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Semana Santa en Ica - Perú






Evo: "llegó la hora de sentar la mano…"

Viernes, abril 02, 2010

“Llegó la hora de sentar la mano” a los que hicieron daño al Estado. Así de duro se mostró el presidente Evo Morales ayer tras promulgar la polémica Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", la misma que fue bautizada por el vicepresidente Álvaro García Linera como la “ley guillotina”, porque caerá contra todo ex y actual funcionario público que “robe un centavo del Estado”.


“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que a hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas. Si aplicamos esta norma y nos educamos, la economía seguirá creciendo porque los datos demuestran que por año se roban de 200 a 300 millones de dólares”, manifestó el Primer Mandatario en el acto especial en Palacio preparado para la ocasión.

La aprobación de la ley fue resistida por los legisladores opositores y cuestionada por cuatro ex mandatarios de la República, porque la consideran draconiana, porque no respeta las garantías constitucionales de las personas, viola tratados internacionales y sólo busca la persecución política de quienes piensan diferente al presidente Morales.

El Gobierno anunció ayer la inmediata puesta en vigencia de la nueva norma y advirtió que serán implacables en su aplicación. La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunció que existían investigaciones en curso contra varias ex autoridades por hechos de corrupción, a quienes alcanzará la nueva ley.

La norma se aplicará, de manera retroactiva, para autoridades actuales y ex autoridades del Estado sospechosas de corrupción, para las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante este tipo de delitos. Tal y como establece la nueva Constitución, declara imprescriptibles los delitos "que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico", además eleva las penas hasta el máximo de 10 años de reclusión.

ENCUESTA: MAS GANA EN 7 DEPARTAMENTOS Y 6 CIUDADES

Cierre de campaña: Candidatos del MAS comprometidos con cambiar el Beni


En el cierre de campaña del Movimiento al Socialismo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y los candidatos a la gobernación Jessica Jordán y alcalde de Trinidad Erwin Rivero, ratificaron su compromiso de cambiar el Beni con la ejecución de proyectos de desarrollo y fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida de las clases sociales por mucho tiempo olvidadas.

Ante una multitudinaria concentración, los candidatos proyectaron una victoria del pueblo, el próximo 4 de abril, "la oposición tiene miedo porque se enfrentaron a una mujer que tiene más pantalones que ellos que cuenta con el apoyo mayoritario de la población, es capaz de hacer progresar el Beni y vamos a ganar para que cambie, con carreteras asfaltadas integrándose a Bolivia, porque somos parte de ella", enfatizo Jessica Jordán.

Por su parte el candidato a alcalde Erwin Rivero, dijo que el desastre dejado por anteriores autoridades municipales será reemplazado por desarrollo, las obras comprometidas y no cumplidas serán una realidad con proyectos mejorados, con calidad y durabilidad en el tiempo, para cambiar la cara de Trinidad, comprometió el candidato.

En esta oportunidad el mandatario de Estado recordó que fue "satanizado" por la derecha cuando dijo que era contrario a la iglesia católica, que acabaría con la propiedad privada quitando tierras e inmuebles, "no le quite a nadie su propiedad la tenencia está garantizada, no tienen porque preocuparse seguirán con sus bienes pero los que traten de adueñarse ilegalmente de algo, serán combatidos y sancionados porque la lucha es frontal contra la corrupción", afirmo el Presidente.

Asimismo pidió a los Prefectos y Alcaldes trabajar coordinadamente por el desarrollo de sus regiones que no ocurra lo mismo, cuando estas autoridades negaron el dialogo con el presidente. De igual manera pidió el voto para Jessica Jordán y Erwin Rivero con la seguridad de contar con personas capaces de sacar adelante el Beni y Trinidad de emprender nuevos horizontes realizables para vencer el atraso y miseria en que se debaten muchos hogares.

Este importante y trascendental acto se desarrollo en inmediaciones de la avenida Cipriano Barace, de la capital beniana, acto que conto con la presencia del grupo internacional los Kjarkas donde los militantes y simpatizantes del MAS no dejaron de ovacionar los nombres de los candidatos benianos.

