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GOBIERNO DE GARCÍA PROMUEVE PERSECUSIÓN CONTRA IDL

AQUIJE INFORMA SE SOLIDARIZA CON IDL
Domingo, 07 de Setiembre del 2,008
EL VICE PRESIDENTE LUIS GIAMPETRI PONE SU SELLO INDUBITABLE DE PERTENECER A UN RÉGIMEN AUTORITARIO, EXCLUYENTE Y ANTIDERECHOS HUMANOS
Hace un tiempo el almirante en retiro Luis Giampietri, hoy primer vicepresidente de la República, consiguió que se debatieran las actividades del Instituto de Defensa Legal en la Comisión de Inteligencia del Congreso, hace dos días logró que el IDL fuera nada menos que parte de la agenda de la Comisión de Defensa y Orden Interno.¿Tan amenazados se sienten por el IDL los sectores ligados al almirante Giampietri (apristas, fujimoristas y demás aliados), que se dedican a hablar sobre esta importante organización de la Sociedad Civil, en dos comisiones, debiendo dedicarse a otro tipo de asuntos?
Sólo la prepotencia y el desprecio por la ley que prima muchas veces en el Congreso, puede explicar que ocurran este tipo de situaciones, tan absurdas como arbitrarias.
Es un caso más de utilización de una institución del Estado, el Congreso, para amedrentar a instituciones a las que temen por sus posiciones independientes y capacidad de incidencia.A la reunión fue convocado el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación internacional (APCI), Carlos Pando, militante aprista, recientemente nombrado en el cargo por el Poder Ejecutivo en reemplazo de otro militante aprista. Por algo será que los apristas no quieren dejar de controlar la APCI, el órgano encargado de registrar y fiscalizar a las ONGs.
A pedido de los congresistas presentes, Pando informó sobre los recursos que recibe el IDL de la cooperación internacional. Una información que no solo está disponible en los registros donde estamos inscritos, sino que hasta ha sido publicada en varias oportunidades como parte de la campaña de difamación que contra el IDL vienen realizando tres conocidos diarios que generalmente juegan en pared, ya que comparten la defensa de los mismos intereses y el estilo, más conocidos como la prensa-bamba. Una campaña que, por cierto, viniendo de quien viene, evidencia que IDL se encuentra en el lado correcto.
Sobre el hecho de contar con recursos, teniendo más de 25 años de vida institucional, lejos de ser malo, atraer apoyo de la cooperación internacional, es muy positivo porque es como atraer inversión extranjera.
Además permite trabajar por el país de acuerdo a convicciones honestamente democráticas,sin que le cueste un solo sol al Estado Peruano o a los contribuyentes; muy distinto de lo que sucede, por ejemplo, con los congresistas u otras autoridades, que le cuestan al país un ojo de la cara, sin que muchas veces se justifique para nada.
Tener la capacidad de conseguir este tipo de recursos durante tanto tiempo habla por el contrario bien del IDL. Quiere decir que hay diversas y prestigiosas instituciones internacionales que confían en la Sociedad Civil y se sienten satisfechas con el uso que se le da a sus recursos. Parte de estos fondos provienen además de concursos públicos, en los que participan cientos y hasta miles de instituciones nacionales y extranjeras, y que IDL gana en buena lid.
No hay razón pues para cuestionar la capacidad de una institución para conseguir legalmente la cooperación internacional. Quienes así lo hacen -en este caso Giampietri y sus amigos- es en verdad por intolerancia, por desear que no exista quien pueda expresar posiciones sólidas de fiscalización.Están desesperados y recurren a cualquier método, por más ilegal que sea, para evitar que se acceda a los recursos de la cooperación internacional.
Sabemos de varias gestiones que el almirante Giampietri y otros que comparten su obsesión contra los derechos humanos han hecho por lo bajo para bloquear recursos a IDL. ¿Todo un almirante sería capaz de negar algo que es absolutamente verdad?.El vicepresidente desconfió hasta de la información proporcionada por el incondicional Pando, y dijo que él creía que IDL tenía más plata de la que informaba. ¿En base a qué pruebas hizo una afirmación tan temeraria? No presentó prueba alguna. Como es su costumbre, él ataca y ataca, diciendo todo lo que se le cruza por la mente, pero por alguna razón cree que está exonerado de presentar pruebas. Hizo tan solo una especie de cálculo al ojo de los recursos que él cree tendría el IDL, con un tipo de lógica que, finalmente, hasta se podría interpretar como un elogio .
Efectivamente, el almirante (r) dijo que él revisa constantemente la página web del IDL (qué honor para los forjadores de IDL, tratándose del primer vicepresidente de la República) y que por toda la información que aparece allí, sobre todo en relación a los medios de comunicación que se producen desde el IDL, él infiere que su financiamiento debe ser mucho mayor del que se cree.
No, almirante, es cierto que se hace muchísimas cosas, y que, en contra de sus deseos, se ha logrado tener prensa escrita, radio, televisión y diversos productos internet, pero los recursos son sólo -lamentablemente- para Ud. los que aparecen declarados.Pero, tal vez ahora, gracias a usted, se puedan conseguir más recursos, ya que se están presentando a la cooperación internacional los ataques que promueve a través de personas y diarios cercanos, como indicadores que, de manera irrefutable, demuestran la capacidad de impacto del IDL.
Este tipo de declaraciones durante la sesión del Congreso, fue creando un clima tan contrario al IDL, que a Pando sólo le quedó salvar la situación haciendo la siguiente promesa en tono de amenaza : el IDL será sometido a toda una investigación de carácter integral antes de que concluya el año.
Es decir, de una sesión en la Comisión de Defensa y Orden Interno salió la promesa de APCI para investigar a una institución privada, el IDL; investigación que deberá ser hecha por un funcionario aprista, nombrado en el cargo por el gobierno del que el almirante que propició la medida es vicepresidente.
Así se fiscaliza ahora a las ONGs: una orden casi militar del todo poderoso Giampietri, que un sumiso jefe de la APCI debe de acatar sin dudas ni murmuraciones.
En su Editorial el IDL, señala un recuento del acontecer político del último año, respecto a las ONGS,reflexión sumamente vigente.Acontinuación la exhortación en sus mismas palabras:
¡Nos ganamos la lotería tres veces seguidas! Reiteramos que no le tememos a ninguna investigación, porque no hay nada que esconder, pero tal vez el nuevo jefe de APCI no ha tenido tiempo de informarse que el año pasado ya hemos sido investigados por la misma APCI, y no una sino dos veces. Y fueron dos veces en un año, porque supuestamente salimos sorteados dos veces seguidas. ¿Habremos salido sorteados una tercera vez? Existiendo cerca de 2,000 ONGs registradas ante APCI, salir sorteados una vez es casi como sacarse la lotería, y, siguiendo la misma lógica salir tres veces seguidas, sería como que una misma persona se sacara la lotería tres veces consecutivas. Ya, pues, quién podría creer que todo responde al azar.
Y si no es por sorteo, APCI tiene la obligación de justificar el criterio para escoger por tercera vez al IDL, tomando en cuenta que el mismo Pando informó que de las cerca de 2000 instituciones que hay, sólo 345 han sido investigadas. De hecho esta predilección por nosotros, es una prueba de que era verdad cuando decíamos que todo esto de la ley contra las ONGs no era, como sus mentores aprofujimoristas decían, para descubrir a ONGs que estaban a favor de Bin Laden, sino para hostilizar a las que les resultan incómodas al oficialismo por su independencia y capacidad de impacto.
