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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SIGUE IMPULSANDO LA VIOLENCIA

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AQUIJE INFORMA; Lima Jueves 21 de mayo del 2,009

En la mañana de hoy en el programa radial "NO HAY DERECHO" que se transmite por Radio San Borja de Lima y vía internet, el magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Alvarez Miranda fué lo suficientemente ilustrativo para hacerle notar a la opinión pública el RANGO CONSTITUCIONAL del Convenio 169 de la OIT que el actual Poder Ejecutivo sigue desconociendo al igual que la mayoría parlamentaria del Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo. Ese valor legal fué suficientemente expuesto hace dos días por la bancada nacionalista en la Comisión de Constitución con poquísima cobertura de los denominados medios grandes de la comunicación social de Lima, salvo el Diario "La primera" que si le dió primera plana ayer, demostrando una interpretacion cabal de lo que la población necesita en materia de información.
En el mismo partido aprista existen voces esclarecedoras que admiten efectivamente la equivocación y desconocimiento del gobierno de esta importante herramienta legal internacional.
Luis Alberto Salgado es abogado de militancia aprista, egresado de la Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Montclair, Nueva Jersey Estados Unidos.Nos envió en la mañana del 19 de mayo el artículo que a continuación publicamos.Llegó a nuestro correo electrónico ,antes de iniciarse el proceso de analisis y exposición de la probada inconstitucionalidad de los decretos legislativos de la era " perro del hortelano " establecidos sin contemplar el CONVENIO 169 de la Organizacion Internacional del Traba jo OIT que contempla LA CONSULTA PREVIA, libre e informada en el territorio de los pueblos indígenas, si un gobierno aspira a impulsar proyectos de desarrollo.
Demostramos así una vez más,nuestro pluralismo,vocación democrática y búsqueda permanente de la GOBERNABILIDAD en el Perú.
Luis Alberto Salgado , tiene una mirada distinta al gobierno .
En relación al incumplimiento del Estado Peruano dirigido por el Partido Aprista conviene resaltar que el mismo martes 19 de mayo a las 12.55 pm la Comisión de Constitución se pronunció por la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 que tiene que ver con la Flora y Fauna en nuestra selva; sin embargo es lamentable que se quiera seguir discriminando a los hermanos indígenas opacando este triunfo legal.La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090 no se quiso agendar en el pleno de ayer miércoles 20 de Mayo y ha quedado sin fecha lo cual es provocador,siendo de cuenta y riesgo del gobierno y también de la Junta de la mesa directiva del congreso que pueda continuar la protesta, tal es así que la organización de las Comunidades Indígenas agrupadas en CONAP que tenían cierta afinidad con el gobierno, también han deslindado en las últimas horas, anunciando una gran movilización para mañana viernes 22 en la ciudad de Pucallpa. Definitivamente el Presidente de la República está atizando la violencia.
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Artículo escrito por Luis Alberto Salgado, cuyo título es:

ESTADO PERUANO INCUMPLE CONVENIO 169 DE LA OIT

Grave situación de conflicto que compromete, nuevamente, al Partido de Haya de la Torre.

Cuando tenemos a decenas de miles de compatriotas nuestros que afirman que defenderán hasta las últimas consecuencias lo que ellos consideran su hábitat pues están convencidos que sus tierras, su agua, su aire, ellos mismos en suma, están amenazados por decisiones tomadas desde Lima por el gobierno central, entonces tenemos poderosas razones para prestar mucha atención a lo que viene pasando y a las implicancias que un mal o equivocado manejo de la situación puede tener no sólo para esos miles de peruanos, si no para la nación en su conjunto y, por ende, para nuestro sistema democrático.

Ello involucra, también, en lo que a los apristas concierne, evaluar cómo afectará esto al APRA, uno de cuyos miembros es presidente de la República y ótro preside el Congreso, e inevitablemente sus decisiones terminan impactando, en un sentido o en ótro, al Partido de Haya de la Torre.

Creo sinceramente que el compañero presidente Alan García está cometiendo un grave error en cuanto a los decretos legislativos y supremos que generan el impasse. Así como estimo que está equivocado el planteamiento del Ejecutivo de cómo promover las inversiones, en este caso, en lo relativo a la Selva del Perú. Esta sucesión de errores está llevando a un innecesario e indeseado enfrentamiento con las poblaciones amazónicas que son compatriotas nuestros.

A estas alturas del siglo XXI no es posible que el c. presidente Alan García, el canciller García Belaúnde, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en su afán de forzar la aplicación a ultranza de un modelo económico ineficiente y en decadencia en el planeta, ignoren e incumplan la ley.

Y aquí la ley es el Convenio 169 y otros instrumentos igualmente exigibles al Estado peruano, por sobre cualquier otra norma interna. Porque esos decretos legislativos y supremos que motivan la resistencia amazónica son expresión de cómo algunos entendían la economía en los 80 y 90….pero ya no más. Y es que sucede que el fundamentalismo ideológico neoliberal de esas décadas pasadas es algo que hace tiempo ha sido puesto reflexiva e inteligentemente de lado por los gobernantes y estadistas que distinguen bien la teoría de la realidad.