LA FUERZA DE LA PAZ Y EL ALTO. MORALES DIO POR CONCLUIDA CUALQUIER ALIANZA CON OTRAS FUERZAS POLITICAS

veedores Internacionales


En los comicios de este domingo 04 de Abril se contará con 96 organizaciones internacionales que presenciarán el desarrollo de las elecciones departamentales y municipales.
"En cuanto a los veedores, se han acreditado organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Capítulo de Derechos Humanos, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)", detalló el presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas.
Agregó que, entre otras misiones, vendrán observadores de Uniore, Cela, la Corporación Oriente y del Proceso Acceso.
También acreditaron sus observadores las embajadas de Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Venezuela, España y Argentina. Adicionalmente llegarán miembros de tribunales electorales como de la Cámara Nacional Electoral de la Argentina, Capel, el Tribunal Supremo Electoral del Salvador, de Costa Rica, Panamá, Guatemala y de la Dirección Electoral de la Argentina.

EL MAS CIERRA CAMPAÑA Y MUESTRA SU FUERZA



Los pueblos y el cambio climático

Por: Jubenal Quispe
Abogado y teólogo


Ante el fracaso de la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Copenhague, en diciembre pasado, y obligados por las acuciantes evidencias del cambio climático, los pueblos del mundo (sociedad civil y algunos gobernantes) se darán cita en la ciudad de Cochabamba-Bolivia los días 20 al 22 de abril del presente año para celebrar la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.

Los temas a debatir son: 1) Las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y propuestas de medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en equilibrio con la naturaleza. 2) El proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. 3) Nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto y para proyectos de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en cuestiones de deuda climática, migrantes-refugiados del cambio climático, reducción de emisiones, adaptación, transferencia de tecnología, financiamiento, bosques y cambio climático, visión compartida, pueblos indígenas y otros.

La iniciativa surgió a raíz de que la sociedad civil organizada y varios gobernantes de diferentes países del mundo fueron excluidos sistemática y abiertamente del debate y decisiones en la cumbre de Copenhague. Por eso, en buena medida, la conferencia de los pueblos intenta recoger las desoídas agendas en aquella cumbre.

En el primer tema, científicos, activistas y líderes de los pueblos indígenas intentarán responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de tratamiento requiere nuestro paciente, el planeta Tierra, ahora seriamente herido? ¿Será suficiente con aplicarle mayor dosis de anestesia (tecnología limpia) mientras continuamos diseccionando (extracción/saqueo) e intoxicándola? ¿O más por el contrario debemos liberar al paciente de la psiquiatría del sistema-mundo-capitalista y permitir que se regenere, libre del bisturí de la extracción y del consumismo?

¿Qué alternativas de filosofías de vida tenemos frente a la filosofía hedonista, de la competencia brutal entre países “desarrollados” y “sub desarrollados”? ¿Es posible el desarrollo sostenible libre de la manía del extractivismo en los países empobrecidos económicamente y ricos en recursos naturales? En el segundo tema, cuestiones a debatir serán si se la reconoce o no a la Tierra como sujeto de derechos. Hasta ahora el debate se había inclinado a aceptar que los humanos teníamos obligaciones para con ella. Si se reconoce a la Tierra como sujeto de derechos, entonces las categorías filosóficas del sujeto moderno (autoconsciente, racional, autónomo) estarán en entredicho. La teoría de la Gaia planteó que la Tierra es un superorganismo vivo, pero no se habló de derechos. Con el reconocimiento de los derechos de la Tierra prácticamente se superaría no sólo los fundamentos de la antropología filosófica, sino todas las matrices de la filosofía occidental moderna. Además, dichos derechos llevarían a definir y sancionar transgresiones (delitos) posibles. Cuestiones como la subjetividad e intersubjetividad se tendrían que extender al nuevo sujeto de derechos. En otros términos, las verdades científicas, teológicas, filosóficas, jurídicas, políticas, etc., del modo de ser y pensar occidental entrarían en entredicho. Necesariamente estaríamos ante un nuevo paradigma holístico y hologramático.
Como se ve, los consensos de la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra podrían, a nivel teórico, remover los fundamentos del paradigma de la ciencia moderna y de sus disciplinas de conocimiento.

