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ORGANIZAN ACTIVIDADES PARA CONCIENTIZAR EN LIMA, ACERCA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LIMA,Domingo 16 de Noviembre del 2,008El próximo 06 de Diciembre peruanas y peruanos nos movilizaremos para sensibilizar a la población acerca de la prioridad , en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el CAMBIO CLIMÁTICO que se realiza este año en Polonia, del 1 al 12 de diciembre. En esa fecha, saldremos a expresar nuestra exigencia de iniciativas claras para enfrentar el Cambio Climático y nuestro compromiso para construir un mundo con justicia social y climática.

Les invitamos a sumar esfuerzos y formar parte de la organización colectiva del Día de la Movilización frente al Cambio Climático en el Perú.

Nos reuniremos el MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE a las 5:00p.m. en la – AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 790, MAGDALENA DEL MAR, LOCAL CEDEP.

Por favor confirmar su asistencia a los siguientes correos:



CONTINÚAN VACÍOS NORMATIVOS PARA FISCALIZAR MINERAS ADVIERTE RED MUQUI

Con el objetivo de profundizar en los temas de fiscalización ambiental minera y en sus fortalezas y debilidades, Comunicaciones Aliadas organizó el conversatorio "Fiscalización y sanción en materia ambiental" dirigido a periodistas, y en el que participaron como ponentes el Ing. Guillermo Shinno, gerente de Fiscalización Minera de Osinergmin y la doctora Ana Leyva, Secretaria Ejecutiva de la Red Muqui.

Durante su ponencia, el Ing. Shinno se refirió a las funciones de fiscalización ambiental minera que realiza Osinergmin desde 2007 sobre las 150 unidades mineras que se encuentran en la etapa de explotación, las mismas que comprenden 86 empresas mineras.

"Nuestra función es encargarnos de la supervisión del cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera, así como del cumplimiento de las normas de protección y conservación del ambiente. Esto es solo para la mediana y gran minería", sostuvo el Ing. Shinno.

En cuanto a la fiscalización en la etapa de exploración, el representante de Osinegmin manifestó que su institución está elaborando un programa que se aplicaría a todos los proyectos mineros y que tendría como eje principal promover un acercamiento previo a las actividades de exploración entre las comunidades y las empresas mineras, a fin de que las primeras conozcan mejor el trabajo que se pretende realizar en su zona.

"Si bien depende de los geólogos saber si será factible o no un determinado proyecto minero, creemos que lo primero que debería existir es un acercamiento hacia la población con antropólogos y sociólogos que debería durar, por lo menos, un año", agregó Shinno.

De otro lado, el funcionario informó que actualmente Osinergmin aplica un reglamento de sanciones elaborado por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, adelantó que para diciembre de este año, el organismo fiscalizador lanzará una nueva escala de sanciones en lo referido a seguridad e higiene minera y que el próximo año pretende hacer lo mismo con lo referido a protección y conservación del ambiente, a fin de que la multa sea mayor a lo que se ahorraría la empresa minera por no cumplir la normas ambientales pertinentes.

Aportes a la OEFA
Por su parte, la doctora Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, informó que se está elaborando un documento desde la sociedad civil para aportar en el debate sobre la fiscalización ambiental minera, en el marco de la implementación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En ese sentido, la doctora Leyva advirtió que se requiere homogenizar los procedimientos de los diversos sectores que cuentan con fiscalizadores independientes a la funición promotora de la actividad productiva o de servicios. "Para ello, la OEFA debería aplicar un criterio homogéneo para el desarrollo de un sistema de fiscalización, procedimiento administrativo sancionador, tipificación y escala de multas y sanciones, criterios para imposición de sanciones, entre otros", indicó.

Del mismo modo, indicó que se debería fortalecer la intervención de las autoridades regionales en la fiscalización ambiental, así como potenciar a la procuraduría ambiental para que se encargue de la defensa del interés público.

Además, en el largo plazo, se debería contar con una autoridad única en el ámbito del Poder Ejecutivo con la independencia, competencias y recursos necesarios. Mientras esto se implementa, las resoluciones de primera instancia deben seguir a cargo de la Gerencia General del Osinergmin, bajo los lineamientos del MINAM y su supervisión funcional. Asimismo, que los recursos impugnativos de estas resoluciones pasen al ámbito del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del MINAM, a efectos de lograr criterios interpretativos homogéneos en los diversos ámbitos de la legislación ambiental

Propuestas para la fiscalización ambiental minera
La secretaria ejecutiva de la Red Muqui también advirtió que la fiscalización ambiental minera actualmente se ve afectada por vacíos normativos, duplicidad de funciones, falta de exigibilidad del contenido de las normas, estándares ambientales poco exigente, competencias ambientales transferidas pero no implementadas, su tardía aplicación en el proceso minero, entre otros. Por ello, resaltó la necesidad de actualizar el Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades Minero Metalúrgicas y sus normas complementarias, con la opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Asimismo, la doctora Leyva sostuvo que debe señalarse como falta sancionable el incumplimiento de los compromisos establecidos en los estudios ambientales.

