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EN VEZ DE RESPALDAR A LOS MAGISTRADOS HONESTOS FISCALÍA DE LA NACIÓN LOS DESTITUYE

AQUIJE INFORMA, Huamanga Miércoles 13 de Enero de 2,010
Diversas organizaciones de la Región de Ayacucho, están cuestionando a la Fiscal de la Nación Gladys Echáis, por su proceder contradictorio de denunciar a la fiscal Cristina Olazábal con la finalidad de desacreditarla y restar valor a sus valientes denuncias contra militares violadores de los DERECHOS HUMANOS.Acontinuación el texto del
PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE POLITICO UNIDOS POR AYACUCHO -


¡ALTO A LA PERSECUSIÓN E IMPUNIDAD ¡

- NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA DRA. CRISTINA OLAZABAL

Las organizaciones políticas de posición democrática que conforman el Frente Político UNIDOS POR AYACUCHO – TUNA, ante los últimos hechos que atentan contra los defensores de derechos humanos, se dirige a las autoridades y a la opinión pública para expresar lo siguiente:

PRIMERO.- :Nuestro contundente rechazo y condena a la absurda decisión política de la Fiscal de la Nación , Gladys Echaiz, y del gobierno aprista, de denunciar a la Dra. Cristina Olazábal, valiente fiscal especializada en derechos humanos, por un supuesto delito de prevaricato.

SEGUNDO.- Consideramos que esta injusta acusación contra la Dra. Olazábal es en represalia por la férrea labor que viene realizando como fiscal de DDHH contra miembros de las FFAA y civiles que cometieron crímenes de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales (caso de las horrendas fosas comunes del cuartel Los Cabitos, Putis, Lucanamarca, etc.), y como un evidente acto de venganza del presidente Alan García, que también fue denunciado por la misma fiscal Olazábal por hechos que lo comprometen en la masacre de 62 campesinos en Accomarca, en 1985, durante su primer gobierno.

TERCERO.- La denuncia que formalizó la Dra. Olazábal contra Alan García en el año 2005, por omisión impropia en delito de asesinato y delito de genocidio, se basó en un Derecho Internacional, como es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que el Perú suscribió en el año 1959 para cumplirla. Entonces, en ese orden, constituye una aberración que se la denuncie por prevaricato cuando el genocidio de Accomarca se produjo en el año 1985, donde Alan García, como Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo conocimiento y autorizó el Plan Huancayocc que produjo la matanza de campesinos en Accomarca.

CUARTO.- Ante este hecho de abuso, prepotencia y persecución del gobierno contra una fiscal que tuvo la osadía de enfrentar al poder y la impunidad, y de esta manera pretender callarla y/o sacarla del cargo, expresamos nuestro total respaldo y solidaridad hacia ella, demandando al gobierno aprista y al Consejo Nacional de la Magistratura detengan la ola de persecución contra magistrados probos y respetados, como la Dra. Cristina Olazábal, que lo único que hacen es prevalecer y defender el estado de derecho. Asimismo, rechazamos y condenamos la intromisión del poder ejecutivo en el judicial para imponer decisiones que protegen la corrupción y la impunidad.

Ayacucho, Enero del 2010.

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO FRA-FRENTE REGIONAL AYACUCHO

MNI-MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA PARTIDO SOCIALISTA

FEDEP- FRENTE DEMOCRATICO POPULAR LIBERACION POPULAR

FRENTE PATRIOTICO AYACUCHO

TERREMOTO DE MAS DE 7 GRADOS EN HAITÍ

PUERTO PRÍNCIPE-HAITÍ.
Martes,12 de Enero de 2,010
SE HA DERRUMBADO UN HOSPITAL.
LA GENTE ESTÁ ATERRORIZADA.