Y, ¿por qué se apuesta en Cochabamba dar este trascendental salto de inflexión en la historia de la humanidad? Porque el diagnóstico de la salud de la Tierra es sumamente preocupante. Así lo evidencian los diferentes informes de los científicos de la ONU del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Nadie, ni los más prudentes, puede negar que la conducta de la civilización occidental ha sido letal para la Tierra en los últimos 300 años.
Si en la década de los 70 del pasado siglo las y los ecologistas (apocalípticos los llamaban) anunciaban diagnósticos severos sobre la salud del planeta. Ahora, los diferentes informes científicos oficiales nos dicen que ya estamos a destiempo. Y no necesitamos estudios científicos para verificar la despedida “silenciosa” de los nevados que quedan. La sed y la hambruna rugen cada vez más fuerte, en las puertas de las ciudades, anunciado su proximidad. El clima enloquecido expulsa a los sobrevivientes de pueblos enteros a destinos inciertos. La Tierra ya no puede producir lo suficiente para alimentar a una muchedumbre cada vez más hambrienta, por un lado, y opulenta por el otro.
En estas condiciones, asumir nuevos compromisos y sugerir propuestas concretas para ampliar y profundizar los acuerdos de Kyoto y Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, es lo mínimo que pueden hacer los pueblos siguiendo sus instintos de sobrevivencia.

Más allá de identificar a los principales responsables de la crítica situación del planeta, los gobiernos, las organizaciones sociales e indígenas y la sociedad civil en su conjunto (participantes en la Conferencia de los Pueblos) deben asumir compromisos concretos de cambios en el modelo de desarrollo y en la cotidianidad de la vida. Gobiernos progresistas con el de Bolivia y Venezuela están en la ineludible tarea de revisar sus políticas desarrollistas, neo extractivistas. La humanidad, más allá de los discursos y denuncias proféticas, necesita muestras concretas de que es posible cambiar los patrones de desarrollo (incluso eso que llaman sostenible). De lo contrario los debates y las conclusiones en la Conferencia de los Pueblos no tendrán nada diferente a las declaraciones muertas de Copenhague. Aunque nos cueste, no es coherente exigir a los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer.

Con seguridad en dicha Conferencia estarán varios países latinoamericanos de los ocho que comparten la Amazonia. Sería sumamente aleccionador si estos definieran una concertada defensa cerrada de la Amazonia, desistiendo de todas las insostenibles políticas extractivistas de hidrocarburos, minería y bosques. Decir no a las irresponsables represas, agroindustria y monocultivos para el biodiesel ya sería una rebeldía en contra de la “civilización de la muerte”.
(Artículo editado por Cambio)

Festín neoliberal


El Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, reveló que los gobiernos neoliberales destruyeron los descargos sobre el uso de los millonarios recursos de los gastos reservados y no cumplieron los requisitos de elaborar una resolución de los montos aprobados y un acta de constancia del proceso como establecía la norma, abrogada por el gobierno del presidente Evo Morales el 24 de abril de 2006.


Esa información fue obtenida tras la revisión de la documentación de todas las oficinas de la Contraloría General del Estado, proceso que no logró hallar ni un solo papel que dé constancia sobre el destino de los fondos de la partida presupuestaria destinados presuntamente a la seguridad interna del Estado.

“No hemos encontrado absolutamente ningún documento que señale o que dé constancia de que los papeles del manejo de gastos reservados hayan sido destruidos en el ámbito de la Contraloría. No hemos encontrado ningún acta ni ninguna otra constancia gráfica de esa situación”, aseguró el Contralor del Estado.

Es que las autoridades de los gobiernos de Paz Zamora, Sánchez de Lozada (dos gestiones), Banzer Suárez, Quiroga Ramírez, Mesa Gisberth y Rodríguez Veltzé, entre 1988 y 2005, dispusieron de un promedio anual de 91,7 millones de bolivianos. Es decir, durante el festín neoliberal se dilapidó la astronómica suma de 1.468 millones de bolivianos (aproximadamente 207 millones de dólares).

