SPAN.firstcap { font-size:250%; font-weight:bold; color:#000000; float:left; line-height:30px; width:0.75em; }

García busca control de todos los poderes

Mario Huamán también habla sobre la criminalización de protestas y conexión Montesinos-García. “Caso Madre de Dios se parece demasiado a los sucesos del Banco de la Nación”, dice.


Huamán: “Tomando casos aislados del paro, el gobierno pretende criminalizar todas las protestas”.
DETALLE: Durante el Paro Nacional, la sede de la Casa de Gobierno de Madre de Dios fue incendiada. De inmediato, los representantes del gobierno, como el presidente García y el premier Del Castillo culparon de ello a los manifestantes llamándolos “turbas primitivas” y exigieron a los organizadores del paro que respondan por estos hechos. Este caso, según Huamán, se parece al de la destrucción del Banco de la Nación, durante la Marcha de los Cuatro Suyos el 28 de julio de 2000.


El presidente García insiste en avalar lo dicho por Montesinos contra el Sutep…Será porque tienen muchas coincidencias… yo pienso que darle credibilidad a Montesinos constituye una afrenta a los peruanos.


¿A qué atribuye esta actitud de García?
A que la ligazón del APRA con Montesinos no es un hecho aislado sino orgánico. Recordemos que Agustín Mantilla, siendo secretario general del APRA y ex ministro del Interior recibió 30 mil dólares de Montesinos.

¿García luchó con ustedes contra la dictadura?
No. Él huyó cuando su casa fue allanada. Luego se vio obligado a pedir asilo en Colombia y después se fue a París.

¿Qué ve detrás de la criminalización de la protesta?
Será un gran problema; y es que García cree que puede dirigir todos los poderes del país. Cuando eso ocurre, cuando se invade el fuero del Poder Legislativo y el Congreso no ejercita el control político, se convierte en un gobierno autoritario con signos dictatoriales.

¿Qué pasó en Madre de Dios?
Es algo que debe investigarse. La CGTP de Madre de Dios nos comunicó que la marcha, en su tercer día de paro, transcurría sin ningún contratiempo…

¿Con qué hecho lo compararía?
Los incendios de Madre de Dios y del Banco de la Nación se parecen mucho. Ahora que están halagando al señor Montesinos, alguna vinculación deben tener. Hay que investigar lo de Madre de Dios.

¿Las protestas responden a consignas foráneas?
Es un invento del presidente García, porque le hemos pedido que cumpla sus compromisos en materia económica, política y social. Él ingresó con banderas de cambio; urge por lo tanto, que se haga una mea culpa y deje de decir que sólo el dos por ciento paró.

¿Buscan desestabilizar el país?
No somos enemigos de la democracia sino parte de ella, pero queremos que tenga su componente económico y social. El crecimiento tiene que ir acompañado de distribución, aumento de sueldos, salarios y pensiones.

¿Hay un complot para derrocar al gobierno?
Si es que hay un complot, es del propio gobierno que no cumple sus ofrecimientos electorales.

¿El 4 de noviembre habrá otro paro?
El 4 de noviembre no hay huelga (risas)… El servicio de inteligencia del APRA está por los suelos, lo cual demuestra el estado de nervios del Ejecutivo, su ceguera política, su sordera…

¿Qué pasará entonces?
Para ese día se ha convocado a la Asamblea Nacional de los Pueblos, que supone una unidad mayor a la expresada en la Coordinadora Política y Social.


Vilma Escalante
Redacción

Militarizar VRAE

Es la consigna de la prolongación del Estado de Emergencia en el centro del país, dice Tapia. Waisman afirma que es consecuencia del paro.


Analista afirma que Gobierno quiere presencia militar en VRAE.

