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Mordaza inaceptable

Denunciar una ilegalidad y darle voz a los humildes parecen ser delitos para ciertos jueces cuya conducta genuflexa al poder contribuye a que la administración de la justicia en el Perú tenga una imagen tan devaluada entre la ciudadanía, según lo indican las encuestas, en forma contundente e inequívoca.

Tal extremo se ha expresado en las insólitas y persecutorias decisiones judiciales contra el director de LA PRIMERA, César Lévano, y nuestros periodistas Raúl Wiener y Efraín Rúa, cuya trayectoria de combate en el campo de la prensa democrática, de lucha por la verdad y por los intereses nacionales, parece ser un agravante para esos jueces cuestionables.

Nos llenan de vergüenza ante los ojos del mundo civilizado, los motivos por los cuales los tres hombres de prensa están a punto de ser condenados por hechos referidos a su actuación como comunicadores y al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, a la crítica y a la discrepancia.

El maestro Lévano y Raúl Wiener han sido citados por el 37 Juzgado Penal de Lima, bajo amenaza de ser detenidos, para ser sentenciados el martes próximo por haber Wiener hecho público un hecho incontrovertible –como bien lo demuestra en esta misma edición-, la antirreglamentaria permanencia de un funcionario en un cargo, más allá del mínimo de cinco años permitidos para el mismo.

La supuesta justicia es drástica e implacable –a diferencia de la lenidad que demuestra frente a personajes a quienes la opinión pública ya ha condenado por corruptos- con Efraín Rúa, por el supuesto delito de haber recogido denuncias de humildes comuneros de San Pedro de Lloc, que señalaron al hijo del presidente de la República como vinculado a una empresa que presionaba a los campesinos para que le vendan sus tierras.

Con el desmesurado poder que le da el hecho de ser hijo del personaje más poderoso del país y con el apoyo de la influencia innegable del partido de gobierno en la administración de justicia, el joven García pretende que Rúa sea condenado en un irregular proceso, en forma injustificada, si se tiene en cuenta que ni el periodista ni este diario se han negado a difundir la versión del supuesto afectado sobre los hechos en cuestión.

El contexto de reiterados atentados, con diversas coartadas y tecnicismos, contra medios de comunicación críticos del gobierno, y de presiones y actitudes discriminatorias contra nuestro periódico, indican que nuestro director y nuestros dos periodistas son víctimas de un verdadero atentado que pretende acallarnos y al que vamos a combatir en las instancias que sea necesario.

Algunos prefieren dejar pasar el abuso, sin ser conscientes de la gravedad del precedente para la convivencia democrática entre los peruanos, pero confiamos en que el Consejo de la Prensa Peruana se pronuncie como corresponde. Y ya la sociedad civil ha comenzado a reaccionar y a movilizarse en solidaridad con Lévano, Wiener y Rúa.

APRISTAS REGALAN RÍO CHIRA

(1) Hay un escandaloso favorecimiento a los negocios de la empresa petrolera Maple Energy.
(2) Vegas Llona y ex ministro Ismael Benavides implicados en “obsequio”.


El extraordinario milagro de Maple es que se asegura agua (186 millones de metros cúbicos) sin poseer tierras.

ALGUNOS ACTORES DEL FRAUDE

* César Trelles, presidente de la región Piura por dos períodos, que dictó la ordenanza para asignar la reserva de agua para Maple.

* Martín León Trelles, asesor de César Trelles, hizo de vínculo entre el gobierno regional y nacional.

* Adolfo León, gerente de Maple, tío de Martín León Trelles.

* Enrique Salazar, intendente de recursos hídricos de Inrena, que aprueba solicitud de reserva de agua, y de ahí pasa a gerente general del proyecto Alto Piura.

* Jorge Montenegro, era ATDR (administración técnica del distrito de riego) en el Chira y actualmente hace lo mismo en Olmos. Favoreció a Maple.

* Juan José Salazar, ministro de Agricultura, sacó resolución declarando agotada el agua del Chira, dejándola en uso exclusivo de Maple.