Si tomamos en cuenta que la construcción de una vivienda de carácter social tiene un costo promedio de 20 mil dólares —pagaderos en 20 años—, con esos 207 millones de dólares bien se pudo haber edificado al menos 10.350 unidades habitacionales para similar número de bolivianos que carecen de techo propio. Y esta inversión social, al margen de dinamizar nuestra economía, pudo haber retornado a las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN) conforme los beneficiarios pagaran sus obligaciones por el coste de sus viviendas.

Entonces, es inmoral —por decir lo menos— que amparados en la supuesta preservación de la ‘seguridad nacional’, esos gobiernos hayan mal utilizado 207 millones de dólares, cuyo destino hoy se desconoce, porque fieles a la arbitraria administración de los recursos públicos que ejercieron, destruyeron todo vestigio que pudiera luego comprometerlos con actos delictivos como el enriquecimiento ilícito.

Es por eso que pese a que la administración de los gastos reservados contaba con algunos mecanismos legales que señalaban el procedimiento de descargo, estos fueron ignorados en el marco de un sistema político prebendal y corrupto. Una de las esas normas fue el Decreto Supremo Nº 27345, puesto en vigencia por Carlos Mesa, que estableció, por ejemplo, el procedimiento de rendir cuentas y la forma de eliminar los documentos.
El artículo 10 de ese decreto determinaba que la documentación presentada por la rendición de cuentas será clasificada como ‘secreta’, además de que la documentación que pruebe la erogación de los gastos bajo la partida de gastos específicos —gastos reservados— que sean aceptados por el Contralor, debían ser destruidos o incinerados por éste en presencia del Ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho.

Según la información oficial, los ex contralores Jorge Treviño, Oswaldo Gutiérrez y Marcelo Zalles tuvieron bajo su responsabilidad la solicitud de descargos por los fondos destinados supuestamente a la seguridad interna estatal.
Pero los hechos demuestran que esos dineros públicos nunca merecieron fiscalización, control o auditaje como el resto de las cuentas públicas y, por ello, siempre resultaba un misterio el destino que tenían esos millonarios recursos reservadamente dilapidados por los ministros del interior neoliberales. Podían servir para comprar apoyo político en el Congreso Nacional, corromper sindicalistas o simplemente para el enriquecimiento de quienes administraban el Estado.

Según una investigación del periodista Fortunato Esquivel, Jaime Paz Zamora (1989-1993) y sus ministros del Interior Guillermo Capobianco y Carlos Saavedra Bruno dilapidaron nada menos que 166 millones de bolivianos en los tiempos de la megacoalición.
El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) tuvo un verdadero festín de gastos junto a sus ministros Germán Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, Franklin Anaya y Víctor Hugo Canelas. Dispusieron nada menos de 256 millones de bolivianos para comprar apoyo político y sembrar represión y corrupción de sindicalistas. Eran los años en que se vendían las empresas del Estado a precio de gallina muerta, y Sánchez Berzaín circulaba por el Parlamento maletín en mano para comprar conciencias y el apoyo y voto de los legisladores. Para esto sirvieron los recursos reservados.

Durante su gobierno, el dictador ‘redimido’ Hugo Banzer (1997-2001), junto con sus ministros del Interior Guido Nayar, Wálter Guiteras, Guillermo Fortún y Leopoldo Fernández hicieron desaparecer nada menos que 512 millones de bolivianos. No le alcanzó la vida a Banzer para seguir gastando, pero le sucedió su ‘delfín’ Jorge Tuto Quiroga Ramírez (2001-2002), que en sólo 12 meses dispuso de 145 millones de bolivianos junto a sus ministros José Luis Lupo y Oswaldo Antezana. Entre Banzer y Quiroga pignoraron al Estado la friolera de 658 millones de bolivianos.

