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OEA enviará delegación a Honduras

Martes 4 de Agosto de 2009

LOS TITULARES DE HOY



EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • El representante Henry Waxman habla sobre la reforma del sistema de salud, el proyecto de ley Waxman-Markey sobre el cambio climático y el creciente papel de los contratistas privados en el campo de batalla

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    Desde la asunción del presidente Obama, dos de las prioridades legislativas de los demócratas han realizado avances significativos en el Congreso. En junio, la Cámara de Representantes aprobó un histórico proyecto de ley sobre el clima que impondrá los primeros recortes de emisiones de gases de efecto invernadero ordenados por el Congreso. Y tras semanas de intensas negociaciones, el pasado viernes la Cámara despejó el camino para una votación en septiembre sobre una legislación que modificará el sistema de salud del país. Hoy pasamos el programa completo con uno de los miembros más influyentes del Congreso, que ha tenido un papel esencial en el debate sobre el cambio climático y el sistema de salud, entre otros muchos temas. El congresista demócrata Henry Waxman ha representado al distrito electoral 30 de California en el Congreso durante casi treinta y cinco años. Como presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, supervisó las negociaciones que condujeron a la aprobación por parte de ese Comité de la nueva legislación sobre salud, despejando el camino para un voto unánime cuando los legisladores regresen en septiembre.

    Escuche/Vea/Lea (en inglés)

LA " GUERRA FRÍA " PERUANA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Por Kristina Aiello*

http://nacla.org/node/5995

El reciente conflicto en la Amazonía peruana es solamente el síntoma más violento de una guerra fría que el Presidente Alan García y el partido Aprista han lanzado contra los grupos indígenas. Junto a la propaganda racista y la represión violenta, el Gobierno ha intentado poner en marcha mecanismos legales altamente cuestionables para desarticular el poder de los grupos indígenas.

La propaganda del Gobierno tiene como finalidad promover el modelo de desarrollo de libre mercado, con especial énfasis en el comercio y la explotación de los recursos naturales. García ha emitido una serie de decretos encaminados a implementar el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Perú (TLC) con el propósito de abrir el Amazonas a la explotación y exploración de sus recursos naturales. Un estudio reciente muestra que García tiene proyectadas concesiones en favor de compañías petroleras y gasíferas que afectan a más del 72% de la Amazonía peruana.

En este proceso, la administración de García ha colocado su ideología de libre mercado en senda de colisión contra los derechos colectivos de los grupos indígenas a sus tierras y recursos naturales, derechos protegidos por el derecho internacional. No obstante, su plan sufrió un gran revés por la respuesta del Gobierno a la oposición y la represión brutal contra los indígenas que participaban de la protesta. Una encuesta reciente arrojó como resultado que el 92 por ciento de los peruanos apoyan la causa indígena en contra de los decretos de la Amazonía.

Los decretos más despreciables de García fueron revocados. Pero el Gobierno aún continúa el conflicto de baja intensidad contra los grupos indígenas. Una de las tácticas principales a las que García ha recurrido es la de asociar a los grupos indígenas con Hugo Chávez y Evo Morales. En una reciente declaración, claramente aludiendo a sus rivales de tendencia izquierdista, García dijo: “Perú afronta una guerra fría, en la que participan gobernantes extranjeros”.

Pero ya antes de la violencia ocurrida en el Amazonas, la guerra fría real fue la lanzada por García contra los Pueblos Indígenas del Perú. La batalla en el Amazonas fue la culminación violenta de meses de hostigamiento y conflicto de baja intensidad. A pesar de la ferviente oposición, parece ser que García sigue intentando sacar adelante su impopular agenda.

La Guerra de Propaganda

Incluso antes de la implementación formal del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos el pasado mes de febrero, García ya había sentado los cimientos de su guerra fría. En octubre de 2007, el Presidente escribió un artículo en el diario El Comercio titulado “El síndrome del perro del hortelano”. El artículo compara a los defensores de los recursos naturales con el perro que no come ni deja comer. Además de insinuar la comparación racista entre indígenas y perros, García culpó a sus oponentes - señalando a los indígenas - de obstaculizar el desarrollo del Perú gracias al capital extranjero.