Se trata obviamente de otra arbitrariedad, y, por lo mismo de una decisión absolutamente reñida con la ley. APCI no tiene ningún derecho a investigarnos una y otra vez, cuando le da la gana, sin tener ningún criterio racional que lo justifique.
Exigimos que Pando haga una explicación de la decisión tomada en el Congreso.APCI tendría el derecho de investigarnos una vez más si, por ejemplo, hubiese algún indicio de que el IDL estaría haciendo actividades ilícitas. Desafiamos a Gianpietri o a cualquiera de quienes nos tacan a que demuestren una sola actividad o posición del IDL que pueda ser considerada mínimamente en contra de la ley.
Y el ejercicio es fácil porque todo lo que hacemos es totalmente público, ya que en nuestro caso el máximo de visibilidad es un fin en sí mismo.Somos nosotros los que estamos claramente del lado de la ley. Y son más bien quienes nos atacan los que se oponen a que la ley se cumpla, como ocurre, cuando defienden la impunidad, obstaculizan la lucha anticorrupción, defienden y admiran a las autoridades que han delinquido o propician el mal uso de las instituciones del Estado o de la libertad de prensa. El mundo al revés.
Quienes no creen que es obligatorio cumplir con lo que manda la ley nacional e internacional, por encima de cualquier otra consideración, persiguen a quienes tienen como misión fundamental la defensa de los derechos, libertades y deberes contemplados legalmente.Y prueba de que no hay ninguna actividad ilegal que pueda imputársele al IDL es que por más esfuerzo mental que hicieron los congresistas presentes en la reunión para acusar de algo concreto al IDL, no lo lograron, y más bien tuvieron que recurrir a afirmaciones francamente ridículas y que sólo revelan ignorancia y mala fe.
Reiteramos también que estamos sujetos a una serie de mecanismos de fiscalización permanente ya que no sólo estamos inscritos en ACPCI sino también en Registros Públicos, Ministerios, Sunat, Essalud y Ministerio de Trabajo. Y que las instituciones que nos apoyan, nos exigen informes, inspecciones y auditorias externas. Por lo demás, a todos los integrantes de una ONG se les pueden aplicar las mismas normas penales, civiles, administrativas y de cualquier índole en caso que incurra en una ilegalidad o ilícito, como a cualquier ciudadano.
¿El Almirante no tiene quien lo asesore?
El vicepresidente Gianpietri dijo así que le parecía que los objetivos declarados por el IDL eran demasiado vagos y generales, y que por eso nos creíamos con derecho a meternos en todo. ¿Y en qué cree el almirante que el IIDL no tendría por qué meterse? No hay duda de que "por la boca muereel pez": el juicio de Fujimori y el tema de la justicia militar, según el mismo Gianpietri son dos asuntos con lo que no tenemos por qué meternos, tal como efectivamente lo venimos haciendo.
Cuando el almirante en retiro era sólo un columnista más de Expreso dedicado a atacar a todo lo que tuviera que ver con derechos humanos, no era tan grave que se atreviera a decir cualquier cosa. Pero ahora que es primer vicepresidente de la República y congresista, es imperdonable que no procese mejor lo que dice en una instancia oficial, como autoridad, y debería informarse y asesorarse mínimamente. Para comenzar, en el juicio de Fujimori, hay tres abogados del IDL, representando a las víctimas como parte civil, por lo que es imposible no tener nada que ver con dicho juicio.
Pero aún si no tuviéramos esa calidad de abogados, es deber y obligación de todas las instituciones y personas a favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho vigilar y promover que no quede impune los hechos por los cuales el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial e inhabilitó a Fujimori, y luego el Poder Judicial del país solicitó su extradición y Chile la concedió.
Esto es lo que corresponde de acuerdo a la ley nacional e internacional, más allá de las simpatías que el almirante Gianpietri mantiene por Fujimori.Y respecto a la justicia militar, como institución que, con todo derecho, nos dedicamos a promover la existencia de un sistema de justicia independiente y justo, tenemos todo el derecho a oponernos a que -como quiere Gianpietri y sus aliados, en contra de la ley- dicho fuero militar tenga competencias que en una sociedad democrática sólo pueden ser de la justicia ordinaria y se mantenga como medio de impunidad.
Más si nuestras posiciones están amparadas por varios informes de la Defensoría del Pueblo y diversas sentencias del TC, que gente como el almirante simplemente desconoce.Pero ya fue el colmo cuando el almirante dio a entender que APCI no sólo debía investigar al IDL sino que tenía que intervenir para redefinir sus objetivos, punto que demostró que nuestro vicepresidente no tiene ni la menor idea sobre qué puede y qué no puede hacer un órgano administrativo como APCI, pues es evidente que legalmente no tienen ninguna facultad para decidir cuáles deben ser los objetivos de una institución privada.
Gianpietri parece haberse olvidado que el Tribunal Constitucional del país declaró inconstitucional los aspectos centrales de la ley contra las ONGs que apristas y fujimoristas lograron hacer aprobar en el Congreso; y que una de las razones para ello fue que la ley pretendía que APCI tuviera un nivel discrecionalidad en cuanto a los fines de las ONGs en base a lo que se podría considerar intereses nacionales.
Sin embargo, ahora Gianpietri, desconociendo por completo lo resuelto por el TC, quiere que sea APCI la que redacte los objetivos del IDL y de las ONGs en general.La congresista Alcorta, también hizo su aporte, con la lucidez y sensibilidad democrática que la caracterizan.
Sentenció así que, con la misma transparencia que exigen las ONGs al Estado, ellas también deben informar, porque no se puede permitir -añadió- que instituciones privadas que se benefician con recursos del exterior estén provocando actos de violencia en el país.
Ni más ni menos. Pero no se tomó la molestia de decir a quienes se refería y en base a qué pruebas.La congresista igualmente olvidó que si algo no tiene nada de transparente ni de ejemplar son muchas de las actuaciones de este Congreso, al que ella pertenece. ¿O le parecerá transparente y ejemplar la manera en que se ha elegido la última junta directiva, o la forma que se está procediendo frente a los actos de corrupción que todos los días incurren los congresistas? Sería mejor que los congresistas -salvo obviamente la excepciones del caso- se abstuvieran de hablar de transparencia, fiscalización, buen uso de recursos, rendición de cuentas.
Gianpietri y Correo: unidos frente al crimen Pese a que la Comisión de Defensa y Orden Interno nada tiene que ver con el tema, a Pando se le preguntó también por -como no- la denuncia de Correo sobre un posible conflicto de intereses debido a que Sofía Macher trabajaba en el IDL y a la vez presidía el Consejo de Reparaciones.
Como ya hemos dicho una y otra vez, lo que pasa es que a Correo -al igual que a Expreso y La Razón- nadie le cree las acusaciones que hace contra las miles de personas e instituciones que considera caviar, y, por eso, cada cierto tiempo tiene que inventar alguna nueva treta para seguir con sus campañas de difamación.
