MAYORÍA DE ENCUESTADORAS LIMEÑAS ESTÁN INVESTIGADAS POR ESTUDIOS DE PREFERENCIA POLÍTICA

AQUIJE INFORMA, Martes 01 de Febrero de 2,011
LIMA PERU.

El Jurado Electoral Especial Lima Centro (JEELC) viene  investigando  informes referidos a sondeos de  intención de voto de seis empresas encuestadoras, pero la prensa limeña se ha vuelto Shakira (no ve, no esucha, no oye ). ¿Por que será?

Segun nuestras fuentes las INCONSISTENCIAS  en su elaboración, son evidentes. Los estudios observados  corresponden a IMA-Estudios de Mercado,  Datum,  CPI, Idice,Ipsos Apoyo  y Sondeo Popular.

En el caso de IMA-Estudios de Mercado, el JEELC ha requerido   subsanar las observaciones formuladas  a dos sondeos que desarrolló en diciembre del año pasado.

 El  21 de enero ; sin embargo Datum, CPI, Idice  e Ipsos Apoyo, cumplieron con presentar sus descargos,  los cuales deberían ser de conocimiento de la opinión pública.

Ganan grandes titulares cuando ponen porcentajes que les conviene a sus clientes, pero nadie sabe de aquellas observaciones que el Organismo electoral ha detectado en el 97% de encuestadoras que se supone son las que miden el temperamento de las preferencias políticas, especialmente cuando

la mayoría de partidos con candidaturas de derecha se auto promocionan con un primer lugar en realidad inexistente o INCONSISTENTE.

TREMENDO FAENÓN

Por Javier Diez Canseco

Año de las coimisiones

Lun, 24/01/2011 - 05:00

Por Javier Diez Canseco

El 17 de enero, Alan García emitió el DU 001-2011. Con el argumento de “la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial” (¿no estamos “blindados”?), este DU (y el 002-2011) busca llevar a cabo un enorme faenón. Publicado en el receso parlamentario, sin declaratoria de emergencia que lo justifique, aprovecha la agitación del escenario electoral, los escandaletes y remates de cupos parlamentarios para entregarle a Proinversión la capacidad de disponer arbitrariamente de más de 30 grandes proyectos.

Pasan por encima de la normativa vigente para malbaratar los proyectos: comprometer miles de millones de dólares del Estado en “cofinanciamiento” a consorcios privados, entregar gratis propiedades y empresas estatales a los concesionarios, permitirles la inscripción en Registros Públicos a su sola solicitud, imponer servidumbres obligatorias y forzosas a los propietarios de las áreas y bienes comprometidos, concentrar la capacidad de decisión en Proinversión y quitarle al gobierno que sea elegido el 10 de abril próximo la capacidad de definir al respecto.

14 de estos proyectos no fueron implementados el 2010 por el gobierno que ahora corre. ¿No es la fuente de suculentas coimisiones? Un fin de fiesta apropiado para un régimen caracterizado por escándalos de corrupción impunes.

El DU acelera los procesos eliminando o suavizando todos los requisitos exigidos por la normativa nacional. Si hay normas indebidas, lo lógico es ponerlas en discusión y cambiarlas. Pero no es ese el objetivo, sino darle cancha libre el 2011 a García. Así lo reconoce explícitamente la exposición de motivos, aunque, más adelante, tiene el cinismo de decir que los procesos deben ser llevados a cabo “sin que afecte la transparencia”. El Art. 2 declara de necesidad nacional la ejecución de 30 proyectos de concesión de puertos, aeropuertos, carreteras, hidroeléctricas, ductos y redes de fibra óptica y banda ancha, a efectos de sustraerlos de los procedimientos, controles y garantías vigentes, ya bastante relajados y abusivos para los intereses del país.

Recordemos el puerto de Paita o los costos de la interoceánica. Inmediatamente, el Art. 3 establece que basta presentar un “proyecto de prefactibilidad” para conseguir cofinanciamiento estatal y entregar la capacidad de resolverlo al MEF, comprometiendo miles de millones de dólares sin condiciones elementales.

En el Art. 4 plantea que los organismos técnicos y reguladores de tarifas intervendrán con “opinión” sólo ante la versión final del contrato, con el pastel ya cocinado. Los temas tributarios serán vistos por el MEF (SUNAT ni se menciona). Es decir, todo se concentra en la decisión política de un gobierno que se va. Para colmo, las “opiniones” de los organismos reguladores y técnicos (si las piden) tienen apenas ¡diez días para emitirse! Una burla en proyectos de esta dimensión.