Terremoto en Haití


(EFE).- Un terremoto de 7,0 grados en la escala Richter sacudió a Haití, provocando graves daños materiales como el derrumbe de un hospital. Todavía no hay información de muertos o heridos.
"Todos están totalmente aterrorizados y atónitos", dijo Henry Bahn, funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quien visita el país caribeño. "El cielo se tornó gris por el polvo”, agregó.
Un camarógrafo de The Associated Press vio caer el hospital en Petionville. No estaban disponibles mas detalles de inmediato.
Bahn dijo que caminaba a su cuarto de hotel cuando la tierra comenzó a sacudirse. "Solo seguí mi camino, e iba rebotando contra el muro", relato. "Escuche un ruido tremendo y gritos a la distancia".
El funcionario dijo que varias piedras cayeron por todo el lugar, y relato que le sorprendió ver una barranca donde se habían construido varias viviendas. "Es ahora solo un montón de muros derrumbados, escombros y alambres de púas", dijo.
El centro de alerta de tsunamis de Estados Unidos informó que "no hay amenaza de un tsunami extenso y destructivo basado en información histórica sobre terremotos y tsunamis".
"Pero hay posibilidades de un tsunami local que podría afectar costas ubicadas a no más de 100 kilómetros del epicentro del sismo", agregó.
Los sismógrafos del Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) detectaron el sismo a las 21.53 GMT y el epicentro fue ubicado a 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe la capital del país, y a 143 kilómetros al noroeste de Barahona, en la República Dominicana.
El informe del USGS. agregó que el movimiento sísmico fue de carácter horizontal con una profundidad de 8,3 kilómetros.

El terremoto también sintió con fuerza en gran parte de la República Dominicana, en especial en el este, el noreste, el sur y el centro, dijo a Efe el jefe de la Defensa Civil dominicano, Luis Luna Paulino.
"En San Juan de la Maguana se ha sentido muy fuerte, y también tenemos reportes de puntos como Nagua (en el noreste), de la capital (Santo Domingo) y de San Isidro (al este)".
Tras el sismo, miles de personas salieron a las calles de la capital dominicana como medida de prevención ante posibles derrumbes y daños graves.

Un boletín oficial indicó que la advertencia incluye a Haití, Cuba, Bahamas y la República Dominicana.
Se sintieron réplicas
Dos temblores, uno de 5,9 grados en la escala Richter y otro de 5,5 grados, sacudieron hoy a Haití poco después del terremoto que estremeció a una región cercana a Puerto Príncipe.
El USGS manifestó que la primera réplica ocurrió 7 minutos después del sismo de 7,0 grados. Esa réplica fue de 5,9 grados y tuvo su epicentro a 65 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe y a 95 kilómetros al este de Les Cayes.
Doce minutos después, a las 22.12 GMT, los sismógrafos del USGS detectaron una segunda réplica de 5,5 grados, con epicentro a 25 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe y a 27 kilómetros al norte de Jacmel.
Las dos secuelas fueron de carácter horizontal. igual que el primer terremoto de 7,0 grados, cuyo epicentro fue ubicado a 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe, dijo el USGS.


Ver Terremoto en Haití en un mapa más grande

Rosa salvaje

12-01-2010



En su artículo Los indios no son hombres (27 de diciembre de 2009, El País), Rosa Montero descubre en algunos textos de Stefan Zweig en su obra Momentos estelares de la humanidad, prejuicios relativos a poblaciones americanas. Por ejemplo: “esas estepas con sus enormes manadas de bisontes y en las que durante días, durante semanas, no aparece un solo hombre, únicamente los pieles rojas las recorren a galope tendido”. “Enciso, en medio de esa selva nunca pisada por el hombre, prohíbe a los soldados adquirir oro de los indígenas”. Montero se pregunta, adecuadamente, si los pieles rojas y los otros indígenas no son hombres.

Montero continúa con todo un análisis de los prejuicios y lo difícil que puede resultar superarlos. Pero a renglón seguido asombrosamente cae en el mismo prejuicio que Zweig, con el agravante de estar criticando algo en lo que ella misma cae. Dice montero: Como ambos textos abundan en el mismo error, es probable que el humanista Zweig tuviera ese punto de oscuridad en la cabeza; que, siendo sin duda un ferviente partidario de los logros civilizados y democráticos, tendiera a ignorar y menospreciar a los salvajes… Para quien no lo notó, Montero persiste en el evidente prejuicio de identificar a los pieles rojas o a los indígenas mesoamericanos como salvajes.

Veamos que dice el DRAE sobre salvaje en sus acepciones aplicables al humano: Sumamente necio, terco, zafio o rudo; Se decía de los pueblos primitivos y de los individuos pertenecientes a ellos. Es decir, para Montero los pieles rojas y los indígenas mesoamericanos sí son humanos, pero son necios, tercos o zafios. Y si vamos por el lado de lo primitivo, vemos que el DRAE lo define como: Pueblos aborígenes o de civilización poco desarrollada, así como de los individuos que los componen... Por ambos lados la crítica de Montero llega al mismo puerto: los personajes definidos por Zweig como no hombres, para la persona que crítica eso son salvajes y primitivos.