Y hace ya un tiempo ha sacado de la manga la figura del conflicto de intereses, y lo ve por todas partes. Primero lo usó para cuestionar la participación de profesionales del IDL en la Comisión de Indulto de Paniagua, y ahora lo usa en relación a la participación de Sofía Macher en el referido Consejo.Ambas acusaciones son absolutamente absurdas y no tienen ningún fundamento.
En primer lugar, porque no se puede usar la aplicación de este tipo de delitos, inventados por el derecho para sancionar situaciones totalmente distintas, para perseguir a instituciones y defensores de derechos humanos, la verdadera finalidad de estas acusaciones como es obvio. Justamente existen una serie de mecanismos especiales de protección de los defensores de derechos humanos, contenidos en tratados, declaraciones y jurisprudencia internacionales para evitar que, a través de maniobras como las de Correo, se obstaculice la defensa de los derechos humanos.
Y es por eso que ya en el caso de los indultos, la Comisión Interamericana hizo declaraciones públicas y escribió cartas a una serie de autoridades pidiendo información y expresando preocupación por el uso de una figura que no corresponde.
Cuando se trata de derechos humanos, no puede haber un conflicto de intereses entre lo que la sociedad civil pretenda que haga el Estado, y lo que puede terminar haciendo el Estado. Por una razón muy simple: el cumplimiento de los derechos humanos, no es -como en otras materias que no se refieren a estándares universales de carácter vinculante- una opción entre varias, debiendo escoger el Estado entre ellas. No, el cumplimiento de derechos humanos es la única opción que tiene el Estado desde el punto de vista legal.
El Estado, de acuerdo a la ley nacional e internacional, tiene la obligación de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos frente a todos.Por tanto, cuando se promueve desde la sociedad civil, o participando al mismo tiempo en alguna comisión creada por el Estado sobre derechos humanos -tal como ocurrió cuando se creó la Comisión de Indultos de Paniagua, o ahora con la creación del Consejo- no puede haber un conflicto de intereses, ya que todos están actuando en el único sentido que permite la ley: proteger los derechos humanos. Lo que hay es un trabajo conjunto y complementario en la única dirección que permite la ley.
Es por eso que los nombramientos que se hicieron de profesionales del IDL en ambas situaciones, fueron hechos de manera pública, y sin ponerse como condición que debían apartarse del IDL. Y ambas decisiones fueron respaldadas por todos los sectores democráticos del país.
Sólo quienes creen y defienden que los Estados no tienen por qué respetar necesariamente los derechos humanos, y quienes están dedicados a la persecución de los organismos de derechos humanos, debido a las cuentas pendientes que tienen en la materia o como voceros de estos últimos, pueden forzar y distorsionar conceptos jurídicos, viendo conflicto de intereses donde está claro que no los hay.Otra vez: democracia versus autoritarismo Para nosotros la hostilización y persecución del IDL, así como de otras instituciones de la sociedad civil, de la Comisión de la Verdad y de determinados sectores sociales expresan que se está gestando en el país un autoritarismo parecido al de Fujimori y Montesinos. Y está claro ya el tipo de alianza que impulsa la vuelta a los 90: apristas; fujimoristas; el sector del poder económico más alto, conservador y excluyente; miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sin ningún espíritu de autocrítica; el sector más conservador de la Iglesia Católica; y, por último, los medios de comunicación y periodistas que -como en el pasado- defienden lo indefendible a cambio de prebendas y negocios con el actual régimen.
Y nos atacan y nos persiguen porque defendemos y promovemos, al parecer un buen nivel de impacto y de éxito, lo que choca con los intereses de esa alianza (inclusión social, reformas institucionales, lucha contra la impunidad, etc.), la que quiere el campo absolutamente libre para poder beneficiarse sin problemas ni tensiones del crecimiento económico que vive el país.Algunos ejemplos muy concretos de actividades del IDL por las que en realidad se nos ha puesto en la mira: defendemos a una de las víctimas de El Frontón y hemos logrado en este caso una sentencia de la Corte Interamericana que ordena una investigación judicial que hasta ahora no se cumple; y acabamos de informar ante el Tribunal Constitucional para que no se cometa la aberración de declarar la prescriptibilidad de un delito de lesa humanidad. Somos -como ya hemos dicho- abogados de las víctimas en el caso de Fujimori. Hemos hecho una serie de investigaciones en el ámbito de las políticas de seguridad que comprometen la responsabilidad de altas autoridades, y demuestran la total ineficacia del sector.
Hemos realizado una serie de acciones, que han tenido efectos muy concretos, contra las leyes que pretende que la justicia militar continúe siendo inconstitucional y un mecanismo de impunidad. Hemos denunciado y fundamentado la gran cantidad de irregularidades que se han cometido en la reincorporación del actual presidente de la Corte Superior de Lima, con la complicidad de algunos os miembros del CNM.También nos oponemos -contra la opinión de muchas autoridades y medios- a que Villa Stein se convierta en diciembre en el nuevo presidente de la Suprema, dado que sería el colmo que alguien que ha tenido nexos innegables con el fujimorismo sea el que tome las decisiones respecto al juicio que en segunda instancia deberá enfrentar dentro de poco el ex presidente a nivel de la Suprema.
Apoyamos la labor de la sala A del sistema anticorrupción, a la que se la han intentando tumbar por todos los medios. Descubrimos el intento -y nos opusimos- al copamiento del Tribunal Constitucional.Creemos -y así lo expresamos permanentemente- que el crecimiento económico debe de ser utilizado para resolver los problemas de fondo del país y no para beneficiar sólo al sector más alto de empresarios, como viene ocurriendo, y que hay un pésimo diagnóstico y manejo del conflicto social. Criticamos y sospechamos de la falta de preocupación y de políticas públicas para prever y sancionar la corrupción que se puede estar produciendo en estos tiempos de bonanza, o la falta de política frente al crimen organizado.
Es por el papel que estamos cumpliendo en este tipo de situaciones que nos ataca y persigue el oficialismo (incluido los fujimoristas, quienes ya están co-gobernando el país) así como determinado tipo de los medios de comunicación dedicados a hacer el típico acompañamiento que suele haber en este tipo de régimen. Y lejos de atemorizarnos haremos nuestro mayor esfuerzo por seguir cumpliendo con nuestra razón de ser y no dudaremos en utilizar todos los mecanismos, medidas y acciones amparadas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Invocamos también la solidaridad y la reacción a tiempo de todos los sectores democráticos, poniendo a nuestro favor una trayectoria de más de 25 años, durante la que hemos demostrado nuestro compromiso inequívoco con el país, el respeto del Estado de derecho y la defensa de las mejores causas.
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Peru: Ollanta Humala se averguenza de haber peleado contra el terrorismo de Sendero Luminoso y alaba a la CVR - Peru21.pe



