Nulidad de contrato LAP quema las manos en cortes del Callao.
Magistrado que emitió dos resoluciones contradictorias se mantiene en el cargo. Dilaciones
La estrategia que LAP ha emprendido ante la orden de abrir el proceso sobre nulidad del acto jurídico es por ahora de naturaleza dilatoria. Ha pedido que el juez incorpore a la demanda a ProInversión, que es formalmente responsable de la elaboración de las bases y de dirigir el proceso de licitación. En el año 2000, ProInversión no existía con ese nombre, ni con sus actuales funciones (era la Comisión de Promoción de Inversión Privada, Copri), y lo que sus actuales directivos puedan decir será de cualquier modo irrelevante para determinar si el contrato LAP tiene vicio de origen por la falta de fuerza legal de las firmas que contiene.
Persecución
La gravedad de este asunto es que, de acuerdo al precedente que el juez Garrido quiere dar por aceptado, el país en su conjunto queda desprotegido frente a los grandes contratos del Estado con inversionistas extranjeros. Si se mira bien, esto va del brazo de la avalancha de juicios contra periodistas independientes que han lanzado los administradores de LAP, lo que permite que también se cubran de la investigación independiente.
La estrategia que LAP ha emprendido ante la orden de abrir el proceso sobre nulidad del acto jurídico es por ahora de naturaleza dilatoria. Ha pedido que el juez incorpore a la demanda a ProInversión, que es formalmente responsable de la elaboración de las bases y de dirigir el proceso de licitación. En el año 2000, ProInversión no existía con ese nombre, ni con sus actuales funciones (era la Comisión de Promoción de Inversión Privada, Copri), y lo que sus actuales directivos puedan decir será de cualquier modo irrelevante para determinar si el contrato LAP tiene vicio de origen por la falta de fuerza legal de las firmas que contiene.
Persecución
La gravedad de este asunto es que, de acuerdo al precedente que el juez Garrido quiere dar por aceptado, el país en su conjunto queda desprotegido frente a los grandes contratos del Estado con inversionistas extranjeros. Si se mira bien, esto va del brazo de la avalancha de juicios contra periodistas independientes que han lanzado los administradores de LAP, lo que permite que también se cubran de la investigación independiente.
Un juez que emitió dos resoluciones, una admitiendo una demanda y otra mandándola al archivo, y que intentó desacatar el mandato de la Corte Superior y la Suprema para que abriera el proceso que había desestimado, se mantiene en el cargo porque el presidente de la Corte del Callao y la OCMA carecen de los pantalones para cambiarlo, lo que les ha llevado aceptar la increíble excusa del magistrado de que la culpable de las dos resoluciones notificadas a las partes es su secretaria, ahora sancionada mientras el juez sigue despachando sobre el mismo caso.
Lo que explica esta inconsecuencia es el fondo de la materia de la demanda dirigida a demostrar la nulidad del acto jurídico por el cual se concedió el aeropuerto internacional Jorge Chávez al consorcio Lima Airport Partners, constituido sobre la base de Aeropuerto de Frankfurt, operador principal, Bechtel Enterprises Internacional Ltd. y Cosapi S.A., que el juez Hugo Garrido Cabrera, del Tercer Juzgado Civil del Callao, no ha querido someter a investigación y análisis, por lo que se ha limitado hasta en dos oportunidades a decir que el demandante no es parte interesada.
Obviamente que esta fuga por la tangente responde a los intereses de LAP, cuyo poder en los tribunales chalacos nadie discute, y los maliciosos podrían pensar fácilmente que tras el esfuerzo del juez por ignorar el interés público general que está detrás de la privatización de los servicios públicos (que convierte a todos los peruanos en “interesados”) y el interés específico de CEXPORT Exclusive (empresa de comercialización de artesanías) por haber sido perjudicada directamente por el concesionario (que pretendió desalojarla sin mandato judicial de su ubicación en el aeropuerto), existe algún estímulo capaz de producir actos totalmente inusuales e irregulares como las dos resoluciones con el mismo número y opiniones opuestas, y desacatar a las instancias de mayor jerarquía.
