
(1) Los denunciantes indican que la empresa a desboscado en zonas de bosques primarios. (2) Monseñor José Luís Astigarraga Lizarralde dice que miles de comuneros serán erradicados de sus predios. (3) Comuneros quechua-lamitas están siendo afectados por empresas. (4) Semira Pérez, enseña la ubicación de las propiedades del Grupo Romero.
DATO: “Este es sólo un botón de muestra de lo que puede suceder si se aprueba la Ley de la Selva”, enfatizó Constante Díaz del Ceas.La producción de Palma Aceitera está siendo promovida por el Estado. En 1999 determinó que habían 1’405 mil hectáreas de tierras potenciales para su cultivo.
Especialistas y analistas de la realidad amazónica lo habían advertido. Y, aunque aún no se aprueba la Ley de la Selva, ya empezó la erradicación de posesionarios y colonos sin títulos.En los siguientes párrafos, leerá el cumplimiento de una advertencia desoída por los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García; y que de aprobarse el proyecto de ley 840, la mal llamada Ley de la Selva, se extendería exponencialmente por toda la región amazónica hasta trastocar la estructura social de pequeños y medianos agricultores, como sostiene Constante Díaz, asesor legal de Comisión Episcopal de Acción Social, (CEAS) de la Iglesia Católica.En la cuenca del río ShanusiEn el año 2005, la Corporación Comercial del Amazonas S.A., una de las empresas del Grupo Romero, presentó un proyecto agroindustrial denominado “Palmas del Shanusi” para producir palma aceitera e instalar una planta extractora para procesar los frutos, por lo cual solicitó 10 mil hectáreas, en concordancia con el Decreto Legislativo 653 “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario”.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura, mediante Resolución Ministerial Nº 0664-2006-AG del 26 de julio de 2006 adjudicó, a favor de Agropecuaria del Shanusi S. A. (también empresa creada por el Grupo Romero) 7,029.35 has, en el valle del Shanusi, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, por un valor de 126,528.29 nuevos soles, es decir a 18 nuevos soles por hectárea.Lo que no tuvo en cuenta el ministerio es que parte del predio “vendido” a “Palmas del Shanusi” ya tenía posesionarios, como reclaman las 60 familias de la comunidad quechua-lamita de San Juan de Pacchilla, cuyos terrenos fueron delimitados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), de la región San Martín “sin ningún problema”, como sostiene la hermana Luz Guillén Cornejo, coordinadora distrital de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Barranquita, provincia de Lamas, región San Martín.Estas familias “tienen asignadas sus unidades catastrales, pero sus predios están siendo arrasados por la mencionada empresa (Palmas del Shanusi).
Lo mismo sucede con los posesionarios del sector Capulí, entre los límites de la comunidad de Naranjal (distrito de Cainarachi) y San Juan de Pacchilla (distrito de Barranquita”, agregó la hermana Guillén, en el oficio múltiple Nº 008-MCLCP-B-08 del 28 de abril de 2008.En similar situación se encuentra la comunidad de “Bella Selva”, que ya no está en Loreto sino en Barranquita, San Martín, además de otros posesionarios con más de diez años en el lugar, agregó.
Dijo que la empresa ha construido una carretera desde Pampa Hermosa hacia el cerro Lorocache, que llega hasta el río Caynarachi y ha desviado el curso de agua, además que ha propiciado la entrada de la “Maderera Rivas” que selecciona las maderas más finas, producto de la tala efectuada por la empresa.
En la cuenca del río Caynarachi
En 2006, el Grupo Romero presentó otro proyecto al Ministerio de Agricultura, esta vez a nombre de la empresa Agrícola del Caynarachi S. A., solicitando la adjudicación de 3,171.5926 hectáreas de terrenos rústicos ubicados en los distritos de Caynarachi y Barranquita, provincia de Lamas, región San Martín, para desarrollar el proyecto agrícola denominado “Palmas del Oriente”.
El Minag le adjudicó 3 mil hectáreas por un valor de 450 mil nuevos soles, a razón de 150 nuevos soles por hectárea, según la Resolución Ministerial 255-2007-AG del 20 de marzo de 2007.Al respecto, la hermana Guillén indicó que en esta área viven entre 200 y 300 familias de posesionarios, de 7 comunidades, como San Juan de Pacchilla, Nuevo Ica, Sangamayoc, San Fernando, Nuevo Barranquita, y Leoncio Prado. A ellos, Cofopri San Martín los ha empadronado y ha delimitado sus tierras y esperan que pronto les entreguen sus títulos de propiedad.
La Iglesia Católica
El asesor legal del Ceas, Constante Díaz señaló, que, a diferencia de la Resolución Ministerial 0664-2006-AG que favoreció a “Palmas del Shanusi”, en la de “Agrícola del Caynarachi” no hay un acuerdo del gobierno regional de San Martín, sino tan sólo una carta del presidente regional quien recomendó el proyecto, y no lo declara de interés regional.
El Decreto Legislativo 653 requiere que el gobierno regional en sesión de concejo, declare de interés regional el proyecto, para que Proamazonía, a su vez, lo declare de interés nacional, explicó Díaz.
El alcalde de la provincia de Lamas, San Martín, César Soria Viena, sostiene que el entonces ministro de Agricultura, Juan José Salazar, firmante de la cuestionada resolución, prometió a los campesinos revisar la adjudicación otorgada a Agrícola del Caynarachi, pero, al parecer, no tuvo tiempo de hacerlo, porque fue defenestrado por el gobierno.
El obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde, cuestionó al gobierno por haber entregado tres mil hectáreas de tierras de comunidades indígenas a la empresa Agrícola “Palmas del Caynarachi S.A.”.El religioso dice que se ha perjudicado a miles de indígenas que utilizaban esas tierras para cultivar productos de autoconsumo.La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) ha presentado ante el ministerio de Agricultura una denuncia de nulidad de la Resolución Ministerial 255-2007-AG; así como una demanda penal por daño ecológico y nulidad de acto jurídico, ante el Poder Judicial de Tarapoto, y una denuncia por deforestación contra el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, “y quienes resulten responsables”, ante la Contraloría General de la República, informó Díaz.
Empleo, desarrollo y diálogo
Una alta ejecutiva de Relaciones Institucionales del Grupo Romero dijo a LA PRIMERA que “Palmas del Shanusi” no tiene ningún problema con posesionarios, ni con los vecinos del distrito de Barranquita, en San Martín, y está en plena actividad. Señaló que la empresa promueve la creación de empleos y el desarrollo de localidades cercanas como Pampa Hermosa y Alianza, en Yurimaguas, Loreto, donde los productores están sembrando palma aceitera para abastecer a “Palmas de Shanusi”.La representante del grupo insistió en que se han cumplido con todos los requisitos legales exigidos por el Estado. “Es imposible empresarialmente que hagamos algo sin que la ley nos respalde, jamás vamos a ir a invadir ni a posesionarnos a la fuerza”, enfatizó.“Somos respetuosos de lo que encontramos”, dijo refiriéndose a las comunidades o posesionarios vecinos de las propiedades de las empresas “Palmas del Shanusi” y “Palmas del Caynarachi” y añadió que “es política de la empresa, además de generar empleo y mejores condiciones de vida, abrir espacios de diálogo”.
Respecto a los terrenos en la cuenca del río Caynarachi, en San Martín, la ejecutiva dijo tajante: “no hemos tocado nada, no hay intervención”.
Susana Grados Díaz
Redacción