Y en el marco del pasanaku neoliberal, durante su frustrado segundo mandato, Sánchez de Lozada, junto a sus ministros Alberto Gasser y Yerko Kukoc, en sólo 14 meses gastaron ‘reservadamente’ 259 millones de bolivianos. Pero hay más, Carlos Mesa (2003-2005), junto a su ministro de Gobierno Alfonso Ferrufino, utilizaron 93 millones de bolivianos de la partida de los gastos reservados. Y la lista la cierra Eduardo Rodríguez (2005-2006), quien, en apenas 7 meses, dilapidó, junto a sus ministros Saúl Lara y Gustavo Ávila, 34 millones de bolivianos.
Estas son las cifras que reflejan el festín neoliberal de los recursos públicos que hoy no puede ni debe ser tolerado. Los autores, encubridores y cómplices le deben una explicación a la justicia, pero fundamentalmente al país.

GASTOS RESERVADOS DESTRUYERON LOS DESCARGOS SIN ELABORAR ACTAS

Los ex mandatarios, acusados de violar la Constitución, son:
Jorge Quiroga (2001-2002),
Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003)
y Carlos Mesa (2003-2005).

Los ex contralores del país no cumplieron la normativa legal sobre los descargos de los gastos específicos.

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló ayer que los descargos sobre el uso de recursos de gastos reservados fueron destruidos o incinerados, pero no se cumplió con los requisitos de elaborar una resolución de los montos aprobados y un acta de constancia del proceso como establecía la norma vigente.

La autoridad gubernamental explicó que por un requerimiento del fiscal Félix Peralta se revisó la documentación de todas las oficinas de la Contraloría General del Estado, pero no se halló un solo papel que dé constancia sobre lo sucedido con los fondos de la partida presupuestaria destinados a la seguridad interna del Estado.
“No hemos encontrado absolutamente ningún documento que señale o que dé constancia de que los papeles del manejo de gastos reservados hayan sido destruidos en el ámbito de la Contraloría. No hemos encontrado ningún acta ni ninguna otra constancia gráfica de esa situación”, aseveró.

Por otro lado, el representante estatal recordó que el uso de esos fondos estaba regulado por lo menos por cinco normas que determinaron el procedimiento de descargo.

De acuerdo con Herbas, el Decreto Supremo Nº 27345, puesto en vigencia por Carlos Mesa, estableció, por ejemplo, el procedimiento de rendir cuentas y la forma de eliminar los documentos.

El artículo 10 de la norma determinaba que los papeles presentados por la rendición de cuentas sean clasificados como “secretos”, además de que la documentación que pruebe la erogación de los gastos bajo la partida de gastos específicos-“gastos reservados” que sea aceptada por el Contralor, debía ser destruida o incinerada por éste en presencia del ministro respectivo, y debió dejarse constancia en acta de este hecho.
Según información oficial, los ex contralores Jorge Treviño, Oswaldo Gutiérrez, Marcelo Zalles tuvieron bajo su responsabilidad la solicitud de descargos por los fondos destinados a la seguridad interna estatal.

Por otro lado, el fiscal Félix Peralta anunció que recibió ayer la instructiva 0169/2010 de la máxima autoridad del Ministerio Público, Mario Uribe, para que mantenga su investigación bajo confidencialidad.
La orden posiblemente surgió como resultado del anuncio de que una persona con el nombre Julio Terrazas, posiblemente el cardenal, había recibido 115.000 bolivianos de los gastos reservados en 1999.

El operador de justicia explicó, sin embargo, que en ningún momento se refirió de manera directa a la autoridad eclesiástica y que se basó en un informe especializado para establecer vinculaciones en el marco de su trabajo.
El ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín fue también nombrado por Peralta por el recibimiento de 150.000 bolivianos y ayer se reunió con el fiscal de Distrito interino, Willams Dávila, a quien le solicitó que se le convoque lo antes posible para declarar sobre el caso.

A la salida del encuentro, Albarracín explicó que en realidad recibió de la partida de gastos reservados 400.000 bolivianos entre 2001 y 2003 para el pago de indemnizaciones a los familiares de víctimas de conflictos surgidos en La Paz y Cochabamba.
“Mi accionar fue totalmente transparente y mi actividad humanitaria no se la puede tomar para darle una connotación distinta”, finalizó.

SENADO SANCIONA LA LEY DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Este proyecto será tratado en detalle y luego enviado a Diputados. Un opositor dice que se está pidiendo que el ratón cuide el queso.