Garrido Cabrera está seguramente convencido que a él no le corresponde dictaminar sobre un asunto de envergadura nacional en el que tiene que discutir sobre un contrato que vale cientos o miles de millones de dólares, pero se da cuenta que no hay cómo salvarlo de dos vicios de origen: (a) la modificación de las bases de la licitación (que permitieron a LAP llegar como único postor) aprobadas en agosto de 2000, tienen la firma de Luis Enrique Ortega Navarrete como si fuera el ministro en funciones, pero este señor recién ocupó el cargo en noviembre de 2000, tras la fuga de Fujimori y el inicio del gobierno Paniagua, lo que quiere decir que trató de subsanar la falta de firma de su antecesor sin estar autorizado a hacerlo; (b) el visto bueno al precontrato luego de la buena pro, que sólo lleva la firma de Guillermo Morales Valentín a nombre de LAP (sin poderes constituidos para firmar) y sin respaldo ministerial.
Al margen de quién presente el caso y casi a ciegas, el contrato resulta nulo de toda nulidad y no es subsanable. Pero para que no haya quién pueda demostrar judicialmente esta realidad, Garrido Cabrera declara que no hay “interesados” que tengan derecho a hacerse titulares de la denuncia, salvo que fueran la propia LAP o el estado peruano, los dos implicados en el dolo. Al no sacar la conclusión de que el juez está trampeando con este caso, la segunda instancia y la OCMA evitan también chocar con LAP y dejan el caso a la deriva, situación en la que está desde hace largos años. Los principios de respeto a la ley, igualdad entre los litigantes y vigilancia del interés público, quedan de esta manera por los suelos.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Lo que explica esta inconsecuencia es el fondo de la materia de la demanda dirigida a demostrar la nulidad del acto jurídico por el cual se concedió el aeropuerto internacional Jorge Chávez al consorcio Lima Airport Partners, constituido sobre la base de Aeropuerto de Frankfurt, operador principal, Bechtel Enterprises Internacional Ltd. y Cosapi S.A., que el juez Hugo Garrido Cabrera, del Tercer Juzgado Civil del Callao, no ha querido someter a investigación y análisis, por lo que se ha limitado hasta en dos oportunidades a decir que el demandante no es parte interesada.
Obviamente que esta fuga por la tangente responde a los intereses de LAP, cuyo poder en los tribunales chalacos nadie discute, y los maliciosos podrían pensar fácilmente que tras el esfuerzo del juez por ignorar el interés público general que está detrás de la privatización de los servicios públicos (que convierte a todos los peruanos en “interesados”) y el interés específico de CEXPORT Exclusive (empresa de comercialización de artesanías) por haber sido perjudicada directamente por el concesionario (que pretendió desalojarla sin mandato judicial de su ubicación en el aeropuerto), existe algún estímulo capaz de producir actos totalmente inusuales e irregulares como las dos resoluciones con el mismo número y opiniones opuestas, y desacatar a las instancias de mayor jerarquía.
Garrido Cabrera está seguramente convencido que a él no le corresponde dictaminar sobre un asunto de envergadura nacional en el que tiene que discutir sobre un contrato que vale cientos o miles de millones de dólares, pero se da cuenta que no hay cómo salvarlo de dos vicios de origen: (a) la modificación de las bases de la licitación (que permitieron a LAP llegar como único postor) aprobadas en agosto de 2000, tienen la firma de Luis Enrique Ortega Navarrete como si fuera el ministro en funciones, pero este señor recién ocupó el cargo en noviembre de 2000, tras la fuga de Fujimori y el inicio del gobierno Paniagua, lo que quiere decir que trató de subsanar la falta de firma de su antecesor sin estar autorizado a hacerlo; (b) el visto bueno al precontrato luego de la buena pro, que sólo lleva la firma de Guillermo Morales Valentín a nombre de LAP (sin poderes constituidos para firmar) y sin respaldo ministerial.
Al margen de quién presente el caso y casi a ciegas, el contrato resulta nulo de toda nulidad y no es subsanable. Pero para que no haya quién pueda demostrar judicialmente esta realidad, Garrido Cabrera declara que no hay “interesados” que tengan derecho a hacerse titulares de la denuncia, salvo que fueran la propia LAP o el estado peruano, los dos implicados en el dolo. Al no sacar la conclusión de que el juez está trampeando con este caso, la segunda instancia y la OCMA evitan también chocar con LAP y dejan el caso a la deriva, situación en la que está desde hace largos años. Los principios de respeto a la ley, igualdad entre los litigantes y vigilancia del interés público, quedan de esta manera por los suelos.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
