GOBIERNOS REGIONAL Y MUNICIPAL DE ICA ENTRE LOS ÚLTIMOS LUGARES EN ATENCIÓN AL PÚBLICO
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Excluyeron a la sociedad civil para opinar sobre transgénicos
José Carlos Reyes.
Laboratorio. La modificación genética debe ser probada científicamente. (Foto: EFE)
El futuro ingreso de las semillas transgénicas al Perú sigue generando polémica. Diversas organizaciones científicas y de la Sociedad Civil criticaron que nunca fueran consultadas ni informadas sobre el reglamento de Bioseguridad que normará el ingreso de estas semillas genéticamente manipuladas.
Así lo indicaron representantes de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). "Nosotros exigimos transparencia al gobierno al conocer cuáles serán las precauciones que se tomarán para evitar que los consumidores o el ambiente sean afectados", criticó Luis Gomero, miembro de la RAAA.
Pero también la presidenta de la Sociedad Peruana de Genética, Antonietta Gutiérrez, en su momento mostró su malestar pues esta entidad tampoco fue consultada.
Al respecto el jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Juan Rissi, admitió que estas entidades fueron excluidas de la elaboración del reglamento, pero recalcó que sí fueron consultadas otras instituciones científicas.
"El reglamento saldrá en los próximos días y no podrá ser vetado por el Ministerio de Ambiente", apuntó Rissi, aunque evitó adelantar detalles sobre las sanciones que se establecerán para las empresas en caso incumplan las normas de bioseguridad.
replantearán posición
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente criticó la posición asumida por el gobierno peruano de negarse a establecer sanciones de carácter internacional para las empresas productoras de semillas transgénicas, en el caso de que su uso genere efectos negativos en la salud humana y el ambiente. "Aún se desconocen los reales efectos del uso de transgénicos; por ello, la norma debe ser vinculante", refirió María Luisa del Río, jefa de la Unidad de Biodiversidad y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente, quien indicó que su cartera buscará replantear la posición peruana.
Sin embargo Rissi indicó que el INIA mantendrá su oposición respecto de las sanciones internacionales.
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Aumentan los precios de alimentos en América Latina y el Caribe
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'Los Kirchner llevan más años de gestión del encubrimiento de la masacre que el gobierno de Menem'
Por: APEMIA
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Estados Unidos perpetúa las matanzas masivas en Irak
Por: Peter Phillips *)
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SE LANZA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE LA NUEVA CONSTITUCION EN EL ECUADOR
Por razón, el TSE ha escogido los temas que serán difundidos, de manera sencilla, en la publicidad. Primero se explicará la división de la Constitución en orgánica y dogmática.Además, se explicarán los cambios en los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones) y las cláusulas económicas.
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Chávez agradece a Rusia venta de armamentos
Los presidentes Hugo Chávez y Dimitri Medvedev durante su entrevista ayer en Moscú. (AFP)
"El imperio norteamericano se siente derrotado porque querían hacernos un cerco, un bloqueo, como tienen planes para invadir a Venezuela, pretendían desarmar a Venezuela", añadió.
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Obama jura salida de Irak
A través de un intérprete, el candidato Barack Obama habla con líderes iraquíes de varias tendencias en Bagdad. (AFP)
AMMÁN, EFE -AFPEl candidato presidencial demócrata de EEUU, Barack Obama, renovó ayer en Jordania su compromiso de retirar las tropas estadounidenses de Irak si gana las elecciones de noviembre.
Contra el terrorismoAsimismo, Obama, que antes de hacer escala en Jordania visitó Afganistán e Irak, reiteró la necesidad de centrarse en el refuerzo de las tropas que Washington mantiene desplegadas en territorio afgano para vencer a los talibanes.
MCCAIN EN LÍOS
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SIETE MILLONES DE HECTAREAS DE BOSQUES EN MANOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN ECUADOR
A su criterio lo que hace la gente para obtener dinero por sus tierras es cambiar el uso de suelo, tala el bosque y ese espacio lo destina para la crianza de ganado, siembra de palma africana, maíz, arroz e incluso la plantación forestal.
