Por: DANIEL TEHERAN
EL DIA DEL IDIOMA
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Hoy es el día para regalar un libro
Calibuenanota.com
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Eventos permanentes:
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Programación eventual:
Fecha: 23 abril
Evento: Teatro infantil
Lugar: Auditorio del Centro Cultural
Evento: Apertura con Pequeño Gran Circo
Grupo: Por Akí Por Allá (Argentina).
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: 24 y 25 abril
Evento: Teatro infantil
Obra: Las Aventuras del Tío Conejo
Grupo: Instituto Bellas Artes
Hora: 11:00 a.m. y 3:00 p.m.
Fecha: 30 abril
Evento: Pedro Urdemales
Grupo: Instituto de Bellas Artes.
Hora: 5:00 p.m.
Más info:
Tel: 3340000 ext. 1312 o 1303.
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La justicia tarda...
César Lévano
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EL MINISTRO MIENTE

Vilma Escalante
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EL EXPEDIENTE ROSALES

Se le acusa de adquirir bienes inmuebles a lo largo de las gestiones en los diferentes cargos de elección popular que desempeñó en la entidad, tanto él directamente, como familiares testaferros
Durante la verificación efectuada por la Contraloría General de la República, Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado, por lo que se le sigue un proceso por enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones presentadas ante la justicia venezolana.
Enriquecimiento Ilícito
El delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa a Rosales, está previsto en el artículo 73 en concordancia con el artículo 46, ambos de la Ley Contra la Corrupción.
De acuerdo con el artículo 73: El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años. Con la misma pena será sancionada la persona interpuesta (testaferro) para disimular el incremento patrimonial no justificado. Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley especifica que incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado en relación con sus ingresos, que no pudiere justificar.
Este artículo 46 señala que para la determinación del enriquecimiento ilícito, se tomarán en cuenta: 1) La situación patrimonial del investigado. 2) La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios. 3) La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento. 4) Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes indicados en el artículo 4 de esta Ley (patrimonio público).
Por ello, en virtud del contenido de la declaración jurada de patrimonio presentada por Rosales Guerrero y la verificación de la veracidad de la misma, llevada a cabo por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público decidió acusarlo.
El presunto enriquecimiento ilícito habría sido cometido entre el 2002 y 2004, durante su gestión como gobernador del estado de Zulia.
Rosales es dueño de siete viviendas, un centro comercial y participa en 13 empresas ubicadas en el estado de Florida, entre ellas la Agropecuaria La Milagrosa. También es dueño de RT International Group. Aparentemente tiene testaferros para propiedades con un valor de más de 3 millones de dólares, formada por sus hijos, hermanos y cuñados.
Cronología del caso
La investigación se inició el 13 de septiembre de 2004, por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de Zulia, en virtud de la denuncia formulada el 2 de agosto de 2004, por el ciudadano José Luis Pirela, quien se desempeñaba como secretario general del partido Patria Para Todos, PPT, en el Zulia.
Pirela indicó que Rosales adquirió una serie de bienes inmuebles a lo largo de las gestiones en los diferentes cargos de elección popular que desempeñó en la entidad, tanto directamente, como a través de familiares o testaferros, así como la constitución de la Sociedad Mercantil Inversiones Agropecuarias La Milagrosa, C.A., de la que es gerente, empresa a través de cual adquirió fundos y haciendas.
Durante el lapso de la verificación efectuada por la Contraloría General de la República, Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado por la cantidad de 147 millones 389 mil 966 bolívares.
Como consecuencia de ello, y de otros elementos, el Ministerio Público imputó el 11 de diciembre de 2008 a Rosales Guerrero, en la sede la Fiscalía Undécima a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales.
La investigación en este caso es parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, el cual fue remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007. Mediante el mismo se concluyó que el actual alcalde de Maracaibo registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
El Ministerio Público acusó el jueves 19 de marzo de 2009 a Rosales por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Correspondió, por distribución, al Tribunal 6º de Control del Zulia conocer de la acusación contra el ex gobernador. El Ministerio Público solicitó la medida de privación de libertad, en el escrito que fue consignado ante la Oficina Distribuidora de Expedientes del estado de Zulia.
El expediente que instruyó el Ministerio Público en este caso de Rosales, cuenta con 26 piezas judiciales, 12 de ellas correspondientes a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y 14 procedentes de los actos investigativos de la Contraloría General.
El 20 de marzo, el Ministerio Público solicitó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la radicación de la causa seguida a Manuel Rosales, a fin de evitar que se altere este proceso judicial en el estado Zulia. La fiscal Katiuska Plaza presentó formalmente el escrito de solicitud de traslado del proceso a Caracas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal.