Por ello, ¿cómo es posible que los principales responsables de las decisiones de Estado, incluyendo por supuesto al premier Yehude Simon (quien hasta ha hablado de “guillotina” y “baño de sangre”), y al Poder Legislativo, no hayan sopesado, en tantos meses transcurridos desde que empezó a gestarse el conflicto, las diferentes aristas y aspectos del problema?.

¿Cómo es posible que los ministros referidos, y por último, los otros miembros del Consejo, no hayan cumplido con advertir al presidente García sobre la gravedad de enfrentar, abiertamente y sin fundamento legal válido, a decenas de miles de peruanos que en estos momentos se sienten agredidos por su propio Estado en vez de protegidos por él?;

¿No es responsabilidad de los ministros de Estado advertir también sobre las serias implicancias de que el Perú incumpla desafiantemente sus compromisos internacionales?.

Pues de ninguna manera se puede asumir que desconocen esas obligaciones y la jerarquía de las mismas por lo que, entonces, es lógico inferir que en todo esto hay un serio problema de responsabilidad política, de temperamento ministerial y, lo más evidente de todo, del proceso de toma de decisiones al más alto nivel del Estado, lo que a la larga perjudica a la nación peruana, es decir, a todos nosotros.

¿No le han dicho, finalmente, al Presidente que si este caso llega a las instancias internacionales, durante éste o el próximo gobierno, se augura una segura derrota para el Estado tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte de San José?

Algunos pretenden defender la posición aparentemente inflexible que hasta ahora ostenta el Gobierno, en la imputación de inconductas al señor Alberto Pizango y a otros dirigentes que estarían “manipulando a las comunidades y haciendo demagogia”; y en la existencia de las ONGs denominadas “caviares”, que por la persistencia del ataque a ellas uno creería que son las responsables de gran parte de los males que aquejan al país. Sin entrar al fondo de esto, en todo caso el señor Pizango tendrá que levantar los cargos como corresponde.

Pero creo que, nuevamente se equivocan en el planteamiento del problema pues ello no es lo central ni lo principal del conflicto ad portas. Y se pierde valioso tiempo, aparte del desgaste político, en pretender acusar de sedición a esos dirigentes por haber llamado en algún momento a la insurgencia (*). Figura de ninguna manera pertinente y situación límite (para la cual algunos ya piden la represión sangrienta) que no haría sino empeorar la situación general del Perú.

El problema central, creemos, es ótro. Y tiene que ver con cómo concebimos al Estado en relación con nuestras poblaciones, cómo entendemos que pueden y deben ser las relaciones con las distintas expresiones culturales y étnicas que pueblan nuestro territorio. Tiene que ver con cómo conciliamos, sin violencia, ni imposición, ni racismo, nuestras decisiones de Estado en el ámbito económico y productivo con las perspectivas y visiones de quienes forman parte de la nación peruana que deben ser escuchados y atendidos, y en nombre de quienes, supuestamente, se gobierna.

¿De eso se trata la democracia no?
Por ello, aquí no caben extremismos, ni posiciones intransigentes, ni fundamentalismos ideológicos. Y de allí la invocación al Gobierno, desde estas líneas a la actitud reflexiva, al autocontrol en el uso de la fuerza, y a la moderación en el uso del lenguaje. Y esperamos que el ministro Simon no vuelva a hablar de “baños de sangre” ni de “guillotinas”.

El impacto contra el APRA
Pero si me permiten, hay algo más. Si el c. Alan García ha optado por el camino inflexible del modelo ultra-neoliberal, ésa es su decisión. Lo que sí resulta injusto y excesivo es que en ello comprometa también al Partido de Haya de la Torre, sin haber hecho un mínimo de consultas a ese importante número de peruanos que lo hizo pasar de la primera vuelta y lo llevó, en segunda vuelta, al triunfo sobre el señor Ollanta Humala. Y no me refiero a consultar a la actual dirigencia nacional cuyo mandato feneció en junio del 2006 y que se ha caracterizado por un silencio permanente en temas neurálgicos de Estado.

Por la razón anterior no creo fuera de lugar señalar y reiterar que debe quedar muy claro que las decisiones tomadas en este tema y que han llevado a esta grave situación de confrontación con decenas de miles peruanos que viven en nuestra selva, no forma parte de la concepción, ni del programa, ni de la filosofía del APRA, ni del pensamiento de Haya de la Torre.

Y si algunos sostienen lo contrario pues entonces, respetuosamente solicito que se someta formalmente a consideración de la opinión de los cientos de miles de apristas en toda la República que podrían expresarse orgánicamente una vez que se haya producido la renovación democrática y transparente de sus dirigencias regionales y nacional.

*Al momento de escribir estas líneas los dirigentes de las comunidades se han retractado y han anunciado su voluntad de restablecer el diálogo, a pesar de tantos meses transcurridos de infructuosas negociaciones con las instancias del Estado. www.luisalbertosalgado.com


Fuente: Luis Alberto Salgado T. desde Lima

BOLIVIA: JUICIO CONTRA EL GENOCIDIO



(1) Alex Contreras Baspineiro - ALAI AMLATINA 
(2) Sánchez de Lozada movilizó a la Policía y el Ejército y desató la masacre. 
(3) La protesta de la población de El Alto fue incontenible.


