
García busca control de todos los poderes

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Militarizar VRAE

DETALLE: La norma es refrendada por el presidente de la República, Alan García Pérez; el jefe del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; los ministros de Defensa, Antero Flores-Aráoz; del Interior, Luis Alva Castro; y de Justicia, Rosario Fernández.
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Sentados en un banco de oro
César Hildebrandt
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Otro muerto en el prontuario
Alan García debe de sentirse feliz. Ya tiene otro muerto en su prontuario. Un minero acribillado, en Pataz, es su nuevo galardón.Se ha cumplido al pie de la letra el Decreto Legislativo que dictó en julio del año pasado, el cual modificaba el artículo 20 del Código Penal y autorizaba a la fuerza pública a matar o causar lesiones, siempre que sea con sus armas de reglamento.“Si así lo hicieren, gozarán de impunidad”, subrayamos en nuestra columna del 25 de julio del 2007.
El nuevo crimen del régimen alanista no sólo confirma su naturaleza represiva y prooligárquica, sino que revela hasta qué punto se incumplen las recientes medidas, supuestamente, favorables al sector laboral.En efecto, los 3,900 trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retama S.A. (Marsa) estaban en huelga desde el 30 de junio. Reclamaban su participación en las utilidades del 2006 y el 2007 que Marsa les desconoce, escudándose en nueve empresas contratistas, es decir, nueve services.Por supuesto, los trabajadores habían acudido, inútilmente, a las autoridades del Ministerio de Trabajo.No hubo enfrentamiento.
Ocurrió una agresión policial, ordenada desde Lima. Aparte del obrero muerto, Miguel Jesús Yupanqui, hay, cuando esto escribimos, otro, Rosario Castillo, en estado muy grave, y varios heridos más.Para García, el de ayer debe de haber sido de gran contentamiento. En primerísimo lugar porque su compañero Carlos Mesía ha asumido la presidencia del Tribunal Constitucional, justo en una época en que éste debe ver la matanza de los penales consumada por orden del Presidente Alan García (primer período) en complicidad con Luis Giampietri, hoy vicepresidente de la República.Puede parecer anecdótico, pero el hecho es que el lunes último Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, acudió al Tribunal Constitucional y se encerró allí con el doctor César Landa, el ahora renunciante presidente del Tribunal. Según rumores fundados, fue a presionar y amenazar.García y su entorno están muy preocupados por el caso de la matanza de los penales, en particular El Frontón. Les conviene que el Tribunal Constitucional se pronuncie en su favor, aunque, como es sabido, los delitos contra los derechos humanos no prescriben.
Detrás de los balazos contra los mineros hay un contexto amenazante. Sus expresiones son:
1. La campaña de calumnias contra la CGTP y las organizaciones políticas y sociales del pueblo.
2. El afán de enjuiciar y apresar a los dirigentes sindicales.
3. La persistencia de medidas contra los obreros y los campesinos, medidas a las cuales se “reforma” para empeorarlas.
El trasfondo es el miedo, el pavor del régimen frente al rechazo del país, cuando se acerca su segundo aniversario y en el horizonte se espesan las nubes de una crisis económica.
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Represión policial deja minero muerto

contraban concentrados los mineros y principal entrada de la mina, que se mantiene cerrada hace 13 días como medida de protesta, siendo la queja principal que el sistema de contratas o tercerización (empresas fachada) deja sin derechos a miles de trabajadores.Según informó el corresponsal de LA PRIMERA, Juan Guerrero, la victima mortal fue identificada como Miguel Jesús Yupanqui Ramos, mientras que otros cinco resultaron heridos de bala, siendo el estado de Rosario Castillo Ramos (35) el más grave, ya que los proyectiles perforaron sus intestinos. Los otros heridos son: Jorge Huanaco Tutupa (30), Ricardo Chava Gómez (49), Luis Saldaña Enríquez (28) y Walter Ruiz Romero. Se supo que otro destacamento llegaba en camino, los trabajadores quisieron repelerlos, pero recibieron disparos en respuesta. Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP) informó a LA PRIMERA que los trabajadores de MARSA no tomaron la mina, sino que estaban realizando sus actividades de protesta en otro sector pero fueron "provocados" por la Policía.Sostuvo además que realizaron su medida de fuerza el 30 de junio, junto a la paralización de la Federación Minera, pero que ellos no levantaron su huelga debido a que los representantes de la empresa incumplen los compromisos asumidos referentes al pago de las utilidades de los años 2006 y 2007 para 3 mil 900 trabajadores.El conflictoCastillo explicó que los obreros trabajan formalmente para nueve empresas contratistas, las cuales sirven de “fachada” a la empresa Marsa, que no reconoce las utilidades de 3900 trabajadores mineros aduciendo que acumularon pérdidas, algo desmentido por el dirigente minero ya que son uno de los principales extractores de oro. Sostuvo además que las dependencias del Ministerio de Trabajo no defienden los derechos laborales de los trabajadores, pues mencionó que en la minera Marsa se realizó una inspección, por la cual se ordenó el pase a planilla de 2 mil trabajadores, sin embargo la dirección Regional de Trujillo regresó a fojas cero el expediente, ocurriendo lo mismo en otras regiones.
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