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ESTADO EXCLUYENTE E INSURGENCIA

Lun, 18/05/2009 -

Por: Javier Diez Canseco

Si algo fundamental –entre tantas cosas importantes– pone sobre la mesa la lucha de las comunidades amazónicas es el desconocimiento del Perú pluricultural, pluriétnico y plurinacional por parte del viejo Estado. Lo que es insostenible es la consiguiente exclusión histórica de los pueblos originarios. García y su proyecto “modernizador” reafirman esta visión del Estado.

“Las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo” ha dicho como pavo hinchado. ¿Será la selva un área despoblada, en la que nadie vive ni posee nada, de la que no depende la vida de nadie ni hay derechos constituidos? ¿Son sus habitantes –con siglos viviendo de ella– solo posesionarios precarios sin derechos, cuyas condiciones de vida, territorios o desalojo dependen de la simple decisión política de García? ¿Su vida depende del interés –o no– de la gran empresa privada en explotar los recursos existentes en las áreas que ocupan? ¿Son fantasmas “tolerados” en “ghettos” temporales?

Sin consulta alguna –obligatoria según en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas– García, maníaco sabelotodo, resolvió “modernizar” la Amazonía. Le hizo el “favor” a “perros del hortelano” que ni entienden y ni pueden opinar del tema. Papá García, mal usando la delegación de facultades legislativas para el TLC con EEUU que le dio el Congreso, promulgó una serie de DL que eliminan la protección constitucional y legal a las tierras comunales, la negociación de servidumbres para explotar recursos existentes en esas tierras –de campesinos y nativos– y dejan el tema al Estado central (DL 164). Fujimori inició ese proceso en la costa y sierra. García lo quiere extender. Imagínese Ud. que, por simple decisión del Estado, una empresa minera o petrolera explote un recurso en el parque del vecindario, bajo su casa o su trabajo, que pueda usar y contaminar el agua del barrio para su negocio, sin consultarles nada a los vecinos. ¿No se indignaría, no se alzaría?

García usó todas las artimañas. Quiso imponer que las comunidades (nativas y campesinas) puedan convertir su propiedad colectiva en parcelas privadas vía asambleas sin condiciones y por mayorías simples (DL 1081 y 1083, derogados con la huelga de agosto del 2008). Con los DL 1020 y 1089 busca que COFOPRI titule la tierra comunal vinculando ese proceso a darles crédito a quienes pongan la tierra como garantía, la que se ejecuta y toma si no se paga puntualmente. Y el Congreso dio una Ley de Recursos Hídricos que abre las puertas a la administración privada del agua y que pone en igual de condiciones el uso de la misma para actividades extractivas (mineras o petroleras) que para el agro. Y así, otras mañas similares para abrir las puertas a la concentración de grandes territorios en manos de empresas extractoras de materias primas, desalojando a los “perros del hortelano”.

La huelga de AIDESEP defiende los territorios comunales, el derecho de las comunidades nativas a tener voz y opinión en las políticas que los afectan, la preservación del medio ambiente, que los recursos naturales existentes sean instrumento de desarrollo y usados en armonía con los ecosistemas y no simplemente para llenar las arcas de transnacionales poco interesadas en el impacto de su acción en la selva o en el país (caso del gas de Camisea que se quiere vender fuera y no abastecer a las generadoras eléctricas, ocasionando alzas en las tarifas de luz).

De allí que uno de los ejes centrales de la lucha de los nativos sea una Asamblea Constituyente que los reconozca como pueblo, como nacionalidades, como cultura y colectividades sujetas de derechos ciudadanos y colectivos. Dicho de otra manera, el reclamo de una refundación del Estado y de la sociedad que reconozca que somos un país diverso y que respeta esa diversidad: pluriétnico, multicultural y la plurinacional, a pesar de las rabietas de Martha Hildebrandt, Aldo de M y sus congéneres racistas.