Es irónico que en una crítica a los prejuicios aparezcan tan evidentes los prejuicios disfrazados de apertura. Más allá del artículo en referencia publicado en El País y reproducido en El Comercio, se trata de una constante. A diario la vanguardia de nuestra modernidad se disfraza de coherencia, y desde distintos ángulos presenta sus enfoques y acciones como portadoras de una apertura y tolerancia que llevará a un mundo de libertades. Acaso el hecho más evidente de este mamotreto intelectual, sea el que presenta el neoliberalismo con toda su potente vocería, medios y académicos, en el sentido de pretender hacernos creer que esta corriente es la abanderada y protectora de las libertades básicas. Nada más interesado que ello, pues la defensa de la libertad presentada por el neoliberalismo, impregnada sólo de libertad para que el capital haga y deshaga, es la conducta y acción que más impide la libertad de los seres humanos en el mundo hoy.

Pero no se limita a ello el asunto. Las disputas por el control del territorio y su relación con el uso de los recursos naturales caen en los mismos prejuicios. Los abanderados de la modernidad se presentan como respetuosos de las decisiones de las comunidades, y en todo caso sostienen que el problema es la falta de consulta o la inadecuada comunicación, en la selva peruana o en la China. Cuando lo que subyace a ello es el prejuicio total, la preconcepción de que el mundo se encamina hacia un estado en el que hay que extraer los recursos del subsuelo porque eso es así, y los que se oponen son primitivos inconscientes a los que hay que titular sus terrenos para que los hipotequen.

Los conflictos internacionales son otro de los campos en los que la intelectualidad lúcida para otros casos se hunde en el prejuicio profundo. Sólo así se puede entender que Vargas Llosa haya avalado la ocupación de Irak y que la presente como necesaria. Y en relación a ello, sin dejar de señalar el fundamentalismo islámico como fuente que retroalimenta el fundamentalismo occidental, se nos presenta las intervenciones de occidente en medio mundo como agentes civilizatorios. No importa que tropas de distintos países estén incrustadas en países árabes del Medio Oriente desde hace siglos, el fundamentalista y terrorista siempre será el yihadista.

Volviendo al texto que motiva estas líneas, a la luz de los quinientos años que han pasado desde la llegada de Europa a este continente, y con toda la evidencia de los atropellos, genocidios, fundamentalismo católico inquisitorial, extracción y esclavitud, es increíble que una escritora tan reconocida como Rosa Montero llame salvajes a los que recibieron a los europeos por estas tierras; además, no existe ninguna constatación plena que pueda colocar una civilización por sobre otra. Parafraseando lo que ella misma escribe en su artículo de Zweig, podemos decir: Su texto abunda en el mismo error, es probable que la humanista Montero tenga ese punto de oscuridad en la cabeza; que, siendo sin duda una ferviente partidaria de los logros civilizados y democráticos, tienda a menospreciar a los humanos americanos del siglo XV.

Obama y Guantánamo

12-01-2010

Slate


La lluvia de críticas desatada por el procesamiento de Khalid Sheik Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques del 11-S, no debería ocultar una realidad aún más triste: este juicio no es más que una pieza aislada de la estrategia de Obama sobre Guantánamo. Algunos de los prisioneros de la isla, incluidos aquéllos que llevan siete u ocho años privados de libertad, permanecerán encerrados de manera indefinida sin perspectiva alguna de comparecer ante un tribunal. La tan elogiada intención de Obama de cerrar Guantánamo no cambiará el destino de estos prisioneros, que serán transferidos a otras prisiones de los Estados Unidos o al extranjero. Con ello, el actual presidente dará continuidad a una de las políticas más controvertidas de la Administración Bush. Y si finalmente opta por no revisar esta política, Obama condicionará el futuro margen de actuación del gobierno.

