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Por el juego limpio


Resulta lamentable que la carrera por la municipalidad de Lima haya descendido a niveles deplorables, por el uso de armas vedadas, ajenas a una auténtica contienda democrática y leal, en el ciego empeño de descalificar al contrario, como vía para alcanzar el favor ciudadano, en lugar de conseguirlo con la fuerz a de las ideas y las propuestas.

No menos deplorable resulta el comportamiento de algunos medios que parecen empeñados en ensuciar la campaña con excesos que desprestigian a sus autores y que en nada contribuyen al civismo que debe primar en la contienda y al deber de docencia ciudadana que deben cumplir quienes tienen el poder y el privilegio de hacer llegar al público información y opiniones.

Las actitudes que lamentamos no solamente impiden la discusión abierta y documentada de los problemas de la ciudad y el cotejo de propuestas para resolverlos, sino que abonan a la creciente pérdida de fe de la población y a un mayor alejamiento de los peruanos, sobre todo los jóvenes, de los partidos y, peor aún, de la actividad política, cuyos rasgos de nobleza y altruismo parecen perderse cuando quienes la ejercen la envilecen con su falta de servicio público y su conducta ineficiente y en muchos casos corrupta.

El daño, en definitiva, no es sólo al rival ocasional, sino a la misma democracia, que se debilita con las confrontaciones bajas y estériles, las que deben terminar para dar paso, insistimos, a la pugna programática y de ideas, sin prejuicios ni satanizaciones de un lado ni de otro.

Este diario, que mantiene su independencia sin identificarse con ningún candidato ni agrupación política -más allá de las legítimas y respetables preferencias que pueda tener cada uno de sus periodistas en forma personal- se ha negado a participar en el desenfreno de pasiones que lamentablemente envuelve a la campaña electoral.

Por eso puede hacer este llamado a la cordura y a la conciliación, a todos aquellos que han incurrido en el error de atizar enfrentamientos y asumir actitudes fratricidas de querer marginar o descalificar a compatriotas por el hecho de pensar diferente o promover proyectos políticos alternativos.

Hagamos un esfuerzo, cuidemos la democracia, tratemos más bien de ayudar a que se profundice y a que sea más participativa y para que los ciudadanos la aprecien y se comprometan con su defensa, lo que lograremos si aportamos a que uno de sus elementos esenciales, la confrontación serena y abierta de ideas, no se desvirtúe por actitudes como las que aquí criticamos.

García acusado de traición y ofensa a militares y policías

Ex altos oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas rechazan declaraciones de jefe de Estado a favor de eliminación de Cédula Viva.

Señalan que el presidente García está sembrando desunión entre los peruanos.


REACCIONES

Mecida
Daniel Mora
“Es una mecida más del presidente de la República, quien, a través del premier (Javier Velásquez), había dicho que no se tocaría el tema de la Cédula Viva”.

Sin palabra
Jorge Montoya
“Da pena que la clase política no tenga palabra. Cuando el premier dice que no se van a tocar las pensiones y luego se tocan es que no tienen palabra. Eso nos sorprende”.

Quiebra moral
Roberto Chiabra
“Se está resquebrajando la moral de las Fuerzas Armadas y policiales ante la inminencia de tres conflictos: la demanda de La Haya, la lucha contra el narcotráfico y la lucha que se lleva en el VRAE”.

Asunto delicado
Remigio Hernani
“No la tendrán tan fácil. Habrá protestas en gran magnitud, pues están jugando con fuego. Este asunto es sumamente delicado para las fuerzas del orden”.


DETALLE

Daniel Mora negó a su vez que algunos militares o policías de alto rango tengan privilegios con la aplicación de este régimen de pensiones, tal como lo afirmó García.

Desmintió, además, que esta estructura pensionaria (Cédula Viva) genere el desbalance que impide el mejoramiento en las pensiones para los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía, como sostiene el gobierno.


Las declaraciones formuladas la noche del viernes en Villa el Salvador por el presidente Alan García, en las que fijó una dura posición en el controvertido tema de la eliminación de la Cédula Viva para policías y militares, cayeron muy mal en las Fuerzas Armadas y la Policía, a la luz de declaraciones de ex jefes de las mismas, que usualmente reflejan el sentir de los uniformados.

De inmediato el ex jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya Manrique, los ex ministros de Defensa, Roberto Chiabra, ex comandante general del Ejército, y del Interior, Remigio Hernani, ex jefe policial, así como el ex titular del Consejo Nacional de Inteligencia, Daniel Mora, rechazaron las declaraciones del primer mandatario.

