LIMA—La amenaza de expulsión de Perú de un religioso británico ecologista, a quien el gobierno acusa de agitar a las poblaciones, ha provocado abiertas discrepancias entre las autoridades.

El jueves el ministro de Defensa Rafael Rey justificó la decisión de expulsar al hermano Paul Mc Auley, argumentando que el estado debe defenderse de quienes buscan alentar la violencia y el desorden interno. La expulsión de Mc Auley, no obstante, quedó suspendida en la víspera debido a una medida cautelar admitida por un juez civil de la ciudad de Iquitos, donde trabaja el religioso de la orden católica Hermanos de La Salle.

"El gobierno no solo tiene el derecho, (sino) el deber, de proteger la paz social y la seguridad de los ciudadanos. No tiene derecho a venir un señor con la intención supuesta de hacer actividad pastoral o religiosa, y dedicarse a soliviantar a la gente", dijo Rey en declaraciones a periodistas.

El gobierno ha señalado que Mc Auley promueve la agitación social por haber participado en marchas y manifestaciones pacíficas en favor de la defensa del medioambiente y los derechos indígenas, y denunciado la contaminación de la amazonia por parte de empresas.

El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, manifestó públicamente el jueves su oposición a la expulsión del religioso.

"Yo me distancio de (quienes apoyan) expulsar extranjeros y sacerdotes, menos cuando se trata de personalidades que están haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de vida de un vasto sector de peruanos", declaró el también presidente del Poder Judicial.

El miércoles el juez Alexander Rioja, del Primer Juzgado Civil de Loreto en Iquitos, admitió una acción de amparo presentada por la defensa de Mc Auley y emitió una medida cautelar a su favor ordenando al ministerio del Interior suspender la ejecución de la resolución que dispone su expulsión de Perú.

El religioso inglés viene recibiendo muestras de respaldo y solidaridad de activistas y organizaciones de derechos humanos.

La actriz estadounidense y activista, Q'orianka Kilcher, destacó el jueves en un correo electrónico a la AP que "el hermano Paul solamente ha dado una voz a un grupo al que el gobierno peruano preferiría acallar".

Afirmó que la campaña por los derechos de los indígenas obstaculiza el trabajo de las empresas petroleras y madereras que operan en Loreto, a las que el gobierno defiende en su búsqueda de obtener la mayor cantidad de regalías.