- Se han cumplido cinco años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Como comandante en retiro, ¿cuál es su posición?
El informe de la CVR es uno de los estudios más serios sobre la lucha interna y en nuestro plan de gobierno nos comprometimos a asumir sus recomendaciones. Sin embargo, hoy no existe una voluntad política para que haya una real reconciliación entre Estado y sociedad. En lo que sí no estoy de acuerdo con la CVR es cuando dice que Alan García solo tuvo responsabilidad política en la guerra interna.-
¿A qué se refiere?
Alan García tuvo responsabilidad penal en esa guerra. Más aun cuando en su primer gobierno se publicó el manual ME 41-7, de agosto de 1989, donde se señala claramente la eliminación de la organización política administrativa de Sendero Luminoso, es decir, los mandos que no tenían armas. El ME 41-7 fue la Biblia con la cual desfilaron doce mil oficiales a las zonas de emergencia.-
¿Está de acuerdo con la propuesta del ministro Rey para que se le brinde un agradecimiento público a las FF.AA.?
Por supuesto. El Ejército es el que está asumiendo los costos de los políticos. Como militar en retiro, me da asco que las fuerzas políticas que más daño le hicieron a las fuerzas militares –el fujimorismo y el aprismo– quieran ahora colocarse de portaestandartes de los intereses de las FF.AA. Los políticos no quieren reconocer que ellos tuvieron responsabilidad en los excesos. Ese manual ME 41-7 tiene un responsable político y penal, y es Alan García Pérez.-
¿Y usted no cumplió con ese manual?
No, no lo hice y lo digo con orgullo. Es más, yo no me siento orgulloso de haber peleado en la guerra interna, la guerra contra Sendero Luminoso.-
¿Por qué?
Porque siento que defendí a un Estado 'perro muertero’, un Estado que estafó a la gente, que no cumplió sus promesas y que mantuvo a las poblaciones del interior en la miseria y en el abandono.-
¿Qué le parece el nuevo ministro de Economía, Luis Valdivieso?
No veo nada distinto y la economía se está sobrecalentando. Vivimos un proceso de crecimiento que no es equilibrado y vemos cómo se está dando el alza de los alimentos. Sabemos que la inflación es fundamentalmente por un factor de demanda interna y no como el gobierno señaló inicialmente, de que era una inflación importada.-
De estar usted en el poder, ¿qué haría para reducir la inflación?
Yo creo que en términos inmediatos hay que buscar mecanismos para bajar la presión del crecimiento de la demanda interna, sobre todo los créditos de consumo.- Pero eso es lo que justamente pretende hacer el Gobierno.
Creo que es una medida atinada. Tardía, pero atinada. Pero hay también medidas mediatas, y esto ya implica al modelo económico. Nosotros creemos que hay una alternativa al modelo económico neoliberal y es la economía nacional de mercado.-
En el Perú nos hemos acostumbrado tanto a crear nombres.
¿Qué es economía nacional de mercado? ¿Es lo mismo que economía social de mercado?
Estamos hablando de darle carácter nacional al mercado y de que este sea un instrumento de inclusión de las poblaciones en extrema pobreza.-
¿Qué significa darle un carácter nacional al mercado?
Por ejemplo, diferenciándonos con el modelo económico neoliberal.-
¿En qué diferenciarse?
Por ejemplo, el modelo económico neoliberal no requiere de un Estado fuerte, sino más bien reducir el Estado a su mínima expresión y que el mercado resuelva los problemas. Para nosotros es necesario un Estado fuerte, no necesariamente grande, pero que permita darle un carácter ético y nacional al mercado, sancionando las prácticas monopólicas y penalizando las inversiones que dañan el medio ambiente.- Pero todo eso también se exige en un modelo –como usted llama– neoliberal. No es un problema de modelo, sino de quiénes aplican ese modelo.
Yo creo que es un problema de modelo, porque es sistemático. En todos estos años ningún gobierno ha sido capaz de corregir estas distorsiones del mercado. Un segundo punto es que el modelo neoliberal no busca ampliar el mercado, sino fortalecer mercados locales que son rentables a sus intereses, como Lima y cuatro o cinco ciudades.-
¿Pero no está viendo que hay ciudades donde se está creciendo a velocidad?
Se está dando en sectores como el de la construcción, pero no en todos los sectores. Por ejemplo, si usted quiere viajar a Yurimaguas o Tumbes tiene que hacerlo por tierra porque no hay transporte aerocomercial.
¿Por qué LAN –que tiene el cuasimonopolio de la aviación comercial– no va a Huánuco?
Porque ese medio millón de huanuqueños no es mercado para LAN.-
¿Y qué haría en ese caso?
Ahí entra el Estado en su rol de promotor para generar, a través de incentivos tributarios, la cobertura de otras aerolíneas que lleguen a esas zonas. Promover la apertura de una aerolínea de bandera o de capital nacional que pueda competir con LAN y ampliar la cobertura.-
¿Cuál es su posición sobre la revocatoria presidencial?
Soy partidario de la revocatoria para todo funcionario que haya sido elegido por el voto popular. Es importante porque afirma el sistema democrático y no permite el cheque en blanco. Si hubiera sido presidente yo mismo me habría sometido a un proceso de revocatoria. Es parte de ser demócrata.-
¿Haría bien Alan García en impulsar un proceso de revocatoria presidencial?
Yo creo que haría bien. Quiero aclarar que no estamos impulsando una revocatoria del señor Alan García, pero en el futuro este tema debe tratarse. Yo sostengo que el proceso de revocatoria consolida la democracia.- Pero es una medida peligrosa. El presidente podría dejarse llevar por la demagogia con tal de complacer a la mayoría y superar el proceso de revocatoria.
¿No habría ese riesgo?
Definamos, entonces, si el proceso de revocatoria afirma la democracia o es mejor darle un cheque en blanco. La posición que usted dice es como plantear que el pueblo no es responsable, los ciudadanos no son ciudadanos.-
No. A lo que me refiero es que las decisiones de Estado no necesariamente despiertan pasiones populares y un presidente debe mirar a largo plazo.Bueno, el tema es
¿a qué vamos?
Ahí entra la calidad del jefe de Estado que escogemos. Si es un pelele que se deja llevar por el vaivén de las olas, la tesis de usted sería acertada; pero si escogemos a un estadista, yo creo que la tesis que usted plantea no sería acertada.-
¿No se siente también responsable de ese magro 9% de aprobación del Congreso, puesto que llevó en su alianza a legisladores hoy cuestionados?
Por supuesto, pero yo asumo mi responsabilidad. No soy un irresponsable. Nosotros los hemos destituido por haberse apartado de la línea programática que ofrecieron al pueblo. El problema es que otros los recogen. Nosotros, como una fuerza joven, no somos coautores de esa estafa. Somos víctimas, con el pueblo peruano, de esa estafa...-
¿Cómo que “víctimas con el pueblo peruano”? Usted los llevó en su lista.
¿Me deja terminar la respuesta?
Legalmente no puedo hacer más allá de expulsarlos. Por eso reclamamos facultades para que los partidos puedan destituirlos del Congreso.
¿Pero qué hace el Apra?
Recoge traidores y forma mayorías lumpenescas. Y no le extrañe que en la próxima Mesa Directiva estén José Anaya y Margarita Sucari.- Pero Anaya y Sucari estuvieron en su alianza. Su candidatura en el 2006 fue tan rápida que no pudo chequear bien a la gente que lo acompañaba.
No, no es cierto. ¿Qué significa chequear bien?
Usted hasta en su familia puede encontrar casos. Usted no puede tener el 100% de seguridad de esta gente porque así como hemos llevado gente que ha traicionado el proyecto, tenemos gente buena. A mí no me eche la culpa de que estos corruptos tengan más importancia de la que deben tener. Eso écheselo al Apra.-
¿Cómo piensa vencer el temor que su candidatura generó en ciertos sectores de la sociedad peruana?
Lo que tratamos de hacer es explicar mejor el discurso y mejorar nuestra propuesta económica. Hacer entender que es una propuesta que permite la inclusión de la gente en extrema pobreza, que permite agrandar el mercado y eso es un beneficio para los inversionistas. Tratamos de llegar a sectores que antes nos fueron esquivos, como algunos sectores de clase media de Lima.-
Dígame, ¿le puedo hacer una pregunta curiosa?
Me reservo el derecho de respuesta.-
El presidente ha dicho que no lo va a hacer, ¿pero participaría usted en Bailando por un sueño?
No. No soy buen bailarín.- Lo lamentamos, porque usted podría volver a bailar el tema Provócame de Chayanne.
En realidad, no sé de dónde salió esa información.-
De una ex enamorada suya en el programa de Jaime Bayly.
En realidad, no recuerdo haber bailado esa canción. Probablemente lo haya bailado. Yo bailaba música de los ochenta, de los setenta. Tuve una juventud normal, iba a fiestas, me divertía sanamente, pero no tenía una canción de preferencia. La verdad es que no soy muy flexible para el baile.

