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GOBIERNO BOLIVIANO FRENA ARBITRARIEDADES DE LÍNEAS AÉREAS

La Paz, Domingo 27 de septiembre de 2,009.
El Gobierno del presidente Evo Morales puso freno este mes, a la arbitraria como constante violación de los derechos de los usuarios de líneas áreas que cubren rutas nacionales e internacionales; medida que, sin duda, cualificará un servicio que precisamente no se ha destacado por el estricto cumplimiento de horarios de vuelo y obligaciones adicionales.
El Reglamento de Protección de los Derechos del Usuario de los Servicios Aéreo y Aeroportuario se aplica al transporte aéreo nacional e internacional regular de pasajeros, equipajes y carga, realizado por transportadores nacionales o extranjeros desde y hacia el territorio boliviano y a los administradores aeroportuarios, también subsidiariamente, al transporte aéreo no regular que realicen empresas autorizadas o no autorizadas.
El reglamento no sólo impone sanciones a las empresas de transporte aéreo que incumplan sus obligaciones, sino que fija los mecanismos por los cuales el usuario asumirá su responsabilidad ante cualquier eventualidad que pueda presentarse.
En un contexto en el que el retraso de los vuelos nacionales e incluso su cancelación no estaban regulados, la nueva normativa dispone una compensación de hasta el 25 por ciento del valor del boleto sobre el trayecto incumplido, pagadero en dinero o en cualquier otra forma aceptada por el usuario. Si la demora del vuelo sobrepasa de las 22.00 (hora local), la aerolínea deberá proporcionar al pasajero hospedaje, si no se encuentra en su domicilio.
En el caso de cancelación o sobreventa, el incumplimiento de las compensaciones será sancionado con el 40 por ciento del importe del billete de pasaje por el tramo demorado, monto que irá en beneficio del usuario. Además, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el nuevo reglamento por parte de las líneas aéreas será pasible al inicio del correspondiente proceso administrativo por la autoridad competente.
Es decir, el reglamento exige a las compañías aéreas cumplir con normas básicas para ofrecer un servicio eficiente, más allá de sus intereses particulares; pero también obliga a los pasajeros a asumir los horarios establecidos y presentar toda la documentación requerida.
En ese contexto, la norma posibilitará ordenar el servicio aéreo y dependerá de las líneas aéreas y de los usuarios que sea cumplida a cabalidad, porque de ello dependerá alcanzar los objetivos planteados.

SE FIRMA PROTOCOLO FACULTATIVO DE LOS DESC EN LA ONU


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Trascendental firma del Protocolo Opcional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las Naciones Unidas.

Nueva York, 24 de setiembre de 2009

“La justicia para aquellas personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados, hoy ha avanzado en un paso decisivo”, ha dicho Muthoni Wanyeki, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, cuando 20 Estados comenzaron a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las Naciones Unidas.

Muthoni Wanyeki, que ha representado a una Coalición de más de 300 ONG que han hecho la campaña mundial por el Protocolo Facultativo, ha estado en el Evento de Tratados de los jefes de Estado en la Organización de Naciones Unidas de Nueva York. “La Coalición celebra el significativo inicio hacia un apoyo universal para este histórico mecanismo: 33794 personas y ONGs de 111 países han firmado una petición global invitando a los Estados a que sean parte del Protocolo Facultativo a través de la ratificación.” Estas personas y ONGs han asimismo pedido a los Estados la entrada en vigor del Protocolo Facultativo lo antes posible y que este sea implementado sin demoras.

Por primera vez, el Protocolo Facultativo establece un mecanismo de acceso a la justicia a nivel internacional para la gente cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados. Muchas personas alrededor del mundo, especialmente aquellas que viven en la pobreza y que sufren de discriminación, soportan violaciones de sus derechos y la negación de la justicia a nivel nacional. El Protocolo Facultativo les permitirá el acceso a la justicia a nivel internacional y al mismo tiempo apoyará los esfuerzos para que haya recursos efectivos disponibles para que las victimas puedan acceder a estos derechos en sus países.