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Instituciones financieras regionales
Están cobrando cada vez más importancia un conjunto de “instituciones financieras regionales” (IFRs) que otorgan préstamos y apoyan diversos emprendimientos en América Latina. A diferencia de las instituciones globales, como el Banco Mundial o el FMI, estas IFRs son controladas por los gobiernos latinoamericanos. Se abren así muchas posibilidades para financiar otro tipo de desarrollo aunque persisten muchos problemas con las dimensiones sociales y ambientales, donde no se deben repetir los mismos errores de las instituciones financieras globales. En la actualidad se pueden reconocer al menos ocho instituciones financieras latinoamericanas. Dos tienen cobertura continental: son el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). La Corporación Andina de Fomento (CAF) comenzó brindando préstamos a los países andinos pero ahora se ha ampliado notablemente, mientras que el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) se restringe a los países de la cuenca del Río de la Plata. Existen dos bancos subregionales: el Banco Centroamérica de Integración Económica (BCIE) y el Caribbean Development Bank (CDB). Otros dos bancos son nacionales pero financian empresas y proyectos en los países vecinos: el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES) de Brasil, y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) de Venezuela. Muchas de estas instituciones han pasado casi desapercibidas durante un buen tiempo. Pero hoy es posible advertir que son un grupo no solo numeroso, sino que manejan un enorme volumen de recursos. Su patrimonio acumulado supera las 27 mil millones de dólares. El mayor volumen se registró en el BNDES, que dispuso de 14 070 millones de dólares en 2007, seguido por la CAF con 4 125 millones de dólares. El BNDES se encuentra por debajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, cuyo patrimonio en 2007 fue de US$ 20 353 millones). Las IFRs son regionales en por lo menos dos sentidos: operan dentro de América Latina, y sus autoridades y la toma de decisiones están en manos de los gobiernos latinoamericanos. En cuanto a su operación, predominan los financiamientos convencionales, tales como proyectos en infraestructura y energía, la expansión empresarial privada o la cooperación técnica. Posiblemente una de las IFRs más notorias es la CAF, la que actúa desde 1970 como un banco de promoción del desarrollo y de servicios financieros. Sus actividades iniciales se centraron en los países andinos, pero se sumaron naciones de otras regiones, España y más de una docena de bancos privados. Su cartera de préstamos ha crecido continuamente hasta alcanzar los US$ 9 622 millones en 2007. Es el principal financiador de los países andinos. Además de los préstamos para obras clásicas de infraestructura, la corporación es uno de los principales financiadoras de la Iniciativa en Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).Bladex es una institución mixta ya que depende de bancos centrales y agencias gubernamentales de 23 países de la región, algunos bancos internacionales y fondos de inversión. Opera como un banco regional de promoción del comercio exterior. Por su parte, FLAR brinda préstamos y garantías para apoyar la balanza de pago y asiste con créditos a sus miembros (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela).A nivel subregional existen dos bancos. El BCIE fue fundado en 1960 por cinco países centroamericanos, pero actualmente se han sumado otras naciones, incluso desde fuera de la región (República China – Taiwán y España). Financia proyectos de promoción comercial, integración y contra la pobreza. El CDB opera en el Caribe, apoyando proyectos de desarrollo económico y social. Fundado en 1969, 26 miembros (21 de ellos son caribeños, a los que se suman países como Alemania, Canadá, China, México, Reino Unido y Venezuela). También existe un fondo subregional, conformado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay (FonPlata), para el desarrollo de la Cuenca del Plata. Si bien su cartera de proyectos es modesta, apoya estudios previos de grandes proyectos y financia algunas obras; también mantiene al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay Paraná, un antiguo megaproyecto de infraestructura que ahora es parte del IIRSA.El BID también podría ser considerado como una IFR. Si bien actúa en América Latina, entre sus miembros hay 21 países extra-regionales (como varias naciones europeas y Japón), y entre ellos Estados Unidos tiene una influencia determinante. En cambio, la propuesta de un Banco del Sur