DETALLE: La norma es refrendada por el presidente de la República, Alan García Pérez; el jefe del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; los ministros de Defensa, Antero Flores-Aráoz; del Interior, Luis Alva Castro; y de Justicia, Rosario Fernández.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en diversas provincias y distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín; según el Decreto Supremo Nº 046-2008 publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Para el analista Carlos Tapia, esta medida no es más que la continuación de una estrategia para copar con militares norteamericanas la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). “Con esto el problema de los cultivos de hojas de coca va continuar y hasta se podría agravar”, dijo Tapia.Mientras que para el congresista David Waisman, la prolongación del estado de emergencia es consecuencia del paro nacional realizado el último miércoles. El referido decreto señala que por 60 días, a partir del 18 de julio, la medida se prorroga en las provincias ayacuchanas de Huanta y La Mar; en la provincia huancavelicana de Tayacaja, y en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba, de la provincia cusqueña de La Convención. De igual manera en la provincia de Satipo, en los distritos de Andamarca y Comas de la provincia de Concepción y en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de Huancayo, en el departamento de Junín, señala el dispositivo. Además, se indica que esta medida responde a que “está por vencer el plazo de vigencia del actual estado de emergencia, por lo que aún subsisten las condiciones contrarias al orden interno que determinaron la ampliación de la declaratoria en las provincias y distritos mencionados”.

Sentados en un banco de oro



César Hildebrandt
Al escribir estas líneas acababa de morir en Pataz, región La Libertad, Manuel Yupanqui Ramos (23 años).
Yupanqui era uno de los seis mineros heridos de bala por la policía en las cercanías del yacimiento de oro que explota en Pataz Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA).
Un compañero de labores llamado Rosario Castillo Ramos había sido operado de emergencia por una herida de bala en el abdomen y su estado era grave. Yupanqui fue herido en el pecho.
Otros cuatro trabajadores presentaban lesiones de armas de fuego, pero tenían un buen pronóstico médico.Todo ocurrió ayer. Y según la versión del secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros, Luis Castillo, todos los testigos señalan que la policía parecía tener órdenes de provocar el enfrentamiento.
“Los mineros estaban protestando pacíficamente y la policía llegó de otro sitio para rodearlos. No había ninguna necesidad de hacer eso porque nadie estaba causando daños a nada ni a nadie. Sólo se estaba protestando porque MARSA se niega a entregar las utilidades que corresponden al año 2007”, dijo Castillo a una emisora radial de Trujillo.La verdad completa es que algunos piquetes de los dos mil mineros que han paralizado sus labores habían bloqueado la carretera que conduce a Pataz. En la conciencia del ministro Alva Castro se librará el debate en torno a si despejar una carretera vale un muerto y otros cinco heridos de bala.
Lo cierto es que doscientos policías salieron de Tayabamba rumbo al anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy y provincia de Pataz, requeridos por los ejecutivos de MARSA, cumpliendo órdenes impartidas desde Lima por el ministerio del Interior y dispuestos a escarmentar a quienes empezaron el 30 de Junio una huelga sectorial que fue levantada hace tres días pero que ellos prosiguieron a nivel local.Y por supuesto que MARSA se parapeta, entre otros argumentos, en el hecho de que la ley sobre el reparto de las utilidades mineras está atorada en los drenajes siempre a tope del Congreso -y en esto la bancada del señor Ollanta Humala tiene una gran cuota de responsabilidad-.Si en las próximas horas sucede algo aún más grave que lo que ha pasado ayer, nadie podrá decir que no estuvo notificado de la situación.