Para el 20 de abril estaba fijada la audiencia preliminar en el caso del alcalde de Maracaibo, en el Tribunal 19º de Control de Caracas, que debía resolver si es pertinente o no la acusación interpuesta por la fiscal 11 con competencia Nacional, Katiuska Plaza, el pasado 19 de marzo. La audiencia no se realizó porque Rosales fugó del país.
Otras perlas del “asilado”
Entre las acusaciones consignadas ante el Ministerio Público contra Rosales se encuentran: caso Lotería del Zulia; compra de mansiones en La Virginia, Maracaibo, y en Miami, Estados Unidos, por un millón y medio de dólares, 799 mil dólares y 306 mil dólares; registro de 13 empresas; depósito ilegal de divisas en cuentas internacionales; compra de 400 reses y donación fraudulenta de unos 200 vehículos (camionetas y motos) de la Gobernación del Zulia.
El 2 de abril, una nueva acusación, por el delito de intento de homicidio en grado de frustración, fue introducida contra Manuel Rosales, ante la sede del Ministerio Público en el Zulia. La denuncia fue presentada por el inspector estadal del trabajo, William Portillo, quien estuvo acompañado por seis trabajadores que resultaron lesionados el día anterior durante una manifestación frente a la sede municipal, en la cual exigían su reincorporación.
En su programa ‘’La Hojilla’’, Mario Silva denunció recientemente que unas 42 “empleados fantasmas” de Un Nuevo Tiempo, partido de Rosales, cobran sueldos de la Gobernación del Zulia. Anteriormente, se habían divulgado grabaciones en la plenaria de la Asamblea Nacional, en las cuales se habla de la distribución de 400 millones de bolívares fuertes, por parte de Rosales, para el periodista Gustavo Azócar (ex precandidato de UNT a la gobernación de Táchira), el ex diputado Enrique Márquez, además del ex candidato a la Alcaldía de Caracas por UNT, Stalin González; César Márquez y alguien con el apodo ‘’Bola de fuego’’.
En enero pasado, el diputado Julio Moreno, de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, anunció que fue aprobado el informe concerniente a la denuncia contra Rosales y el director de la Policía del Zulia, comisario Jesús Alberto Cubillán, por irregularidades en donaciones de cientos de vehículos pertenecientes a la Gobernación de ese estado.
En diciembre de 2008, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Mario Isea, presentó ante la Fiscalía General de la República evidencias relacionadas con el caso de la compañía Siemens que presuntamente involucran a Manuel Rosales, registrado cuando este era alcalde de Maracaibo. Isea informó que la compañía Siemens pagó comisiones a funcionarios para concretar el contrato de la línea uno del transporte subterráneo.
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ROMPE REGLAS DE ASILO

El prófugo Manuel Rosales calificó ayer de “tiranuelo cobarde” al presidente Hugo Chávez, en declaraciones para una cadena internacional, olvidando que debe evitar hacer declaraciones políticas debido a su condición de solicitante de asilo política.
“Un militar frustrado no puede destruir a Venezuela. No respeta la historia y las leyes. Nosotros seguiremos en lucha y pronto estaremos allá. Ese tiranuelo cobarde tendrá que pagar sus tropelías y abusos por la ruta democrática y cívica. El fin de esta película tendrá que llegar un día”, manifestó.
El Ministerio Público de Venezuela informó ayer que un tribunal de ese país solicitó la detención de Rosales por delitos de corrupción que habría cometido durante su gestión como gobernador en el estado venezolano de Zulia. Esta institución argumentó el pedido, diciendo que Rosales “ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra”: Según agencias internacionales, la justicia de Venezuela tramita una orden de detención a nivel internacional a través de la Interpol.
El Ministerio Público de Venezuela informó ayer que un tribunal de ese país solicitó la detención de Rosales por delitos de corrupción que habría cometido durante su gestión como gobernador en el estado venezolano de Zulia. Esta institución argumentó el pedido, diciendo que Rosales “ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra”: Según agencias internacionales, la justicia de Venezuela tramita una orden de detención a nivel internacional a través de la Interpol.
El mensaje público de Rosales con ataques al gobierno de Chávez, se realizó justo cuando se desarrollaba una sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, del que salió por unos momentos García Belaúnde para hacer la declaración.
El político opositor venezolano afronta en su país un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, cometido cuando fue gobernador del estado de Zulia, entre los años 2000 y 2004.
Vilma Escalante
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Ocultan petroaudios

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Fujimori y su dinastía
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BOLÍVAR, MARTÍ Y EL CHE EN PUERTO ESPAÑA

Por: Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)
En ese documento se dice, entre otras cosas:
- (El proyecto de declaración final)...”No da respuestas al tema de la Crisis Económica Global, a pesar de que ésta constituye el más grande desafío al cual la humanidad haya hecho frente en décadas y la más seria amenaza de la época actual para el bienestar de nuestros pueblos...
