Servindi, 25 de junio, 2009.- Tras 18 años de presión y maniobras políticas, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) decidirá si aprueba o no la ampliación territorial de la comunidad indígena Cacataibo y la expulsión de las concesiones madereras. Los pobladores reviven la esperanza de lograrlo y llegan a Lima para solicitar apoyo.(Imagen: reducayali, La República)
Los pobladores de la comunidad indígena Cacataibo (aproximadamente 7 mil 200) habitan en las cuencas de los ríos Aguaytía, Sungaruyacu y San Alejandro, en la región Ucayali (centro) y son víctimas de la tala de árboles indiscriminada.
Un grupo numeroso de este pueblo, proveniente de la familia etnolingüística Pano, se encuentra aun en condición de aislamiento voluntario.
El presidente de la comunidad nativa de Puerto Azul, Ángel Simón Angulo, y el presidente de Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FENACOCA), Fernando Estrella, llegaron a la capital para demandar que se atienda su pedido, el cual fue presentado en el año 1991. El Instituto de Bien Común (IBC) asumió la responsabilidad de acompañar el proceso.
Dilatación del proceso
En el año 1991 se realizó la primera demarcación del territorio Cacataibo, el cual abarcaba 42 mil hectáreas. Posteriormente, la Dirección Forestal del INRENA no admitió dicho documento y ordenó una nueva demarcación para iniciar el proceso de ampliación de territorio de la comunidad nativa de Puerto Azul.
Recién en el 2004 se realiza la nueva medición. La invasión de colonos disminuyó el territorio a 33 mil hectáreas.
En este momento y ante las evidentes consecuencias generadas por las actividades extractivas en la zona, los indígenas Cacataibo sumaron la solicitud de exclusión de las concesiones forestales que se habían superpuesto al área en cuestión.
“Ellos usan esas áreas para agricultura, casza, pesca, recolección y ahí están los madereros. El gobierno les concedió estas áreas en el 2003, cuando ya estaba el pedido de los Cacataibo desde 1991″, lamentó la subdirectora del Instituto de Bien Común (IBC) Margarita Benavides.
“El Estado está yendo contra los derechos de los pueblos indígenas. Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los indígenas tienen derecho sobre las áreas que ocupan”, agregó.
Un nuevo rechazo. La FENACOCA entregó al INRENA los documentos y demarcaciones necesarias para continuar el proceso de aprobación final a ambos pedidos (ampliación de territorio y exclusión de concesiones forestales).
El organismo estatal manifestó que “no era suficiente” y pidieron la elaboración de un estudio socioambiental que justifique el redimensionamiento del bosque y la exclusión de las concesiones.
Febrero de 2009. El IBC junto a los representantes de la comunidad hicieron llegar nuevamente los nuevos documentos requeridos, sin embargo hasta ahora no obtuvieron respuesta de la entidad responsable de la decisión.
“Ya se entregó el estudio, entonces, por qué no levantan esas concesiones forestales que están encima de nuestra área”, manifestó el presidente de la comunidad, Ángel Simón Angulo.
“Medidas inmediatas”
“Hemos tenido una reunión con director forestal del INRENA, Gustavo Suarez de Freitas, para que de una respuesta definitiva para el redimensionamiento de los bosques y el levantamiento de las concesiones. Pero nos han dicho que recién tendrán una respuesta dentro de 15 días”, señaló Margarita con evidente molestia.
“Ellos necesitan una respuesta urgente y pronta levantamiento de las concesiones porque hay una relación muy conflictiva con las madereras. Las autoridades deben priorizar el asunto. Pero recién van a mirar el estudio que se entregó en febrero”, añadió.
La “voluntad política” es la clave para acceder al pedido de los pobladores indígenas de Ucayali, según considera la especialista del IBC. “Son 18 años que se está pidiendo eso. Pero esa es la estrategia del Estado, dilatar. Cuatro meses después de entregar el informe el director forestal dice que va a mirar el estudio”.
Según la promesa del director forestal del INRENA, tendrá la respuesta definitiva para ambas solicitudes el próximo 2 de julio. Los representantes Cacataibo regresaron a su comunidad para informarle lo sucedido a la comunidad. Ahora están expectantes.
Sin madera y sin alimentos
Desde e 2003 el territorio ocupado ancestralmente por los indígenas Cacataibo, fue dividido en 4 concesiones forestales, las cuales fueron entregadas a 3 empresas extractivas que vienen generando la degradación de los recursos naturales del bosque con sus desechos.
En noviembre pasado el derrumbe de un cerro aledaño colmató el río, llenándolo de barro, producto de la descontrolada tala de árboles. Los indígenas perdieron la capacidad de pesca en esta zona, uno de sus principales sustentos alimenticios.
“La comunidad no va a permitir que las empresas operen en contra de la voluntad de los pobladores. Por esta madera nos han quitado a nuestros peces, desde la cabecera hasta la provincia de Padre Abad”, dijo indignado el presidente de FENACOCA, Fernando Estrella.
De la misma manera, la población viene sufriendo inminentes enfermedades y muertes producto de la contaminación que provocan las empresas en los ríos. Los animales, también de consumo indígena, huyeron de la zona debido a que no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir.
“El río Aguaytía no tiene peces, osea que estamos llegando a una extrema pobreza en nuestra comunidad, no hay abastecimiento para nuestros pobladores. Los animales también han huido porque no tienen alimento”, lamentó Fernando.
Escarmiento de los madereros
Tomás Benavente denuncio a tres comuneros por intervenir gasolina
“Las empresas madereras derraman gasolina y otros aceites al rio, en algunos casos construyen caminos destruyendo bosques, colmatan las cuencas y frente a la inacción del Estado las comunidades comienzan a actuar porque tienen que luchar por su sobrevivencia”, explicó el abogado del IBC, Carlos Soria.
Por una de esas acciones de defensa a sus recursos y protesta por la contaminación, el presidente de la comunidad Ángel Simón fue denunciado penalmente por el empresario maderero Tomás Benavente. Le imputó los delitos de contra el cuerpo, la vida y la salud y robo agravado.
“La comunidad decide en un momento no dejar entrar a los madereros porque tienen que pasar por la comunidad para llegar a donde está la madera, en la cabecera del río Aguaytía. Fue un acto de las mujeres de la comunidad. Él no estuvo ahí pero lo denuncian por ser el presidente”, detalló Carlos Soria.
“Este es el inicio de una acción para presionarlo y tratar de neutralizarlo. Porque luego de la denuncia el empresario ha intentado negociar con los pobladores indígenas para detener el proceso con el INRENA”, añadió.
Finalmente, el equipo de profesionales del Instituto del Bien Común (IBC), que facilitaron el traslado de los pobladores Cacataibo hasta Lima y asumen su defensa, manifestaron que no presentarán una contrademanda ni acudirán a otras instancias superiores por el momento.
“Estamos apostando porque el nuevo director forestal actúe rápido y efectivamente”. La misma esperanza que mantienen los indígenas desde sus comunidades ya contaminadas.