Los auxilios bomberiles del régimen parecen haber empezado también una huelga de brazos cruzados.Si el dinero fuera líquido, las empresas mineras tendrían mar propio y océano comanditario. Entre 1990 y el 2007 las exportaciones minerales pasaron de tres mil millones a diecisiete mil trescientos millones de dólares. Y mientras, en ese mismo lapso, el PBI genérico creció un 109 por ciento, el PBI minero lo hizo en un 135 por ciento. Sólo el año pasado MARSA incrementó su producción en 36 por ciento.
Pero así como la del guano fue “la prosperidad falaz”, la abundancia minera resulta un cruel espejismo para la mayor parte de los trabajadores del sector. De los 101,192 trabajadores mineros censados por el ministerio de Energía y Minas sólo el 36 por ciento está en planilla (“empleo decente”, para usar la terminología del doctor García).
El resto labora bajo el régimen de contratas, en subsidiarias muchas veces engañosas de las propias mineras, y con precarios contratos que se renuevan cada tres o seis meses. Y el salario promedio de un service está entre los 25 y los 30 soles diarios, uno de los más bajos de América Latina. ¿Y cuánto gana un trabajador de socavón formalizado en la planilla de Shougang? Pues 43 soles diarios, un jornal que poco tiene que ver con las cifras de la bonanza corporativa y menos todavía con un oficio que conoce de jornadas de doce horas diarias y reduce en diez años el promedio de expectativa de vida.
Para no hablar de la siniestralidad, que en un 75% de los casos ocurre, cuando de accidentes fatales se trata, en los llamados services mineros, ínsulas infames donde las leyes no llegan y la atmósfera es la de las viejas enganchadoras que se mueven como sombras en el “Tungsteno” de Vallejo y en la saga del Garabombo que Scorza hizo galopar.Las cinco primeras empresas del Perú en la lista del éxito hecha por la publicación “The Top 10,000” son mineras.
Y la primera es Southern, que sólo en el 2006 tuvo utilidades netas (después de pagar impuestos) por valor de 1,273 millones de dólares. Y un cálculo de Humberto Campodónico respecto de las sobreganancias mineras en el 2007–es decir lo que obtuvieron como añadido por el incremento de ese año en el precio internacional de los metales- nos pone ante la sideral cifra de 12,000 millones de soles. Estamos hablando de 12,000 millones de soles ¡sólo de sobreganancias! ¡Y de 22,000 millones por el mismo concepto si sumamos los años 2005 y 2006!Eso está muy bien. Pero estaría mucho mejor si esa cornucopia salida del Reino de Nunca Jamás fuese menos mezquina con los de abajo y si el gobierno hubiese llegado a un arreglo más digno con la gran minería. Sólo con un razonable 10% de impuestos sobre esas ganancias no previstas el Estado habría obtenido dos mil y doscientos millones de soles para hacer obra social.Mientras tanto, en MARSA, aquella mina que Raimondi merodeó con su vista de lince, a los mineros los abalea una policía que parece la Forza de Yanacocha, la benemérita de la Cerro de Pasco, la de asalto de los tiempos de Toquepala.
Y es que cuando García habla de “conspiración comunista para traerse abajo la democracia” no sólo está rebobinándose a los tiempos del muro de Berlín sino que está emitiendo señales químicas que Alva Castro interpreta salivando y el general Salazar rastrillando y los descendientes del famoso Marsano del fujimorismo mirando sentados en su banco de oro.
Todo como siempre.