Sin vergüenza, el Art. 5 concentra todo el poder en Proinversión y exonera la entrega de autorizaciones de las obras de presentar la certificación de los Estudios de Impacto Ambiental. Así, hidroeléctricas altamente cuestionadas, ductos de gas que atraviesan territorios problemáticos o represas pueden ser autorizados sin haber evaluado su impacto. Se comienzan a implementar y luego, suceda lo que suceda, poco o nada se podrá cambiar. Además, se garantiza la servidumbre forzosa a favor de los concesionarios. No se requiere mucha imaginación para suponer la reacción que la implementación de esta norma tendrá en la Amazonía y las comunidades campesinas que ven afectados sus territorios sin consulta previa ni estudios de impacto ambiental. Más aun, esto degrada nuestros estándares ambientales, lo que está expresamente prohibido hasta en el TLC con los EEUU.

El Festival de Coimisiones de García, con apoyo del fujimorismo y las transnacionales, debe ser detenido. Es urgente anular estos DU con una amplia movilización y acción nacional en defensa de la transparencia y del uso de los recursos del país en función de los intereses nacionales, con pleno respeto al medio ambiente y a los pueblos del Perú.

El Buen Vivir

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

La actual constitución ecuatoriana establece el principio del Buen Vivir como un instrumento que permitiría armonizar tanto el orden social como alcanzar una relación sana con la naturaleza, inspirándose inicialmente en las propias tradiciones indígenas pero con el propósito de sintetizar éstas con las culturas europea y africana, todas ellas presentes en el complejo tejido multiétnico del país.

Armonizar el orden social comienza con la redistribución de la riqueza, garantía material de un Buen Vivir, dando de esta manera satisfacción universal a las necesidades básicas de la población. Socialmente el Buen Vivir supone el fin de toda suerte de exclusión, algo fundamental en una sociedad con un alto porcentaje de población discriminada por su origen racial. De igual forma, el sistema político haría compatibles la democracia representativa con formas nuevas de participación directa de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos. La armonía con la naturaleza exigiría un modelo de producción esencialmente diferente al actual y el fin de toda forma de consumismo.

El Buen Vivir de Ecuador guarda estrecha relación con orientaciones similares en Bolivia y Venezuela y es compartido por muchos movimientos sociales en la región. En palabras del presidente Chávez, por ejemplo, el objetivo de la Revolución Bolivariana no es hacer a todos más ricos sino permitir el pleno despliegue de las potencialidades individuales y colectivas, algo que se riñe con la idea tradicional que vincula el simple crecimiento económico con el desarrollo. La idea del “Buen Vivir” tampoco resulta ajena a otros conceptos corrientes hoy en sociedades ricas que ponen en tela de juicio las relaciones de propiedad y poder así como el vínculo entre su modo de vida y el impacto que éste produce en el medio natural. El énfasis en la dimensión cuantitativa, tan ligada al sentido mismo de la sociedad del consumo parece dar paso a consideraciones mas cercanas a la calidad de vida, al cuidado de la naturaleza, a cálculos menos restringidos sobre la explotación de los recursos y a la responsabilidad con las futuras generaciones.

Ahora bien, cualquiera de estas estrategias del Buen Vivir o del consumo responsable y el rompimiento con el mito de asociar automáticamente crecimiento con progreso y desarrollo lleva indefectiblemente a cuestionar el sistema mismo, es decir, a preguntarse si un cambio tan radical en el orden social -casi un cambio de civilización- es compatible con el capitalismo y de no ser así, cuáles serían entre otras consideraciones, las relaciones de propiedad y poder, la participación ciudadana y el tipo de producción y distribución de la riqueza social en ese nuevo ordenamiento. La respuesta en el Nuevo Mundo es cada vez más clara: los movimientos sociales, en el poder o en la oposición, mayoritariamente desconfían del capitalismo y proponen en su lugar un socialismo acorde con sus propias condiciones y más cercano a la idea del Buen Vivir. ¿Un vínculo acaso con la tradición del movimiento socialista, en particular con ese “ocio creador” que tan magistralmente plasmó en su folleto “El derecho a la pereza” el propio yerno de Karl Marx, casualmente el cubano Paul Lafargue (Santiago de Cuba, 15 de enero de 1842)?.

