Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, confirma su condición de tal al plantear la acción de inconstitucionalidad contra el DL 1015.
Entre otros argumentos el decreto de marras viola el CONVENIO 169 al cual el País está adscrito y establece en su artículo 3 inciso 2: "No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados".
Los antecedentes públicos y notorios que el Gobierno de Alan García viene utilizando contra líderes comuneros de la zona andina de Piura que se oponen a la minera MAJAZ es uno de los puntos que retrata LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Convenio 169 es una herramienta de la Organización Internacional del Trabajo.
La siguiente entrevista se publica en el Diario " LA PRIMERA " de Lima PERU.
Tras exhaustivo examen doctrinario, se ha gestado la impugnación jurídica contra el Decreto Legislativo 1015, que atenta, con alevosía, contra la propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
La Defensora enfoca éste y otros temas que conciernen a los ciudadanos y a los que aún no lo son.
–¿Qué cambios se han producido en la Defensoría en sus dos años y medio de gestión?–
En primer lugar, elogio las gestiones de mis antecesores. Creo que recibí una institución con credibilidad, con enorme cobertura territorial: tiene 35 oficinas en todo el Perú.
Desde entonces, se ha duplicado el número de atenciones. Hemos ingresado a temas que anteriormente no eran tan visibles en el trabajo de la Defensoría. Por ejemplo: la protección de los pasajeros en el transporte interprovincial, como producto de los accidentes más graves que existen.
El pago de las reparaciones a las víctimas de la violencia, un tema que plateó la Defensoría del Pueblo como cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ahora hay un Consejo de Reparaciones.
Hemos planteado temas como la defensa del medio ambiente. Ese es un tema en el que la Defensoría ha estado batallando. En marzo del año pasado, planteamos la necesidad de una autoridad ambiental autónoma. Finalmente, el Poder Ejecutivo ha creado un ministerio. Nos hemos modernizado tecnológicamente. Hoy día, usted puede presentar una queja, incluso con documentos por vía electrónica, desde cualquier cabina de Internet.
El niño, el ciudadano, el Estado–¿Qué áreas nuevas cubren?–Hemos creado la cultura de la niñez y adolescencia que durante 9 años prácticamente había estado solicitando Naciones Unidas, con la creación de una Defensoría como ayuda a la Cooperación Internacional. Hemos creado una cultura que ya se está posicionando para que el niño sea materia de un enfoque de derechos, de políticas, y no simplemente asistencialista.
Como siempre digo, un niño no es un tema sólo de primeras damas. Es tema de políticas del Estado, y eso es algo que hemos creado y estamos tratando de consolidar. Creo que estamos pasando del caso individual a la política pública. Somos la única entidad del Estado que contacta al ciudadano, que sabe cómo funciona o no funciona el Estado, escuchando al ciudadano. Y estamos pasando ahora de la atención del caso individual, que vamos a mantener, a la interpretación y construcción de indicadores que permitan al Estado entender cuál de sus políticas no está funcionando, en materia de salud mental, en materia de educación.
El DL 1015 y su gemelo
–¿Cómo es eso del Decreto Legislativo 1015 y su gemelo?–
A nosotros se nos solicitó un informe sobre tres proyectos: El 1992, el 1900 y el 1770. Enviamos un informe, el 016. Es un informe extenso, doctrinario, en el que hacemos un pronunciamiento muy claro sobre estos tres decretos cuyo archivamiento había sido propuesto por una de las comisiones. El decreto ley 1015 es prácticamente similar al 1992. Por lo tanto, es aplicable al análisis del 1015, lo mismo que dijimos para el 1992.
Esto tiene que ver con el hecho de que consideramos que este tipo de normas debilita la participación de los ciudadanos más vulnerables, que son precisamente los que forman parte de las comunidades campesinas y nativas. A esto hay que agregar que estudiamos ahora la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, porque estamos evaluando aspectos que, para nosotros, son inconstitucionales, como por ejemplo el hecho de que excede la delegación de facultades, que se consiguió mediante la ley 29157, y el hecho de que también sería una norma, violatoria de la legislación internacional que es ley de la República.