Otro muerto en el prontuario


César Lévano

Alan García debe de sentirse feliz. Ya tiene otro muerto en su prontuario. Un minero acribillado, en Pataz, es su nuevo galardón.Se ha cumplido al pie de la letra el Decreto Legislativo que dictó en julio del año pasado, el cual modificaba el artículo 20 del Código Penal y autorizaba a la fuerza pública a matar o causar lesiones, siempre que sea con sus armas de reglamento.“Si así lo hicieren, gozarán de impunidad”, subrayamos en nuestra columna del 25 de julio del 2007.

El nuevo crimen del régimen alanista no sólo confirma su naturaleza represiva y prooligárquica, sino que revela hasta qué punto se incumplen las recientes medidas, supuestamente, favorables al sector laboral.En efecto, los 3,900 trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retama S.A. (Marsa) estaban en huelga desde el 30 de junio. Reclamaban su participación en las utilidades del 2006 y el 2007 que Marsa les desconoce, escudándose en nueve empresas contratistas, es decir, nueve services.Por supuesto, los trabajadores habían acudido, inútilmente, a las autoridades del Ministerio de Trabajo.No hubo enfrentamiento.

Ocurrió una agresión policial, ordenada desde Lima. Aparte del obrero muerto, Miguel Jesús Yupanqui, hay, cuando esto escribimos, otro, Rosario Castillo, en estado muy grave, y varios heridos más.Para García, el de ayer debe de haber sido de gran contentamiento. En primerísimo lugar porque su compañero Carlos Mesía ha asumido la presidencia del Tribunal Constitucional, justo en una época en que éste debe ver la matanza de los penales consumada por orden del Presidente Alan García (primer período) en complicidad con Luis Giampietri, hoy vicepresidente de la República.Puede parecer anecdótico, pero el hecho es que el lunes último Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, acudió al Tribunal Constitucional y se encerró allí con el doctor César Landa, el ahora renunciante presidente del Tribunal. Según rumores fundados, fue a presionar y amenazar.García y su entorno están muy preocupados por el caso de la matanza de los penales, en particular El Frontón. Les conviene que el Tribunal Constitucional se pronuncie en su favor, aunque, como es sabido, los delitos contra los derechos humanos no prescriben.

Detrás de los balazos contra los mineros hay un contexto amenazante. Sus expresiones son:

1. La campaña de calumnias contra la CGTP y las organizaciones políticas y sociales del pueblo.

2. El afán de enjuiciar y apresar a los dirigentes sindicales.

3. La persistencia de medidas contra los obreros y los campesinos, medidas a las cuales se “reforma” para empeorarlas.

El trasfondo es el miedo, el pavor del régimen frente al rechazo del país, cuando se acerca su segundo aniversario y en el horizonte se espesan las nubes de una crisis económica.

Represión policial deja minero muerto

200 policías enfrentan a mineros en Pataz. Otros cinco obreros de Marsa se debaten entre la vida y la muerte.


Protestaban por sus derechos, fueron reprimidos y baleados por los policías.

Más represión mortal. Un minero de la empresa la Minera Aurífera Retama S.A. (MARSA) falleció abaleado como resultado de la violenta represión ejercida por 200 policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía en el distrito Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, lugar donde se encontraban concentrados los mineros y principal entrada de la mina, que se mantiene cerrada hace 13 días como medida de protesta, siendo la queja principal que el sistema de contratas o tercerización (empresas fachada) deja sin derechos a miles de trabajadores.Según informó el corresponsal de LA PRIMERA, Juan Guerrero, la victima mortal fue identificada como Miguel Jesús Yupanqui Ramos, mientras que otros cinco resultaron heridos de bala, siendo el estado de Rosario Castillo Ramos (35) el más grave, ya que los proyectiles perforaron sus intestinos. Los otros heridos son: Jorge Huanaco Tutupa (30), Ricardo Chava Gómez (49), Luis Saldaña Enríquez (28) y Walter Ruiz Romero. Se supo que otro destacamento llegaba en camino, los trabajadores quisieron repelerlos, pero recibieron disparos en respuesta. Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP) informó a LA PRIMERA que los trabajadores de MARSA no tomaron la mina, sino que estaban realizando sus actividades de protesta en otro sector pero fueron "provocados" por la Policía.Sostuvo además que realizaron su medida de fuerza el 30 de junio, junto a la paralización de la Federación Minera, pero que ellos no levantaron su huelga debido a que los representantes de la empresa incumplen los compromisos asumidos referentes al pago de las utilidades de los años 2006 y 2007 para 3 mil 900 trabajadores.El conflictoCastillo explicó que los obreros trabajan formalmente para nueve empresas contratistas, las cuales sirven de “fachada” a la empresa Marsa, que no reconoce las utilidades de 3900 trabajadores mineros aduciendo que acumularon pérdidas, algo desmentido por el dirigente minero ya que son uno de los principales extractores de oro. Sostuvo además que las dependencias del Ministerio de Trabajo no defienden los derechos laborales de los trabajadores, pues mencionó que en la minera Marsa se realizó una inspección, por la cual se ordenó el pase a planilla de 2 mil trabajadores, sin embargo la dirección Regional de Trujillo regresó a fojas cero el expediente, ocurriendo lo mismo en otras regiones.
Dayhana Cam
Redacción