* Ismael Benavides, ex ministro de Agricultura, prorrogó la reserva de agua y las tierras asignadas a Maple a pesar de haberse vencido los plazos sin inversión.

Complot de gobierno nacional y regional para que empresa de Estados Unidos monopolice el uso del agua de proyecto especial Chira-Piura, para la producción de etanol.

Una siniestra danza de más de 50 millones de dólares, un despojo en masa del acceso al agua para los productores de alimentos y otros productos del inmenso valle del Chira, en Piura, y un escandaloso favorecimiento a los negocios de la empresa petrolera Maple Energy de Estados Unidos, ahora metida en el negocio del etanol de caña de azúcar y con muy buenos amigos en el poder político, es más o menos el resumen de otra operación de corrupción en gran escala en la que intervienen asociadamente el gobierno nacional y el gobierno regional de Piura, dirigido por el aprista César Trelles.

Maple Energy de Estados Unidos inició operaciones en el Perú en el año 2001, a través de inversiones para la extracción de petróleo y Gas Natural en la selva central, constituyendo para ese efecto una filial peruana denominada Gas Corporation. En el año 2005 se constituye Maple Etanol, con la misma composición de inversores y un capital social de apenas 52 mil soles. En agosto del 2005, Maple Etanol comunica al gobierno regional de Piura, encabezado por el aprista Trelles, su interés en desarrollar un proyecto de sembrío de caña de azúcar en terrenos de propiedad del Proyecto Chira-Piura (Pechp), al amparo de la ley de promoción de inversión descentralizada (ley 28059).

En setiembre de 2005, Maple solicita a la Administración Técnica del Distrito de Riego ATDR Chira, la reserva de 186 millones de metros cúbicos de agua para 11,447 hectáreas, aunque a esa fecha la empresa no contaba con tierras sobre las márgenes del río Chira. En respuesta a esta solicitud, el 21 de febrero de 2006, el jefe de la ATDRCH, hace la insólita reserva de una enorme fuente de agua para un proyecto que aún no tenía tierras. En el documento del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) que sustenta la aprobación, se expresa que “procede la reserva de agua superficial solicitada…” y se otorga de oficio (sin haber sido pedidas), las aguas subterráneas.

El 27 de marzo, Maple Etanol hace entrega de una “iniciativa privada de inversión” para que se le adjudiquen 10,674 hectáreas en la margen izquierda del río Chira, y a pesar de que el área es más pequeña que la originalmente prevista, se mantiene la misma reserva de agua. El 5 de agosto de 2006 el presidente regional, César Trelles, emite la ordenanza regional 110-2006 que declara de interés público el desarrollo agrícola y agroindustrial de las tierras eriazas de la margen izquierda del río Chira de propiedad del Pechp, lo que se refiere exclusivamente a la solicitud planteada por Maple y a la reserva de agua ya aprobada. Para cualquiera era evidente que no se trataba de “tierras eriazas”, pues disponían de agua segura.

El 1 de setiembre de 2006 el caso sube al plano nacional e interviene el entonces ministro de Agricultura, Juan José Salazar, que logra sacar el DS 056-200-AG, otra norma con “nombre propio”, que reserva al más alto nivel las aguas superficiales y subterráneas desde la presa Sullana hasta la desembocadura del río Chira, por un plazo de dos años, hasta un volumen de 186 millones de metros cúbicos, refiriéndose exclusivamente a las tierras y a los volúmenes de agua negociados por Maple. El decreto supremo pro Maple no sólo reserva aguas superficiales (río), sino también las subterráneas a lo largo de todo el río.

El 5 de enero del 2007, Maple, con todo el negocio asegurado, suscribe una minuta de compra y venta de tierras del Pechp, en una extensión de 10,674 hectáreas, con un valor unitario por hectárea de 60 dólares. El 18 de mayo del mismo año, el ministro del Interior, Octavio Salazar, emite una resolución RM 380-2007-AG, por la cual se declaran agotados los recursos hídricos del río Chira, para el otorgamiento de nuevas licencias de uso de agua a terceros. Con esto se cerraba el círculo. Nadie, aparte de Maple, recibiría una gota de agua del río Chira, ni de las aguas subterráneas. El impacto sobre otras plantaciones del valle: uvas, papikra, mango, pimiento y otros proyectos de etanol es devastador por falta de agua.