"Además, se debe realizar una revisión detallada de los compromisos ambientales existentes, y de los problemas ambientales verificados en el campo, y con ello debe de realizarse la actualización de los planes de manejo y de ser el caso, exigirse la elaboración de un estudio ambiental complementario", agregó.

De otro lado, la doctora Leyva manifestó que se requiere la realización de una auditoría general del cumplimiento de los PAMAs que verifique no solo el cumplimiento de los niveles de inversión comprometidos, sino también la solución de los problemas ambientales detectados

En lo relacionado a las sanciones, la doctora Leyva señaló que se requiere una revisión de la normativa que regula el procedimiento de revisión judicial de las resoluciones administrativas a efectos de asegurar que la ejecución de resoluciones de sanción ambiental no puedan ser suspendidas mediante medidas cautelares.

También añadió que se deben establecer mecanismos ágiles y directos de comunicación entre la población y la entidad fiscalizadora, como por ejemplo la publicación de las resoluciones de sanción de aquellas que establecen medidas cautelares, medidas de seguridad o similares que restringen el ejercicio de las actividades mineras, a fin de que la población percibe que las sanciones ambientales se aplican con celeridad.

Sobre los servicios que brindan los supervisores ambientales, la secretaria ejecutiva de la Red Muqui advirtió que estos no se dedican a tiempo completo a las tareas propias del cargo que desempeñan, "pudiendo brindar otros servicios a las empresas del rubro, lo que puede llevar a que se presenten conflictos de intereses".

Al respecto señaló que "se debería permitir que la contratación de supervisores sea directamente con las personas naturales registradas y por un tiempo determinado como ocurre en las demás gerencias de línea de OSINERGMIN".

-MOROCOCHA PIDE A GOBERNANTES DE CHINA Y PERÚ RESPETAR MEDIO AMBIENTE POR PROYECTO TOROMOCHO


Municipalidad distrital encabeza reclamo.

La Comisión Multisectorial del Distrito Morococha presidida por la Municipalidad Distrital de Morococha, Provincia de Yauli del Departamento de Junín, considerando que hemos sido del todo marginados de informaciones, consultas y decisiones del Megaproyecto Minero Toromocho; y considerando nuestra condiciones de vida y de trabajo de alta contaminación ambiental y de extrema inestabilidad urbana y laboral;

NOS PRONUNCIAMOS:

Primero.- En mayo del 2003, se concretizó la suscripción del Contrato de Opción conteniendo un lesivo contrato de futura transferencia, mediante el cual Proinversión, en representación del Gobierno Peruano, proporcionó a la Minera Perú Cooper el derecho de efectuar estudios y exploraciones en el suelo y subsuelo del Megaproyecto Toromocho, ubicado en el Distrito de Morococha.

Segundo.- El reciente 05 de mayo del 2008, sin coordinación alguna con las autoridades y representantes del Distrito de Morococha y del Gobierno Regional de Junín, se consumó en pleno salón dorado de Palacio de Gobierno, la firma de este Contrato de Transferencia entre el Presidente García y representantes de Aluminium Corporatión de China CHINALCO, socio mayoritario de la Minera Perú Cooper. Así, de manera gratuita, se otorgó a la empresa China la exclusividad de la explotación del Megaproyecto Minero Toromocho.

Tercero.- Entonces, el Presidente García habló de la necesidad del reasentamiento de la ciudad de Morococha, cuyo Plan y Estudio de Impacto Ambiental, hasta ahora, no han sido presentados y menos consultados a la población afectada que somos en total más de 9,000 habitantes que ahora vivimos en las 34 hectáreas de la zona urbana del Distrito de Morococha.

Cuarto.- Más aún, este Contrato de Transferencia, no consideró la propuesta de convenio marco para la compensación urbana y tampoco la propuesta de modificación del contrato que oportunamente presentó la Municipalidad Distrital de Morococha; por el contrario, la Corporación CHINALCO y Minera Perú Cooper continúan su plan devastador de compra de casas presionando a propietarios e inquilinos, confirmando así su pretensión de pagar sólo el 1.51% de regalía minera, en vez del 3.0% conforme ordena la normatividad vigente, afectando futuros ingresos económicos de los distritos, las provincias y región de Junín.

