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Hungría: las víctimas de la crisis financiera son tratadas como delincuentes‏

Philosophicus; 26 - 05 - 2013


Krisztina Keresztély · · · · ·
Atrapados en el torbellino de la crisis financiera, enfrentados a la enorme deuda y el empobrecimiento de cientos de miles de familias que no pueden pagar sus préstamos, el gobierno ultra conservador húngaro ha decidido criminalizar a los sin techo y seleccionas a los candidatos a una vivienda de protección social con criterios morales. Bienvenidos a otro laboratorio europeo de la crisis.
Cuatro cambios de la Constitución ... ¡en poco más de un año! La coalición de derechas en el poder en Hungría no escatima el malabarismo institucional para reforzar el carácter ultraconservador del Estado, blindado con su "ley fundamental", la nueva constitución en vigor desde enero de 2012. Esta vez, con esta cuarta versión, en vigor desde el 1 de abril de 2013, se trata, entre otras cosas, de tipificar como delito la falta de vivienda. La nueva ley establece la competencia de las comunidades locales de "calificar la residencia permanente de personas en espacios públicos como no conforme a la ley, por razones de orden público, seguridad pública, salud pública y la preservación de los valores culturales". Quedarse sin vivienda y no tener otra opción que permanecer en el espacio público es un delito, que puede ser castigado.
El Tribunal Constitucional de Hungría, sin embargo, se opuso a una ley de este tipo en otoño pasado. Aquel borrador de ley preveía una multa de hasta 500 euros, más que el salario mínimo (300 euros) para los sin techo. "Con esta ley, por la que es un delito que una persona resida permanente en la calle, son en realidad los sin techo a los que el legislador califica de criminales. Sin embargo, para las personas sin hogar, que viven en las calles o en los espacios públicos, se trata de una situación de crisis muy grave, consecuencia de circunstancias de naturaleza diferente y sólo en casos muy raros producto de opciones voluntarias y bien pensadas. (...) El hecho de vivir en el espacio público no afecta a los derechos de los demás, y no pone en peligro ni la utilización del espacio público ni el orden público. (...) La falta de vivienda es un problema social que debe ser abordado por el Estado a través de dispositivos y acciones de política social y urbana y no a través de prohibiciones", explica en su decisión el Tribunal Constitucional. ¡A quién le importa! El delito de estar "sin techo" está consagrado en la Constitución.
Un 10% de la población muy endeudada
La cuarta enmienda constitucional ha causado indignación en Hungría, al igual que en muchas ciudades europeas, y la protesta de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar, que incluye organizaciones como Emaús, o la ayuda social católica SAMU. Si verse obligado a dormir en los espacios públicos es un delito, las autoridades locales no están sujetas a ninguna obligación en su política social de alojar a aquellos que han perdido sus hogares. El artículo 8 de la Constitución establece solamente que "los gobiernos estatales y locales, facilitarán condiciones humanas para la acogida de personas sin hogar."
Los sin techo, sin embargo, corren el riesgo de multiplicarse. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil en un país sumido en el torbellino de la crisis financiera. El endeudamiento y empobrecimiento de los hogares son lo más preocupante. Un millón de húngaros, el 10% de la población, se ven directamente afectados por hipotecas en monedas extranjeras, en particular el franco suizo, que se ofrecían a tasas de interés más bajas. Sin embargo, la moneda húngara (forint) se devaluó en 2008 [1]. Resultado: aumento de la deuda y los intereses. Dos años más tarde, en una hipoteca de cada cuatro el valor de la deuda supera el valor de la propiedad de acuerdo con la tasación realizada para el préstamo, de acuerdo con el Banco Nacional de Hungría. 90.000 hogares se encuentran en la situación de "préstamos problemáticos", incapaces de satisfacer el pago de la hipoteca durante más de tres meses.