Los retos que enfrenta esta búsqueda de alternativas al capitalismo no son pocos. Si en el mundo rico algo similar al Buen Vivir supondría drásticos cambios en los patronos de producción y de consumo, en la periferia pobre del sistema las dificultades se multiplican porque no solo se trata de cambiar el modelo capitalista por otro sino satisfacer primero muchas de las tareas históricas que su capitalismo raquítico, deformado y dependiente nunca resolvió. Una reducción de la actividad económica -o en todo caso- un reordenamiento y racionalización de la misma resulta más cómodo cuando se cuenta con múltiples recursos de capital, conocimientos, tecnología y una población cualificada y que mayoritariamente tiene resueltas sus necesidades básicas, pero no sucede así en las difíciles condiciones del atraso. Los recursos de todo orden que permitieron el desarrollo del capitalismo metropolitano o no existen o se presentan de manera muy precaria en los países pobres.

La estrategia del Buen Vivir en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y similares tiene entonces la urgente necesidad de intensificar la producción y no solo de propiciar mecanismos de redistribución que mejoren la vida cotidiana de las inmensas mayorías de la población. Tareas obvias como democratizar la propiedad rural mediante una profunda reforma agraria, industrializar, construir las infraestructuras necesarias, universalizar la educación y la salud, en pocas palabras, acceder a la modernidad, suponen imponer una dinámica y un esfuerzo productivo de dimensiones considerables que exigen abolir los actuales privilegios de las elites (un acto de enorme y revolucionaria violencia en todos los órdenes) y traen consigo un impacto sobre el medio natural que si no median alternativas realizables seguiría los mismos o similares caminos de la modernidad en Occidente. Nada de esto resulta compatible con el Buen Vivir. Seguir el ejemplo de China o India resulta bastante alejado de este ideal y muestra cómo el camino clásico parece indisolublemente ligado a una explotación atroz de los trabajadores y a producir un impacto considerable sobre la naturaleza. ¿Es posible la industrialización y la modernización de la agricultura sin generar altísimos impactos en el medio ambiente? ¿es viable lograrlo sin hacer uso de los mismos métodos de superexplotación del trabajo, típicos de la acumulación primitiva del capitalismo?. Esta es una cuestión central en el debate y constituye un reto no solo teórico sino práctico cuando se asumen responsabilidades de gobierno. Si reformar el capitalismo dependiente ha sido hasta ahora tarea imposible ante las resistencias oligárquicas locales e imperialistas externas no resultará nada fácil desmantelar el sistema mismo y construir otro en su lugar. Las medidas de corte keynesiano podrían ser, en todo caso, una respuesta parcial al actual capitalismo salvaje, pero es muy dudoso que sirvan igualmente para dar satisfacción a los interrogantes centrales que plantea una estrategia como la del Buen Vivir.

Además, contra el Buen Vivir y contra el desarrollo en general actúa el modelo “extractivista” tan típico de los países periféricos (y Ecuador, Bolivia o Venezuela lo son) en los cuales una parte considerable de sus recursos proviene precisamente de la minería, la extracción de petróleo y gas y otras actividades similares que impactan de manera muy agresiva en el medio y no generan acumulación interna de capital; solo se beneficia a las empresas transnacionales. Al mundo pobre se deja en todo caso la industria más contaminante y de menos valor agregado y se le impone un desarrollo agrícola basado en la gran explotación moderna, enemiga acérrima del medio ambiente y que ni siquiera está dirigida prioritariamente al mercado nacional. De esta forma, la economía “extractivista” actúa de lleno contra las intenciones de superar la naturaleza depredadora del industrialismo. Además -y esto resulta de importancia estratégica- el modelo actual no hace más que prolongar en estos países su carácter de economías subsidiarias, complementos menores de las economías metropolitanas, es decir, eterniza la relación de dependencia y agota recursos que serán claves para su desarrollo futuro.