...”Condenamos la discriminación de los migrantes en cualquiera de sus formas...
...”Como bien afirmara El Libertador (Simón Bolívar):
La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino.”
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CAYARA. UN CASO QUE DEBE SER REACTUALIZADO
Por: GUSTAVO ESPINOZA M. (*)
Estábamos en una sesión de Diputados la tarde del martes 17 de junio de 1988 cuando Germán Medina, entonces parlamentario por Ayacucho, informó a un pequeño grupo de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que había recibido una llamada telefónica del alcalde de Huamanga Fermín Azparrent denunciando una matanza ocurrida poco antes en Cayara, un poblado perdido en la serranía ayacuchana. Como la información carecía de datos precisos, optamos en ese instante por no proporcionar la versión a la prensa. Queríamos confirmar hechos, antes de denunciar lo que ya se perfilaba como una cruel matanza similar a las ocurridas en el periodo en distintos lugares del país.
Cuando al día siguiente tuvimos elementos más concretos, expusimos el caso ante algunos medios y optamos por partir rumbo a Huamanga para viajar luego a Cayara.
Esa fue ciertamente una de las experiencias más dramáticas de nuestra gestión parlamentaria bajo el gobierno de Alan García Pérez. Apenas arribamos a Huamanga iniciamos indagaciones y concretamos informes preocupantes. Las autoridades del Cuartel “Los Cabitos” se negaron a proporcionarnos versión alguna, pero en las miradas sombrías y en el rechazo sordo de los oficiales leímos lo que debíamos saber: en efecto, habían ocurrido a 150 kilómetros de Huamanga los hechos que nos trajeron de la capital.
Partimos entonces rumbo a la zona afectada, en la tolva de un pequeño y viejo camión azul, acompañados por modestos campesinos -hombres y mujeres- que presumiblemente ni nos conocían. A las cuatro de la tarde del viernes 20, con intensa lluvia, salimos rumbo a Cangallo y tomamos los escarpados atajos por los que se desplazó con enorme dificultad el vehículo que nos transportaba. Casi en silencio, íbamos, en efecto Yehude Simon, Jorge Tincopa, Arístides Valer, Jorge Medina y quien escribe estas líneas, con el propósito de llegar a Cayara y verificar los hechos de los que teníamos referencia casi confirmada. En la cabina del camión, viajaba con nosotros el Fiscal Carlos Escobar Pineda, del Ministerio Público, y Javier Diez Canseco, el único el senador que nos acompañó en la ruta.
En seis horas cubrimos la ruta que separa Huamanga de Cangallo. Alrededor de las diez de la noche arribamos a esa ciudad donde fuimos recibidos con una infernal balacera. Como ella resonaba en la oscuridad de la noche, pero no nos afectaba directamente, llegamos hasta el ingreso de la población, donde fuimos interceptados por una patrulla militar que pretendió impedir nuestra visita. El oficial al mando de la tropa nos aseguró que estábamos “rodeados por senderistas” y que nuestra vida “corría peligro”, que era mejor que no continuáramos viaje. Optamos por pernoctar en Cangallo y la clarear el sábado 20 salimos de allí rumbo a Cayara por la ruta de Pampa Cangallo y Huancapi. En tres ocasiones más fuimos retenidos por patrullas militares que insistieron en impedir la concreción de nuestro objetivo con las mismas amenazas: nuestras vidas corrían serio peligro porque Sendero “tenía el control de la región,”. No obstante, seguimos adelante hasta que a las 3 de la tarde del sábado 20, estuvimos en el acceso a Cayara. Allí vencimos la última resistencia militar -una fila de doce soldados que bloqueaban nuestro camino- e ingresamos hasta llegar a la Plaza del poblado. En la tarde y en la noche el Fiscal Escobar tomó prolija cuenta de los hechos y recogimos todos la versión de lo ocurrido.
Supimos entonces que nueve días antes, el viernes 13 de mayo, con motivo de celebrarse el Día de la Virgen María, el pueblo estaba de fiesta. Hubo música, baile, comida y licor en abundancia. Y gran alegría. Nadie presagiaba que esa sería la última fiesta del periodo y que la alegría desaparecería por largo tiempo del rostro de la gente.