Reiniciada la huelga el 9 de abril, después de mil mecidas desde agosto del 2008, el gobierno ofrece plomo en lugar de soluciones. Declara la emergencia y desplaza policías y militares. Amenaza con ahogar en sangre la huelga. Un aparato de Estado inútil nos pone en un callejón sin salida. El inepto Congreso los mece: la Comisión Especial que nombró opinó por la inconstitucionalidad de los DL, pero pasó el tema a la Comisión de Constitución. El “padrecito” Simon no escucha el llamado de los obispos de la Amazonía, Conveagro, las fuerzas sociales y varios gobiernos regionales: no instala la prometida mesa de diálogo.

La gente, con razón, se indigna. AIDESEP plantea la desobediencia civil a un gobierno que los ignora y desprecia. Las huelgas de los pueblos, como Yurimaguas, se suman a los nativos. La Defensoría busca apaciguar ánimos, pero García le echa gasolina a la hoguera en la que, finalmente, habrá de quemarse la Constitución fujimorista, que hoy el APRA defiende. Nacerá de sus cenizas una que reconozca nuestro carácter multinacional, que sujete a las autoridades al control ciudadano y social, y que devuelva al Perú soberanía sobre sus recursos.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE TRANQUILIDAD A POBLADORES DE PATAZ

Dom, 17/05/2009 -
Piden tranquilidad y tolerancia a los ronderos y autoridades locales de la provincia de Pataz, para resolver el conflicto que ha originado protestas desde hace 20 días en dicha jurisdicción.

El representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, William León Huertas señaló, mediante un pronunciamiento, "invocamos y exhortamos a los pobladores, comunidades campesinas, dirigentes ronderiles y autoridades locales de Pataz, tranquilidad, tolerancia y serenidad, al respeto a la Ley y a escoger el camino del diálogo (…) sin ningún tipo de presión".

El documento señala que frente a las medidas de protesta, como la toma de carreteras, la Defensoría considera que "sólo con el diálogo, el mutuo respeto y la buena fe es posible obtener acuerdos duraderos".

Asimismo, León Huertas opinó que el conflicto en Pataz pudo evitarse si el diálogo se hubiese establecido antes de que los pobladores y ronderos decidieran actuar violentamente.

Dijo que de los 80 conflictos a nivel nacional, en 70 de ellos se inició el diálogo después de los actos de violencia.

Por ello señaló que existe preocupación por parte de la Defensoría del Pueblo por darle mayor importancia a la instancia preventiva y así evitar que surjan más conflictos sociales a nivel nacional.

"La prevención es fundamental. Algunas instituciones ya están creando sus propias unidades de conflicto como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, de Trabajo lo que refleja un mayor interés", puntualizó.
(Andina)

VOZ DE TODOS LOS DEPREDADORES

DIARIO "LA PRIMERA "
LIMA PERU
Domingo, 17 de Mayo del 2,009
Director : César Lévano.




El presidente Alan García no soporta la lógica. Ayer, junto a ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona del conflicto, aseguró que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos.

Quiso ocultar que se propone entregar -está entregando ya- la selva a todos los depredadores. Por lo pronto, la ha lotizado a favor de las petroleras foráneas y suscitado allí escándalos de corrupción con petroaudios resonantes.

Cuando haya un gobierno patriótico, la Amazonía sí será de todos los peruanos, y los saqueadores, hoy privilegiados por el Apra, deberán buscar otro lugar para su inescrupulosa codicia.

En esos días previsibles, el Estado mismo será de todos los peruanos.

La falacia de García había sido empleada ya por Jorge del Castillo, como argumento contra los comuneros de Piura que se oponen a que una empresa extranjera arruine sus tierras y envenene su río.

En realidad, las comunidades nativas de la Amazonía no sólo defienden un derecho que la Constitución les reconoce y que un Convenio de la OIT ampara, sino que buscan preservar un ambiente biodiverso y un tesoro acuífero amenazado por las transnacionales y su portavoz descarado, Alan García.