El 23 de agosto de 2008, el ingeniero Ismael Benavides, entonces ministro de Agricultura, dicta una prórroga por su propia iniciativa de la reserva de agua a favor de Maple, luego de vencido el plazo de dos años y sin que hayan comenzado las inversiones.

Renta inmediata
Como queda claro, el extraordinario milagro de Maple es que se asegura agua (186 millones de metros cúbicos) sin poseer tierras. Pero no es el único hecho sobrenatural. Meses después, la empresa logra que le entreguen las tierras de la margen izquierda y que se declare, a nivel ministerial, que no habrá agua para los demás. Finalmente, Maple también consigue que otro ministro le prorrogue sus “derechos”, después de vencidos todos los plazos de la inversión.

Así, gracias a sus buenos amigos del gobierno regional aprista y del gobierno nacional aprista, Maple se hizo de 10,674 hectáreas con agua, a un costo total de 640 mil 440 dólares (a 60 dólares por hecárea), cuando el valor de la hectárea piurana con agua llega a los 5 mil dólares, lo que significa un valor de 53 millones 200 mil dólares por todo el área, y una ganancia inmediata de 46 millones 800 mil dólares para la empresa norteamericana.

¿Por qué tantas increíbles y más que sospechosas ventajas para una empresa petrolera que ha incursionado con poco éxito en actividades de exploración y explotación en la selva central? ¿De dónde tantas atenciones del poder a una empresa específica? La pregunta puede empezar a responderse identificando a algunos miembros del directorio peruano de la empresa yanqui.

Veamos: Rex W. Canon, presidente ejecutivo y también presidente de la matriz en Estados Unidos; Rafael Ferreyros Cannock, vicepresidente y gerente general; Tony Hines, funcionario estadounidense encargado de la planta de Aguaytía; Carlos Enrique Palacios, ex alto funcionario del Banco Wiese; Gianfranco Castagnola, gerente del Grupo Apoyo e integrante de numerosos directorios de empresas de los más variados rubros; Ricardo Vega Llona, ex jefe de Proinversión, Promex y otro organismos del Estado, ex presidente de la Confiep, amigo cercano del presidente García.

La información que dispone LA PRIMERA indica que Vega Llona ha sido fundamental para lograr articular contactos con miembros del gobierno y conseguir el trato privilegiado que ha sido detallado en esta nota. Todos los lunes, según esta versión, el empresario almuerza con el presidente Alan García y cada cierto tiempo sobrevuelan juntos las tierras piuranas donde crecerán los cultivos de caña para el gran negocio del etanol. En este caso, como en otros, se cumple el principio de que el gobierno crea las condiciones para beneficiar a sus amigos, con el mascarón de alguna empresa extranjera de medio pelo, para dar en concesión, por iniciativa privada o cualquier otra modalidad de traspaso, tierras, agua, recursos, derechos, para que se armen buenos negocios a costa del Estado.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Alerta sobre faenón con gas de Camisea

Los peruanos debemos impedir la ilegal exportación de nuestro gas.

El analista en temas de energía Jorge Manco Zaconetti sugirió que el contrato de exportación con la empresa LNG Perú sea renegociado, debido a las gruesas ilegalidades que se han cometido en todo el proceso y a la total inconveniencia que representa este “negocio” para nuestro país.

INTRANSIGENCIA

El gobierno mantiene una actitud intransigente frente al pedido unánime de la región sur del país de que el gas de Camisea no sea exportado, en tanto que más regiones confirmaron su decisión de realizar un paro preventivo el 17 y 18 de junio. Así lo hicieron las organizaciones sociales, gremiales y federaciones del departamento de Madre de Dios, quienes conformaron un comité de lucha para sumarse a la medida de protesta macrorregional, paralizando por espacio de 48 horas. Ante estos hechos, el legislador de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano, dijo que, para evitar la violencia, el gobierno debe convocar una mesa de diálogo con los manifestantes.

