Pronunciamiento de solidaridad del PST
PST / Mariátegui
LIMA/PERÚ.
Lunes, 29 de marzo de 2,010
El acto reviste otra violación contra las libertades sindicales y abuso premeditado, que se hace gracias a un juez que pisotea la ley con tal de servir a sus amos de la patronal minera de la familia Gubbins, cuya actuación antisindical es de conocimiento público. Y no es casual que se haga en un momento en que el sindicato se apresta a luchar por la solución a su pliego de reclamos, el pago de justo de utilidades y por la libertad de sus dirigentes presos.
El mandato de detención es justificado bajo la patraña de que el dirigente “no habría acreditado domicilio legal”, cuando, como representante legal de la organización sindical tiene y acredita domicilio legal, y bajo la acusación de haber participado en el “bloqueo” de la Carretera Central en setiembre del 2009, cuando los trabajadores realizaron una protesta. La misma denuncia obra contra otros 7 dirigentes sindicales. La autoridad no ha demostrado la participación de Quispe, pero para ellos es suficiente prueba su condición de dirigente sindical, razón por la que su detención, como la de Pedro Condori y de los otros dirigentes que siguen preso, en los hechos es una clara violación de la libertad sindical.
Es más, el bloqueo de carretera al que se alude, fue una protesta por el incumplimiento y la burla permanente de la empresa a los reclamos de los trabajadores. A la empresa no se le aplica ni siquiera una amonestación por sus inconductas, sin embargo a los trabajadores si se les coacta el derecho a protestar, sancionando y criminalizando sus acciones de lucha, pretendiendo dejarlo indefenso ante las brutales arremetidas de la patronal. Demás está decir que el “bloqueo” de carreteras es un acto de protesta comúnmente utilizada en el país por los sectores que entran en conflicto y que no es exclusivo de los trabajadores de Casapalca.
En definitiva, estamos ante un ensañamiento contra el Sindicato Minero de Casapalca, que habiendo sido en los últimos años un bastión de la lucha obrera hoy pretende ser liquidad por la patronal en alianza con las autoridades judiciales y la complicidad del gobierno de Alan García.
En el caso de Condori, la Fiscalía Penal, después de seis meses de injusta encarcelación y ante la presión nacional e internacional reclamando por su libertad, ha tenido que resolver por la “NO ACUSACION”, y de este modo ha enviado nuevamente al 46 Juzgado Penal dicha resolución para que se efectivice o bien su libertad o su pase a la Fiscalía Superior, para que ésta ratifique lo resuelto por la Fiscalía Penal. Sin embargo, hasta ahora no se ejecuta la orden, por ello el juez ha sido denunciado por inconducta ante la OCMA.
Este abuso sólo puede ocurrir gracias al gobierno servil de Alan García que ha establecido un sistema legal y represivo para castigar a los luchadores obreros y populares para que sean usados a su gusto los empresarios.
Basta de abusos contra los dirigentes de Minera Casapalca. Libertad inmediata a todos ellos y por su libre ejercicio a la libertad sindical. Llamamos a ampliar la solidaridad nacional e internacional, enviando pronunciamientos al gobierno de Alan García y al juez que ve la causa. Y sobre todo demandamos a la CGTP y la Federación Minera que pongan fin al pacifismo ante estos hechos, que afectan también a los dirigentes de la lucha indígena y de otros sectores, y que tomen acciones decididas que pongan fin a estos abusos.