apunta a una membresía exclusivamente regional, y cuando se ponga en marcha deberá ser sumado a esta lista. Finalmente, entre los bancos nacionales se destacan dos casos debido a que sus acciones se extienden a los países vecinos. El BNDES de Brasil apoya la llamada “internacionalización” de las empresas brasileñas. Su presencia ahora es ubicua, por ejemplo financiando empresas de Brasil en obras relacionadas con IIRSA en varios países, o brindando fondos para que algunas corporaciones brasileñas compren empresas en los países vecinos. El BANDES es el agente financiador de la política exterior de Venezuela, apoyando programas e inversiones, especialmente en el área energética y banca local. Cuenta con menos recursos, y si bien requiere que al menos un 50% del emprendimiento sea con participación venezolana, otorga mayor atención a la complementación.Esta apretada síntesis demuestra que es necesario prestar una mayor atención a las IFRs latinoamericanas. A diferencia de las IFIs globales, donde la toma de decisiones descansa casi exclusivamente en Estados Unidos y la Unión Europea, distintos gobiernos latinoamericanos, en especial los progresistas, han buscado mayor autonomía apelando a estas instituciones regionales. Las áreas claves de financiamiento son infraestructura, tales como carreteras y puentes, emprendimientos clásicos como saneamiento y energía. En el caso sudamericano hay un claro énfasis alrededor de IIRSA. Por lo tanto, las IFRs también financian emprendimientos de alto impacto social y ambiental. Las directrices para enfrentar esos efectos negativos en unos casos son poco claras, en otros son débiles, los mecanismos de evaluación de impactos sociales y ambientales no siempre son los mejores y a veces son desconocidos, y los canales de acceso a la información y participación ciudadana son dificultosos. Es así que en algunos casos las IFRs repiten los mismos problemas que se enfrentan con las “instituciones financieras internacionales” (IFIs) como el Banco Mundial.De todos modos, contar con nuestras propias instituciones financieras es un paso adelante para recuperar autonomía frente a la imposición de IFIs. Es importante mantener ese control regional, y por lo tanto el proceso de sumar otras naciones (como países europeos o China) debe ser manejado con mucha precaución. Pero también se debe actuar para no repetir los errores y limitaciones de las IFIs, y que no sean meros canales de intermediación de capitales globales o repitan los mismos proyectos de alto impacto social y ambiental. De nada sirve contar con ese control latinoamericano si se termina actuando de la misma manera que lo ha hecho el Banco Mundial o el BID. Por lo tanto es necesario actuar para que los proyectos financiados sirvan genuinamente al desarrollo y la erradicación de la pobreza, con efectos positivos palpables tanto a nivel local como nacional en todos los planos, desde el económico al ambiental. - Eduardo Gudynas es analista en CLAES D3E (www.integracionsur.com) El presente artículo resume puntos esenciales de un reporte publicado por el Programa de las Américas.
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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS ACUSA DE GENOCIDIO AL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE
Tal es, textualmente, el primer punto de la Acusación formulada por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Sección Colombia, al término de la Audiencia sobre Genocidio Indígena realizada en Atanquez, resguardo indígena Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 18 y 19 de julio de 2008.
La Acusación incluye a empresas nacionales y transnacionales, por su participación en los hechos de los que se acusa al Estado y al gobierno de Colombia. Asimismo, la solidaridad y el reconocimiento a los pueblos indígenas de ese país y una serie de recomendaciones a diversas instancias.
El TPP emitió su dictamen luego de considerar "suficientemente convincentes los testimonios y documentos que sustentan las acusaciones contra el Estado colombiano y las empresas que se han beneficiado de los hechos vulneratorios y en la convicción de que la violación de dichos derechos constituye un atentado contra la conciencia común de la humanidad y concierne a todos los pueblos".
El Jurado estuvo conformado por:
- Aída Quilcue, autoridad tradicional del Pueblo Paez, Consejera mayor del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC), Departamento del Cauca.
- Antoni Pigrau Solé, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona España.
- Bruno Rütsche, secretario del Grupo de Trabajo Colombia-. Suiza, Paz y Derechos Humanos.