Ollanta convoca a crear el Frente Nacional de Defensa del Gas para que este producto sirva para enrumbar el desarrollo nacional y producir el cambio de matriz energética.

El líder nacionalista Ollanta Humala calificó ayer de “gravísimo” e “ilegal” el inicio de la exportación de gas del lote 88 de Camisea y alertó que perjudicará a la población, porque, dijo, vuelve a postergarse el cambio de matriz energética que rebajaría los precios de los combustibles doméstico y automotriz, así como de la electricidad.

El dirigente opositor afirmó en un comunicado público que es “gravísimo” el inicio de la exportación del 47% de las reservas de gas, sin tomar en cuenta la necesidad de cambiar la matriz energética para los próximos 50 años.

“Así se deja de lado la demanda de los hogares y de los choferes del servicio público, pero, sobre todo, la posibilidad de generar electricidad barata y ejecutar proyectos petroquímicos que podrían transformar nuestra economía y relanzar el desarrollo agrícola e industrial”, denunció.

“Además, se engaña de manera artera a los pueblos del sur del Perú, prometiéndoles un gas cuyas reservas aún no están probadas, mientras el gas comprobado en Camisea, se evapora con la exportación”, sostuvo.

“El costo de este faenón será altísimo para el Perú. Venderemos a un dólar lo que después, en su equivalente energético de barril de petróleo, deberemos comprar a 84 dólares”, aseguró Ollanta.

Recordó que hace un año el propio presidente García tildó de ilegal la exportación de gas, porque las modificaciones hechas a los contratos originales de los lotes 88 y 56 “fueron autorizados por el gobierno de Alejandro Toledo, por una norma de menor jerarquía que pretendía cambiar leyes y festinar trámites”.

Ollanta postuló que “el destino del gas debe ser parte de una política de Estado de soberanía energética que permitirá desarrollarnos ganando competitividad y productividad”, con la estatal PetroPerú liderando la exploración y explotación de gas y petróleo.

El líder nacionalista convocó a las organizaciones sociales y políticas a formar un Frente Nacional en Defensa del Gas para que este hidrocarburo sirva para producir riqueza y encaminarnos al desarrollo.

¡Renegocien el contrato!
En otro frente, el analista en temas de energía de la Universidad San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, pidió que el contrato de exportación con la empresa LNG Perú sea renegociado, debido a las gruesas ilegalidades que se han cometido en todo el proceso y a la total inconveniencia que representa este “negocio” para nuestro país.

“Se ha dado una confabulación, un concierto, para favorecer la exportación” señaló el especialista, en referencia a todos los decretos y resoluciones irregulares que facilitaron desde el gobierno anterior y en la presente administración la salida del gas de Camisea, del total de reservas probadas que tiene ese yacimiento en los lotes 56 y 88.

Calificó como inexactos y como un exceso de optimismo las cifras que mencionó el presidente García para justificar la conveniencia de la exportación. No es cierto que el país vaya a recibir 1,000 millones de dólares anuales por la exportación, porque dicho cálculo se ha hecho sobre la base de los precios internacionales del gas en boca de pozo y que son de 10 ú 11 dólares por millón de pies cúbicos y no sobre el precio de regalo que se le da a la empresa exportadora de 0.60 centavos de dólar por millón de pies.

Manco Zaconetti aseguró que tampoco es real el nivel de ingresos por regalías, por 310 millones de dólares que ha señalado García, pues, según el contrato, sólo representará un tercio de lo que paga el consumidor local.

Por estas razones, consideró que el gobierno debe renegociar el contrato de exportación, tal como lo hizo en el año 2006, al inicio del segundo régimen de García.

Aurelio Ochoa, analista sobre Hidrocarburos, señaló por su parte que el gobierno juega con la terminología para hacer crecer artificialmente las reservas de gas y además no ha explicado al país que la empresa exportadora utilizará finalmente lo existente en el lote 88 que está destinado para el mercado interno. De acuerdo al contrato, explicó, la empresa exportará el gas del lote 56, pero una vez que lo exprima empezará a tomar el del lote 88, reveló.