La prisión sin juicio es una afrenta a la Constitución y está reñida con el proclamado compromiso de Obama de ajustar su actuación a derecho y de luchar contra el terrorismo en los términos previstos por la Constitución. Lo que está en juego no es más ni menos que uno de los valores centrales de nuestro sistema constitucional: el principio de libertad. Este principio ocupa un papel central en nuestras tradiciones políticas y suele considerarse uno de nuestros más grandes logros como nación. Desde el punto de vista normativo, encuentra claro fundamento en la exigencia recogida en la Quinta Enmienda según la cual ninguna persona puede ser privada de su libertad sin el debido proceso. Este precepto, junto a la garantía del habeas corpus, prohíbe al gobierno encarcelar a una persona sin que se le impute un delito concreto y sin que sea prontamente procesada ante un tribunal.

En su sentido más profundo, el principio de libertad procura asegurar que sólo aquéllos que hayan cometido un delito puedan verse privados de libertad. Con ese propósito, se prevé la celebración de un juicio en un tiempo razonable y a través de un proceso capaz de proteger al inocente y de dilucidar la veracidad del cargo que se le imputa. Estos procedimientos, que exigen al gobierno probar sus argumentos ante un tribunal público en el que el acusado puede defenderse a sí mismo, sirven para medir el compromiso gubernamental con la equidad y operan como fuente de legitimidad.

El principio de libertad admite excepciones, pero limitadas y siempre celosamente justificadas. La facultad de declarar la guerra, por ejemplo, se encuentra plenamente reconocida por la Constitución, y autoriza a los Estados Unidos a matar soldados enemigos en el campo de batalla y a capturarlos y encarcelarlos durante el tiempo que duren las hostilidades. El Presidente Bush, sin embargo, expandió de manera inédita el alcance de esta excepción argumentando no sólo que la lucha contra Al-Qaeda después del 11-S era una guerra, sino atribuyéndose facultades prácticamente ilimitadas para enjuiciar y encarcelar a quienes considerara agentes de Al-Qaeda. Al prolongar la detención de algunos de los prisioneros de Guantánamo sin someterlos a juicio, el Presidente Obama está asumiendo, en realidad, las mismas facultades.

Si bien Obama ha insistido en que estamos en guerra con Al-Qaeda, se ha cuidado de reconocer lo suficiente que no se trata de una guerra común y corriente. Al Qaeda no es un Estado nación confinado en un área geográfica concreta, sino una organización internacional dispersa y que opera en secreto. Nuestra batalla contra Al-Qaeda no tiene fin a la vista: incluso si se capturara a Bin Laden, subsistirían unidades terroristas a lo largo del planeta capaces de actuar sin su dirección. Y así como es inimaginable tratar cada rincón de la tierra que pueda albergar a luchadores de Al-Qaeda como un campo de batalla, sería también impensable permitir al gobierno retener a sospechosos de Al-Qaeda hasta que la guerra entre esta organización y los Estados Unidos haya concluido. Otorgar al gobierno este poder ampliaría de tal manera las excepciones que la guerra impone al principio de libertad que acabaría por desnaturalizarlo y por socavar los valores que subyacen al mismo. Supondría reconocer al presidente la capacidad de decidir, prácticamente sin constreñimiento alguno, cuándo y cómo aplicar el principio de libertad.

En este caso, la política de detenciones de Obama sólo afecta a personas extranjeras, puesto que no hay estadounidenses detenidos en Guantánamo. Pero la amenaza al principio de libertad no es por eso menor. La cláusula constitucional del debido proceso, fuente primaria de este principio, protege literalmente la libertad de cualquier persona. Debería, por tanto, interpretarse como un condicionamiento a la actuación de cualquier funcionario de los Estados Unidos en cualquier lugar y cualquiera sea la persona afectada. En el pronunciamiento más reciente sobre la materia, el caso Boumediene c. Bush, la Corte Suprema reconoció acertadamente que los prisioneros de Guantánamo no quedaban fuera del alcance de la Constitución. En dicha decisión, la Corte denegaba al Congreso la facultad de privar a dichos prisioneros del derecho al habeas corpus. Al hacerlo, sugería además que eran titulares de otros derechos constitucionales. Y aunque la Corte no especificaba cuáles podrían ser concretamente estos derechos, bien podría presumirse que se refería a ciertos derechos constitucionales básicos, como el derecho a no ser torturado, pero también la libertad personal.