El Protocolo Facultativo envía un claro e inequívoco mensaje sobre la importancia y el igual valor de todos los derechos humanos - que todos los derechos deben ser protegidos, respetados y cumplidos, sin ninguna excepción.

La ceremonia de la firma de hoy en las Naciones Unidas ha sido el resultado de décadas de lucha de ONGs y activistas de todo el mundo por la implementación y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales para todos y todas, en todo el mundo, en el acceso a la justicia y recursos efectivos para estos derechos.

Estados que han firmado el Protocolo:

Los siguientes Estados han firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hoy en las Naciones Unidas de Nueva York: Argentina, Bélgica, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gabon, Holanda, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Senegal, Ucrania, Uruguay y Timor del Este. Otros Estados que posiblemente firmen el Protocolo Facultativo antes que el Evento de Tratados de Naciones Unidas termine el 29 de setiembre, son Congo, Ghana, Guatemala, Madagascar, Mali y Las Islas Solomon.

Lamentablemetne, el Perú no ha firmado y muy probablemente no firmará el Protocolo.

Sobre la Coalición Internacional por un Protocolo al PIDESC (http://www.escr-net.org/)

La Coalición Internacional de ONGs por un Protocolo Facultativo (PF) al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales está compuesta por individuos y organizaciones de todo el mundo, que apoyan la ratificación del PF-PIDESC. Nuestros miembros incluyen ONG internacionales, redes regionales, grupos de base, activistas, organizaciones sociales, e individuos; todos ellos tienen el objetivo común de promover un PF- PIDESC. El Consejo de la Coalición de ONGs por un Protocolo Facultativo está formado por: Amnistía Internacional (AI); Community Law Centre, Sudáfrica; Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Suiza; Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC),EE.UU; Food First Information and Action Network (FIAN) Secretaría Internacional, Alemania; Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Suiza; International Federation for Human Rights (FIDH), Francia; International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific (IWRAW Asia-Pacific) Malasia; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Social Rights Advocacy Centre, (SRAC), Canadá.

SOLIDARIDAD CON SALOMON LERNER

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denuncia ante la opinión pública y expresa su indignación ante la persistente campaña de calumnias y amenazas llevada a cabo por algunos sectores en contra del doctor Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliació n (CVR) y reconocido defensor de los derechos humanos, y condena con la mayor energía las directas y reiteradas amenazas de muerte dirigidas recientemente contra él.
El movimiento de derechos humanos se solidariza plenamente con el doctor Salomón Lerner Febres y le expresa su profunda admiración y gratitud por el compromiso personal asumido en la defensa de los ideales de paz, democracia y respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
El doctor Salomón Lerner es uno de los mayores filósofos y humanistas de nuestro país. Es rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma universidad. En la actualidad se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Alto Nivel, presidida por nuestro mayor escritor Mario Vargas Llosa, para la creación de un Espacio de Memoria en nuestro país.
Los ataques y amenazas contra el doctor Lerner ilustran el lamentable clima de hostilidad e inseguridad que tienen que afrontar los defensores de derechos humanos que intentan cumplir su misión en el Perú.
Exigimos a las autoridades, en particular al Gobierno, asumir la responsabilidad de asegurar la vida y la integridad del ex presidente de la CVR, así como investigar las amenazas contra él y capturar y sancionar a los responsables que intentan escudarse en el anonimato.

Lima, 24 de septiembre de 2009

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

documental “Cerro de Pasco: Profunda sepultura”

La Asociación Acullicu Films tiene el agrado de invitarle al estreno del documental “Cerro de Pasco: Profunda sepultura” (19 min), en el marco de las exhibiciones del Concurso de Cortometrajes CONACINE 2009.
Esta actividad se realizará el 23 de setiembre a las 12 am y el 25 de setiembre a las 4:30 pm, en el cine club La Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima (Av. Javier Prado Este cdra. 46, Monterrico – Surco), y el 26 de setiembre a las 11:00 am, en la Sala Azul del Centro Cultural de la PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro),
INGRESO LIBRE A ESTA ACTIVIDAD (Ver programa detallado adjunto)
Lima, setiembre del 2009

SINOPSIS

Cerro de Pasco, profunda sepultura

La ciudad de Cerro de Pasco, de aproximadamente 80,000 habitantes, está siendo devorada constantemente por la minería, que ha venido generando una serie de impactos socioambientales. La minera Volcan busca expandir sus operaciones, para lo cual deberá desplazar una parte antigua de la ciudad, al costo de destruir monumentos históricos, generando también así daños en la identidad local.