Desde que el Congreso Peruano ratificara el Tratado de Libre Comercio, García se ha enfrentado dos veces con los grupos indígenas a causa de los recursos naturales de sus territorios. En ambas ocasiones -en agosto de 2008 y la reciente protesta de junio- los decretos de García dieron lugar a amplias protestas públicas, lideradas principalmente por la Asociación Interétnica de Desarrrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que es la mayor organización nacional de las Comunidades Indígenas de la Amazonía. El Presidente respondió a ambas protestas suspendiendo las garantías constitucionales en las respectivas provincias y con el despliegue masivo de las fuerzas policiales en esas regiones.

García también efectuó declaraciones con la intención de amedrentar a los peruanos, quienes tan sólo ahora han comenzado a recuperarse de los veinte años de violencia política. Evocó las imágenes de insurgentes armados y peligrosos con la intención de presentar las protestas indígenas como parte de un complot más amplio dirigido a desestabilizar el país. Recurrió al lenguaje de la brutal guerra civil peruana, en la cual 75,000 personas perdieron sus vidas de manera absurda culpando al “Comunismo Internacional” de las protestas.

Incluso un General de la Policía Nacional del Perú llegó a culpar a los manifestantes indígenas de haber disparado contra un helicóptero, hecho que realmente ocurrió a cientos de millas de distancia en un incidente con el grupo guerrillero, financiado con dinero del narcotráfico, Sendero Luminoso, de acuerdo con la Revista Ideele. La deliberada mezcla de ambos eventos fue un claro intento de establecer una correlación entre los indígenas participantes en las protestas y el grupo armado que aterrorizó Perú durante muchos años.

La amenaza comunista

La administración de García hizo descabelladas acusaciones en el sentido de que detrás de las protestas estaban el principal partido de oposición y los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Asimismo, en un aparente intento de debilitar a la oposición política, una dirigente del Gobierno y miembro del Comité de Ética del Congreso declaró su intención de investigar si había suficientes pruebas para actuar contra los legisladores de la oposición que tuvieran lazos con Alberto Pizango, Presidente de Aidesep. El líder indígena fue recientemente forzado a abandonar Perú después de que el Gobierno presentara cargos de rebelión y sedición en su contra por la violencia en Bagua, lugar que fue el epicentro de las recientes movilizaciones.

García ha retratado las protestas como parte de un complot iniciado por Venezuela y Bolivia, pero ha admitido públicamente que no existen pruebas de tales acusaciones. El Primer Ministro Yehude Simon, quien ha sido una figura clave de la campaña propagandista del Gobierno, se hizo eco de que éstas carecían de fundamento. (En medio de la presión pública, Simon ha sido reemplazado). Para Simon, todo esto fue parte de una vasta conspiración mediante la cual los gobiernos Boliviano y Venezolano trataron de debilitar la industria de Hidrocarburos del Perú en un intento de estimular sus propias industrias.

García ha respaldado estas acusaciones con acciones. Su administración ha lanzado recientemente una investigación contra Aidesep por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El Presidente modificó el alcance de la APCI a través de una ley de 2006 que fue duramente criticada, dado que aumentaba notablemente el control del Gobierno sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Ésta es la segunda vez que Aidesep está siendo investigada por la APCI.

Las maquinaciones legales

El mandato de la APCI incluye el monitoreo de los proyectos y actividades de las ONG para garantizar que los mismos sean conformes a los objetivos de desarrollo del Gobierno: en el caso de la administración de García, libre mercado y explotación de los recursos naturales. Como parte de este proceso, la agencia requiere que las ONGs que reciben financiación internacional y ciertos beneficios del Estado se registren ante ella. La norma también introduce nuevos mecanismos de ejecución que permiten a la agencia imponer sanciones pecuniarias a las ONG -e incluso revocarles su personalidad jurídica, impidiendo así que se beneficien de fondos exteriores- por incumplimiento de la obligación de registro ante la ACPI y de las directivas de desarrollo del Gobierno. En septiembre de 2007 una decisión emitida por el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta ley parcialmente, pero muchas de las disposiciones introducidas por García siguen vigentes.

