Veronica Smink
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Moquegua (Danitza Yufra).- El Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Mariscal Nieto, a cargo de la magistrada Jacky Mariñas, decidirá este viernes si archiva o no el proceso que inició el Ministerio Público contra 13 ciudadanos acusados de cometer una serie de delitos durante el "Moqueguazo", protesta ocurrida en junio de 2008 por la redistribución del canon minero.
La corresponsal de Ideeleradio informó que luego de ocho meses de indagaciones, el fiscal provincial José Pérez Gómez concluyó que no existen pruebas que inculpen a este grupo de ciudadanos acusados de haber incurrido en los presuntos delitos de bloqueo de carreteras, disturbios, secuestro y extorsión.
No obstante, precisó se mantiene vigente la acusación contra la ex presidenta regional de Moquegua Cristala Constantinides y el ex presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, Zenón Cuevas Pare y otros tres involucrados.
Pérez Gómez indicó que deben ser exculpados: los ex decanos de los Colegios Profesionales de Ingenieros, Abogados y Profesores, además del ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Dick Villalobos y el regidor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Juan Rodríguez Linares.
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Veronica Smink
BBC Mundo, Cono Sur
"Cuando uno no ha hecho daño al Estado, no tiene miedo", señaló el mandatario.
"Un sindicato de delincuentes confesos". Así llamó este martes el presidente de Bolivia, Evo Morales, a tres ex mandatarios de su país que lo acusan de persecución política.
Los ex jefes de Estado Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) denunciaron la semana pasada que el gobierno boliviano promueve juicios en su contra.
Junto con el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), presentaron una declaración en la que critican la llamada Ley de Juicio de Responsabilidades, un proyecto que debate la Asamblea Legislativa, que reactivaría los procesos en su contra.
En la misiva, los ex mandatarios expresaron su preocupación por la decisión de Morales de someterlos a procesos penales, "violando los derechos humanos así como las garantías ciudadanas consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales".
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado, en La Paz, este martes, el presidente respondió a las acusaciones.
"Saben que cometieron delitos y para defenderse se agrupan en un sindicato de delincuentes confesos (...) Saben que deben responder a varias acusaciones en su contra", señaló el mandatario.
"Cuando uno no ha hecho daño al Estado, no tiene miedo", acusó.
En febrero pasado el jefe de Estado designó a cinco magistrados de la Corte Suprema y nombró a un nuevo Tribunal Constitucional, entre otros cargos judiciales.
Mesa y Quiroga están acusados de firmar contratos petroleros sin autorización del Congreso, mientras que Rodríguez es acusado de traición a la patria por haber permitido que Estados Unidos desactivara unos misiles chinos que estaban en manos de las Fuerzas Armadas.
En tanto, a Cárdenas se lo quiere procesar por un convenio que firmó con la quebrada empresa estadounidense Enron.
Según Quiroga, el gobierno "está montando una guillotina, con jueces puestos a dedo y el presidente ya dictó sentencia".
Los ex mandatarios y miembros de la oposición expresaron su temor de que los procesos en su contra sean tramitados por jueces nombrados por el propio Morales.
En febrero pasado el jefe de Estado designó a cinco magistrados de la Corte Suprema y nombró a un nuevo Tribunal Constitucional, entre otros cargos judiciales.
Estas autoridades permanecerán en sus puestos hasta que juramenten los jueces elegidos mediante el voto popular, en unos comicios que fueron convocados para diciembre de este año.
Según el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, cercano al presidente Morales, si los juicios son autorizados por el Congreso, estarán en manos de un órgano independiente.
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Miércoles 24 de marzo de 2010
Elisa Rando (especial para ARGENPRESS.info)
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En Indonesia, el periodista de investigación Allan Nairn enfrenta la posibilidad de ser arrestado por haber sacado a la luz información sobre el asesinato de varios activistas civiles el año pasado por parte de las fuerzas armadas indonesias. Desde que Allan Nairn reveló en Democracy Now! el viernes pasado la existencia del programa de asesinatos, la prensa indonesia no ha dejado de comentar las acusaciones. Un portavoz militar informó al Jakarta Globe que el ejército está evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra Nairn. Hoy más temprano, Nairn retó públicamente al ejército indonesio a arrestarlo, para así poder confrontar a las fuerzas militares en un tribunal público.
Escuche/Vea/Lea (en inglés)Mientras el presidente Obama promulga el histórico proyecto de ley de reforma del sistema de salud, hablamos sobre el tema de los cuidados paliativos: el tipo de cuidado especial que necesitan las personas que sufren enfermedades graves. Hablamos con una pionera en este campo, la doctora Diane Meier.
Escuche/Vea/Lea (en inglés)Cientos de miles de personas marcharon el domingo por las calles de Washington DC, en lo que fue una multitudinaria manifestación por la reforma migratoria. Según cifras estimativas la multitud habría sido de unas 200.000 a 500.000 personas. El congresista de Illinois Luis Gutiérrez, presidente del Grupo de Trabajo sobre Inmigración del Comité Hispano del Congreso, hizo hincapié en la urgente necesidad de que Washington emprenda una amplia reforma de las leyes de inmigración del país.
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