La “Guerra del Gas” de octubre de 2003 es sinónimo de la muerte de 69 bolivianos y bolivianas, más de 400 heridos, cientos de huérfanos y viudas, la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos y también de incertidumbre e impunidad. Pero desde el 18 de mayo una nueva página de dignidad se escribe en la historia boliviana, con el inicio, ese día, del juicio de responsabilidades contra el ex gobernante genocida y sus ex ministros, tres de ellos cobijados en Perú.

Después de cinco años y siete meses de aquella masacre, la Corte Suprema de Justicia de Sucre, abrió el histórico proceso para juzgar a un ex Presidente de la República elegido en democracia, a su gabinete de ministros y también a cinco ex miembros del Alto Mando Militar.

Se estima que a lo largo del proceso comparezcan alrededor de 2.500 testigos y se presenten unas 4.900 pruebas.

Ante la ausencia de los principales acusados de este caso, la Corte Suprema de Justicia les declaró en rebeldía y ordenó la aprehensión del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros.

Nueve ex autoridades huyeron de Bolivia porque, según dicen, en el país no existe seguridad jurídica y el juicio tendría carácter político: Gonzalo Sánchez de Lozada se refugió en Estados Unidos desde la insurrección popular de corte anti-neoliberal que se oponía a la exportación del gas natural hacia ese país por puertos chilenos.

Sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez radican en Estados Unidos; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia encontraron refugio en el Perú, con la venia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Jorge Torres Obleas obtuvo asilo político en ese mismo país, lo que puso en crisis las relaciones boliviano-peruanas. Hugo Carvajal se encuentra en España y el paradero de Yerko Kukoc es desconocido.

“Lo importante de la primera audiencia es que a partir de ahora la señora Quevedo, Torres Obleas, Torres Goitia, Yerko Kukoc y otros fueron declarados rebeldes por la justicia boliviana, eso implica que pesa sobre ellos un mandamiento de aprehensión”, explicó el fiscal Milton Mendoza.

Agregó que como primera medida el Poder Judicial informará a la Interpol (Policía Internacional) sobre el mandamiento de aprehensión que pesa sobre las ex autoridades y solicitará a los gobiernos de Estados Unidos y Perú la extradición de los acusados por delitos de lesa humanidad, imputados por los sangrientos sucesos de octubre de 2003.

En Sucre se encuentran, enfrentando el juicio, los ex integrantes del último gabinete de Sánchez de Lozada, Érick Reyes Villa Bacigalupi (ex ministro de Desarrollo Sostenible), Adalberto Kuajara Arandia (Trabajo) y Dante Pino Archondo (Servicios Financieros).

También se presentaron cinco ex jefes militares que ejercían el mando de las Fuerzas Armadas hasta la caída de Sánchez de Lozada, el 17 de octubre de 2003: Juan Véliz Herrera, ex comandante general de Ejército; Roberto Claros Flores, ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; José Quiroga Mendoza, ex comandante general de la Fuerza Aérea; Luis Alberto Aranda Granados, ex comandante general de la Fuerza Naval, y Gonzalo Rocabado Mercado, ex comandante accidental de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público ha imputado a las 17 ex autoridades, no sólo de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas pacíficas de octubre de 2003, sino por otros delitos de extrema gravedad.

Pena máxima
Los familiares de las víctimas de octubre, presentes en el proceso, exigen la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el delito de genocidio y otros.

El abogado Freddy Ávalos, apoderado de la “Asociación de Familiares y Víctimas de la Guerra del Gas”, señaló que justicia es lo único que buscan los integrantes de la agrupación.

“Queremos justicia, que la sangre y las vidas que derramaron nuestros familiares, sobretodo en El Alto –un municipio popular, de población aguerrida- de La Paz, no quede en la impunidad y los responsables, como Goni y sus ministros sean sentenciados con la pena máxima”, aseveró el abogado. “Goni” es el sobrenombre gringo del ex jefe de Estado.

Varios familiares de las víctimas de la “Guerra del Gas” y dirigentes de movimientos sociales se encuentran realizando una especie de vigilia en Sucre, capital histórica de Bolivia y sede permanente de la Corte Suprema.

Desde Miami, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín declaró al periódico El Deber de Santa Cruz: “Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado... Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia”.

Lo que no dijo Sánchez Berzaín es que él, personalmente, dirigió las operaciones represivas de octubre de 2003, iniciadas realmente en septiembre, y que sus culpas, los cargos en su contra y su enjuiciamiento, así como su fuga a Estados Unidos, son anteriores al inicio del gobierno de Evo Morales; ni ha dicho que la Corte Suprema, cuyos jueces han sido reiteradamente críticos al gobierno, es la que lo está enjuiciando y lo ha declarado reo rebelde, por no presentarse, sin que en ello tenga nada que ver el Ejecutivo actual.

El dirigente obrero Jaime Solares aseveró que Goni y todos sus ministros deben ser sancionados por delitos de lesa humanidad. “Ha llegado la hora de que en el país se haga justicia, Goni debe ser procesado por delitos de lesa humanidad y encerrado en la cárcel de Chonchocoro pero también debe pagar sus culpas por vendepatria”, aseveró.

El dirigente obrero criticó además al gobierno de Morales por no haber tomado precauciones.