Alcanzar el consenso social necesario para que una estrategia del Buen Vivir cuente con apoyos suficientes no es sencillo cuando se trata de las llamadas “clases medias” acostumbradas al consumismo (sobre todo sus estratos más altos), reacias por tanto a cualquier cambio que suponga renuncias y sacrificios. No por azar allí se anida la mayor reacción contra los gobiernos de progreso. La oligarquía criolla, aún siendo tan minoritaria (no pasará del 1% de la población) consigue en estos estratos su clientela electoral, a la que se suma por lo general el sector social más atrasado políticamente (manipulable por el clero conservador y los mass media en manos de multinacionales). Pero las mayorías tampoco están a resguardo de esta cultura del consumismo tan diferente al Buen Vivir, sujetas como están a la manupulación que identifica bienestar y consumismo, felicidad y modo de vida metropolitano. El sistema cuenta entonces con la ventaja de la cultural predominante, extraña por principio a la idea del Buen Vivir. El sueño de alcanzar los niveles de consumo que observan en la clase dominante y sobre todo el que se transmite por los medios de comunicación puede llegar a dificultar la aceptación de una idea como la del Buen Vivir, aunque considerando el grado de pobreza de las grandes mayorías (inclusive de sectores crecientes de la pequeña burguesía empobrecida por el neoliberalismo y sumida en la desesperanza por la actual crisis) es de suponer que para el pobrerío de estos países será siempre más realista optar por un ideario que se traduce en la satisfacción real de sus necesidades básicas (aunque solo sea eso, ya es mucho) que permanecer indefinidamente viviendo del sueño irrealizable de una vida dorada en el capitalismo.

El apoyo mayoritario de la población, la fuerza que adquieren ideas como las del Buen Vivir, será probablemente la clave del apoyo electoral mayoritario que hasta hoy ha permitido a los presidentes Correa, Morales y Chávez sortear con éxito el juego tramposo que supone la democracia burguesa: “con cara gano yo, con cruz pierdes tú”.

LA CONFUSIÓN COMO ESTRATEGIA ELECTORAL‏

Por: Raúl Alfredo Wiener Fresco

 

 

En el CADE de noviembre del 2010, en Urubamba, Cusco, tres candidatos (Alejandro Toledo, Luis Castañeda y Keiko Fujimori) acudieron a ratificar ante los empresarios que de llegar al gobierno, el actual modelo económico se mantendría sin variaciones, aunque cada uno de ellos le agregó alguna preocupación por la pobreza y la dirección del gasto social, de lo que también se habló en anteriores elecciones.

Sólo Ollanta Humala llegó ante un público que le era hostil, o cuando menos distante, para decirles que había que variar la lógica del crecimiento y la redistribución social.

La recuperación para el Estado de los recursos naturales, para orientar su explotación racional, y de la infraestructura básica; la reforma tributaria para que paguen más los que más tienen y para que los períodos de sobreganancias extractivas sean compartidos con el país a través de impuestos extraordinarios; la revisión de los contratos lesivos para el país y la derogatoria de la Constitución fujimorista que ha servido de marco para la desnacionalización de la economía, la desigualdad social y la corrupción. Estas tesis fueron escuchadas en silencio pero con respeto por los asistentes.

Algunos pensaron seguramente que estos temas iban a dominar la campaña que comenzaba y que el país iba a escoger claramente entre la continuidad del crecimiento aparentemente seguro basado en inversiones extranjeras y precios altos de materias primas en el mercado internacional, y el giro hacia una economía con mayor intervención del Estado en la planificación del desarrollo, la inversión y un nuevo reparto de la riqueza que reduzca las brechas sociales.

Desorientación

Después de todo este era el debate que quedó de la elección anterior que se cerró entre 52% para todos los partidos del sistema que votaron por Alan García en segunda vuelta, y 48% para el candidato antisistema que había subrayado la urgencia del cambio.

Ya van más de dos meses desde la Conferencia de Ejecutivos del Cusco y estamos metidos en plena campaña con once planchas presidenciales que mantienen su inscripción y un número aún mayor de listas parlamentarias que están terminando de conocerse en estos días.

Sin embargo si alguien preguntara a cualquier ciudadano en qué consiste la controversia electoral es casi seguro que le respondería con un gran signo de interrogación. Como si lo que se dijo ante los representantes del capital no fuese lo que hay que comunicar a la gente, los candidatos de la continuidad ya no hablan de seguir en lo mismo o reclaman alguna paternidad (o maternidad), en lo que ha estado pasando durante cinco años.

Toledo ha vuelto a ser el de la campaña del 2001, cuando se olvidó del demócrata y el anticorruptor del año anterior, y se convirtió en el rey de las promesas: aumentar a los maestros sin afectar la caja fiscal; no permitir que suban los precios en los mercados, sin interferir la libertad económica; facilitar la “unión civil” de personas del mismo sexo, pero sin llegar al matrimonio gay.

