Sostienen que ha traicionado la confianza del
Congreso para hacer una norma pro-impunidad con ayuda de
abogados de violadores de
derechos humanos. Indican que García tiene la palabra.
Haber consultado sobre el Decreto Legislativo 1097 con el
abogado de Alberto
Fujimori, César Nakazaki, y con el asesor de Luis Giampietri, Sergio Tapia, puede costarle el puesto al ministro de Defensa, Rafael Rey, como culminación de una serie de desatinos que se remontan a su idea de lanzar el pisco 7,9 como conmemoración del mortal terremoto del Sur Chico.
Desde diversos sectores, incluido el Partido Aprista, se multiplicaron ayer los pedido de que el ministro Rey deje el cargo, porque un ministro como él, es un peligro para el país, pues está probado que el decreto 1097 favorece a los procesados que atentaron contra los
derechos humanos.
El ex procurador Ronald Gamarra dijo a
LA PRIMERA que Rey debe irse a su casa, por haberse asesorado de los dos
abogados a quienes se les conoce por defender siempre a quienes están acusados de graves delitos.
“Debe irse a su casa, porque el decreto que hizo con la ayuda del
abogado del condenado Alberto
Fujimori, lo favorece a éste y a los que estuvieron a su mando como los integrantes del Grupo Colina”, dijo.
Por su parte, el
abogado del IDL, Carlos Rivera, señaló a este diario que si Rey actuara de manera ética, hace rato debió irse a su casa. “Rey está gestionando a favor de intereses particulares al reunirse con una de las partes involucradas que serían directamente beneficiadas con el decreto. Por ética debería renunciar”, señaló
ApristasEl congresista aprista Luis Negreiros afirmó que Rey no ha sabido honrar la confianza que el
Congreso depositó en el Ejecutivo, al haber consultado a Nakazaki y Tapia parte de la elaboración del cuestionado DL 1097.
“Los profesionales a los que (Rey) ha recurrido tienen una opinión comprometida e intereses de por medio, no era lo apropiado, sin duda merece un severa crítica. Lo que más me sorprende es que el Ejecutivo, en especial el ministro de Justicia, no haya tomado el cuidado para honrar y defender la confianza que (los parlamentarios) depositamos en ellos”, sostuvo.
Para el parlamentario aprista Luis Wilson solo García puede decir sobre la permanencia de Rey en el gabinete; sin embargo, consideró necesario que el ministro le de una explicación exhaustiva al pueblo peruano, al
Congreso, y al Partido Aprista.
Asimismo, dijo que el hecho de que Rey haya solicitado asesoría de Nakazaki y Tapia es un tema delicado que debió consultar al Ejecutivo, y que con ello no sólo ha mellado la imagen del gobierno, sino la del
APRA, que depositó su confianza en él, para ocupar la cartera de Defensa.
A su vez, el congresista del partido de la estrella Luis Gonzales Posada criticó al titular de Defensa y también dijo que corresponde al presidente García decidir si deja el Gabinete por este hecho, que afecta la gestión del actual gobierno.
El legislador consideró inaceptable que Rey haya acudido a Nakazaki y Tapia para pedir asesoría legal. “Hay una abierta incompatibilidad, un conflicto de intereses, recurrir a esos
abogados para hacer consultas, coordinaciones o la supervisión de un decreto tan sensible, porque estos defienden precisamente temas de violación de
derechos humanos contra el Estado. Por eso repruebo, y considero inaceptable, que se haya buscado esa asesoría legal”, señaló a
LA PRIMERA Gonzales Posada, quien, además, se pronunció por revisar o inclusive anular el DL 1097.
En dialogo con
LA PRIMERA, el militante aprista y especialista en
derechos humanos, Alberto Salgado, consideró que lo menos que puede hacer Rey es renunciar a una cartera tal delicada, aunque consideró improbable que lo haga porque el ministro de Defensa sabe que cuenta con el apoyo del presidente de la República,
Alan García.
Para Salgado, la actuación de Rafael Rey es lamentable y evidencia la cercanía de un sector del gobierno con elementos del
Fujimorismo. “Estas coordinaciones (de Rey con Nakazaki) son inaceptables y muestran un hecho grave”, señaló.
Sostuvo, además, que el
Congreso debe citar al ministro de inmediato, interpelarlo y censurarlo, y el
Congreso debe tomar medidas respecto al parlamentario
Fujimorista Rolando Sousa, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, hizo gestiones para que las facultades legislativas dadas al Ejecutivo abarquen asuntos procesales referidos a
militares y policías acusados de violaciones de
derechos humanos, lo que viabilizó el criticado decreto 1097.
Vanessa Ramos / Helio RamosRedacción