- Hitoma Safiama, autoridad tradicional del Pueblo Muínane y Uitoto, Departamento de Amazonas.
- José Silvio Tapasco, autoridad tradicional del Pueblo Embera Chamí, Consejo Regional indígena de Caldas (CRIDEC), Departamento de Caldas.
- Leonardo A. Crippa, Pueblo Colla, abogado del Indian Law Resource Center (ILRC), Washington, Estados Unidos.
- Leonor Zalabata, Pueblo Arhuaco, Confederación indígena Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta.
- Lorenzo Muelas Hurtado, autoridad tradicional del pueblo Guambiano, ex constituyente y ex senador indígena, Departamento del Cauca.
- Marcelo Ferreira, profesor de Derechos Humanos de la facultad de filosof{ia y letras de la Universidad de Buenos Aires.
- Marcos Atracyera Chimana, autoridad tradicional del Pueblo Barí, Asociación Comunidad Montilón Barí de Colombia (ASOC BARÍ), Departamento del Norte de Santander.
- Marlon Santi, Presidente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
- Miguel Palacín Quispe, Pueblo Quichua, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Perú.
- Oscar Uriana, autoridad tradicional, Pueblo Wayúu, cabildo gobernador del resguardo indígena Mayabamgloma, Departamento de la Guajira.
- Pablo Aristo Bonilla, autoridad tradicional del Pueblo Sikuani, Consejo Regional indígena del Vichada (CRIVI), Departamento de Vichada.
- Philippe Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia y presidente del Comité de DESC de la ONU.
- Roberto Cobaría, autoridad tradicional del Pueblo U'wa, Asociación Aso U'wa, Departamento de Boyacá.
A continuación reproducimos la parte acusatoria del dictamen del TPP:
ACUSACIÓN
Por las razones anteriores, invocando la carta de Argel sobre los Derechos de los Pueblos, las disposiciones constitucionales e internacionales citadas anteriormente y el derecho originario de los pueblos indígenas de Colombia; considerando suficientemente convincentes los testimonios y documentos que sustentan las acusaciones contra el Estado colombiano y las empresas que se han beneficiado de los hechos vulneratorios aquí mencionados, y en la convicción de que la violación de dichos derechos constituye un atentado contra la conciencia común de la humanidad y concierne a todos los pueblos, el Tribunal resuelve:
1. Acusar al Estado Colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Velez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas de Colombia que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas producto de la cual cientos de miles de indígenas sufren graves consecuencias.
Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas que luchan por los derechos a la identidad, territorio, cultura, autonomía y participación.
Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar proyectos y actividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.
Por su responsabilidad en la situación crítica de los 28 pueblos indígenas en inminente peligro de extinción y exterminio.
2. Acusar a las Empresas nacionales y trasnacionales, ECOPETROL, OXY, REPSOL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, ANGLO GOLD ASHANTI, BHP BILLINGTHON, ANGLO AMERICAN, GLENCORE, XTRATA, MONSANTO, DYNCORP, MADERAS DEL DARIEN-URAPALMA, MURIEL MINING CORPORATION, BRISA S.A, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD – COBRE Y ORO DE COLOMBIA S.A, por su participación en los referidos hechos.
3. Comunicar el presente dictamen a los pueblos indígenas de Colombia y a sus organizaciones, y a las organizaciones solidarias con ellos. Igualmente a las organizaciones académicas y estudiantiles, a la Fiscalía General de la Nación, a las altas Cortes y organismos de control del Estado colombiano, a las redes de comunicación alternativa y medios masivos de información; a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional; a las empresas acusadas, sus casas matrices y los Estados donde tienen sus sedes.
4. Expresar su solidaridad y reconocimiento a los pueblos indígenas de Colombia que han sufrido la violación de sus derechos fundamentales, colectivos e individuales.
5. Recomendar:
a. Al Estado Colombiano:
- Que reconozca los títulos históricos de los diversos pueblos indígenas del país y facilite los procesos de legalización de asentamientos y resguardos, conforme a la Constitución Política de 1991 y a los instrumentos internacionales pertinentes (DUDH, PIDSP, PIDESC, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas del 10 de Diciembre de 2007).