Porque el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue aprobado y ratificado por el Congreso del Perú y, por lo tanto, es ley de la República. Debe ser respetada como todas las leyes. Entendemos que el proceso de consulta no se ha realizado. Hay allí una consideración muy clara: debe haber una participación, una consulta, y luego, un diálogo. Es una obligación del Estado escuchar a sus ciudadanos, en este caso las comunidades campesinas, para no debilitar algo que para ellos es esencial en su identidad cultural: su relación con la tierra en la que viven. No solamente existe un contenido económico, sino también un contenido cultural. En la selva no hay Estado.
–Ustedes tienen varios pronunciamientos sobre comunidades nativas. ¿Cuál es el fondo?
–Hay un programa de comunidades nativas que es un programa muy sólido de la Defensoría del Pueblo, que ha estado trabajando, visitando. Son lugares muy alejados. Hace poco hicimos un pronunciamiento sobre el tema de la salud, que es allí verdaderamente dramático. Los índices de mortalidad de los niños en estas comunidades es altísimo. Eso no se condice en ninguna forma con un país que está creciendo hace siete años. Definitivamente, no hay justificación para que tengamos en estas comunidades nativas situaciones de salud precaria. Hemos recomendado al Ministerio de Salud fortalecer el sistema de misiones itinerantes, porque allá no hay médicos.
Las visitas se producen muy espaciadas.
Lo que creemos es que tiene que haber un enfoque de prevención. Es tan costoso llegar hasta esos lugares del Perú con la salud pública, que lo que tiene que hacer principalmente el Estado es fortalecer la prevención. Eso me lleva a una reflexión. Mucho se habla sobre el tamaño del Estado. En esas áreas, el Estado prácticamente no existe. Si a un peruano le preguntan qué quiere del Estado, el urbano próspero contestará: “que me dejen trabajar y producir riqueza”.
El pobre dirá: que me den apoyo social, educación, salud. Pero hay una buena cantidad de peruanos que dirá: “¿de qué Estado me hablan?”. Ellos no saben que existe el Estado. En el Perú hay entre un millón y medio y dos millones de indocumentados, personas que son invisibles para el Estado, que no tienen partida de nacimiento, que no tienen DNI, no tienen ningún documento que los identifique como personas que viven en nuestro país. Por lo tanto, ni siquiera son pasibles de formar parte de proyectos de apoyo. La enfermedad de la pobreza.
–Un taxista me contó que había vivido siete años en la Argentina, y allá comprobó que en los centros médicos atienden sin necesidad de identificación.
–Así fue en la Inglaterra de Margaret Thatcher. La gente habla muchas veces sin saber. Thatcher, quien supuestamente fue la feroz liberal, no tocó el servicio médico social. Permitió que a turistas y a cualquiera se le siguiera atendiendo exactamente de la manera que usted señala. Yo creo que nosotros tenemos problemas endémicos y estructurales de pobreza, de desatención del Estado a sus ciudadanos más vulnerables y más pobres. Y creo que en una etapa en la que el Perú crece económicamente ya no hay excusas para no llegar a esos ciudadanos.
Podría haber excusas cuando no había crecimiento, cuando uno decía: “no hay dinero, ¿de dónde vamos a sacar?”. Pero hoy la recaudación es más del doble de cuando yo era jefa de la SUNAT, en el año 2003. Si hay dinero, hay que gastarlo eficientemente en quienes más lo necesitan.
Histeria colectiva
–Hay un caso que me llamó la atención, en vuestros informes sobre comunidades nativas: aquel brote de aparente histeria colectiva en la zona de San Martín.
–Yo he conversado con el jefe de la oficina defensorial y, efectivamente, se trata de un hecho muy extraño que afecta principalmente a mujeres jóvenes. Hemos hecho gestiones para que el Ministerio de Salud brinde atención psicológica y psiquiátrica. No sabemos exactamente a qué se debe, pero hubo jóvenes que correteaban con machetes a los hombres, como que tienen un ataque, y después se sienten sumamente avergonzadas de su propia actuación. La verdad, no sé las razones. Han sido auxiliadas por nuestras oficinas de allá.
–¿Cuántas mujeres han sido afectadas?–
Es un pueblo, una comunidad, donde la mayor parte de las mujeres de la misma edad afectadas por el mismo mal persiguieron a los hombres con machete. La comunidad tenía que salir a detenerlas, para que no ocurra algo mayor. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que, una vez que habían sido contenidas, se sentían sumamente avergonzadas.
César Lévano
Director del Diario " LA PRIMERA"