Maniobras jurídicas
El fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, informó que con la declaratoria de rebeldía “se suspende cualquier plazo de prescripción”. Las personas en esa condición, podrán ser buscadas, aprehendidas y llevadas al tribunal sin ningún plazo de tiempo y su proceso podrá seguir adelante.

El gobierno nacional, a través del canciller David Choquehuanca, envió amplia documentación al gobierno del Perú para que reconsideren la situación de refugiados de tres ex ministros del gobierno gonista.

“Antes de dar asilo y refugio, seguro Perú, no contaba con documentos, pero viendo los dos tomos de documentación que enviamos consideramos que van a considerar su decisión”, dijo.

Luego de la declaratoria en rebeldía contra las ex autoridades que no se presentaron al juicio de responsabilidades, el proceso fue suspendido temporalmente por una recusación a los miembros del Tribunal de Sentencia presentada por el ex ministro Kukok.

Este recurso jurídico fue calificado por el abogado Rogelio Mayta como “deplorable” porque intenta “sabotear el proceso”, aunque el jurista informó que solicitó al mismo tribunal que resuelva la petición con celeridad para continuar con el juicio oral.

El juicio de responsabilidades iniciado contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores es el segundo en la historia republicana de Bolivia. 

Una prueba de fuego
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, afirmó que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y el Alto Mando militar de esa época deben correr la misma suerte que el ex dictador Luis García Meza, condenado por crímenes de lesa humanidad a 30 años de cárcel y preso desde 1995.

“Este juicio debe culminar con la misma suerte que García Meza, porque como parte civil de este proceso estamos pidiendo una condena de 30 años de pena sin derecho a indulto y en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro”, argumentó.

El activista de derechos humanos indicó que los operadores de justicia están llamados a vencer “esta gran prueba de fuego”.

“Nuestra memoria es frágil, el juicio oral a Sánchez de Lozada, y sus colaboradores está referido a delitos graves, gravísimos, actos de barbarie, que están en la línea de genocidio y allanamiento a domicilio”, reflexionó.

Villena persuadió a los familiares de las víctimas y heridos de “la masacre de septiembre y octubre del 2003” a no claudicar en este proceso y seguir adelante hasta conseguir “un fallo que haga justicia”. 

DEMÓCRATAS BLOQUEAN FONDOS PARA CERRAR GUANTÁNAMO

FUENTE: DEMOCRACY NOW; el informativo de guerra y paz. 

New York - Miércoles 20 de Mayo del 2009

TITULARES

EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • La corresponsal del New Yorker Jane Mayer y el abogado británico Philippe Sands hablan sobre el uso de la tortura por parte del gobierno de Bush y el modo en que Obama debería tratar el asunto

    Mayer-sands-web

    En el programa de hoy hablamos sobre las últimas noticias relacionadas con la utilización de la tortura contra prisioneros extranjeros practicada por EE.UU. con dos invitados que han ayudado a exponer al público una gran cantidad de información sobre el tema: la periodista Jane Mayer, de la revista el New Yorker, autora de The Dark Side (El lado oscuro), y el abogado británico Philippe Sands, autor de “Torture Team: Rumsfeld’s Memo and the Betrayal of American Values” (El equipo de la tortura: el memorandum de Rumsfeld y la traición a los valores estadounidenses). Mayer y Sands hablan sobre las recientes decisiones tomadas por el gobierno de Obama de impedir la publicación de fotografías de abusos a presos en prisiones de la CIA y del ejército en el extranjero, y de reinstaurar el sistema de las comisiones militares. También hablan sobre las investigaciones que se han pedido a propósito de la participación de la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en sesiones informativas sobre la tortura, los intentos de España de investigar las acusaciones de tortura en la Bahía de Guantánamo, la resistencia de los demócratas a financiar el proyecto del gobierno de Obama de cerrar Guantánamo y otros temas.

    Escuche/Vea/Lea (en inglés)

Un claro en la selva

César Lévano
cesar.levano@diariolaprimeraperu.com


El Decreto Legislativo 1090 ha muerto antes de cumplir un año de edad. Fue dictado, en efecto, el 27 de junio del 2008.


La defunción en primera instancia se produjo ayer en la Comisión de Constitución. Ahora toca al pleno del Congreso extender la partida obituaria del finado. Si no lo hace, reavivará, no al difunto, sino el conflicto.

El dictamen en minoría aprobado en la Comisión de Constitución había sido presentado por el legislador nacionalista Daniel Abugattás, quien adujo que el Decreto 1090 no respeta las limitaciones establecidas en los artículos 101 y 104 de la Constitución, y señaló que se había contravenido el artículo 66 de la Constitución, el cual, respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, establece: “Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares”.

Todos los Decretos Legislativos de la condenada serie tienen un punto de partida ilegal. Se amparan en la facultad delegada por el Congreso al Ejecutivo para legislar “sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda”.

O sea que la cobertura del TLC con Estados Unidos sirve para todos los fines: explotación de la selva, concesiones sobre agua, liquidación subrepticia de las comunidades andinas, selvícolas o costeñas, etc., etc., etc.

Esa es la raíz amarga de los Decretos: excede los límites de las facultades legislativas que el Congreso le concedió. Y se escuda en un TLC que muchos sectores del país rechazan.

