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CULPABLE DE LAS MUERTES

Sí pueden ser denunciados por las vidas perdidas en Puno y en otros conflictos sociales, señalan juristas y analista.

Alan y sus ministros a juicio por los muertos


En la mira, el presidente Alan García y el ministro del Interior, Miguel Hidalgo.
 Piden sanción. El congresista electo de Gana Perú Javier Diez Canseco consideró que las muertes ocurridas en Puno ameritan una investigación, para sancionar a los involucrados, porque “aquí hay claras responsabilidades políticas” a pesar que se sabía que los sucesos eran inminentes.
DETALLE
La Defensoría del Pueblo informó que en el segundo gobierno de Alan García, han fallecido un total de 94 personas por el mal manejo en la solución de la protesta social. Asimismo, detalló que los conflictos sociales se triplicaron, en relación con el gobierno de su antecesor, Alejandro Toledo (de 84, aumentaron a 220).
El todavía presidente Alan García y sus principales ministros podrían ser denunciados penalmente, una vez que dejen sus cargos, por su responsabilidad en las muertes violentas de peruanos en los conflictos sociales, causadas por el uso desproporcionado de la represión policial-militar, coincidieron en señalar los juristas Raúl Ferrero Costa y Javier Alva Orlandini y el analista Eduardo Toche.

Toche dijo que la sucesión de acciones represivas indiscriminadas del segundo gobierno de García que conllevó una gran cantidad de muertos y heridos como, por ejemplo, las masacres de Bagua y Juliaca, permiten acumular suficientes indicios para la interposición de una denuncia penal contra el actual mandatario en funciones.

“Ya se están acumulando los indicios (contra Alan García) que empiezan a establecer la posibilidad de ser incurso en un proceso penal. Y no es nada complicado o difícil la manera que tendrá que adquirir (forma) esta acusación”, subrayó.

Cadena de mando
Dijo que otro factor es el direccionamiento y endurecimiento de la normatividad correspondiente al uso de la fuerza. “Lo que buscan todos los gobernantes es aplicar, con mucha prudencia, el uso de la fuerza policial y represora; cuando ésta debería ser empleada, tal como se estila en los países de nivel avanzado, como garantía de la población civil”, puntualizó.

Le advirtieron
Asimismo, recordó que, en el caso particular de Puno, las autoridades militares y policiales de la región advirtieron al Ejecutivo aprista de lo contraproducente que significaría el uso de la fuerza en los conflictos sociales.

De igual modo, Toche consideró que la tónica autista e indolente que tuvo la segunda administración de García para enfrentar los más de dos centenares de enfrentamientos sociales, representa el “gran fracaso” de su régimen por desarrollar un adecuado sistema de resolución de conflictos.

Por su parte, los constitucionalistas Raúl Ferrero Costa y Javier Alva Orlandini refirieron que García, por el alto cargo que ha ostentado, mantiene la prerrogativa de someterse, previamente, a un antejuicio, el mismo que estaría a cargo de próximo Congreso.

El exdecano del Colegio de abogados de Lima, Raúl Ferrero Costa, especificó que mediante este referido antejuicio, el presidente García, sería investigado por una comisión investigadora del Parlamento, la misma que recabaría todas las evidencias y responsabilidades que pudiesen configurar un ilícito penal, en este caso por las muertes en situaciones de conflictividad social, acontecidas durante su administración.

El referido dictamen acusatorio sería remitido a la Fiscalía de la Nación, que será el organismo que determine si el implicado puede ser pasible de una denuncia penal por estos hechos.

A su turno, el extitular del Tribunal Constitucional Javier Alva Orlandini refirió que tanto Alan García, como los ministros del Interior, Miguel Hidalgo y energía, Pedro Sánchez, además de LA PRIMERA ministra, Rosario Fernández, podrán ser investigados sobre las absurdas muertes, por el Poder Judicial y el nuevo Parlamento, pero por una causa de orden penal.

En ese contexto, Alva confirmó entonces que, pese a la voluntad de la mayoría de los peruanos, García no podrá ser acusado constitucionalmente por las masacres perpetradas durante su segunda administración, debido a que los delitos contra la vida y homicidio calificado no están incluidos entre las causales establecidas en la Constitución para procesarlo políticamente.


Javier SotoRedacción