Mapa de las comunidades afiliadas a Aidesep

La coincidencia de las investigaciones y declaraciones realizadas por representantes de la APCI pone de relieve la existencia de fuertes motivaciones políticas. La primera investigación de la APCI fue lanzada en agosto de 2008, al tiempo que se estaban llevando a cabo intensas negociaciones entre los indígenas participantes en las protestas y el Gobierno. En aquel momento, el Director Ejecutivo de la APCI, Carlos Pando, advirtió a las ONG que se abstuvieran de involucrarse en conflictos sociales porque esto iba en contra de la naturaleza de su trabajo. Expresó su preocupación acerca de la influencia que ciertas ONG tenían sobre las comunidades indígenas al alimentarles con falsa información que a menudo terminaba con protestas contra las acciones del Gobierno. Asimismo advirtió que este tipo de actividades podrían conducir a la revocación de la personalidad jurídica de las ONG. A finales de agosto, sin embargo, el Congreso rechazó los controvertidos decretos y la investigación iniciada por la APCI concluyó sin resultados.

La segunda investigación fue anunciada en mayo de 2009, justo en medio de los 60 días de paralización en el Amazonas. El anuncio de la misma provocó amplio rechazo e indignación entre los grupos de derechos humanos por sus manifiesta arbitrariedad. Los críticos de esta medida subrayaron que a la APCI le estaba rigurosamente prohibido emplear su autoridad fiscal para amenazar el trabajo diario de las ONG. De igual manera, afirmaron que la segunda investigación de la APCI violaba las promesas de objetividad realizadas por el Gobierno en octubre de 2008 en el transcurso de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.

Simultáneamente, la administración intentó presentar a los indígenas como una amenaza a la seguridad nacional del país; una vez más García tildó a los indígenas que realizaban las protestas como gente simple que no entendía el verdadero propósito de los decretos que abren la selva a la extracción de los recursos naturales. García afirmó que en lugar de dañar las tierras indígenas, los decretos se concibieron para proteger el Amazonas de los cocaleros, de la contaminación originada por la minería ilegal y de la deforestación ilegal. Estas afirmaciones fueron repetidas en proclamas publicadas por las embajadas peruanas en el exterior, seguramente con la intención de acallar la gran recriminación global que estaban provocando las acciones del Gobierno peruano.

La complicidad de los medios de comunicación peruanos

Los medios de comunicación nacional, a menudo acusados de representar los intereses del poder político y económico, apoyaron el estereotipo racista contra los comunidades indígenas. Los indígenas fueron rutinariamente mostrados como analfabetos o mal preparados y, por lo tanto, no cualificados para participar en ningún debate nacional sobre el futuro del país.

Un ejemplo concreto y deplorable fue la publicación en portada de la foto de la congresista indígena Hilaria Supa, representante por Cuzco, que apareció en el diario El Correo de 17 de abril de 2009. La foto, publicada en medio de las protestas de los meses de abril y mayo, muestra de cerca las notas tomadas por ella a mano y que obviamente fueron publicadas para ridiculizar a la congresista indígena quechua hablante por su ortografía en castellano.

El artículo que acompañaba a esta foto venía a insinuar que el limitado conocimiento del castellano por parte de la Congresista probaba su falta de preparación para el cargo, puesto que sólo logró, según el diario, por política racial. Los ataques de los medios de comunicación contra la credibilidad de Supa no se detuvieron ahí. También hicieron referencia a sus posiciones previas contra la administración de García, por su política agresiva de libre mercado, como ejemplo de su “pobre” trabajo como congresista. García se hizo eco de esos sentimientos cuando se refirió a los indígenas de las protestas como “ciudadanos de segunda clase” que se atreven a bloquear el progreso peruano.