Quinto.- Bienvenida la inversión, pero los pobladores afectados por el reasentamiento merecemos ser atendidos en Palacio del Gobierno Central, ser escuchados por el Embajador de China en el Perú y por el propio Presidente de la República Popular China; de manera especial este caso de marginación e injusticia merece ser agendada en las sesiones centrales de la APEC. Mas aún, sí todavía esta pendiente la instalación de una Mesa de Diálogo planteada por la Municipalidad y el Comité Multisectorial de Morococha, donde la empresa obligadamente debe exponer el Estudio de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental y el Plan del Reasentamiento de la ciudad y sus justas indemnizaciones y compensaciones.

Por lo expuesto, cansados de una larga espera y no ser visibilizados por las principales autoridades del Perú, los pobladores de Mororocha nos hemos movilizado por las calles de La Oroya y Huancayo, como preámbulo a la GRAN MARCHA DE SACRIFICIO hacia el salón dorado de Palacio de Gobierno, empresas mineras con sede en Lima, edificio de la Embajada de China y sedes de las reuniones centrales de la APEC.

Morococha, Noviembre del 2008

EL 11 DE DICIEMBRE EL MUNDO VERÁ POR LA TV. EL DRAMA OCASIONADO POR LA MINERÍA EN LA OROYA‏


Red Uniendo Manos Perú
EPA establece nuevo estándar para plomo pero La Casa Blanca disminuye sitios de monitoreo


Jacob Goad



Washington. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos1 anunció el mes pasado la implementación de una reducción del límite máximo permisible (LMP) de plomo en el aire por primera vez desde 1978. Sin embargo, comunicaciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto2 de La Casa Blanca indican que altos oficiales pidieron una disminución significativa del monitoreo originalmente propuesto en la ley.



Según MSNBC, un grupo de activistas de la comunidad de Herculaneum, Missouri, donde The Doe Run Company opera una fundición que a la orilla del río Mississippi, demandaron a la EPA en 2004 por no revisar los estándares ambientales para plomo cada cinco años como la ley requería.

Esta demanda condujo al gobierno estadounidense establecer la necesidad de monitorear las emisiones de plomo de más empresas, y determinó un nuevo estándar nacional.

Sin embargo, Yahoo! Noticias, reportó que oficiales de la oficina presidencial de EE.UU. presionó a la EPA para reducir el número de sitios de monitoreo a solo 211 plantas, una reducción de más de 60% de los sitios propuestos en la legislación. Según el informe de la EPA, la Oficina de Gestión y Presupuesto pidió que se monitoreara solo las plantas que emiten más de una tonelada de plomo al año a la atmósfera, dejando sueltas más de doscientas plantas que producen más de media tonelada cada año. Grist noticias informó que las plantas reciladoras de baterías ejercieron
influencia sobre la Casa Blanca, citando el beneficio económico que traerían sus exportaciones de
baterías a países con leyes ambientales menos estrictas.

“Claramente, a pesar de los esfuerzos de la administración de Bush para reducir el impacto, el cambio del estándar atmosférico para plomo en los Estados Unidos es una mejoría que debería haber ocurrido antes y que beneficiará a comunidades vulnerables,” dijo Dra. Anna Cederstav, química con AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. “Los estándares estadounidenses frecuentemente sirven como un modelo [para otros países], y es importante para los países como el Perú notar este cambio y similarmente fortalecer sus normas nacionales para el plomo para proteger a sus ciudadanos. Los estándares de la Organización Mundial de la Salud siguen siendo las más protectivas a la salud humana,” dijo Cederstav.
Renco Group es el dueño de The Doe Run Company en Herculaneum y es también el dueño del complejo metalúrgico Doe Run Perú en La Oroya. Las emisiones de plomo, arsénico y cadmio de la fundición en La Oroya drásticamente sobrepasan las de su empresa hermana en Herculaneum
según un informe de la Asociación Civil Labor. El Instituto Blacksmith designó a La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo.

El nuevo estándar estadounidense de 0,15 microgramos por metro cúbico requeriría 90% menos
plomo en aire que el límite anterior de 1,5 microgramos según EPA. Este estándar se aprobó para prevenir daños irreparables a la salud, especialmente a los niños. Si el nuevo estándar estadounidense fuera aplicable en el Perú, la empresa Doe Run Perú hubiera sobrepasado el estándar por 77 veces en la estación de Huanchán en Junio de 2008 según los informes mensuales preparados por la misma empresa.

Conrado Olivera, director ejecutivo de la Red Uniendo Manos dijo, “Apreciamos el establecimiento de un nuevo estándar estadounidense para plomo en el aire, sin embargo, solicitamos que las empresas americanas como Doe Run mantenga el mismo tratamiento en los países en desarrollo como el Perú. No es posible que en La Oroya se conserve niveles altamente superiores por años, generando una especie de discriminación ambiental.”