La Cámara de Senadores aprobó anoche en grande y por dos tercios la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La norma, que fue adecuada a la Constitución, fue congelada por la oposición al Gobierno desde 2007.
La tarde de hoy se la tratará “artículo por artículo”, dijo el senador del MAS Isaac Ávalos. Luego pasará a la Cámara de Diputados para después, si no es modificada, ser promulgada y entrar en vigencia.

La norma –que consta de 39 artículos– busca combatir la corrupción y la impunidad de quienes hayan sucumbido ante este flagelo en el pasado, en la actualidad o puedan hacerlo a futuro, sintetizó el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García.
Su objetivo consiste en “acabar con la impunidad en hechos de corrupción”; pretende, además, recuperar y proteger el patrimonio del Estado “con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil”.
Una de sus características es la imprescriptibilidad de los delitos en hechos de corrupción cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, la ministra de Transparencia Institucional, Nardi Suxo, explicó que la Constitución Política del Estado establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Para el senador del opositor Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN) Germán Antelo, este proyecto “genera muchas dudas”.
Entre ellas, mencionó que “no se puede pedirle al ratón que cuide el queso, y aquí eso se está haciendo”.
Antelo cuestionó que el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, el ente que combatirá los casos de corrupción en el país, “será nombrado y manejado por el Gobierno”.

Suxo descartó que los miembros de este consejo procesen, investiguen o sancionen estos delitos. “Simplemente van a elaborar políticas de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, van a hacer un seguimiento a este tipo de políticas. Ésa es su función”, dijo Suxo.
La ministra explicó a Cambio que “no es lo mismo procesar a una persona por un homicidio o por una estafa que procesar a alguien por un hecho de corrupción, porque ésta no deja facturas, y en muchos casos se encarga de borrar pruebas”.
El artículo 5 de este proyecto de ley (ver cuadro de la derecha) establece la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Los investigadores de casos de corrupción que serán creados por esta ley deberán ser especialistas en llevar adelante este tipo de procesos.

Otra característica de esta ley será la prosecución del juicio en rebeldía, que establece que si el supuesto culpable de un hecho de corrupción huye del país, el proceso en su contra no se suspenderá y –más bien– el Estado le designará un defensor de oficio.
El capítulo III del proyecto crea ocho nuevos tipos de delitos penales. Suxo explicó ayer que las sanciones se definirán en leves, medias y graves.
La autoridad destacó el control social, establecido en la Carta Magna como otro mecanismo coadyuvante para el combate a la corrupción.
Dijo que los funcionarios públicos, de manera voluntaria, podrán levantar o no el secreto de sus cuentas bancarias.

“Penas deben tener límite”
Róger Pinto, senador por la agrupación Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN),
destacó la sesión de ayer cuando el Senado aprobó en grande el proyecto de ley anticorrupción; sin embargo, dijo que “hay elementos que tienen que ser debatidos”.
“Esta ley va al extremo. Por ejemplo, si un portero de un colegio equis deja la puerta abierta, y alguien entra y se roba un banco, ese ciudadano va a tener de dos a cuatro años de cárcel por descuido o por perjudicar los bienes del Estado”.
Pinto añadió que ese tipo de penas deben tener un límite. “Ésa es nuestra preocupación, por lo demás ha sido una sesión positiva”.
El senador pandino coincidió con el oficialismo en que existe la necesidad de aprobar una ley que sancione los delitos de corrupción y que acabe con la impunidad; “es importante seguir encontrando consensos para esta ley”.

“Que teman los corruptos”
Con esa frase, el vicepresidente Álvaro García Linera destacó la aprobación, en el Senado, de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La autoridad dijo que sólo los que hayan actuado en el marco de la corrupción en el pasado o pretendan hacerlo a futuro son quienes deberían temer la norma que fue aprobada en la Cámara Alta en su estación en grande.
García explicó que la propuesta legal “no es política”, ya que afecta sólo al que robó bienes al Estado.
“Que tengan miedo los corruptos (a la ley), y si los opositores son corruptos tienen derecho a tener miedo, y que tengan bastante miedo. Pero si no son corruptos, si no le han robado al Estado o al pueblo, felices deben saltar y celebrar la ley. Esa ley lo que hace es perseguir, sancionar y castigar al corrupto antiguo, al corrupto actual y al corrupto que quisiera venir”.