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El primer poder de la estafa




César Lévano


Un Congreso en el cual más de la mitad de sus miembros han pasado por la Comisión de Ética debido a faltas graves o delitos, ¿puede ser considerado el primer poder del Estado?
Se diría que ese simulacro de Parlamento escenifica a diario una ópera bufa, con la diferencia de que los personajes, en lugar de dar risa, provocan ira. José Anaya es sólo una de las joyas de la corona.Como varios de sus colegas, Anaya es un estafador por partida doble.
En primer lugar porque solicitó el voto de los ciudadanos en un bloque de bandera más bien antiaprista, y se ha convertido en peón clave para las maniobras del oficialismo, no porque sea un ejemplo de capacidad intelectual, sino porque es un carnero más en un redil sin principios. He ahí una auténtica estafa política.
Gracias a ese delito no configurado en el Código Penal, Anaya ha cometido otro que sí está descrito y sancionado por el Código: la estafa.Es éste un delito contra el patrimonio, definido en el capítulo quinto del Código Penal que lleva el título de “Estafa y otras defraudaciones”.
Sobre la estafa dice el Código: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”.
El agraviado en el caso Anaya fue el Congreso y, por lo tanto, el país. Esto indica que si los colegas y compañeros de Anaya buscan acusarlo por delito menor, para evitar la sanción que merece, algunos congresistas pueden emprender acción judicial contra él.
Quienes hemos vivido ya bastantes años sabemos que hubo épocas en las que descollaban parlamentarios ilustres. Una enumeración caótica e incompleta permite mencionar a José Gálvez, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Alfonso Benavides Correa, Mario Polar, Alfonso Montesinos, Carlos Malpica.
Pero en general, resultan válidas las palabras de Manuel González Prada, escritas en 1906, sobre “Nuestros Legisladores”, incluidas en Horas de Lucha:“No desde algunos años únicamente, sí desde los comienzos de la vida republicana, nuestras Cámaras Legislativas hicieron un papel tan degradante y servil, que muchos diputados y senadores merecieron figurar en la servidumbre de Palacio”.
O estas otras del mismo libro sobre “Nuestros Ventrales”: “Hoy no se concibe la existencia de partidos ni la formación de oposiciones desinteresadas. Los grupos no se constituyen por asociación de individuos bien intencionados, sino por conglutinación de vientres famélicos: no se alían cerebros, se juntan panzas con panzas”.
¡Qué mirada de águila la de don Manuel! Con un siglo de anticipación divisó puestos en la picota a José Anaya y sus cofrades.