La base conceptual está en los artículos sobre “El síndrome del perro del hortelano” escritos por el presidente García y publicados en El Comercio.

La misma mano que suscribió los Decretos Legislativos es la que antes había firmado en El Comercio respecto a la selva: “una inversión que requiere diez años de espera y tecnología de alto costo, requiere seguridad y gran dimensión”.

El 1090, título III, inciso C, decreta, por su parte, que se pueden otorgar concesiones forestales “por iniciativa privada por el plazo de hasta 40 (cuarenta) años renovables. Esta modalidad operará a solicitud de parte de acuerdo a las reglas y condiciones que se establezcan en el Reglamento”.

Por supuesto que el Reglamento no servirá a las comunidades.

No es un detalle lo que hay que corregir. Todo el sistema de los Decretos Legislativos está en tela de juicio.

Tienen plena razón los pueblos de la selva, que, al defender sus bienes, defienden la propiedad de todos los peruanos.

Las pésimas relaciones del gobierno con Bolivia y Ecuador hacen peligrar demanda de La Haya

Política
Foto: CNR
:: Aseguró Ollanta Humala, quien emplazó a Alan García a reunirse con Evo y Correa

Lima, 20/05/09 (CNR).- Las relaciones internacionales de Perú con Ecuador y Bolivia se están llevando de forma "pésima" y eso va a repercutir en la demanda de Perú ante la Haya, opinó el lider nacionalista Ollanta Humala en declaraciones al programa Diálogo Directo, de la Coordinadora Nacional de Radio.

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Para el ex candidato presidencial, el hecho de que el canciller Ecuatoriano Fander Falconí haya declarado ayer que su país está dispuesto a testificar ante la Corte Internacional de La Haya a favor de la tesis chilena en el diferendo marítimo es consecuencia de las malas relaciones de Perú con sus vecinos.

"Ecuador va a ser consultado en la Corte de la haya y ahora serían 2 contra uno (Chile y Ecuador contra la tesis peruana)", consideró Humala. "Por otro lado, tenemos a Bolivia, que también será consultado y tiene un problema doméstico con nosotros", completó en referencia al impase suscitado por el asilo político en Perú de ex ministros bolivianos que ejercieron cargos durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y están procesados en Bolivia.

"No nos debiéramos haber metido en dimes y diretes con el presidente de Bolivia", opinó el lider nacionalista en alusión al frecuente cruce de calificativos entre Alan García y Evo Morales. " Entonces, hubiéramos tenido el apoyo en La Haya de un país hermano", concluyó.

Por ello, cosideró que "las relaciones internacionales se están llevando de forma pésima".

"El gobierno peca de soberbia y cree el tener la razón es suficiente para ganar el juicio de La Haya (...) Es necesaria una política de acercamiento a través de la inversión con nuestros vecinos".

Para el nacionalismo, según explicó en declaraciones a CNR, el cuerpo de diplomáticos peruanos que ven el tema del diferendo marítimo en La Haya debiera ser reforzado por especialistas en temas marítimos y controversias con Chile como el embajador Manuel Rodríguez Cuadros.

También considera necesario replantear las relaciones con Ecuador y Bolivia.

"Debiera haber de urgencia una reunión entre la presidente de la República y el presidente boliviano. También con el presidente ecuatoriano de forma urgente para ver como solucionamos esta parte del problema porque tenemos que tener un objetivo, ganar en la Haya y siguiendo por este camino (en las relaciones internacionales con los países limítrofes) este objetivo peligra".

:: "Aprobación de inconstitucionalidad del D.L. 1090 es un primer paso para recuperar el orden público"

En otros temas, Humala Tasso indicó que la declaratoria de emergencia a los pueblos amazónicos por parte del Gobierno ha sido interpretada por los pueblos indígenas como una “declaratoria de guerra”

Sin embargo, consideró que el hecho de que la Comisión de Constitución del Congreso haya aprobado la inconstitucionalidad del decreto 1090, en la práctica una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, "es un primer paso para la búsqueda de orden público."

Precisamente hoy está previsto el debate en el pleno para la derogatoria del D.L. 1090.

Sobre este debate, el ex candidato presidencial opinó que el parlamento carece de voluntad para derogar estos decretos, pero que se ha visto forzado debido "a la presión social y al paro amazónico, al que cada vez más frentes regionales se unen".

Respecto a la promulgación hoy de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Ollanta Humala reafirmó que la lucha es por la derogatoria del paquete de 9 decretos que atentan contra la amazonía y reafirmó el total respaldo de su partido a los campesinos de la selva peruana.

“No hay una discusión en el tema de inversión , nadie se opone a la inversión ,pero ésta tiene que tener como protagonista a los indígenas", opinó. "El gobierno pretende entregar la selva en un proceso de colonización” subrayó el ex candidato presidencial.

Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia en Huánuco pide al gobierno que acabe con ola de violencia

Descentralización





Foto: Radio Amistad
Organizan Marcha por la Paz en Tingo María


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Aucayacu-Huánuco, 20/04/09 (CNR).- A través de un pronunciamiento, la Asociacion de Familiares de Víctimas de la Violencia en Huánuco pidieron al gobierno central que preste atención a la situación de violencia que se produce en Aucayacu, pidiendo que se detenga la muerte de dirigentes y policías.