- Que respete el Derecho de los Pueblos indígenas a gozar de los beneficios económicos derivados de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Lo que implica una serie de obligaciones para el Estado:
o Obligación de una consulta previa antes de cualquier explotación del suelo, subsuelo o del agua (en particular minería y petróleo), que sea realmente previa, pública, que contenga auténticos acuerdos de compensación si así lo deciden los pueblos indigenas.
o Abstención de destruir cualquier forma de vida tradicional (agricultura, pesca y caza).
o Abstención de adoptar leyes incompatibles con los compromisos internacionales en relación con los bosques, las minas, la tierra y el agua.
- Que acabe con las estrategias de expulsión de la población indígena a través de amenazas de grupos armados, de violaciones y de militarización del territorio.
- Que se sancionen las prácticas de despojo incontrolado de los recursos naturales (mineros, petrolíferos y madereros), de contaminación de aguas y suelos, de destrucción de flora y fauna así como el saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia.
- Que se reconozcan las autoridades indígenas, como está previsto en la constitución de 1991 y que se eviten y condenen los comportamientos irrespetuosos de las Fuerzas armadas que ingresan sin autorización a territorios indígenas, ocupan casas y espacios públicos, irrumpen en lugares sagrados o actúan con armas en dichos lugares.
- Que se reconozcan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y que no se imponga la lengua dominante.
- Que se respeten los derechos a la participación y al desarrollo tomando en cuenta la importancia de la tierra y de los recursos naturales para los pueblos indígenas, respetando la obligación de una verdadera consulta previa, como ya ha sido señalado; promoviendo verdaderas políticas públicas de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas con una participación activa de los pueblos concernidos en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda, y demás programas económicos y sociales y, en lo posible, en la administración de esos programas mediante sus propias instituciones.
- Que revise su posición sobre la declaración de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 2007 sobre los derechos de los Pueblos indígenas y que cumpla con sus recomendaciones.
- Que ponga un término definitivo a las violaciones del derecho a la vida y a la integridad física (asesinatos, mutilaciones, ataques contra la población civil, tortura, minas antipersonales, etc), y a la impunidad imperante.
- Que ponga fin a las fumigaciones y a la contaminación de aguas y cultivos que provocan muertes y enfermedades en los pueblos indígenas.
- Que respete los derechos a la libertad y a la libre circulación de los pueblos indígenas, poniendo término a las detenciones irregulares, a la criminalización y a la judicialización de dirigentes; al fomento de muertes violentas, secuestros, desapariciones, masacres, desplazamientos, torturas y reclutamiento de miembros de los pueblos indígenas así como la sanción de dichas violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
- Que ponga término a las violaciones del derecho a la verdad, la justicia y la reparación y, más generalmente, a la impunidad de todas las violaciones contra los pueblos indígenas de Colombia.
- Que indemnice a los pueblos por los daños y perjuicios históricos, ambientales, culturales y materiales causados y reconozca la participación equitativa de los beneficios y riquezas producidas así como la inversión social a la que tienen derecho. Igualmente que exija de las empresas transnacionales coresponsables de tales violaciones, la correspondiente reparación integral por los daños causados.
b. A los grupos insurgentes:
- Que respeten el Derecho Internacional Humanitario.
- Que respeten los territorios ancestrales, la cultura y autonomía de los pueblos indígenas.
c. A los organismos internacionales de Protección de Derechos Humanos americanos y universales:
- Hacer seguimiento de la aplicación de las normas protectoras de los pueblos Indígenas en Colombia, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 10 de diciembre de 2007 y del Convenio 169 de la OIT.
d. A la sociedad colombiana en general y a los medios de comunicación:
- Valorar la riqueza y el aporte que los pueblos indígenas y su cultura dan a la nación colombiana. En consecuencia, movilizarse en su defensa
e. A los pueblos indígenas de Colombia, América Latina y del mundo:
- Fortalecer la unidad y la resistencia en la lucha por su derecho a existir, su autonomía y su autodeterminación.
Philipe Texier
Presidente del Tribunal
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