García está muy nervioso




César Hildebrandt


Luis Alva Castro sigue incinerándose. Y como ya no puede echar al fuego la buena reputación que no tiene, ni la mala fama (que en su caso es incombustible), lo que echa cada día a las hogueras son toneladas de cocaína ficticia que su prensa fotografía en forma de humo.
Todos los días este ministro de habilidades diferentes dice que quema camionadas de pichicata. Y, claro, con la policía archipodrida que le sirve, puede enseñar actas que nada indican y decomisos de harina y descubrimientos de talco y alijos de sal fina y redadas de chuño.
Y es que lo que quiere este vástago del Apra es blanquearse, precisamente.
¿Y por qué quiere blanquearse el doctor Alva Castro?
Porque lo necesita. Y porque así se lo demanda su jefe y mandante, el doctor García.
Es que el doctor García está (él también) un poco nervioso por algunas cosas publicadas en los últimos tiempos. Algunos llegan a decir que el temblor de manos que lo empieza a emparentar hospitalariamente con el arquitecto Belaunde se habría agudizado por esa ansiedad que el litio y Canal 7 no logran calmar.
Entre esas publicaciones molestosas está la de Gustavo Gorriti y Sheila Díaz, miembros del equipo de prensa del hoy amenazado Instituto de Defensa Legal (IDL), en relación a ciertas proximidades palaciegas con el clan de los Sánchez Paredes, esa familia que tiene varios muertos y varios investigados pero que jura que sus muchos millones de dólares son puros como manantial y que sus minas son asunto de estos días y suerte de la bienaventuranza y de la geología.
¿Y cuáles son esas proximidades? Para empezar, Gorriti y Díaz han descubierto que la pareja García- Nores vendió, en el 2003, una camioneta Nissan Frontier a la empresa Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica, propiedad de los Sánchez Paredes.
La primera curiosidad es que nadie sabe cómo es que el doctor García logró que Nissan Maquinarias S.A. le vendiese, en el 2002, una camioneta que costaba 29,850 dólares al increíble precio “de promoción” de 18,000 dólares (redondos como un buen negocio). Digamos que el doctor García es un suertudo. Y por partida doble. Porque once meses después de haber obtenido ese descuentazo en Maquinarias, el doctor García le colocó el vehículo a la ya nombrada empresa Alta Tecnología..., de los Sánchez Paredes. Y la vendió a 22,000 dólares, cuatro más de lo que le había costado en las rebajas de Nissan.
Digamos que no sólo es suertudo sino que es un magnífico vendedor.Gustavo Gorriti y Sheila Díaz descubrieron también que en el año 2004 un policía de tránsito multó al conductor de esa camioneta de placa PIJ-441.
¿Quién conducía esa Frontier turbo-diesel de cinco asientos? Pues el señor Alfredo Sánchez Miranda, hijo de don Orlando Sánchez Paredes y muy querido sobrino de los malogradísimos Perciles y Segundo Sánchez Paredes, ambos asesinados a tiros por sendos sicarios y en ajustes de cuentas de la misma índole.
Alfredito Sánchez Miranda es quien acaba de acusar a Américo Zambrano, de “Caretas”, de difamar al clan familiar con sus investigaciones.Cuando la camioneta se vendió por segunda vez, quien representó a la empresa Alta Tecnología... fue el señor Belisario Estévez, que fue viceministro de Comercio en el primer y apocalíptico gobierno del doctor García. Esa transacción entre Estévez y García fue, por lo que se ve, un asunto entre conocidos.
Cuando el dúo Gorriti-Díaz preguntó por el caso en Palacio de Gobierno, ese ciempiés del alanismo sin fisuras que se llama Luis Nava –o sea el secretario privado de Su Excelencia- dijo que sí, que en efecto la camioneta se había vendido a Sánchez Miranda en el 2003, pero que todo era una casualidad, una coincidencia construida por el azar.-El doctor García puso un aviso en los clasificados de “El Comercio” y así se produjo la venta –habría dicho el doctor Nava.
Pero como Gorriti es como Humphrey Bogart cuando hacía de Marlowe, se pasó días buscando en la biblioteca respectiva el tal aviso. No encontró nada, por supuesto. Digamos que por la boca puede morir el ciempiés.Lo que sí encontró Gorriti fue que una empresa de carga llamada “Transportes Don Reyna” –propiedad de José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, el secretario presidencial- le había brindado algunos servicios regulares a la minera del clan Sánchez Paredes, la llamada “Comarsa”.
¿Qué? ¿Otra coincidencia? Así parece.
Gorriti y Díaz revelaron que entre el 12 de noviembre y el 30 de diciembre del 2003, “Transportes Don Reyna” hizo nueve esforzados viajes hacia la mina aurífera de los Sánchez Paredes. Por esos traslados camioneros de insumos químicos diversos, la empresa que gerenteaba el hijo de don Luis Nava cobró la suma de 76,429 soles (suma total de los nueve traslados).Pero si esos negocios y contactos son pura concurrencia de casualidades, lo que no parece ya casualidad es que en el primer directorio de la minera de los Sánchez Paredes figure –según ficha hallada por Gorriti y Sánchez- el también doctor Humberto Abanto, que fue gerente general de dicha empresa hasta el 2007. Abanto es un notorio allegado y protegido del doctor Luis Alva Castro, quien lo nombró asesor de una comisión del Congreso, en el 2001, y consultor de otra comisión –la de Economía- en el 2006 (cuando Alva Castro la presidía).
Ahora ya sabemos, entonces, por qué el doctor García está anhelante, por qué Alva Castro dice que quema toneladas de polvos blancos cada día, y por qué el Instituto de Defensa Legal, donde Gorriti y Díaz trabajan, está siendo objeto de una punitiva investigación ordenada “desde las más altas esferas”.
Mi saludo y mi admiración a Gorriti, a Díaz y al IDL.

Regiones en pie de guerra contra García

Presidente de Unión de Frentes Regionales confirma participación de regiones sureñas en protesta nacional del 7 de octubre

Las provincias se movilizan reclamando se detenga el alza del costo de vida.

DETALLE:
Dirigentes de los frentes regionales de la Amazonía, y representantes de las comunidades nativas y congresistas de la zona, también se reunirán en Yurimaguas el 20 y 21 se setiembre, en la III Cumbre Amazónica.