Los niveles de plomo y riesgos ambientales en La Oroya, Perú serán expuestos al mundo el próximo 11 de diciembre a las 9 p.m., a través de un documental hecho por CNN, en su programa denominado “Planeta en Peligro”.

ECOLOGIA Y PARTIDOS POLITICOS‏

Por: Wilfredo Pérez Ruiz (*)

Desde hace algunas décadas las naciones industrializadas han influido sobre los países del tercer mundo, para insertar progresivamente las variables ambientales en sus políticas de desarrollo. Esta creciente preocupación “verde” se ha reflejado en la dación de un sistema institucional y jurídico internacional más exigente e interdependiente.
Las naciones en desarrollo por responsabilidad y propio interés, se han adherido plenamente al concepto de “desarrollo sustentable”, entendido como el crecimiento económico basado en un uso adecuado de los recursos naturales y en una distribución equitativa de la riqueza sin poner en peligro las posibilidades de bienestar y la calidad de vida de las futuras generaciones.
En el Perú podemos comprobar que el manejo ambiental ha estado circunscrito a la explotación de determinados recursos naturales cuyos beneficios económicos -a corto plazo- han favorecido las arcas fiscales. Para ello, no se ha considerado los impactos económicos, ecológicos y sociales generados a partir de un proceso de aprovechamiento irracional carente de la más mínima planificación. La experiencia histórica es amplia al respecto.
No obstante, a pesar de los avances realizados luego de una mayor toma de conciencia acerca de las implicancias de esta disciplina en términos económicos, sociales, culturales y políticos, todavía se adolece de una concepción integral del tema. Las acciones aisladas –aunque bien intencionadas- del gobierno central y de los gobiernos regionales y municipales evidencian un tratamiento disperso, desconectado –y muchas veces- hasta incoherente de la gestión ecológica.
Un análisis sereno y objetivo nos permite afirmar que durante los últimos gobiernos, el factor ambiental no ha sido considerado en sus auténticas dimensiones, entre otras consideraciones, por la ausencia de un programa que incluya estos elementos, sumado a los apremios coyunturales y a una ineludible falta de visión sobre sus alcances.
Asimismo, de la revisión de las ofertas presentadas en los últimos procesos electorales, encontramos un avance en la incorporación de los temas “verdes”, pero no observamos con claridad su grado de influencia en la política general de gobierno. En tal sentido, creemos que el debate y análisis de la ecología debe ser parte de un ejercicio de modernidad y actualización de los agentes políticos.
Dentro de este contexto, las agrupaciones políticas deben interpretar las necesidades de la ciudadanía, estudiar la compleja realidad peruana, presentar alternativas concordantes con las exigencias populares y canalizar los clamores de los ámbitos más deprimidos. Naturalmente, este propósito requiere de condiciones institucionales, políticas y organizativas mínimas, muchas veces carentes dentro de la estructura tradicional de los partidos, ya sea por su composición de mediados del siglo pasado o por su finalidad tan coyuntural.
De modo que, debe incluirse en la agenda política, el tratamiento, la difusión y el estudio de la dinámica ambiental, como parte de una estrategia que posibilite el reencuentro de los partidos con el pueblo. Para ello, es pertinente reiterar que, la misión fundamental de los movimientos políticos es combatir la pobreza y los complejos problemas nacionales. Consecuentemente, el alivio de la miseria es tanto un imperativo moral como un requisito indispensable para lograr la sostenibilidad ambiental.
Los pobres están expuestos a los mayores peligros que el deterioro del ambiente representa para la salud y suelen ser los más vulnerables a esos riesgos a causa de su pobreza. Las familias de escasos recursos económicos carecen frecuentemente de los medios necesarios para evitar el desgaste de su entorno. Los sectores indigentes, al borde de la subsistencia, están ocupados en la lucha diaria por sobrevivir.
Es importante afirmar que el proceso de reencuentro del sistema de partidos en el Perú, pasa necesariamente por elaborar propuestas concordantes con la conservación, manejo y utilización de los recursos naturales, incluyendo sus alcances sociales y económicos en las localidades de menos ingresos. Solamente conciliando sus requerimientos básicos con la búsqueda de mecanismos para eliminar la extrema pobreza, se podrá pensar en la conservación del patrimonio ecológico. En consecuencia, entre sus principales retos se debe considerar los relacionados a la elevación de la calidad de vida.
Una vez más, nuestra clase política debe de demostrar que la influencia de la globalización, la nueva composición social del país y las proyecciones que el siglo XXI exigen, han sido incorporados en su afán de interpretar las justas demandas de los ciudadanos que todavía anhelan que los sectores dirigentes sean capaces de recoger sus reales expectativas de desarrollo.

(*) Conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.