Esa noche un convoy militar integrado por tres vehículos viajaba de Erusco a Huancapi. Cuando las unidades militares pasaban por la carretera en las cercanías de Cayara, se oyeron explosiones y disparos. El vehículo de comando alcanzó a pasar, pero el segundo, en el que viajaba el capitán de infantería José Arbulú Sime, fue impactado por descargas que segaron la vida del oficial y tres soldados. En pocos minutos se produjo una suerte de zafarrancho de combate en la oscuridad de la noche, pero en el camino sólo quedaron regados el vehículo siniestrado y los cuerpos de las víctimas. Nadie supo cómo fue el ataque ni quiénes lo hicieron. Los soldados que sobrevivieron -viajaban cuatro en cada vehículo- se comunicaron por radio con sus superiores y reportaron lo ocurrido. Partió de inmediato la orden de respuesta: Todas las patrullas que operaban en la zona debían dirigirse a Cayara. Así los destacamentos conocidos como Lince, Otorongo, Zeta, Cobra, Leopardo, Pantera y algunas más enfilaron hacia el poblado y llegaron a él a las 9 de la mañana del sábado 14 para el inicio de una brutal matanza. El General José Valdivia Dueñas ordenó el operativo y lo jefacturó.
Sólo al ingresar al pueblo los soldados mataron a Anastasio Asto, el primero al que encontraron regresando a su casa en estado de ebriedad. Cuando llegaron al centro del poblado, sólo hallaron mujeres. Por ser día de faena, los campesinos habían bajado a la zona de Cceschua para el trabajo de la tierra. Los soldados ingresaron al templo, y allí vieron a cinco personas que estaban desmontando el altar de la Virgen paseada la tarde anterior. Luego de cerrar la Iglesia, los uniformados procedieron a interrogar, torturar y finalmente matar a a quienes habían encontrado allí. Desde fuera de la Iglesia, las aterrorizadas mujeres alcanzaron a oír los gritos desesperados de los campesinos que, apremiados por sus captores, no alcanzaban a admitir la culpa de hechos que decían desconocer.
Después, los uniformados bajaron a la zona de Ccechua, donde encontraron a los campesinos a los que hicieron formar. Después de interrogarlos en torno a los sucesos de la noche anterior y de recepcionar respuestas negativas respecto a la supuesta participación de vecinos de Cayara en ellos, optaron por desnudarlos. Luego, los obligaron a tirarse al suelo boca abajo, les colocaron pencas de tuna en la espalda, los pisaron y luego –en medio de gritos y amenazas- los fueron matando con arma blanca. Después continuaron otros crímenes hasta dejar una estela siniestra: 32 muertos en las laderas de Cayara.
El domingo 22 de mayo, con los testimonios de los sobrevivientes tomados con escrupulosa responsabilidad por el Fiscal Escobar, optamos por abandonar el poblado. Poco antes de partir supimos que un helicóptero militar había llegado a la región: el Presidente García, noticiado de nuestra presencia en Cayara, había optado por arribar a la zona y hacer sus propias indagaciones. Nosotros, entre tanto, retornamos prestamente a Lima luego de una breve escala en Huamanga. Y esa noche, por gentileza del programa televisado de César Hildebrandt, tuve la ocasión de proporcionar al país la versión personal y documentada de los hechos.
Los sucesos de Cayara fueron luego confirmados por la Comisión Verdad y Reconciliación, creada en el año 2001, y hoy están para deslinde judicial en tribunales ordinarios. La jueza Miluska Cano, por lo pronto, exculpó de responsabilidades a Alan García que interrogó a testigos, todos los que luego aparecieron muertos, y encubrió a los asesinos. En el Congreso, una Comisión del senado absolvió a los militares asegurando que habían sido víctimas de una “incursión senderista” y se habían visto obligados a “repeler el ataque”. Se supo después que el informe de esos senadores encabezados por el líder aprista Carlos Enrique Melgar, había sido preparado en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional y visado por el Presidente García antes de ser entregado a la Cámara para su aprobación.
Lo que ha ocurrido hoy por la decisión de la jueza Cano ha sublevado la conciencia de quienes conocen el tema. Diversos organismos especializados y los campesinos de la zona han demandado que se amplíe la investigación y que se involucre en los delitos tanto a García, como a los senadores que encubrieron los hechos. El propio Fiscal Escobar, que debió salir del país para proteger su vida en esa aciaga etapa, ha insistido en la necesidad imperiosa de ese deslinde y ha subrayado que, en efecto, incluso meses después de los sucesos de Cayara, los testigos, uno a uno, fueron siendo asesinados en la región y en otros lugares del país. Para acreditarlo, ha proporcionado a la justicia la identidad de las víctimas.
Aunque los uniformados, el más importante de los cuales es el general José Valdivia Dueñas, están con orden de captura, se prevé que ocurra con él lo mismo que con José Williams Zapata, y que, finalmente, el caso quede sin sanción. No obstante, la reciente decisión judicial en torno a los delitos de Alberto Fujimori, nos hacen alentar la esperanza que casos como el de Cayara vuelvan al primer plano de la política y no queden simplemente olvidados.
La memoria de los pueblos y un criterio elemental de justicia, así lo demandan (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / htttp://www.nuestra-bandera.com
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