Para su crédito, Obama, a diferencia de Bush, ha admitido al menos que el recurso a la privación de libertad sin juicio le genera reticencias. De hecho, cuando anunció su política sobre Guantánamo en mayo, calificó la posibilidad de tener prisioneros encarcelados de manera prolongado e indefinida como “uno de los problemas más arduos que tenemos por delante”. No obstante, en lugar de asumir la responsabilidad que le incumbe por dichas detenciones, Obama ha declarado sin mayores explicaciones que algunos de los prisioneros “no pueden ser procesados”. En ningún momento ha explicado por qué el procesamiento no es una opción. Y no se trata aquí de que el derecho estadounidense sea incapaz de tratar con agentes de Al-Qaeda o con el fenómeno del terrorismo en general. Bush, de hecho, procesó y condenó a un buen número de terroristas de Al-Qaeda durante su presidencia, y nada impide que Obama lo haga.

Se ha especulado con que las resistencias de Obama a procesar a algunos de los prisioneros tienen que ver con la preocupación de que las pruebas obtenidas sean el producto de torturas, lo que las tornaría ilegítimas. Esto es así, de hecho, en virtud de la denominada “regla de exclusión”, que prohíbe la utilización de pruebas obtenidas en violación de la Constitución. Pero si éste es el razonamiento de Obama, ante lo que se estaría sería ante una distorsión de la propia regla, ya que se propiciaría un estado de cosas en el que las pruebas obtenidas bajo tortura no podrían utilizarse ante un tribunal pero sí como base para privar de libertad a un sospechoso, incluso durante el resto de su vida.

Esta interpretación alternativa de la “regla de exclusión” sólo incentivaría actuaciones indeseables. Los agentes del gobierno encargados de llevar adelante interrogatorios sabrían que una confesión obtenida a partir de la tortura podrá servir de base para un privación prolongada de libertad. Y ello a pesar de que Obama emitiera una orden que prohibía la tortura cuando asumió como presidente. Además, esta interpretación agravaría aún más los daños ocasionados a los prisioneros de Guantánamo que fueron torturados. Tras haber sido sometidos a padecimientos extremos, los frutos de dichos abusos los mantendrían en prisión sin que puedan vislumbrar una salida. La Constitución, por el contrario, no debería invocar ninguna privación de libertad basada en pruebas procuradas mediante tortura, con independencia de que dicha privación sea el resultado de un proceso judicial o de una decisión presidencial unilateral.

También podría ocurrir que la resistencia de Obama a ir a juicio no provenga del temor a la eventual aparición de pruebas ilegítimas sino que obedezca a la necesidad de preservar información considerada secreta. Evidentemente, el gobierno tiene derecho a mantener un cierto grado de secretismo, pero ello no debería, y de hecho nunca ha pasado, justificar la privación de libertad sin procesamiento. En un buen número de procesos penales relacionados con cuestiones de seguridad nacional, los abogados defensores solicitaron información que el gobierno consideraba ultra secreta. En estos supuestos, los tribunales fueron más que competentes a la hora de lidiar con los intereses en juego, fundamentalmente, analizando previamente la información en privado, sin presencia del acusado o de su abogado, y determinando su relevancia para el caso concreto. Si el juez determina que la información es importante, el gobierno puede facilitarla al acusado, ofrecer información alternativa, o cerrar el caso. Lo que nunca se ha hecho es suspender el proceso y encarcelar indefinidamente a un prisionero.

La política de detenciones de Obama tampoco puede justificarse alegando la necesidad de prevenir un daño extraordinario, como sería, por ejemplo, la detonación de una bomba radioactiva. Ninguno de los prisioneros de Guantánamo ha sido acusado de conspiración para la comisión de un delito semejante. E incluso si lo hubiera sido, el gobierno estaría obligado a procesarlo por dicho delito, incluso si ello comporta el riesgo de absolución. Si el gobierno es capaz de procesar un individuo tan peligroso y tan dispuesto a dañar a la gente de este país como Khalid Sheik Mohammed, ¿cómo pude justificar la privación indefinida de libertad de otras personas? Las excepciones al principio de libertad no pueden depender de la evaluación que el presidente, caso por caso, realice de la gravedad o a de la amenaza que pueda suponer la absolución del prisionero.