Algunos artículos
Art. 1.- (Objeto). La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, normas y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes.

Art. 2.- (Finalidad). Tiene por finalidad acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.

Art 3.- (Principios). Los principios que rigen la presente ley son: suma qamaña (Vivir Bien).- Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
Ama suwa (no robar).- Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado; tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos como si fueran propios, en beneficio del bien común.

Art 4.- (Ámbito de aplicación). La presente ley se aplica a:
I. Los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado Plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.
II. Ministerio Público, Procuraduría General de Estado, Defensor del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, universidades y otras entidades de la estructura del Estado.
III. Fuerzas Armadas y Policía.
IV. Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica, cooperativas, banca, personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción, causen daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos.
V. Esta ley, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente.

Art. 5.- Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrado por:
a) Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
b) Ministerio de Gobierno
c) Ministerio Público
d) Contraloría General del Estado
e) Unidad de Investigaciones Financieras
f) Procuraduría General del Estado
g) Representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y la ley.

Art. 24.- (Creación de nuevos tipos penales). Se crean los siguientes tipos penales.

1) Uso indebido de bienes y servicios públicos
2) Enriquecimiento ilícito
3) Enriquecimiento ilícito de particulares
4) Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5) Cohecho activo transnacional
6) Cohecho pasivo transnacional
7) Obstrucción de la justicia
8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

Art. 29 Bis.- (Imprescriptibilidad). De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.

Fuente: Proyecto de ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz

EVO: NO VOTAR POR CONSPIRADORES


El Presidente proclamó a Novillo y a Castellanos en Cochabamba. Dijo que la confrontación no debe retornar a algunas regiones.

El MAS cerró ayer su campaña en Cochabamba. Allí el presidente Evo M orales pidió a la población votar en contra de los candidatos que en el pasado "cospiraron" contra su gestión y contra el desarrollo regional.
Por el contrario, solicitó el apoyo electoral para que Edwin Castellanos sea alcalde y Edmundo Novillo, gobernador valluno.
Castellanos destacó la importancia de que se supere la mayoría de concejales del MAS para garantizar la gobernabilidad edil.
Por su lado, Novillo dijo que el partido en función de gobierno "es el mejor de toda la historia de Bolivia", ya que otorga bonos a sectores más necesitados, impulsa una economía sólida, genera superávit y reservas en crecimiento.
Sostuvo que es importante que la gente respalde con su voto la profundización del proceso de cambio mediante el apoyo a los candidatos masistas.
Por su lado, el presidente Morales dijo que la mejor manera de no volver a un pasado con "ex autoridades que sólo eran buenas para confrontar y no para cumplir con sus deberes", es a través de la elección de los postulantes del MAS. "Qué mejor que el Presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas de confianza trabajemos juntos", indicó.
El mandatario pidió que se vote en contra de ex autoridades y actuales candidatos que "sólo buscan confrontación y no buscan desarrollo para el departamento, (y sólo quieren) perjudicar a Evo Morales".
La autoridad dijo que en el pasado sufrió el embate de esas ex autoriades que actuaron con fines cospirativos. Eso debe cambiar con el voto, sostuvo.
El candidato Edwin Arturo Castellanos Mendoza nació en Cochabamba el 25 de febrero de 1966.
Fundó el grupo Proyección Kjarkas el año 1980. Luego estuvo con los Kjarkas durante 15 años.
Por otro lado, Edmundo Novillo fue alcalde de Totora, consejero departamental, además de ex presidente de la Cámara de Diputados.

HABRÁ MÁS FUGAS
En su discurso, Morales criticó a las ex autoridades y políticos acusados de corrupción que huyeron del país, y dijo que habrá más candidatos que salgan al exterior tras perder las elecciones del 4 de Abril.
Resaltó la importancia que tiene la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para "luchar contra los corruptos que robaron la plata del pueblo boliviano". Anoche, el Senado sancionó esa norma.
"Se (escaparon) algunos candidatos a gobernador, en algunos departamentos ya están escapando o preparándose para escaparse, ya mandaron a sus mujeres a Estados Unidos", declaró el mandatario.