La privatización masiva de las viviendas sociales
Al mismo tiempo, es cada vez más difícil para los húngaros hacer frente a los diversos gastos relacionados con la vivienda: gastos de comunidad, alquileres, gastos de condominio, facturas ... Entre 2003 y 2009, el número de atrasos en el pago de las facturas de electricidad ha aumentado en un 150%, y las facturas de gas, un ¡700%! Según el gobierno, 100.000 hogares sufrieron cortes en el suministro de gas el pasado verano, debido a la acumulación de facturas sin pagar: casi el 3% de la población [2]. Estas cargas relacionados con la vivienda representaban en promedio el 25,5% de los ingresos de los hogares húngaros en 2011 (en Francia es del 17,8%). Una de cada cuatro familias han contraído deudas relacionadas con estos gastos diarios (facturas o deudas de alquiler, préstamos pendientes): dos veces mas que la media europea y 2,5 veces superior a la media francesa [3].
Tras la privatización del parque de viviendas, iniciada con la transición política en 1989, los hogares con escasos recursos ya no puede acceder a una vivienda adecuada. En 2011, el parque de viviendas públicas de alquiler era el 3% del stock total de viviendas húngaro, principalmente en Budapest (en Francia, el 40% de los inquilinos se alojan en viviendas sociales). La calidad de la vivienda pública se degrada también permanente: una quinta parte de ellas carece de toda comodidad, y casi la mitad tiene una sola habitación. Sin embargo, no hay escasez de viviendas en Hungría. De acuerdo con los más recientes resultados del censo de 2011, el número de viviendas vacías se situó en 450.000, incluyendo 13.000 del parque público. Esto significa que una décima parte del parque público permanece vacante, ¡a pesar del creciente número de personas sin hogar!
Todos propietarios, ¿o todos a la calle?
¿Cómo explicar esta política aberrante? "Las autoridades locales están tratando de deshacerse de las viviendas públicas en mal estado en lugar de renovarlas y volver a alquilarlas: estas casas están abandonadas hasta que alguien las compra, incluso a un precio bajo", analiza el colectivo La ciudad es de todos (A város mindenkié -AVM). Esta estrategia permite expulsar a los pobres de los centros de las ciudades y vaciar sus viviendas con el fin de venderlas. En el distrito 8 de Budapest, el más afectado por la pobreza y la crisis de la vivienda en estos últimos cuatro años, se recibieron más de 1.400 solicitudes para ... 9 viviendas sociales de alquiler. Pero según AVM, el distrito cuenta con 300 viviendas públicas vacías.
Desde 1990, las autoridades locales han recuperado la gestión de la vivienda pública. La Ley de Vivienda de 1993 ofreció la oportunidad a los ocupantes de viviendas públicas de comprar sus apartamentos a un precio muy por debajo del de mercado. Pero las rentas más modestas no han podido "aprovecharse" de esta masiva privatización comprando sus viviendas. La segregación espacial ha aumentado. Son los municipios y distritos [4] más pobres, con las casas en peores condiciones y habitadas por las personas más desfavorecidas, los que han sufrido más las desventajas de la privatización acelerada. Paralelamente, el gobierno central ha abandonado cualquier política de vivienda. No existe una estrategia de vivienda. La política de vivienda nunca ha tenido un aparato administrativo a nivel ministerial, y ha estado sometida a grupos de presión no transparentes de los diversos actores concernidos.
Albergues para los pobrecitos
El estado ha iniciado varios programas. Dada la magnitud de la deuda privada, se creó un Fondo nacional de gestión de la propiedad inmobiliaria. Objetivo: rescatar algunas viviendas antes de que sean confiscados por los bancos y alquilarlas a sus antiguos dueños. Pero, ¿qué va a suceder, por ejemplo, si las familias apoyadas por el programa se endeudan, esta vez debido a las facturas pendientes de pago, y deben dejar el alojamiento en el plazo de tres meses previsto por el programa en caso de retraso de los pagos de alquiler o de los servicios comunitarios? ¿Qué hará el estado con este patrimonio degradado, que corre el riesgo de ser abandonado por sus inquilinos - los antiguos propietarios – y que, además, se concentra sobre todo en los territorios con mayores problemas sociales?