La Unión de Frentes Regionales confirmó ayer su participación en la protesta nacional del 7 de octubre, convocada por la Coordinadora Política y Social y en el marco de la Jornada Mundial de Lucha contra el Modelo Neoliberal. El presidente de la unión, Alfonso Valderrama señaló que será "una jornada nacional de lucha" contra la criminalización de las protestas sociales, el alza del costo de vida y la corrupción. Informó también el sábado 13, los frentes de Defensa de Moquegua, Patriótico de Tacna, de Defensa de Puno y Cívico de Arequipa, así como la Asamblea Regional del Cusco, se reunirán para coordinar la medida de lucha y exigir el cumplimiento de las siete actas firmadas por el gobierno con diversas regiones.
Entre esas actas se incluyen las firmadas con Áncash, para la devolución del proyecto Chinecas a la región; la de Huánuco, tras 30 días de paralización de la zona cocalera; con Loreto, tras la marcha contra la Ley de la Selva; con el Cusco por la derogatoria de las leyes contra el patrimonio cultural, y la más reciente, con Moquegua, por una mejor distribución del canon minero para esta región.
Pueblos se reúnen
La denominada Cumbre de los Pueblos de la Macrorregión Sur se realizará el 20 y el 21 de setiembre, en Puno. El encuentro reunirá a representantes de organizaciones comunales y sindicales, juntas de regantes, parceleros y otros grupos sociales. Durante el encuentro se coordinará una gran medida conjunta de protesta contra el gobierno central y los gobiernos regionales, por la falta de atención a las demandas sociales. De manera particular, se abordará la situación de las comunidades afectadas por la minería. La Macrorregión Norte tiene prevista una reunión similar para el 27 y el 28.

Lucha contra corrupción es un cuento

El gobierno no tiene voluntad para investigar los actos de corrupción en los que está comprometido, afirmó el congresista Yonhy Lescano, al comentar los recortes presupuestales a la Contraloría General y la Procuraduría Anticorrupción.
“Hay irregularidades por todos lados; allí están los casos del Banco de Materiales, la frustrada compra de patrulleros y la adquisición de pertrechos para la Policía Nacional, la pretensión de vender el Aeroclub de Collique, la venta del local del Ministerio de Educación y otros casos”, afirmó.
De este modo, comentó, la decisión del Ejecutivo de recortar los fondos que necesita la Contraloría para el seguimiento al “shock de inversiones”, la construcción de la Carretera Interoceánica y los cuantiosos gastos que desarrolla la municipalidad de Lima.

Dirigentes acusan de provocador al Premier

Ante protestas y reclamos de la población, Del Castillo afirma que la oposición trata de desestabilizar al gobierno y la democracia


Premier Jorge del Castillo prendió la mecha de los reclamos con su actitud.

DETALLE:
Una jornada nacional de lucha ha sido convocada por la Coordinadora Política y Social para el 7 de octubre. Participarán organizaciones populares y partidos políticos que, junto a la población, realizarán movilizaciones pacíficas, plantones de protesta y paralizaciones en algunos lugares, señaló López.
En una actitud que fue calificada de provocadora por dirigentes sociales y que parece motivada por la caída en picada de la popularidad presidencial, el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, lanzó duras críticas contra las fuerzas sociales y partidos de oposición y los acusó de sabotear la democracia y atentar contra la gobernabilidad del país al aprovechar, supuestamente, los reclamos populares para crear una situación de inestabilidad social contra la democracia y deponer al gobierno.
Ante estas acusaciones, la respuesta del vocero de la bancada nacionalista, Fredy Otárola, fue contundente. Aclaró que “el principal desestabilizador es el propio gobierno, con su ineficiencia, el incumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña electoral y su incapacidad para detener el alza de los alimentos”.
“Ellos saben que su política está haciendo agua y que nos están llevando, por segunda vez, al cadalso. Por eso buscan chivos expiatorios, pero ni en eso tienen éxito, porque ya nadie les cree”, agregó.Otárola negó que su agrupación intente desestabilizar al gobierno. “Por eso no apoyamos el pedido de la revocatoria presidencial y queremos que el presidente Alan García termine su segundo mandato”, insistió.
Por su parte, el vicepresidente de la CGTP, Olmedo Auris, afirmó que las declaraciones del premier constituyen “una provocación y una burla al hambre y las aspiraciones de justicia de la población”.Sostuvo que las protestas y el desborde popular tienen su origen en la difícil situación económica de las grandes mayorías, que buscan un canal de expresión dentro del marco legal constituido, pero no son atendidas por el gobierno.
Auris dijo también que el llamado hecho por Del Castillo para alcanzar un acuerdo que garantice la paz social y el orden interno durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), en noviembre, está fuera de lugar. La CGTP ha advertido que si las demandas sociales no son atendidas, habrá protestas durante esa cumbre y ha adelantado que repudiará la presencia en el Perú del presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El secretario general del Movimiento Nueva Izquierda, Nílver López, a cuya organización se le atribuye casi todas las acciones de protesta que se realizan en el país, dijo que el verdadero agitador de la lucha popular es el modelo neoliberal, que ahoga el progreso de los pueblos del interior y condena a la pobreza a los trabajadores de la ciudad y el campo. Por su parte, el ex parlamentario y dirigente de izquierda Renán Raffo, recordó que siempre se ha tratado de desacreditar a la izquierda para responsabilizarla por el fracaso del gobierno y reprimirla, en la idea que así puede acallar la protesta popular.
“El gobierno se equivoca porque detrás de la protesta está el descontento popular, que exige el cumplimiento de las promesas y que se solucione la plataforma de lucha del último paro nacional: aumento general de sueldos y salarios y detener el alza del costo de vida.
Dice que quiere acuerdo de paz
El premier Jorge del Castillo anunció ayer que propondrá un acuerdo que asegure la tranquilidad en la ciudad durante entre los días16 y 23 de noviembre, mientras se realiza la cita cumbre del Foro APEC en Lima, pero atacó a las fuerzas sociales aludidas en su convocatoria.
El número dos del régimen aprista atentó contra las condiciones necesarias para un acuerdo de distensión, al calificar de extremistas y hasta conspiradores antidemocráticos a quienes apoyan o participan en las protestas sociales.
Intentó al mismo tiempo minimizar la caída vertiginosa del presidente Alan García en las encuestas y reiteró el recurrente argumento de que el descontento se debe solamente a la inflación y que esta es importada. Insistió en la receta gubernamental de programas sociales asistencialistas para aliviar la difícil situación de los sectores populares.
Lanzó ataques por doquier, en especial contra el Partido Comunista-Patria Roja, el líder sindical Mario Huamán y hasta contra el opositor moderado ex presidente Alejandro Toledo, por haber dicho este que el presidente Alan García debe dejar de preocuparse por los ricos y debe en cambio preocuparse por los pobres. Lo llamó oportunista y hasta insinuó que es un bebedor, al pedirle ecuanimidad y decir que su gobierno dejó la mesa servida, “pero de trago”.
Sobre su propuesta de un acuerdo de paz, sostuvo que la idea es proyectar la imagen de un país estable y para ello es necesario que, al menos durante los días de la reunión, no ocurran protestas en las calles ni paralizaciones. Del Castillo señaló que el escenario para lograr ese pacto de paz social podría ser el Acuerdo Nacional (UN), instancia abandonada por la CGTP. Dijo que hay sectores que buscan mellar la imagen del país, “y con ello los únicos perjudicados son los propios peruanos”.