FICHA TECNICA

Cerro de Pasco, profunda sepultura

Productores

Raúl Chacón Pagán

Álvaro Sarmiento Pagán

Director

Diego Sarmiento Pagán

Guionista

Álvaro Sarmiento Pagán

Camarógrafo

Diego Sarmiento Pagán

Sonidista

Álvaro Sarmiento Pagán

Editor

Diego Sarmiento Pagán

Post Producción de Imagen

Diego Sarmiento Pagán

Mezcla de Audio

Diego Sarmiento Pagán

Asistentes de Cámara

Jair Guillén Schwarz

Ricardo Huanca Vilca

Músicos

Andrés Urbina

Adrián Galarza


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Archivos adjuntos de =?ISO-8859-1?Q?Ra=FAl_Chac=F3n?=

Foto 1 de 1

Archivo 1 de 1

BOLIVIA: DESCERTIFICACIÓN Y AMENAZAS

Sábado, 27 de Setiembre del 2,009



Bolivia,EE.UU

Antonio Peredo Leigue

Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington “descertifica” a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug Enforcement Administration (DEA).
Agregando más leña al fuego, un señor anunció, por un canal de televisión local, que su organización había establecido que los cultivos de coca en Bolivia se estimaban en 54 mil hectáreas. Dijo algo más: para el consumo tradicional, y entrecomilló esta palabra, se requería 7 mil hectáreas de cultivo. Ni el nombre y cargo que ocupa esta persona ni el nombre de la institución que representa, aparecieron en ningún momento en la entrevista televisada.
Pero el tema es la certificación o el retiro de ésta. El más grande consumidor de drogas (cocaína, opio, morfina, ‘crack’, anfetaminas y un largo etcétera) se da el rango de fiscal y envía agentes de la DEA a otros países, mientras las mafias que operan en Estados Unidos hacen negocios multimillonarios con las drogas. Es más: ese organismo, hace más de 20 años y en un escándalo que se ventiló en tribunales norteamericanos, fue acusado de controlar la elaboración de cocaína en la más grande fábrica que había entonces en Bolivia, venderla en Estados Unidos y entregar las ganancias al Cnel. Oliver North, jefe de seguridad de la Casa Blanca para la compra de armas que la CIA entregaba a la llamada ‘contra’ de Nicaragua y los grupos subversivos iraníes. El caso “Irán-contras” fue absolutamente documentado, pero los acusados quedaron en libertad y North aclamado como héroe por haber hecho ese trabajo sucio. Claro que igual reacción motivó la oficial del ejército norteamericano que administró la prisión Abu Ghraib, en Irak, donde se cometieron abusos humillantes y torturas impactantes contra los presos iraquíes.
Ese es el gobierno que da o quita certificados. Por supuesto, “certificó” al gobierno de Colombia, primer productor de coca destinada al narcotráfico, el cual recibe la mayor ayuda de Washington para éste y otros rubros, pues permite que se rocíe desfoliadores en amplias regiones con efectos nocivos que rebasan sus fronteras y firma acuerdos secretos para la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio, amenazando a la democracia en la región.
La presencia de la DEA en Bolivia, a partir de la ley 1008 aprobada en mayo de 1988, de control del cultivo de coca, permitió la presencia en nuestro país de un número indeterminado de agentes de ese organismo que gozaban de privilegios diplomáticos y actuaban directamente en la erradicación de los cultivos. Su base en Chimoré, al centro del Chapare, no podía ser fiscalizada por ninguna autoridad boliviana y, al revés, mantenía un control directo sobre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), que actuaba según sus instrucciones. Esta fuerza estaba entrenada para erradicar los cultivos y sólo de modo secundario en la detección del narcotráfico. La prueba de la distorsión de la labor de la DEA en Bolivia es su actividad en la fábrica de drogas en Huanchaca, donde los narcotraficantes asesinaron al científico Noel Kempff Mercado y sus acompañantes; de allí la droga para la operación “Irán-contras”. Pero es también el hecho de que, desde la expulsión de ese organismo, se ha descubierto una cantidad mayor de fábricas de droga y se ha confiscado cantidades muy superiores a las que registraba la DEA.
Decir que, el gobierno de Washington está interesado en restablecer relaciones plenas con Bolivia, es contradictorio con las restricciones que se trata de imponer a nuestro país. El tema de las drogas no puede determinar el carácter de esa relación. Pero, aun suponiendo que así fuese, se hace necesaria una revisión de los términos en que está planteada. Habrá que revisar y modificar la Ley 1008, debe estudiarse un acuerdo distinto al que se firmó en Bogotá durante el gobierno de Jaime Paz y, sobre todo, establecer programas de lucha contra el narcotráfico en condiciones de respeto mutuo. Esto comienza por reconocer que las relaciones deben ser respetuosas de las políticas que se desarrollen en ambos países, de coordinación en los temas sociales y de equilibrio en la cuestión económica. De otra manera, las relaciones diplomáticas seguirán complicándose.
- Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.