El fracaso total de García

A pesar de sus esfuerzos, García parece haber perdido otra batalla en su larga guerra fría contra los grupos indígenas. Una vez más, el Congreso peruano ha decidido rechazar los controvertidos decretos del Amazonas - acción que ahora García afirma apoyar en nombre de la unidad nacional. Pero la guerra fría continúa y podría intensificarse en una batalla abierta, como ocurrió la última vez que el Gobierno provocó a los indígenas para que protestaran.

A finales de junio, un comité del Congreso aprobó una modificación a la ley sobre la APCI que nuevamente permite un amplio control del Gobierno sobre las ONG. La nueva enmienda permite a la agencia regular la financiación privada de origen extranjero. La ley también prohíbe expresamente a las ONG hacer cualquier tipo de declaración que incite a la violencia, un parámetro increíblemente amplio que podría ser usado para criminalizar a las ONG, así como para imponer límites a su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Rolando Souza, aliado en el congreso del deshonrado y encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, usó la violencia de Bagua como ejemplo de por qué el Gobierno debería monitorear el financimiento exterior de los grupos locales. Souza señaló a Aidesep como la razón principal de esta iniciativa legislativa. No obstante, quienes vienen haciendo estas acusaciones no han presentado aún evidencia alguna que apoye tales declaraciones sobre la participación extranjera.

Mientras tanto, una encuesta de junio indicaba que el apoyo a la gestión de García había caído a 21 por ciento. Amplios sectores de la sociedad peruana continúan tomando las calles en protesta por la política de la administración García. En Cuzco, recientemente los campesinos declararon una huelga general en protesta contra el otorgamiento de concesiones mineras por un total del 70 por ciento de su provincia. Los manifestantes reclamaban también la promulgación de una nueva ley de recursos hídricos que declare los recursos hídricos de interés nacional y que su uso esté regulado por el Estado. Nuevamente el Gobierno envió tropas para disolver las protestas, acción que ocasionó la muerte de un campesino.

El Gobierno continúa también afrontando las repercusiones de los eventos ocurridos en Bagua. El 10 de julio, la Defensoría del Pueblo anunció una investigación sobre la desaparición de Lewis Wassum, un miembro de una comunidad indígena del Amazonas. La última vez que lo vieron fue en una fotografía publicada el 8 de junio, donde aparece esposado mientras lo trasladaban a una estación policial. El Gobierno y algunos líderes indígenas también han llegado a un acuerdo para iniciar una investigación sobre los hechos de Bagua.

Aún queda la interrogante de si el Presidente continuará o no con su guerra fría contra los pueblos indígenas del Perú . Pero una cosa parece cierta: su administración se ha negado a dar marcha atrás en su objetivo de extraer los recursos naturales del Amazonas, sin importar las consecuencias. A menos de dos semanas de la violencia en Bagua, hechos que algunos grupos de derechos humanos han llamado el Tianamen del Amazonas, el Gobierno ha dado luz verde a una empresa petrolera francesa para que inicie la perforación de pozos en un aérea del Amazonas habitada por grupos indígenas jamás antes contactados.

Stephen Corry, el director de “Survival International”, que defiende los derechos indígenas a nivel internacional, dijo: “quien hubiera esperado que la violencia espantosa de las últimas semanas fuera a hacer que el Gobierno peruano fuera algo más sensible hacia los pueblos indígenas del Amazonas, estará realmente consternado ante esta noticia”.

Corry continuó, “Las circunstancias no podrían ser peores - el Gobierno está tratando de presentar una imagen pública más amigable, pero en lo que concierne a las empresas petroleras, todo sigue como de costumbre”.