Precisamente, el pasado domingo la ciudad de Aucayacu amaneció con pintas, panfletos y trapos rojos con símbolos senderistas, lo que generó la sorpresa y preocupación entre los pobladores de esta zona de la región Huánuco.

Los panfletos contenían amenazas de muerte a las autoridades y presidentes de asociaciones de agricultores que firmaron el convenio marco con Devida para la progresiva sustitución de la hoja de coca por cultivos alternativos.

Frente a estos hechos, mañana tendrá lugar una nueva “Marcha y Vigilia por laPaz”, esta vez en la ciudad de Tingo María, según informó Nadia Lavado,adjunta de la Defensoría del Pueblo oficina Tingo María.

Asimismo, la abogada dió a conocer que que esta nueva actividad es organizadapor jovenes, con el apoyo de la Mesa de ConcertaciónNiño-Adolescente-Mujer.

Cabe señalar que el pasado 15 de mayo,declarado “Día Cívico por la Paz” se realizó una actividad similar enAucayacu, a raíz de la ola de violencia desatada en la región.

La Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política saludó la marcha por la paz realizada el último fin de semana, y esperan que no quede en un acto simbólico, sino que se concluya con acciones para atender a estas personas que ahora quedan desamparadas por la violencia.

La asociación asegura que hasta el momento no se ha podido reparar a losfamiliares de las víctimas de la violencia política del período de 1980al 2000 y que además, ahora se suman las familias de quienes están muriendovíctimas de la violencia del terrorismo y el narcotráfico.

El pasado 9 de mayo la dirigenta cocalera Doedora Espinoza fue asesinada por desconocidos en el distrito de Jose Crespo y Castillo. Hasta la fecha aún se desconocen los motivos y a los autores de este atentado.

La población de Tingo Maria mostró su preocupación ante este hecho, y solicitaron a las autoridades mayor presencia policial en la zona.

Con información de Bladimir Ángulo (Radio Amistad) y Felipe Paúcar ( corresponsal CNR en Tingo María)

LA MIOPÍA ESTATAL CON PETROPERÚ‏

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)


“Reestructurar PETROPERÚ para que vuelva a ser una empresa integrada, con capacidad de formalizar alianzas estratégicas que le permitan explorar minimizando riesgos, explotar campos ya conocidos y modernizar sus refinerías. Para ello integraremos en PETROPERÚ las actividades de PERÚPETRO logrando mayor eficacia, con menos burocracia y objetivos precisos y comunes. Se obtendría, además mayor poder de negociación en los mercados interno e internacional.

PARTIDO APRISTA PERUANO – PLAN DE GOBIERNO 2006 – 2011”

El pasado viernes 8 de mayo la “Coalición Nacional de Sindicatos de PetroPerú S.A.” organizó en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura el Fórum denominado “PetroPerú, Empresa Pública Integrada con Autonomía de Gestión”, donde me cupo ser expositor invitado. Por ello, quiero compartir con ustedes algunas de las ideas fuerza expuestas en mi presentación efectuada ante un interesado público. En verdad, al margen del análisis de los estados financieros de PetroPerú, la importancia de la integración vertical y su modernización, se trata de compartir la información respecto a las actividades de empresas estatales de hidrocarburos de otros países, particularmente de ENAP de Chile, que realizan estupendos negocios en nuestro país, capitalizando a sus empresas y al tesoro de otros estados.

A pesar de la propuesta del Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano de reestructurar PetroPerú para que vuelva a ser una empresa integrada, lo cual debiera significar que la petrolera estatal retome las operaciones de exploración/ explotación, y de la distribución minorista, es decir con estaciones de venta de combustibles, con grifos propios, y pueda también como lo señala la ley ingresar a las actividades de la petroquímica básica.

Así, la ley Nº 28840 del 19 de julio del 2006, en las modificaciones al artículo 3 del DL Nº 43 señala explícitamente que: “El objeto social de PETROPERÚ S.A. es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía….”

Lamentablemente nada o poco de esto se está cumpliendo, pasados casi tres años del segundo gobierno del Dr. Alan García, y por el contrario PetroPerú languidece, después de mucho tiempo (1991) ha generado pérdidas operativas y netas en el 2008, se sigue manejando con criterio político, subsidia al sector privado y a los consumidores pues ha tenido que comprar crudo y diesel caro para venderlo barato, y de esa forma no afectar la estabilidad política y económica del país.

Se le cargan una serie de pasivos como el abono de pensiones a sus ex trabajadores de la ley 20530, cuando se han transferido al sector privado los activos más valiosos como los lotes petroleros tales como: el lote 8/8X en la selva nororiental, el lote X en Talara, y Z-2B en el Zócalo Continental, la refinería La Pampilla, grifos, terminales y filiales. En el mismo sentido, se le han transferido los pasivos ambientales de los lotes privatizados y sigue siendo la “caja chica” de los gobiernos de turno

El manejo al interior de la empresa es poco transparente, se desconoce las condiciones por las cuales la gerencia general ha tenido que endeudarse con la banca privada comercial para comprar hidrocarburos, su administración ha sido cuestionada por sendas investigaciones del Congreso de la República, con indicios razonables de corrupción, y lo más evidente es la inacción, con una presidencia del directorio que tiene que aprender sobre la marcha en un negocio donde las decisiones debieran ser efectivas y no burocráticas, es decir, está en “un dejar hacer un dejar pasar”, que resulta suicida para cualquier empresa que opera en el sector de hidrocarburos.