Areopuerto Internacional

El presidente Evo Morales anunció ayer un protecto financiado para explorar, en una etapa primaria, y explotar hidrocarburos en Pando. También anunció la construcción de un aeropuerto internacional y un hospital de tercer nivel.

Los anuncios fueron efectuados durante un acto proselitista en Cobija. "Vamos a dejar a Pando explorando, y qué mejor, explotando hidrocarburos. Ya tenemos contratos firmados", dijo en acto en la Plaza Carretón.

Pando forma parte del bolsón gasífero Camisea, cuyo ojo central se halla en la misma cuenca amazónica, en territorio peruano, informó ABI.

Morales cerró la campaña de los Candidatos a la Gobernación de Pando, Adolfo Flores, y al municipio de Cobija, Ana Lucia Reis, y sostuvo que ellos ya son virtuales autoridades.

Sondeos de percepción política recientes asignan posibilidades de triunfo a Flores y Reis en los comicios del domingo.

"El prefecto (Rafael Bandeiras) ya nos ha presentado un proyecto para un destino más, para nuestro aeropuerto de Cobija, que va a ser un aeropuerto internacional", afirmó Morales.
Sobre el hospital de tercer nivel, dijo que éste tiene un costo aproximado de 15 millones de dólares.

Karzai acusa a ex funcionario de la ONU de dirigir el fraude electoral

Viernes 2 de Abril de 2010

LOS TITULARES DE HOY

EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • Al empezar las demoliciones, activistas comunitarios en Detroit observan que el plan de renovación urbano es una forma conquistar nuevos territorios

    Detroit-demolition

    Democracy Now! emite desde Detroit donde equipos de demolición han comenzado a destruir 3.000 edificios que la ciudad considera que son peligroso y forman parte de unos 10.000 edificios designados para ser demolidos en los próximos cuatro años. Las autoridades municipales afirman que las demoliciones se llevan a cabo en barrios abandonados y que serán reemplazados por tierras de cultivo. Si bien el plan de renovación urbana de la Alcaldía tiene un alto nivel de apoyo, muchos lo han condenado como una forma de apropiación de tierras.

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  • Clausuras masivas de escuelas públicas, promoción de escuelas expimentales causa preocupación que se privatice sistema de educación de Detroit

    Detroitschool

    Detroit planifica cerrar más de una cuarta parte de sus escuelas públicas en un momento cuando las fundaciones privadas se comprometen a gastar cientos de millones de dólares para remodelar el sistema de escuelas públicas de Detroit. Las fundaciones privadas presionan para que la alcaldía tome control de las escuelas, incluidas las escuelas experimentales (charter schools). El plan es visto por los críticos como un intento de privatizar el sistema escolar de la ciudad.

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  • Foro Social de EE.UU. se llevará al cabo en Detroit bajo la bandera “Otro mundo es posible, Otro EE.UU. es necesario”

    Ussf

    Se esperan más de 10.000 activistas de base en Detroit este junio para el segundo Foro Social de EE.UU. El tema del encuentro es “Otro mundo es posible. Otro EE.UU. es necesario!” Detroit también será sede de la Conferencia de Medios Aliados (Allied Media Conference) del 18 al 20 de junio. Hablamos con Adrienne Maree Brown, Coordinadora Nacional del Foro Social de EE.UU. y miembro del consejo de Allied Media.

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  • Crecen los reclamos para que el Departamento de Justicia amplie su investigación del asesinato de Imam en Detroit por el FBI

    Imam-fbi

    El Departamento de Justicia está investigando en Detroit el asesinato del clérigo islámico Imam Luqman Ameen Abdullah que fue muerto a tiros durante una redada del FBI poco después de ser acusado de cargos de conspiración para cometer delitos de orden federal. El FBI dijo que Abdullah fue asesinado después de abrir fuego, pero los críticos dicen que podría haber sido un blanco para asesinarle. Hablamos con Dawud Walid, director ejecutivo del capítulo de Michigan del Council on American-Islamic Relations (Consejo de relaciones islámico-estadounidense).

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