El caso de los 5 y la perfidia del imperio

Por Gustavo Espinoza M.


En los próximos días, y más precisamente el 12 de septiembre, se cumplirán diez años de la detención de René González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y René González, los cinco jóvenes cubanos que, arriesgando sus vidas, se incorporaron en los grupos terroristas que operan en el Estado de La Florida por iniciativa de la llamada "Fundación Cubano Americana" y que actúan bajo las orientaciones de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos; para conocer sus planes y desactivar sus fechorías.
Como se recuerda, desde el primer momento de su detención, "los 5" -como se le conoce hoy- sufrieron los estragos de una represión inicua. Durante los primeros 17 meses de cautiverio permanecieron incomunicados, sin recibir siquiera visita de sus abogados, lo que está regulada por las normas internacionales del derecho.
En los meses y años siguientes, han visto siempre reducidas y restringidas las posibilidades de visita de sus familiares. René González, por ejemplo, no ha podido reunirse ni una sola vez con esposa y tener una relación real con su hija, la pequeña Ivette.
La perfidia del Imperio se ha impuesto dejando de lado los preceptos más elementales del Derecho Penal Humanitario.
El mismo proceso al que fueron sometidos y en el que fueran sentenciados los 5 en la Corte de Miami constituyó un ejemplo emblemático de la crueldad elevada a la categoría de procedimiento jurídico.
Las sentencias emitidas por la corte, pintan de cuerpo enero esa realidad. Gerardo Hernández Nordelo, por ejemplo, Graduado en Ciencias Políticas en 1989 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores -es decir, un profesional a carta cabal-; fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de cárcel.
¿Podría alguien cumplir una sentencia de esa magnitud?
Ramón Labañino –graduado con Diploma de Oro en la licenciatura de Economía de la Universidad de La Habana- tendría que vivir toda su vida en prisión, pero su cadáver quedaría allí, en la celda, 18 años más hasta que se cumpla la sentencia contra él dictada.
La misma suerte tendría que correr Antonio Guerrero, el ingeniero especialista en la construcción de Aeródromos graduado en la Universidad de Kiev y delicado poeta. Después de su muerte, tu cuerpo tendría que permanecer en prisión 10 años más.
Es verdad que Fernando y René González recibieron condenas menores, pero 19 años de cárcel en un caso y 15 en el otro, no son poca cosa sobre todo cuando se proyectan sobre personalidades descollantes de la vida intelectual de su país, empeñados en una lucha tan humana y tan justa como la batalla contra el terrorismo.
Hoy se sabe que "los 5" tuvieron su libertad en las manos. A ellos, el gobierno de los Estados Unidos les ofreció "trato benévolo" si firmaban un documento reconociendo que habían sido enviado por el gobierno de Cuba para espiar al vecino del norte. Ellos rechazaron la oferta en una patriótica mezcla de indignación y orgullo.
Y la rechazaron –como lo dijo el abogado de la causa, Roberto González- porque comprendieron a cabalidad que habían ido a los Estados Unidos a cumplir un papel como escudos de su patria; y suscribir un documento así los convertiría automáticamente en lanzas contra ella.
Cuando ocurrieron los hechos, el Comandante Fidel Castro dijo premonitoriamente: "el mundo habrá de conocerlos. Y luego recuperarán su libertad".
Hoy estamos viviendo la primera etapa de esa profecía. Pero el mundo no sólo los está conociendo, si no también está luchando de manera creciente y sostenida por su libertad. Contra la voluntad de los halcones del Imperio, la segunda parte de la visión de Fidel comienza a cumplirse.
Y ese es el sentido de la III Jornada Mundial por la Libertad de los 5 que actualmente se celebra en casi todos los países del mundo. En Buenos Aires o en Ciudad de México, o Lima o en París; en Londres o en Hanoi; en Lisboa o en Atenas; en todas partes millones de personas de toda condición social, lengua, color de piel, convicción política, creencia religiosa, profesión u oficio; se vuelca a las calles en una lucha que refleja la voluntad solidaria de los pueblos de los cinco continentes.
Pero las autoridades de los Estados Unidos no han querido permanecer al margen de esta jornada. Se han sumado a ella, a su manera, claro. Y han impuesto dos medidas complementarias:
El pasado 2 de septiembre la Corte Federal de Atlanta resolvió rechazar la apelación presentado por los abogados de la Causa y confirmó la sentencia del 4 de junio disponiendo además que la Jueza Lenard -de triste recordación en el tema- hiciera un procedimiento adicional contra Ramón, Fernando y Antonio, que bien podría concluir con una sentencia mayor.
Pero para no quedarse atrás, las autoridades migratorias de los Estados Unidos denegaron por novena vez consecutiva el pedido presentado por Olga Salanueva para obtener una visa que le permita visitar a su esposo, Rene González. Sólo que ésta vez, la decisión migratoria incluye un añadido: la prohibición se extiende en el tiempo y no será concedida en ningún caso en el futuro.
Los funcionarios de las entidades migratorias de los estados Unidos parecen sentirse dueños del país, pero no sólo hoy, sino a perpetuidad, por siempre. Como se dice, "por eterna memoria".
La indignación de los pueblos debe hacerse cada vez más evidente ante infamias de esta magnitud.
Y debe incluir a todos: demócratas, gentes progresistas, personas de ideas avanzadas. Y también por cierto, a los revolucionarios de los más diversos matices.
No se trata aquí, siquiera, de una causa de Cuba. Es ésta, una causa de la humanidad, de la justicia, del decoro y de la dignidad de hombres y de pueblos.
Por eso, cuando el próximo viernes 12 de septiembre, reunidos en el Parque Washington de Lima, los peruanos expresemos firmemente nuestra identificación con los 5, no estaremos sólo hablando de un episodio de la historia.
Evocando a César Vallejo, nuestro mayor poeta, aludiremos a los Jueces de los Estados Unidos diciendo:
"¡Paquidermos en prosa cuando pasan
y en verso cuando páranse!
roedores que miran con sentimiento judicial en torno
¡Oh Patrióticos asnos de mi vida…!"

Y tendremos el frente a los 5 para decirles como el autor de Poemas Humanos:
"¡Salud, oh creadores de la profundidad …
(¡es formidable!)