http://alainet.org/active/33116

PESCADORES DE TAMBO DE MORA ENFRENTAN CONTAMINACIÓN

Chincha, Perú, septiembre 2009

Médicos del Mundo Argentina de diferentes formas se encuentra presente en la provincia de Chincha (Departamento de Ica) desde hace más de 2 años, trabajando sobre un Proyecto de Promoción de la Salud y Organización Comunitaria a raíz del cual ha tomado conocimiento directo de la grave situación medioambiental por la que atraviesa la provincia, especialmente el distrito de Tambo de Mora.

Las industrias pesqueras, textiles, papeleras y mineras instaladas en la provincia actualmente generan procesos de destrucción del Ambiente, contaminación del mar, no manteniendo normas de seguridad y salud ambiental esenciales, lo cual deja desamparada a la sociedad civil local a cualquier daño e impacto en su salud colectiva.

Tanto las empresas pesqueras de Tambo de Mora como las industrias mineras, papeleras y textiles (uso de ácidos, químicos, soda caustica etc.) arrojan sus desechos directamente al Mar.


Estos procesos industriales están afectando los recursos naturales no renovables, el deterioro del ecosistema, empeorando las precarias posibilidades de inserción laboral de los pescadores artesanales, impactando sin duda en la disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores, en la seguridad alimentaria de las familias chinchanas y la calidad de los alimentos que se comercializan hacia la población.

Un ejemplo de esto lo demarca la cantidad inusitada de pescados muertos que aparecieron el 08 de Septiembre del presente año en el Mar de Tambo de Mora; como otros hechos también denunciados por la población local.

Constatamos que los organismos de control encargados de velar porque las industrias lleven adelante los protocolos de minimización de la contaminación, no cumplen con sus roles ni funciones ni se interesan por dichas cuestiones humanitarias ni por la protección de la población local.

Médicos del Mundo Argentina/Oficina Perú manifiesta su apoyo institucional a la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, en sus exigencias, derechos y reclamos para que las autoridades locales, provinciales y regionales tomen este problema de salud colectiva en sus manos haciendo cumplir a las empresas los protocolos vigentes acerca de la contaminación del medioambiente y la seguridad y protección de la sociedad civil como de los trabajadores.

