AQUIJE INFORMA; Lima Jueves 21 de mayo del 2,009
En el mismo partido aprista existen voces esclarecedoras que admiten efectivamente la equivocación y desconocimiento del gobierno de esta importante herramienta legal internacional.
Luis Alberto Salgado es abogado de militancia aprista, egresado de la Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Montclair, Nueva Jersey Estados Unidos.Nos envió en la mañana del 19 de mayo el artículo que a continuación publicamos.Llegó a nuestro correo electrónico ,antes de iniciarse el proceso de analisis y exposición de la probada inconstitucionalidad de los decretos legislativos de la era " perro del hortelano " establecidos sin contemplar el CONVENIO 169 de la Organizacion Internacional del Traba jo OIT que contempla LA CONSULTA PREVIA, libre e informada en el territorio de los pueblos indígenas, si un gobierno aspira a impulsar proyectos de desarrollo.
Demostramos así una vez más,nuestro pluralismo,vocación democrática y búsqueda permanente de la GOBERNABILIDAD en el Perú.
Luis Alberto Salgado , tiene una mirada distinta al gobierno .
En relación al incumplimiento del Estado Peruano dirigido por el Partido Aprista conviene resaltar que el mismo martes 19 de mayo a las 12.55 pm la Comisión de Constitución se pronunció por la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 que tiene que ver con la Flora y Fauna en nuestra selva; sin embargo es lamentable que se quiera seguir discriminando a los hermanos indígenas opacando este triunfo legal.La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090 no se quiso agendar en el pleno de ayer miércoles 20 de Mayo y ha quedado sin fecha lo cual es provocador,siendo de cuenta y riesgo del gobierno y también de la Junta de la mesa directiva del congreso que pueda continuar la protesta, tal es así que la organización de las Comunidades Indígenas agrupadas en CONAP que tenían cierta afinidad con el gobierno, también han deslindado en las últimas horas, anunciando una gran movilización para mañana viernes 22 en la ciudad de Pucallpa. Definitivamente el Presidente de la República está atizando la violencia.
Artículo escrito por Luis Alberto Salgado, cuyo título es:
ESTADO PERUANO INCUMPLE CONVENIO 169 DE LA OIT
Grave situación de conflicto que compromete, nuevamente, al Partido de Haya de la Torre.
Cuando tenemos a decenas de miles de compatriotas nuestros que afirman que defenderán hasta las últimas consecuencias lo que ellos consideran su hábitat pues están convencidos que sus tierras, su agua, su aire, ellos mismos en suma, están amenazados por decisiones tomadas desde Lima por el gobierno central, entonces tenemos poderosas razones para prestar mucha atención a lo que viene pasando y a las implicancias que un mal o equivocado manejo de la situación puede tener no sólo para esos miles de peruanos, si no para la nación en su conjunto y, por ende, para nuestro sistema democrático.
Ello involucra, también, en lo que a los apristas concierne, evaluar cómo afectará esto al APRA, uno de cuyos miembros es presidente de la República y ótro preside el Congreso, e inevitablemente sus decisiones terminan impactando, en un sentido o en ótro, al Partido de Haya de la Torre.
Creo sinceramente que el compañero presidente Alan García está cometiendo un grave error en cuanto a los decretos legislativos y supremos que generan el impasse. Así como estimo que está equivocado el planteamiento del Ejecutivo de cómo promover las inversiones, en este caso, en lo relativo a la Selva del Perú. Esta sucesión de errores está llevando a un innecesario e indeseado enfrentamiento con las poblaciones amazónicas que son compatriotas nuestros.
A estas alturas del siglo XXI no es posible que el c. presidente Alan García, el canciller García Belaúnde, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en su afán de forzar la aplicación a ultranza de un modelo económico ineficiente y en decadencia en el planeta, ignoren e incumplan la ley.
Y aquí la ley es el Convenio 169 y otros instrumentos igualmente exigibles al Estado peruano, por sobre cualquier otra norma interna. Porque esos decretos legislativos y supremos que motivan la resistencia amazónica son expresión de cómo algunos entendían la economía en los 80 y 90….pero ya no más. Y es que sucede que el fundamentalismo ideológico neoliberal de esas décadas pasadas es algo que hace tiempo ha sido puesto reflexiva e inteligentemente de lado por los gobernantes y estadistas que distinguen bien la teoría de la realidad.
Por ello, ¿cómo es posible que los principales responsables de las decisiones de Estado, incluyendo por supuesto al premier Yehude Simon (quien hasta ha hablado de “guillotina” y “baño de sangre”), y al Poder Legislativo, no hayan sopesado, en tantos meses transcurridos desde que empezó a gestarse el conflicto, las diferentes aristas y aspectos del problema?.