Los nativos defienden así, con su protesta y su lucha, un bien de todos los peruanos, y, sin hipérbole, de la humanidad.

Contra ese derecho se lanza ahora el régimen aprista, y pretende involucrar en la agresión a las Fuerzas Armadas.

El proceso de este conflicto es aleccionador.

Primero, el presidente de la República, en artículos de título revelador: “El síndrome del perro del hortelano”, anunció una estrategia para despojar al “perro”, es decir, a las comunidades andinas y selváticas, de sus tierras.

Enseguida, lanzó un aluvión de decretos legislativos, lesivos en su mayoría a la Constitución y violadores de los límites que el Congreso le había fijado.

Como para exhibir la entraña de esos decretos, todos fueron instrumento confeso para la aplicación del TLC con Estados Unidos.

Esos decretos y ese tratado no fueron aprobados por todos los peruanos, aunque sí van a arruinar a todos, en especial a los agricultores, a los industriales y a los que necesiten comprar medicinas.

La estrategia oficial es conocida. Empieza por negarse a dialogar, prosigue con maniobras dilatorias y promesas livianas. Cuando el pueblo se irrita, entonces se le amenaza y se le dispara.

Imprevisión, autoritarismo y violencia: ése es el itinerario del oficialismo.

Felizmente, gracias a mediación de la Defensoría del Pueblo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep) ha silenciado los tambores de guerra (la preparación de la insurgencia) y se remite al diálogo.

El diálogo servirá a todos los peruanos si conduce a la derogación de los decretos antiamazónicos y antiperuanos.

García provoca, pero nativos piden diálogo


(1) No oye a los nativos y apela al maltrato. (2) Defensora del Pueblo.

Sin capacidad

Beatriz Merino comentó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado para responder con mayor capacidad de prevención a los conflictos sociales. “El crecimiento de los conflictos en Perú es exponencial. Cuando inicié mi gestión hace tres años y medio eran 33, ahora pasamos los 950. Se resuelven 3 al mes y aparecen 16 cada mes”, agregó.
El presidente ataca a amazónicos, pero estos dejan sin efecto insurgencia gracias a la defensora del Pueblo, que verificará la constitucionalidad de decretos cuestionados.

La mediación pacificadora de la Defensoría del Pueblo le ganó ayer a las amenazas y los tambores de guerra del presidente Alan García y el gobierno y, en menos de cuatro horas, logró que los dirigentes de los nativos de la Amazonía acordaran deponer los preparativos de insurgencia de sus pueblos y se comprometieran a mantener y desarrollar su protesta en el marco del estado de derecho. 

En una reunión sostenida en el local de la Defensoría del Pueblo, los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), encabezados por Alberto Pizango, suscribieron un acta de compromiso, tras la exhortación formulada, horas antes, por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

En el segundo punto del acta, los representantes indígenas dejaron constancia que “persistirán en su disposición de diálogo con las autoridades del gobierno y el Congreso de la República a quienes solicitaron dejar sin efecto el Estado de emergencia”.

Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que los nativos dejaron sin efecto, previa consulta a las bases regionales, la referencia hecha al “derecho de insurgencia” y el manifiesto en el mismo sentido lanzado el pasado viernes.

Beatriz Merino enfatizó que en estos momentos hay que ser prudente y no exacerbar los ánimos ni politizar el problema, que tiene sus raíces en el abandono ancestral de los pueblos indígenas 

Recordó que, a mediados del año pasado, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo 015, cuando el Congreso ya había enviado al archivo los proyectos que contenían textos similares y el Ejecutivo lo aprobó sin consultar a nadie, como decreto de urgencia.

Merino insistió en continuar estudiando los aspectos constitucionales de los decretos legislativos y promover con urgencia una ley marco sobre el derecho a la consulta de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contempla la consulta obligatoria a los pueblos indígenas para el ingreso de transnacionales a sus territorios.

Marco Cáceres
Redacción