Médicos del Mundo – Argentina

Oficina Perú

www.mdm.org.ar E-mail: peru@mdm.org.ar

ABC Y EL PAÍS DOS MANERAS DE APOYAR EL GOLPE

Sábado,26 de setiembre de 2,009

Javier Adler
Rebelión


Habitualmente se etiqueta al diario ABC de conservador y a El País de progresista. En la forma esto supone unas diferencias sensibles, pero el fondo, sobre todo en política internacional, es esencialmente el mismo. El caso de Honduras ilustra a la perfección esta coincidencia de intereses. Antes de comparar los últimos editoriales que ambos periódicos han publicado sobre el tema (23/09/09), conviene dejar claro un principio sobre lo que significa apoyar un golpe de Estado. Esto no es únicamente la declaración explícita de tal apoyo, cosa muy rara en nuestros “democráticos” medios de comunicación, sino fundamentalmente la renuncia a revertir el golpe por algún medio factible. De este modo, cualquier pseudoiniciativa para devolver el poder al gobierno legítimo que pase por una “hoja de ruta” imposible supone, a todos los efectos, el apoyo al gobierno golpista. En este punto es donde encontraremos las mayores diferencias, insisto en que sólo de estilo, entre ABC y El País.

Sobre la llamada “solución dialogada” en Honduras lo primero que debe decirse es que es absurda, y por tanto no puede ser solución. En efecto, si las diferencias entre las dos partes podían resolverse con un diálogo libre y sin coacciones, no se habría recurrido a una medida de fuerza como el golpe de Estado. Y si el diálogo sólo funciona tras amenazas y presiones, entonces no es una solución dialogada sino una capitulación. El problema es que las presiones de los países más poderosos, en especial Estados Unidos, han sido tan calculadamente tibias que el gobierno golpista se ha sentido suficientemente fuerte como para aguantar hasta la farsa electoral de noviembre.

En el editorial del ABC estos hechos se interpretan diciendo que “cualquier solución dialogada al conflicto interno es una quimera”, así que “la cita electoral convocada el 29 de noviembre” es la “única salida airosa y pragmática”. En cambio, El País declara que “ha llegado el momento de volver a una versión revisada del plan del Presidente de Costa Rica”, que “contemplaba en julio que el Jefe de Estado depuesto regresara a la Presidencia con poderes reducidos”. Finalmente añade El País que “unas elecciones presidenciales adelantadas sentenciarían la situación”.

Por tanto, la única diferencia real es que El País apoya una pantomima en la que Zelaya volvería formalmente al poder pero sin poder hacer nada, esperando unas semanas hasta la “sentencia” electoral. En ambos casos se apoya el objetivo principal del golpe, que era impedir la consulta popular para cambiar la Constitución, algo que un presidente con “poderes reducidos” no podría hacer. A partir de aquí, el apoyo descarado de ABC a los golpistas debe legitimarse más fuertemente con su propio discurso. Lo primero es no reconocer que hubo un golpe de Estado, presentando a Micheletti como “acusado de impulsar un golpe de Estado”, como si fuera un tema controvertido. Lo segundo es dotar a los golpistas de legitimidad, señalando que Micheletti está “respaldado de las instituciones”.

“Ninguna institución democrática del país –las mismas que Zelaya había utilizado para preparar el terreno y perpetuarse en el poder importando a Honduras los abusos cometidos en Venezuela, Bolivia o Nicaragua– se rebeló contra su expulsión y ninguna ha exigido su retorno”. Siguiendo la habitual propaganda sobre este tema, se defiende a unas instituciones “democráticas” que expulsaron violentamente a Zelaya del país para supuestamente evitar que se convirtiera en un dictador. Es una inversión total de la realidad que sólo puede tener sentido para quien acepte acríticamente las informaciones falsas que difunden estos medios.

La táctica de El País es algo distinta, presentando la situación reciente en Honduras como de una plácida vuelta a la “normalidad” al calor del gobierno golpista, que ahora Zelaya ha complicado. “La inesperada reaparición en Tegucigalpa del depuesto presidente de Honduras, tras casi tres meses de exilio, ha sacado bruscamente de su adormecimiento la crisis política del país centroamericano”.