Por otra parte, el Gobierno húngaro ha iniciado la construcción de albergues de alquiler para alojar a las familias desalojadas. El sitio del primer albergue fue elegido a las afueras de la periferia de Budapest (cerca de la ciudad de Ócsa), y diseñado para dar cabida a 60 familias. Un futuro barrio que carece de toda infraestructura comunitaria, sin transporte público, equipamiento escolar o de sanidad... Lo que no ha frenado la especulación inmobiliaria: el precio de los terrenos y el coste de la construcción ha alcanzado cotas insospechadas: 1.659 euros/m2, más o menos el equivalente al coste medio de nueva construcción en Francia.
El perfil de los pobres meritorios
No es el Estado el que selecciona a los candidatos, sino una organización de caridad, el servicio hospitalario de la Orden de Malta (una ONG particularmente activa en la ayuda a las personas sin hogar). Los criterios de selección son estrictos: los candidatos no sólo tienen que demostrar su capacidad para pagar el alquiler, sino demostrar su capacidad para integrarse en la futura comunidad. Se estudian las relaciones familiares y las amistades de todos los candidatos, así como su estado de ánimo, para evaluar si están dispuestos a "comenzar una nueva vida" en el nuevo barrio ... Una selección social y moral. A finales de marzo, después de la primera convocatoria, sólo 20 familias fueron seleccionadas de 588 candidatos. Los pobres que "merecen" ser alojados no son tantos ... Y los que sean rechazados como incapaces de "empezar una nueva vida" serán criminalizados.
Las características de esta zona de albergues es probable que provoque un aislamiento casi total de sus habitantes. Dado el relativamente pequeño número de candidatos y el aún más pequeño de familias seleccionadas, no hay más remedio que plantearse el futuro de estos albergues. Si se abandona el proyecto original, el sitio corre el riesgo de convertirse en un futuro gueto que acoja a los más pobres, expulsados de la capital por las operaciones de renovación urbana.
La aparición de los movimientos de izquierda
En este contexto, ¿qué papel puede jugar la sociedad civil húngara? Son muy pocas las asociaciones con capacidad financiera para poner en marcha programas de alojamiento. La mayoría de estos programas está vinculado a organizaciones religiosas: el servicio de la Orden de Malta, las iglesias baptistas y evangélicas. El colectivo La ciudad es de todos (AVM) [5], fundado en 2009 ofrece, sin embargo, un enfoque diferente de solidaridad con las personas sin hogar y de la lucha por el derecho a la vivienda sin criterios morales como las organizaciones religiosas húngaras. Los activistas del movimiento son en gran parte gentes sin hogar, a los que acompañan activistas expertos. Muy activo en la movilización contra los desalojos y la discriminación, el AVM también proporciona asistencia jurídica y lleva a cabo estudios de investigación.
Varias organizaciones están trabajando también en la redacción de un proyecto de ley para crear una red de agencias inmobiliarias con fines sociales en Hungría [6]. Frente a un gobierno ultraconservador, que criminaliza a los pobres, y la crisis cada vez más grave en Hungría, el surgimiento de estos movimientos demuestra el compromiso cada vez más fuerte y visible de los medios profesionales y asociativos, la mayoría de izquierdas, con el derecho a la vivienda.
Notas:
[1] 67% en relación con el franco suizo, 28% frente al euro.
[2] En 2011, había 3,8 millones de hogares en Hungría. 179.000 hogares están en mora por más de un año en el pago del gas, 286.000 de la electricidad y 42.000 de la calefacción comunitaria, según un comunicado del gobierno húngaro de mediados de 2012.
[3] Según Eurostat 2011.
[4] Budapest cuenta con 23 distritos con autonomía local de sus ayuntamientos.
[5] Miembro de FEANTSA y socio de AITEC en Francia.
[6] La iniciativa fue lanzada por "Habitat for Humanity", en colaboración con el "Instituto de Investigación Metropolitana". La iniciativa es financiada por el Open Society Institute de la Fundación Soros.
Krisztina Keresztély es miembro de la Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores (Aitec)