* Kristina Aiello es investigadora asociada del congreso norteamericano sobre América Larina( NACLA, por sus siglas en inglés ).
Aiello es activista de derechos humanos.Este artículo fué publicado originalmente el 15 de julio de 2,009 en inglés en el sitio web de NACLA bajo el título " PERU'S 'COLD WAR' AGAINST INDIGENOUS PEOPLES

Perú: Daysi Zapata debatirá hoy situación de pueblos amazónicos en Feria del Libro


Servindi, 4 de agosto, 2009.- En el marco de la presentación del anuario “El Mundo Indígena 2009″ en la 14 Feria Internacional del Libro (FIL), la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata Fasabi, debatirá junto a un panel de expertos la existencia, invisibilización y situación actual de los pueblos indígenas amazónicos del Perú. (Imagen: SERVINDI)

La cita es hoy martes a las 5:15 de la tarde, en el auditorio Ricardo Palma, en el Vértice del Museo de la Nación situado en la Av. Javier Prado Este 2465, distrito de San Borja.

El panel estará conformado por los antropólogos Alberto Chirif y Frederica Barclay (IBC) y Fasabi, líder yine representante de AIDESEP.

Alberto Chirif, antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabaja desde hace cuarenta años temas relacionados a la Amazonía, especialmente el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es coautor de “Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio” junto a Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith y otras publicaciones.

Frederica Barclay, antropóloga y Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona, es investigadora del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Es autora y co-editora de numerosas publicaciones como Guía etnográfica de la alta amazonía, Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Camisea, La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1851-2000, Órdenes y desórdenes en la selva central. Historia y economía de un espacio regional amazónico, entre otros.

El anuario “El Mundo Indígena” es editado anualmente por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), con sede en Copenhague, Dinamarca y contiene información estadística y cualitativa sobre el acontecer indígena en el mundo.

Fecha: Martes 4 de agosto de 2009
Hora: 5:15 pm
Lugar: Vértice del Museo de la Nación (Av. Javier Prado Este 2465, cruce con Av. Aviación, distrito de San Borja)
Sala: Auditorio Ricardo Palma

La muerte de Angelelli: ¿qué pasa con la causa judicial?

MARTES 4 DE AGOSTO DE 2009


Luis Miguel Baronetto (PRENSA RED)

Grandes titulares registraron la medida judicial que ordenó la necropsia de los restos de Monseñor Enrique Angelelli. El 22 de abril fueron retirados del panteón de los obispos, en la catedral de La Rioja. Un equipo de peritos de la Corte Suprema de Justicia y Mario Vignolo, destacado forense cordobés como perito de la parte querellante analizaron los restos óseos.

En La Rioja, con Marilé, la sobrina del obispo, compartimos el emotivo homenaje popular en la Catedral cuando sus restos fueron nuevamente depositados en la cripta de los obispos. Pero alertamos a la prensa que esta medida judicial aportaría escasas novedades por la tardanza en el tiempo. Cuando en 1989 la solicitamos ante la Cámara Federal de Córdoba -donde se tramitaba entonces la causa- fue negada en base al informe del forense Gasparrini, que sostuvo el axioma de la medicina legal de que “una autopsia no puede repetirse”.

El 8 de mayo de este año los peritos oficiales emitieron su informe técnico, que no fue suscripto por el Dr. Mario Vignolo. Como se presumía, después de treinta y tres años de producidos los hechos que causaron la muerte del obispo Angelelli el informe no aportó novedades. Pero llamó la atención el apuro en descartar “la intervención de terceras personas en la producción de las lesiones mortales”, uno de los puntos a dilucidar establecidos por el Juez Federal Daniel Piedrabuena al solicitar la autopsia.

Esta conclusión y otras consideraciones del informe oficial llevaron al perito de la parte querellante Dr. Mario Vignolo a no firmarlo y producir un pronunciamiento por separado, que incluyera una relación con el informe técnico criminalístico del accidente obrante en el expediente.

A 33 años, sin la presencia de tejidos blandos, es demasiado aventurada la conclusión de los peritos oficiales. Más cuando la primera autopsia realizada el 5 de agosto de 1976, al día siguiente de la muerte, constató la pérdida de piel en los talones, hecho fundamental evaluado por el Juez Aldo Morales, para resolver en 1986 que el cuerpo de Mons. Angelelli fue arrastrado por terceras personas. Lo que también podía afirmarse por la posición final del cuerpo extendido con los brazos abiertos en cruz hacia atrás, y no “desparramado” ni contraído como podría resultar al ser despedido o expulsado de la camioneta.