“Crisis adormecida” es una contradicción en sus términos, pues una crisis política implica tensión; si hay adormecimiento, no hay crisis sino la aceptación resignada de los hechos consumados. Lo que realmente ocurre es que sí ha habido adormecimiento, pero sólo mediático y para los adormecidos lectores de El País, porque la resistencia hondureña no ha dejado de actuar a lo largo de los casi tres meses transcurridos desde el golpe de Estado. Ahora, con su cinismo habitual, El País asegura que “nada hay más importante ahora en Honduras que evitar el derramamiento de sangre”, como si los golpistas fueran unos angelitos de la caridad y no hubieran matado, torturado, reprimido y detenido a mansalva.

Alan García ayuda a reprimir

Opinión

Carlos Noriega
Página 12


En las calles de Tegucigalpa, en medio de la represión de las fuerzas golpistas contra la población que apoya al presidente democrático Manuel Zelaya, aparecieron bombas lacrimógenas de la Policía peruana, usadas por las fuerzas represivas del gobierno golpista de Honduras. La denuncia fue hecha por el diario local La Primera, que en su portada tituló “García ayuda a golpistas. Envían bombas lacrimógenas a Honduras”.

El Presidente peruano no quiso comentar sobre la denuncia, que lo deja mal parado ante la comunidad internacional, porque la entrega de esas bombas lacrimógenas al gobierno golpista de Micheletti implicaría una violación del embargo impuesto por la Organización de Estados Americanos (OEA) y revelaría un apoyo a un gobierno que la comunidad internacional rechaza.
Fue la Policía peruana la encargada de responder a la denuncia. En un comunicado, la Policía negó la venta de bombas lacrimógenas al gobierno de facto. La denuncia estalló cuando un video colgado en YouTube mostraba una bomba lacrimógena lanzada contra la población hondureña que tenía la inscripción: Policía Nacional del Perú.

El video, titulado Barrios y Comunas de Tegucigalpa se rebelan contra toque de queda en Honduras, fue grabado por el Gremio de Cineastas de Honduras y difundido para mostrar la represión del gobierno golpista contra la población hondureña, que se concentró frente a la Embajada de Brasil para expresar su apoyo al presidente democrático, Manuel Zelaya.
Las imágenes son contundentes y no dejan dudas de la identificación de esas bombas lacrimógenas como pertenecientes a la Policía peruana. Pero en Lima, mientras los congresistas de oposición lanzaban duras críticas al gobierno de García por este hecho y anunciaban que llamarán al ministro del Interior, general Octavio Salazar, para que responda sobre esta denuncia ante el Congreso, la Policía peruana negó cualquier vinculación con las bombas que llevan su nombre.

En un comunicado, la Policía peruana aseguró que “no se ha vendido ni entregado material de ningún tipo en general, ni bombas lacrimógenas, en particular al gobierno de Honduras”. Para sustentar esta negativa, la Policía del Perú cita la versión del ministro de Seguridad del gobierno golpista de Honduras, Jorge Rodas, confirmando que su gobierno no había recibido material de la Policía peruana.
Para explicar las imágenes que muestran el nombre de la Policía peruana escrito en las bombas usadas por las fuerzas represivas de Micheletti, el comunicado de la Policía asegura que ese material represivo estuvo destinado al Perú, pero nunca llegó al país.

Según esta versión, el gobierno golpista compró las bombas lacrimógenas a la empresa hondureña Representaciones Comercio e Inversiones, que a su vez las adquirió de la compañía norteamericana Combined Systems, y que las etiquetas que las identificaban como material de propiedad de la Policía peruana habían sido cubiertas al momento de hacerse la operación de venta.
Según la Policía peruana, la explicación de la existencia de esas etiquetas identificando las bombas como suyas se debe a que este lote de bombas lacrimógenas le había sido vendido en agosto de 2007 por la mencionada compañía norteamericana, pero la venta quedó trunca en octubre de ese año y ese material nunca les llegó.