¿Cómo es posible que los ministros referidos, y por último, los otros miembros del Consejo, no hayan cumplido con advertir al presidente García sobre la gravedad de enfrentar, abiertamente y sin fundamento legal válido, a decenas de miles de peruanos que en estos momentos se sienten agredidos por su propio Estado en vez de protegidos por él?;
¿No es responsabilidad de los ministros de Estado advertir también sobre las serias implicancias de que el Perú incumpla desafiantemente sus compromisos internacionales?.
Pues de ninguna manera se puede asumir que desconocen esas obligaciones y la jerarquía de las mismas por lo que, entonces, es lógico inferir que en todo esto hay un serio problema de responsabilidad política, de temperamento ministerial y, lo más evidente de todo, del proceso de toma de decisiones al más alto nivel del Estado, lo que a la larga perjudica a la nación peruana, es decir, a todos nosotros.
¿No le han dicho, finalmente, al Presidente que si este caso llega a las instancias internacionales, durante éste o el próximo gobierno, se augura una segura derrota para el Estado tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte de San José?
Algunos pretenden defender la posición aparentemente inflexible que hasta ahora ostenta el Gobierno, en la imputación de inconductas al señor Alberto Pizango y a otros dirigentes que estarían “manipulando a las comunidades y haciendo demagogia”; y en la existencia de las ONGs denominadas “caviares”, que por la persistencia del ataque a ellas uno creería que son las responsables de gran parte de los males que aquejan al país. Sin entrar al fondo de esto, en todo caso el señor Pizango tendrá que levantar los cargos como corresponde.
Pero creo que, nuevamente se equivocan en el planteamiento del problema pues ello no es lo central ni lo principal del conflicto ad portas. Y se pierde valioso tiempo, aparte del desgaste político, en pretender acusar de sedición a esos dirigentes por haber llamado en algún momento a la insurgencia (*). Figura de ninguna manera pertinente y situación límite (para la cual algunos ya piden la represión sangrienta) que no haría sino empeorar la situación general del Perú.
El problema central, creemos, es ótro. Y tiene que ver con cómo concebimos al Estado en relación con nuestras poblaciones, cómo entendemos que pueden y deben ser las relaciones con las distintas expresiones culturales y étnicas que pueblan nuestro territorio. Tiene que ver con cómo conciliamos, sin violencia, ni imposición, ni racismo, nuestras decisiones de Estado en el ámbito económico y productivo con las perspectivas y visiones de quienes forman parte de la nación peruana que deben ser escuchados y atendidos, y en nombre de quienes, supuestamente, se gobierna.
¿De eso se trata la democracia no?
Por ello, aquí no caben extremismos, ni posiciones intransigentes, ni fundamentalismos ideológicos. Y de allí la invocación al Gobierno, desde estas líneas a la actitud reflexiva, al autocontrol en el uso de la fuerza, y a la moderación en el uso del lenguaje. Y esperamos que el ministro Simon no vuelva a hablar de “baños de sangre” ni de “guillotinas”.
El impacto contra el APRA
Pero si me permiten, hay algo más. Si el c. Alan García ha optado por el camino inflexible del modelo ultra-neoliberal, ésa es su decisión. Lo que sí resulta injusto y excesivo es que en ello comprometa también al Partido de Haya de la Torre, sin haber hecho un mínimo de consultas a ese importante número de peruanos que lo hizo pasar de la primera vuelta y lo llevó, en segunda vuelta, al triunfo sobre el señor Ollanta Humala. Y no me refiero a consultar a la actual dirigencia nacional cuyo mandato feneció en junio del 2006 y que se ha caracterizado por un silencio permanente en temas neurálgicos de Estado.
Por la razón anterior no creo fuera de lugar señalar y reiterar que debe quedar muy claro que las decisiones tomadas en este tema y que han llevado a esta grave situación de confrontación con decenas de miles peruanos que viven en nuestra selva, no forma parte de la concepción, ni del programa, ni de la filosofía del APRA, ni del pensamiento de Haya de la Torre.
Y si algunos sostienen lo contrario pues entonces, respetuosamente solicito que se someta formalmente a consideración de la opinión de los cientos de miles de apristas en toda la República que podrían expresarse orgánicamente una vez que se haya producido la renovación democrática y transparente de sus dirigencias regionales y nacional.
*Al momento de escribir estas líneas los dirigentes de las comunidades se han retractado y han anunciado su voluntad de restablecer el diálogo, a pesar de tantos meses transcurridos de infructuosas negociaciones con las instancias del Estado. www.luisalbertosalgado.com
Fuente: Luis Alberto Salgado T. desde Lima