Sí pero no, como durante todo su gobierno, cuando prometió no privatizar y chocó con Arequipa por la privatización de las empresas eléctricas; reformar la “maldita SUNAT” y la dejó igualita; duplicar el sueldo de todos los maestros y sólo lo hizo para los que ocupaban la escala más baja; etc.

Obviamente si puede repetir la faena de ofrecerse como de “centro izquierda”, para luego llamar a Kuczynski o alguien parecido para que le maneje la economía, es porque confía en que nadie hará recordar lo que fue el Perú de comienzos de la anterior década.

Se cae el mudo

Castañeda, en cambio, quiere que se fijen en el hombre de las obras. Alguien le ha dicho que el Perú desconfía de las promesas, pero se rinde ante los puentes, las pistas, los hospitales o las escaleritas para subir a los cerros.

Este es todo su debate, con el que oculta su trayectoria política al lado de Fujimori (presidente de la Seguridad Social) y sus cercanías con Toledo y García desde la alcaldía de Lima.

Su programa encaja sin mucho trámite en el reciente Decreto de Urgencia 001, de Alan García, que apunta a abolir controles de gastos y regulaciones ambientales y sociales, para que las inversiones, las asociaciones público-privadas (el Estado pone la plata) y las concesiones se multipliquen como hongos.

La entraña autoritaria, privatista y corrupta, del plan Castañeda, no ha sido puesto aún en la picota. Y si al mudo le está yendo de bajada en las encuestas es porque el país espera mucho más que silencios y fotografías de su gestión limeña.

Keiko, por su lado, apuesta al asistencialismo de los pobres. Su estrategia es erosionar la esperanza de cambio que movilizó a los sectores populares tras Humala, con la oferta de un gobierno regalón que “se acuerda de los pobres”, bajo el modelo de los años 90.

Esta es también una propuesta de no debate. No sólo por lo elemental de los razonamientos políticos de la candidata, sino porque ahora, como antes, el fujimorismo consiste en no explicarse y que la gente entienda lo que quiera de ellos, pero que encuentre algún beneficio de apoyarlos.

Gran Prueba

Para el nacionalismo es una gran prueba pelearle los pobres a los Fujimori, lo que en sustancia implica definirlos en torno a una opción desmovilizadora que les ofrece ayudarlos desde las alturas del poder y que les está ofreciendo regalos desde ahora, y otra que los llama a impulsar el cambio de modelo económico y de políticas, y un nuevo esquema de poder.

¿Pero realmente Ollanta Humala está trasmitiendo un mensaje contra la demagogia toledista, el pragmatismo castañedista y el populismo fujimorista?, ¿qué se está entregando como alternativa a esas orientaciones?, ¿hay un problema de desperfilamiento como indican varios analistas que ven a un Ollanta distinto al de hace cinco años, y podría decirse al de noviembre del 2010?

La preocupación tiene su razón de ser, porque la falta de polaridad en la actual campaña, no sólo viene de los esfuerzos de los candidatos de derecha por colocarse las máscaras de la confusión, sino por ese extraño afán del “candidato diferente”, por querer borrar obsesivamente las imágenes perversas que sus adversarios han hecho sobre él (antisistema, chavista, estatista), creyendo que puede reubicarse en el escenario con una nueva imagen menos agresiva, y hacer esto sin perder influencia en su base natural que precisamente le reclama combatividad.

Debate esencial

De esta forma se está perdiendo un tiempo valiosísimo para que la propuesta del CADE (y que está básicamente contenida en el Plan de Gobierno), sea desarrollada por el candidato ante el pueblo y en directa confrontación con sus adversarios. Para vencer a la confusión, se requiere claridad y contundencia.

El Perú quiere un debate de verdad sobre los puntos claves que van a decidir hacia dónde iremos los años siguientes: seguiremos dependiendo de los precios de las materias primas, o construiremos una nueva economía agraria-industrial, que nos reubique en el mundo; mantendremos un Estado débil que se somete a la gran inversión y recibe lo que ella quiera darle, o construiremos un Estado activo en la economía, en la inversión, la regulación y la redistribución social; seguiremos a la cola de América Latina en educación y salud, o cambiaremos las prioridades de la recaudación y el gasto para lograr la mayor cobertura de estos servicios con la más alta calidad; mantendremos la constitución neoliberal o sacaremos adelante con el poder constituyente del pueblo nuevas reglas económicas y políticas para un nuevo país.

El candidato de la honestidad debe volver a ser el de la esperanza. Eso hace la diferencia. La indefinición sólo conduce a aumentar la confusión.