Dos años después, según esta versión, ese mismo material les fue vendido a los hondureños, pero sin que la empresa norteamericana se diera el trabajo de quitarles las etiquetas originales con el nombre Policía Nacional del Perú. Una explicación oficial que no suena muy consistente y que -–en la actual coyuntura– deja muchas dudas.
El gobierno de García apoya oficialmente el plan del presidente Óscar Arias para restituir a Zelaya en la Presidencia de Honduras, pero nunca ha mostrado mayor entusiasmo por defender al depuesto presidente y ha optado por un perfil bajo en las gestiones internacionales para ese fin.

El 19 de agosto, García recibió a Zelaya en Lima, pero, a diferencia de lo ocurrido en otros países, no le dio un recibimiento de jefe de Estado. Y algunos importantes dirigentes del oficialista partido aprista han llegado a justificar el golpe de Honduras acusando a Zelaya de intentar perpetuarse en el poder.
En el oficialismo peruano no parece haber mucha simpatía por Zelaya. Y ahora, bombas peruanas aparecen en la represión golpista contra los seguidores del Presidente hondureño.

La Cumbre del G-20 acuerda rediseñar economía mundial


Internacional

Las naciones integrantes concertaron institucionalizar ese bloque como el foro económico para coordinar una política global.

La tercera cumbre del G-20 concluyó ayer con el compromiso de rediseñar la economía del siglo XXI, e impulsar las reformas que posibiliten su crecimiento vigoroso y sostenible.
El encuentro selló el fin de la hegemonía de las potencias industrializadas y abrió la puerta a las emergentes en el manejo de los grandes temas mundiales, para lo cual el G-20 quedó institucionalizado como el foro de cooperación económica internacional.
Según la Declaración adoptada en la sesión final, los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de ese bloque manifestaron su confianza en haber ganado la batalla contra la crisis económica mundial.

Durante la segunda cumbre, en abril de este año, la economía mundial enfrentaba sus desafíos más grandes y en ese momento, el G-20 se comprometió a asegurar la recuperación económica, reparar el sistema financiero y mantener el flujo de crédito global.
En tal sentido la declaración considera que una respuesta contundente ayudó a detener la peligrosa y marcada caída de la actividad mundial y a estabilizar los mercados financieros.

Añadió el texto que la producción industrial aumenta en casi todos los países del G-20, el comercio empieza a recuperarse y las empresas financieras reúnen capital.
No obstante, el documento final de la cumbre aclara que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a las reformas a la regulación financiera y el equilibrio de la economía global, para asegurar que la economía salga con una base más sólida.

Esta fue la tercera reunión de los líderes del G-20 en menos de un año y en medio de una recesión que dejó sin trabajo a millones de personas y provocó la pérdida de billones de dólares (millones de millones) como gastos gubernamentales en programas de rescate económico.
Hacer del G-20 el foro para manejar la economía global era un reconocimiento de las nuevas realidades económicas y del auge de las potencias de mercados emergentes, destacó el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, John Lipsky.
El Grupo de los 20 está integrado por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Europea. (Pittsburg-PL)

Obama no descarta la opción militar contra Irán
El presidente estadounidense, Barack Obama, rehusó ayer descartar la opción militar contra Irán horas después de haber revelado la existencia de un supuesto sitio nuclear secreto en el país asiático, aunque aseguró que sigue privilegiando la diplomacia.
El mundo está más unido que nunca ante el régimen de Teherán, aseguró Obama, que había denunciado la nueva planta de enriquecimiento de uranio iraní junto al presidente francés, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro británico, Gordon Brown.
“Siempre he dicho que no descartamos ninguna opción en lo que se refiere a los intereses de seguridad de Estados Unidos, pero también volveré a enfatizar que mi opción preferida es resolver esto de forma diplomática”, dijo Obama.
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña presentaron “pruebas que demostraron que la República islámica de Irán construyó una planta secreta de enriquecimiento de uranio cerca de Qom (sur) durante años”, aseguró.

El presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, se mostró más cerca de la nación persa cuando afirmó, el viernes, que Irán dará una “prueba convincente” de las intenciones pacíficas de su programa nuclear en la reunión con las seis potencias, el jueves próximo en Ginebra.
Todas estas reuniones y declaraciones se produjeron en el marco de la reunión de las 20 naciones más poderosas del planeta, reunidas en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, donde supuestamente el tema central debían ser los mecanismos para abordar la crisis económica (ver resolución aparte).
La presencia de los mandatarios fue repudiada por miles de personas en las calles de la ciudad.

