Washington de "libre comercio", desregulación de la protección del medio ambiente y hostilidad hacia los países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Obama está a favor de la complicidad, no de la condena. 

SON 34 MUERTOS Y 60 NATIVOS DESAPARECIDOS (Balance inicial de masacre en Bagua)‏

Lima, 13/06/2009 (CNR).- La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) adelantó que 61 personas continúan desaparecidas según un listado preliminar que la organización ha levantado en la zona del conflicto desde el día 6 de junio, un día después del desalojo de la Curva del Diablo.

"Es una lista de nombres que tenemos de un cruce inicial que se ha hecho", explicó el abogado Juan José Quispe, de Aprodeh, quien se desplazó a Bagua para levantar datos sobre fallecimientos y violaciones de Derechos Humanos. "Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran". 

El listado levantado por la ONG incluye los nombres de 61 personas, según informó Quispe. "Estas personas no están en los listados de heridos y refugiados levantados por la Defensoría del Pueblo. Aunque Quispe no descartó que puedan encontrarse escondidas por temos a las fuerzas del orden, quiso llamar la atención "sobre la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". 

Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.

El representante legal de Aprodeh, Juan José Quispe, destacó que durante su visita a Bagua Chica, Bagua Grande y el cuartel El Milagro identificaron graves violaciones a los DDHH. “Las autoridades no colaboran con brindar una investigación preliminar acorde con que la mayoría de detenidos son nativos y no cuentan con un intérprete, por lo que cuando rinden sus declaraciones tienen dificultades.

Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad.

“Se ha configurado una violación de manera flagrante por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales”, precisó.

“Otro hecho hemos podido verificar en la comisaría de Bagua Chica es que la mayoría de detenidos fueron maltratados por personal policial. Se solicitó que se pase por un nuevo examen médico legista. Sin embargo, el fiscal de la primera fiscalía de Bagua no aceptó esa solicitud, pese a que se dio el nombre de un capitán de apellido Jiménez que sería el autor de los maltratos”, agregó.

Fue durante la conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), convocada por organismos activistas que se solidarizan con las víctimas civiles y policiales del conflicto en la amazonía y exigen se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores nativos que continúan heridos, desaparecidos o que sufren atentados contra sus libertades.

Además de representantes la CNDDHH y de Aprodeh, estuvieron ejecutivos del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropologia y Aplicación Práctica (CAAAP), quienes rechazaron el manejo del gobierno al conflicto, “cuyas malas decisiones colocaron en riesgo mortal a indígenas y policías”.

Aceleren las indagaciones

A una semana de consumados los luctuosos hechos en Bagua, el secretario ejecutivo de la CNDDHH, Ronald Gamarra, exigió que se acelere la investigación sobre posibles personas aún desaparecidas, así como se asegure el acceso a atención médica de todos los heridos. Solicitaron también se atienda a los deudos de la policía para acceder a derechos como la pensión y el seguro.

Tras pedir que se levante lo antes posible la declaración de estado de emergencia, exhortaron al gobierno a bajar el tono de sus declaraciones y evitar discursos que generen más polarización, así como el cese de la persecución a dirigentes indígenas.

Calificaron de indignante que el Congreso haya expresado su posición sólo luego de dos meses de huelga indefinida en toda la región amazónica y 34 muertos(entre policias y nativos muertos encontrados), e invocaron al Tribunal Constitucional a resolver con celeridad las demandas de inconstitucionalidad presentadas.