Así, se podría afirmar que lo que no pudo alcanzar el régimen del fujimorismo, es decir, la privatización por partes de la petrolera estatal, se está logrando bajo el presente régimen, donde la inacción más el manejo político de la empresa tienden a su “liquidación de mercado”.

En verdad, el problema de fondo es la escasa, débil o nula voluntad política de parte del gobierno de turno para fortalecer y modernizar a la petrolera estatal como sucede con las empresas de los países vecinos, e incluso de una serie de empresas estatales de terceros países que operan eficientemente obteniendo importantes utilidades. Prueba de ello, son las dificultades para el financiamiento para su modernización, en especial de la Refinería de Talara.

LAS PETROLERAS ESTATALES

La muestra es abrumadora. Si se empieza con PETROBRAS del Brasil que opera el viejo lote X en Talara con una producción superior a los 13 mil barriles diarios de un petróleo de alta calidad, que próximamente debe hacer anuncios importantes sobre sus exploraciones en el lote 58 en el Cusco, cercano a Camisea, donde se presume que existen importantes volúmenes de gas natural y condensados. Al margen de ello realiza exploraciones en más de seis lotes en contratos firmados con PerúPetro.

Petrobrás asumió las operaciones del lote X en el 2002 cuando su matriz compró la parte de hidrocarburos del grupo privado argentino más importante Pérez Companc, el cual hacia diciembre de 1996 había ganado la subasta del viejo lote petrolero, abonando más de 202 millones de dólares por las reservas probadas que se tuvieron que transferir en la privatización de PetroPerú.

Hoy, la empresa petrolera del estado del Brasil, Petrobrás, es un gigante de la industria mundial con una producción cercana a los 2 millones de barriles diarios entre producción de crudo y líquidos, operando en Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, África, etc; es una empresa que apuesta por la autonomía energética del Brasil, se maneja con eficiencia y es altamente rentable para los brasileños, y para sus accionistas institucionales y de la bolsa.

Como alguna vez afirmó el embajador del Brasil en el Perú don Jorge D´Escragnolle Taunay, “Petrobrás le ha costado al pueblo brasileño sangre, sudor y lágrimas”, pues evidentemente las siete hermanas del petróleo que controlaban la industria en la década del cincuenta eran contrarias a los vientos nacionalistas de Joao Goulart, y a la presencia estatal en los hidrocarburos.

En los campos de hidrocarburos de Talara también opera desde 1995, la empresa estatal China, Sapet como titular de los contratos firmados con PerúPetro en los lote VI/VII, con una producción que bordea los 3 mil barriles diarios. Igualmente la empresa estatal China Nacional Petroleum Corporation (CNPC) resulta socia de la empresa argentina Pluspetrol en la explotación del lote 1-AB y el lote 8, a través de su participación del 45% en el capital accionario en Pluspetrol Norte.

En el mismo sentido, la reciente compra de la empresa matriz de Petro Tech Peruana en los Estados Unidos de Norteamérica tiene como participantes a dos empresas estatales. Por un lado, ECOPETROL de Colombia adquirió el 50% de las acciones de la matriz americana de Petro Tech. El otro 50% fue adquirido por la empresa estatal de Corea del Sur, Korean National Oil Corporation, demostrando la misión y visión que tienen las empresas estatales cuando existe voluntad política, y gestión empresarial positiva.

ECOPETROL es una empresa eficiente, en fase de expansión internacional que ha diciembre del 2008 tenía un patrimonio de más de 17,588 millones de dólares, con una producción promedio de 447 mil barriles diarios de crudo y su equivalente en gas natural, obteniendo ingresos de más de 17,221 millones de dólares, y asegurando para dicho año inversiones por más de 1,619 millones de dólares. En el Perú, se ha comprometido a duplicar la producción del Z-2B, lo cual sería de mucho provecho para el país y la región.

De otro lado, la empresa estatal de Corea del Sur es una empresa que ya tiene una presencia previa en el Perú, con una participación del 20% en el lote 8, operado por Pluspetrol Norte. Se debe tener presente que Korean National Oil Corporation es una empresa que opera fuera del Perú, en Vietnam, Libia, Indonesia, etc.; esta empresa a diciembre del 2007 expresaba un patrimonio de 6,183 millones de dólares, con ingresos por ventas del orden a los 1,167 millones e inversiones superiores a los 2,217 millones de dólares.

A esta lista de empresas estatales en el sector de hidrocarburos que operan en nuestro país debiera agregarse la presencia de SONATRACH, empresa estatal de Argelia que se constituye en el segundo exportador de líquidos de gas natural (LNG) a nivel mundial, y que en nuestro país participa con el 10% del capital accionario en el lote 88 y en el lote 56 a través de Sonatrach Perú Corporation; también retiene el 21.18% de las acciones de Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) a través de la empresa Sipco Perú Pipelines Corporation, empresa que tiene como matriz a Sonatrach Petroleum Corporation BVI.