Concentrados al mediodía en seis puntos de la ciudad, los manifestantes se dirigieron en calma hacia un parque, que se encuentra, como prometió el joven alcalde de la ciudad, a una distancia “audible y visible” del centro de conferencias donde estaban reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de los principales países desarrollados y emergentes.
Un cortejo colorido, en el que se pudieron ver bonzos birmanos vestidos de color ocre, pacifistas del grupo Code Pink vestidos de rosa y ecologistas con gorros verdes ocuparon centenares de metros de calles rodeados por un importante dispositivo policial.
Manifestantes llevaban carteles que afirmaban: “El capitalismo no funciona”, o convocaban a “Salvar el clima”. La marcha de ayer fue autorizada por la municipalidad, contrariamente a la de la víspera, en la que un millar de jóvenes contestatarios denunciaban, con banderas negras y rojas, “la avaricia del capitalismo”, que fue dispersada con disparos de gases lacrimógenos y balas de goma.
Alrededor de 66 activistas fueron detenidos en la jornada y en la noche por alteración del orden público e incitación a la rebelión, mientras que una veintena de vitrinas de comercios y bancos fueron dañadas durante la noche, indicó la Policía Federal (FBI).
Tal como se vivió en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, las fuerzas represivas estadounidenses sometieron a los manifestantes a ondas de ultrasonido que afectan el cerebro para intentar dispersarlos. (AFP-Agencias)

LEOPOLDO FERNÁNDEZ SE VICTIMIZA COMO ESTRATEGIA DE DEFENSA, PERO POR LO BAJO AMENAZA

¿QUIENES ESTÁN AMENAZANDO A LOS TESTIGOS DE LA MASACRE DE PANDO-BOLIVIA?
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), Rolando Villena - Abi   Agencia
ROLANDO VILLENA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA (APDHB )
HABLA CLARO.FOTO CORTESÍA DE ABI .

TESTIGOS DE LA MATANZA DE PANDO SON AMENAZADOS POR ALGUNOS DE LOS IMPLICADOS


LA PAZ, Sábado 26 de Septiembre de 2,009.

El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Rolando Villena, denunció que testigos de la masacre del año pasado en la región de Pando reciben amenazas por parte de los presuntos autores o involucrados en la misma.

Villena declaró a Radio Erbol que los vecinos de la localidad pandina de Porvenir y las zonas aledañas que presenciaron los hechos del 11 de septiembre de 2008 "se sienten indefensos" ante las amenazas.

Indicó que los testigos de la masacre piden una mayor y más contundente presencia del Estado en la zona del conflicto.

Hasta hoy, las diversas investigaciones realizadas sobre los sucesos difieren sobre el número de víctimas que resultó de aquel choque, si bien la Cámara de Diputados estableció en marzo de este año que las víctimas comprobadas fueron trece.

Según esa investigación, nueve de los fallecidos eran campesinos y otros dos eran empleados de la Prefectura de Pando, mientras que un pastor evangélico y un soldado fallecieron durante operativos militares posteriores en el aeropuerto principal de la región.

Los medios citaron cifras que oscilan entre 13 y 19 muertos y recuerdan informes como el de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que llegó a decir que eran 20 los campesinos muertos, aunque luego varios de ellos aparecieron con vida.

El enfrentamiento se produjo por conocidos opositores de la denominada media luna contra el Gobierno de Evo Morales .

Las evidencias y testimonios señalan como responsable de lo ocurrido al entonces prefecto de esa región, Leopoldo Fernández, quien está recluído desde el 19 de septiembre de 2008 en la cárcel de San Pedro de La Paz a la espera de la sentencia correspondiente, aunque ahora su mejor estrategia de defensa ha sido participar en la competencia electoral del 06 de diciembre, para lo cual se victimiza, con el respaldo de la mayoría de medios de comunicación privados del país.