En abierto respaldo al planteamiento de la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, quien ha propuesto la eliminación del citado beneficio pensionario, el jefe de Estado aseguró que mantener ese sistema significaría continuar con la “discriminación y los privilegios” de un sector, así como impedir que se mejoren los sueldos y quitar recursos que deberían emplearse en obras a favor de los más pobres.

“Si mantenemos una Cédula Viva que los civiles ya se quitaron, mantenemos una discriminación y un privilegio. O sea, porque usted es militar tiene y los pobres civiles no tienen. Creo que todo debe ser por igual y que no debe haber esas diferenciaciones”, manifestó.

Siembra desunión
En diálogo con LA PRIMERA, el general Roberto Chiabra consideró sumamente graves las declaraciones presidenciales pues afectan la unidad que debe primar entre civiles y militares. “El presidente está sembrando la desunión entre los peruanos”, remarcó.

Por su parte, el ex ministro Hernani dijo sentirse decepcionado con las palabras de Alan García, pues ha traicionado la confianza de policías y militares. “Antes de acceder a su segundo gobierno, el presidente se reunió con un grupo de generales en retiro y prometió no recortarles sus derechos”, reveló.

Hernani dijo que la intención de eliminar la Cédula Viva es un abuso y un atropello más, así como la demostración del desprecio del gobierno por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuyos integrantes tienen sueldos miserables, ya sea en retiro o en actividad.

Cuentazo
Para Hernani el nombramiento de una comisión de alto nivel para la reestructuración integral de las renumeraciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido por gusto. “Sólo ha sido un cuentazo porque al final han metido de contrabando estas propuestas para eliminar la renovación pensionaría. Tanto sacrificio, tantas vidas, tantos lisiados que hay en la fuerzas del orden, para que se pague de esta manera”, señaló.

El ex ministro expresó, asimismo, su confianza de que el Parlamento rechace el planteamiento del Ejecutivo en torno a la Cédula Viva.

Por su parte, Chiabra dijo esperar que las diferentes bancadas reflexionen sobre el tema, inclusive la oficialista, la que -afirmó- ha sido sorprendida.

Similar parecer expresó el almirante Montoya, quien se declaró confiado en que los congresistas tomarán conciencia de la situación y corregirán el error que ha cometido el ministerio de Economía y Finanzas al presentar esta “propuesta inadecuada”.

Es un derecho
De otro lado, el almirante Montoya sostuvo que la “pensión renovable” (Cédula Viva) del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es un privilegio, como lo sostuvo el presidente García, sino un derecho ganado debido a la modalidad de trabajo que tienen.

“No se reconoce que su trabajo es especial, particular y no comparable con ninguno que se realiza en el país, pues se hace a dedicación permanente”, dijo en declaraciones a LA PRIMERA, a tiempo de señalar que en todos los países de la región rige la “pensión renovable”.

Helio Ramos
Redacción

Víctimas de violaciones de DD.HH. solicitan no aplicar DL 1097

Domingo, 05 /09/2010


Amenaza. Abogados de militares se disponen a pedir libertad y archivo de sus procesos. Defensores de Derechos Humanos advierten que el Decreto Legislativo encubre una nueva ley de amnistía a favor del grupo Colina y otros militares.

César Romero C.

“Es una norma diabólica, espero que los jueces la rechacen”, dice el padre de Mariella Barreto, Orlando Barreto, sobre el Decreto Legislativo 1097 que otorga impunidad a los militares sospechosos de torturar, asesinar y descuartizar a su hija en 1997.

Orlando Barreto ha luchado los últimos 13 años para encontrar justicia y sanción para los que mataron a su hija, pero el DL 1097 amenaza con dejarlo en el desamparo.

“Es un decreto legislativo que encubre una nueva Ley de Amnistía, como la que dio el régimen de Alberto Fujimori en 1995”, señalan a su vez Carlos Rivera, Gloria Cano y Ronald Gamarra de la coordinadora de Derechos Humanos.

Grupo Colina

El asesinato de Mariella Barreto puede ser el primero que se archive. Luego seguirían El Frontón, Cayara y Accomarca, así como unos 100 procesos en investigación judicial y en juicio público.