ENAP DE CHILE EN PERÚ

La empresa estatal petrolera de Chile ENAP es una empresa que en el 2008 generó ingresos por más de 12,185 millones de dólares, con pérdidas netas de 958 millones de dólares en razón que más del 98% del crudo que procesa en sus refinerías tiene que comprarlo en el exterior. Sin embargo, ello no impide que la petrolera estatal tenga operaciones de explotación en Argentina, Ecuador, Egipto con una producción en conjunto de 6,322 barriles diarios que se suman a la producción interna de Magallanes que apenas supera los 965 barriles por día.

ENAP de Chile no solamente ha aumentado la capacidad de refino de sus operaciones que son operadas por sus dos refinerías Talcahuano y Con Cón, sino que produce más de 263 mil barriles diarios de derivados del petróleo para poder satisfacer el mercado interno, constituyéndose el diesel 2 el combustible más importante con más de 115 mil barriles diarios.

Estando prohibido por ley las actividades de la distribución minorista en Chile con estaciones propias en el expendio de combustibles, Enap es una empresa integrada a nivel mundial, pues explora y produce crudo a nivel internacional, y en el Perú controla más de 54% de las acciones de los grifos PRIMAX, la principal cadena de combustibles, y a través de su subsidiaria Manu Perú Holding realiza importaciones desde el Perú de gas licuado de petróleo, gasolinas y diesel.

Es decir, ENAP de Chile tiene una participación directa en nuestro país, controlando la mayoría de acciones de las estaciones de servicio PRIMAX asociado con el grupo Romero y por medio de la importadora Manu Perú Holding realiza crecientes compras a su matriz como se hace evidente en el cuadro.

ENAP DE CHILE : EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES HACIA EL PERÚ

(En Miles de Barriles día calendario)

Perú acrecentó las compras de diesel a ENAP de Chile, en gran parte a través de la importación de Manu Perú Holding (filial de ENAP)


Combustibles

2005

2006

2007

2008

GLP

69

122



Gasolinas

1,844

1,792

1,920

1,792

Diesel

1,930

5,173

4,982

5,532

Total

3,843

7,088

6,902

7,324

Fuente: Memorias de ENAP, varios años.

Las lecciones de esta realidad son varias. En primer lugar, cabe preguntarse cómo un país que tiene necesidad de importar el 99% del crudo que procesa es capaz de exportar derivados hacia otros países como el Perú. En el 2008 se expone con claridad las crecientes importaciones provenientes del vecino sureño. En gasolinas un promedio de 1,792 barriles diarios y en diesel 5,532 barriles. Al margen de la importancia de los volúmenes comprometidos frente a una demanda promedio de 160 mil barriles diarios en nuestro país, interesa la tendencia. El Perú, exporta petróleo pesado y petróleos industriales e importa de ese país derivados con mayor valor como el diesel y las gasolinas.

Ello es posible en la medida que ENAP de Chile se comporta eficientemente como empresa en el mercado, con el mínimo de interferencia política. No sucede así en nuestro país, donde el Directorio y la gerencia general de PetroPerú tienen un alto grado de ingerencia política, en desmedro de una eficiencia empresarial positiva que resulta fundamental en una economía globalizada en crisis. Así, entre el 2001 al 2008, la presidencia del Directorio de PetroPerú ha sido ocupada por lo menos en siete oportunidades demostrando el grado de inestabilidad, impericia, e ineficiencia provocada, a pesar del importante capital humano que aún retiene.

EPÍLOGO

Evidentemente ninguna empresa petrolera estatal sea Petrobrás de Brasil, ECOPETROL de Colombia, Sapet y CNPC de la China, Korea National Oil de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, Enap de Chile que operan en nuestro país tienen el “corset” de la absurda subsidiaridad del Estado en la economía, es decir, que las empresas del Estado no pueden intervenir activamente en la economía. De esta camisa de fuerza teóricamente ha sido excluida PetroPerú con una serie de normas y leyes aprobadas por el Congreso de la República, que al viejo estilo colonial, “la ley se acata pero no se cumple”.

Esto significa que las diversas leyes que la excluyen de la privatización, del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), del Consucode, se han aprobado mas no se cumplen, ello significa la inacción y parálisis de la petrolera estatal, que ha diferencia de las experiencias de otras empresas del sector de hidrocarburos tienen una creciente participación demostrando la rentabilidad del negocio integrado.

En tal sentido, por razones de hecho y derecho PetroPerú tiene la oportunidad de la integración a través de una negociación estratégica en el lote Z-2B en tanto que las plataformas marinas, equipos, instalaciones le pertenecen. De allí que resulta absolutamente razonable una participación accionaria de por lo menos un 30% conjuntamente con las empresas estatales ECOPETROL y Korea National Oil que han asumido el contrato de servicios en el lote Z-2B.

Esta es una oportunidad histórica para dotar a PetroPerú de la integración vertical, y de la recuperación parcial de su capacidad productiva. La otra, tiene que ver con la integración con PerúPetro, la empresa estatal responsable de promover la inversión, la fiscalización de los contratos de hidrocarburos. Este sería un tema polémico pero importante de discutir. Mas lo cierto y evidente es que resulta un imperativo nacional y regional apostar por la modernización e integración vertical de PetroPerú. Todo lo demás es verso y absurdo fundamentalismo liberal.