Ni la tortura, ni el secreto, ni el riesgo de absolución excusan a Obama por su decisión de mantener encerrados a prisioneros no procesados. En el fondo, la justificación que ha esgrimido para ejercer esta facultad no difiere de la de su predecesor. Quizás porque intuye que es así, procuró distanciarse en un inicio del unilateralismo de Bush y prometió desarrollar un sistema de “revisión ante los tribunales y el congreso” de cualquier decisión que supusiera el encarcelamiento indefinido y sin juicio de un sospechoso. “En nuestros sistema constitucional –sostuvo entonces- la prolongación de la detención no debería ser el producto de la decisión de un solo hombre”. Es dudoso que un sistema de revisión que se limitase a controlar si el presidente ha actuado de manera razonable pueda satisfacer el principio constitucional de libertad. Pero la triste realidad es que Obama no ha cumplido su promesa. Y que con ello su presidencia se asienta sobre el mismo horror que en su momento tuvo el coraje de denunciar.

Owen Fiss es un reputado constitucionalismo estadounidense. Es Sterling Professor of Law en la Universidad de Yale y autor, entre otras obras, de The Irony of the Free Speech (1996), A Community of Equals (1999), A Way Out: America's Ghettos and the Legacy of Racism (2003) y The Law As It Could Be, 2003.


Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3020

La Casa Blanca estudia nuevo impuesto a grandes bancos

Martes 12 de Enero de 2010

LOS TITULARES DE HOY


EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • Un tribunal federal de apelaciones escucha los alegatos en un histórico caso de reparaciones por el Apartheid

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    Un histórico juicio contra varias corporaciones internacionales acusadas de colaborar con el régimen sudafricano del apartheid está en proceso. Entre las empresas acusadas están Daimler AG, General Motors, Ford Motor Company e IBM. La demanda colectiva presentada ante la justicia las acusa de complicidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años en que hicieron negocios en la Sudáfrica del apartheid. La demanda fue presentada hace varios años por víctimas negras del gobierno de la minoría blanca. Sus abogados piden una compensación de hasta 400 millones de dólares.

    Escuche/Vea/Lea (en inglés)
  • Fiscales investigan a estudiantes de periodismo de la Universidad Northwestern que trabajaron ayudando a liberar a presos encarcelados indebidamente

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    Fiscales de Chicago están realizando una investigación sobre un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Northwestern que han ayudado a liberar a presos encarcelados indebidamente, entre ellos a cinco condenados a muerte. Fiscales del Condado de Cook han citado a la Universidad Northwestern y al Medill Innocence Project para que entreguen las notas de los estudiantes, los criterios de calificación, el programa de estudios, los informes de gastos y los mensajes de correo electrónico. Los fiscales están centrando su atención en los estudiantes que realizaron una investigación de tres años sobre Anthony McKinney, que fue condenado por dispararle a un guardia de seguridad en 1978, causándole la muerte. Actualmente un juez está revisando el caso de McKinney.

    Escuche/Vea/Lea (en inglés)
  • A pesar de la prohibición dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos, Texas sigue condenando a pena de muerte a criminales con retraso mental

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    Un fallo que la Corte Suprema de Justicia dictó en 2002 permite a cada estado fijar su propia definición de retraso mental para determinar, de acuerdo a esos criterios, qué personas pueden enfrentar la ejecución. En lugar de adoptar los estándares clínicos aceptados por la Corte Suprema para determinar el diagnóstico de “retraso mental”, Texas ha dado un amplio margen de maniobra a las evaluaciones realizadas por los psicólogos. Actualmente, el psicólogo George Denkowski se enfrenta a un estudio minucioso por la utilización de métodos que, según los críticos, sirven para condenar a muerte de manera injusta a presos con retraso mental. Para conocer más sobre este tema, emitimos un informe realizado por Renee Feltz del Texas Observer.

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  • Raj Patel habla sobre su libro “El valor de la nada: cómo cambiar la sociedad de mercado y redefinir la democracia”

    Patel-dn

    El escritor y activista Raj Patel nos acompaña para hablar sobre su nuevo libro, The Value of Nothing: How to Reshape Market Society and Redefine Democracy (El valor de la nada: cómo cambiar la sociedad de mercado y redefinir la democracia). “Hemos llegado a creer que la única forma de medir el valor de algo es dejándolo librado al mercado”, explica Patel. “El problema es que, como hemos visto en esta recesión, el mercado es una forma muy mala de ponerle valor a las cosas, un modo tremendamente caprichoso de valuar algo”.

    Escuche/Vea/Lea (en inglés)