Además, saldrán de prisión y posiblemente queden sin sanción: los ex jefes del destacamento Colina Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe. En libertad, lo más probable es que evadan sus juicios públicos. Lo único que quedaría es confiar en que los jueces usen el control difuso y declaren inconstitucional e inaplicable dicho DL, señala Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría.

Los familiares de víctimas de violación de derechos humanos recordaron cómo en junio de 1995 la jueza Antonia Saquicuray y la desaparecida fiscal Ana Cecilia Magallanes rechazaron la ley de amnistía al grupo Colina.

Ayer circuló una versión según la cual la defensa del coronel Carlos Sánchez Noriega, uno de los procesados por la muerte de Barreto, había pedido el sobreseimiento de ese caso ante la jueza Magally Báscones.

Pero, hasta las 4.00 pm el documento no fue presentado. El abogado de Sánchez, Mario Amoretti, dijo a La República que aún está evaluando el decreto legislativo.

Reconoció que durante el desarrollo de una audiencia, el miércoles último, comentó con otro colega la publicación del DL 1097, que permite el sobreseimiento del caso.

Sin embargo, sería solo cuestión de horas o días para que los abogados empiecen a solicitar a los jueces la aplicación de la norma: ya sea para obtener la libertad de los procesados o el sobreseimiento (archivo) del proceso.

La República pudo advertir, en un recorrido por la Fiscalía, la Sala Penal Nacional y los juzgados especiales de Lima, que hay preocupación entre los magistrados, fiscales y procuradores por las consecuencias del DL 1097.

Jueces y fiscales tienen claro que solo les quedaría declarar la inconstitucionalidad del mencionado DL para seguir con las investigaciones, pero reconocen que la situación es complicada.

La mayoría de los jueces que tienen a su cargo casos relacionados con violaciones de Derechos Humanos se encuentran en pleno proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que debe decidir si los mantiene en el cargo o los despide.

El DL 1097 otorga a los militares acusados de violación de derechos humanos la posibilidad de seguir los juicios desde su casa, previo pago de una caución (fianza) cuyo monto dependerá de su capacidad económica e incluso los podrá respaldar el Ministerio de Defensa. En los casos donde se mantenga la orden de detención, esta se cumplirá en una instalación militar o policial.

Luego, dispone que en aquellos casos en los que la investigación supere todos los plazos legales, más de tres años, se declare el sobreseimiento (archivo) en favor de todos los encausados.

También, indica que rige la prescripción. Teniendo en cuenta que las investigaciones sobre violación de Derechos Humanos datan de los años ‘80 y ‘90, en todos los casos procede la libertad del acusado o el sobreseimiento del caso.

Decretos son incoherentes

”Los decretos legislativos dados por el gobierno trastocan y perturban la puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, al disponer que una parte de su articulado rija en todo el país para casos específicos de violación de Derechos Humanos, opinó el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, encargado de la fiscalía de la Nación.

También consideró que falta coherencia normativa en el Ejecutivo, pues por una parte pone en la congeladora la implementación del Nuevo CPP en todo el país y, a la vez, dispone la vigencia de algunos artículos para determinados delitos. Anotó que esto generará la convivencia simultánea de tres procedimientos penales: el antiguo, el modificado y el nuevo.

”El Decreto Legislativo 1097 desconoce la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad (ONU), según la cual los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha de su perpetración”, advirtió el ex procurador Ronald Gamarra.

4]Añade que otra vez el Estado peruano aparecerá en la escena internacional tratando de sacarles la vuelta a sus obligaciones derivadas de la suscripción de tratados en materia de derechos humanos y se expone a nuevas condenas.

Beneficiarios

Juicio. 57 militares acusados de graves violaciones de DD.HH saldrían en libertad y con procesos archivados. Aquí algunos:

1. Santiago Martin Rivas
2. Carlos Pichilingüe Guevara
3. Luis Pérez Documet
4. Telmo Hurtado “Camión”
5. Juan Yanqui Cervantes
6. Carlos Sánchez Noriega
7. José Salinas Zuzunaga
8. José Valdivia Dueñas
9. Juan Rivero Lazo
10. Nicolás Hermoza Ríos
11. Alberto Pinto Cárdenas
12. Enrique Oliveros Pérez
13. Santiago Picón Pesantes “Chacal”
14. Juan Rivera Rondón
15. Vladimiro Montesinos Torres
16. Jesús Sosa Saavedra
17. Nelson Carbajal García
18. Flavio Urquizo Ayma
19. Álvaro Artaza Adrianzén “Camión”