Vale la pena hacer estas consideraciones porque destacados medios de prensa interesados en negar el homicidio de Monseñor Angelelli resaltaron además de esta arriesgada conclusión del informe respecto a lo no intervención de terceras personas, otra observación derivada de las placas radiográficas a los restos óseos, en las cuales no hay “elementos de densidad metálica compatibles con proyectiles de armas de fuego”, dice el informe de los peritos.

Esta constatación técnica fue resaltada ahora por la prensa, a raíz de declaraciones de funcionarios judiciales, para afirmar que no había indicios ni pruebas del uso de armas de fuego. Hecho éste que nunca estuvo en consideración porque desde las primeras investigaciones fue desestimado. Pero además tampoco el Juez solicitó ahora que en el informe se considerara esta circunstancia como posibilidad específica de la muerte. Hubiese sido demasiado burdo volver sobre un rumor que en su momento alimentó esa versión.

Si nunca se dijo en las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora que Mons. Angelelli había sido asesinado de un balazo, ¿por qué ahora se vuelve, al menos mediáticamente, sobre esa hipótesis para descartarla?

El nuevo análisis médicolegal ha reafirmado la primera autopsia al sostener que el fallecimiento fue causado por las múltiples y extendidas fracturas del cráneo y la pérdida de masa encefálica. Y aunque el informe oficial sostiene que es el resultado del fuerte golpe contra el asfalto al ser expulsado del vehículo, el Dr. Vignolo prefiere ser más cauto atendiendo a otras circunstancias como la distancia entre el cuerpo del obispo extendido en el asfalto y el lugar donde finalmente quedó la camioneta.

Los sectores tradicionalmente ligados a factores de poder, que ayer fueron cómplices del genocidio, hoy presionan para que pase la “ola de los derechos humanos” y el linaje familiar siga incontaminado y cubierto por la impunidad que ya los protegió durante más de tres décadas.

Las declaraciones de Arturo Pinto, el acompañante

El pasado 2 de julio Arturo Pinto, el sacerdote que acompañaba a Mons. Angelelli al momento de producirse el atentado que le costara la vida, declaró nuevamente ante la Justicia Federal de La Rioja.

El sobreviviente dijo: “…Él (Angelelli) manejaba, yo presumo tipo dos de la tarde y salimos, viajamos tranquilos, normal, sin apuro, la camioneta estaba en buenas condiciones…al llegar a Punta de los Llanos y tomar la recta que va a Patquía, sin percatarnos de que alguien nos persigue, hablando de temas de la diócesis,…en eso vi un vehículo que nos alcanzaba y yo intuyo imprevistamente que nos encierra, como se nos cruza adelante. Yo vi. Acto seguido se produce como una estampida, impacto o reventón muy fuerte…(El auto) era color claro, no se si blanco, de tipo de peugeot de los viejos con aletas, lo llegué a apreciar cuando se puso, porque yo estaba mirándolo a Angelelli. No vi personas. No recuerdo personas…”

Arturo Pinto, el único testigo directo hasta ahora, ha reiterado una vez más ante la justicia el mismo relato que ya hiciera en varias oportunidades. Sin embargo, salvo en la actuación que le cupo al Juez Aldo Morales en 1986, su testimonio nunca fue valorizado. Al contrario, también a través de los medios se procuró quitarle la contundencia que tiene desacreditando a la persona del testigo con dichos como que se escondió, que nunca dijo todo lo que sabe, que abandonó el sacerdocio, etc..

Falsedades que han calado hondo de tanto machacarse.

De las declaraciones de este testigo fundamental surge claramente la provocación intencional del “accidente” que causó la muerte violenta del obispo y las graves lesiones al acompañante. Pero además obran otras declaraciones en las actuaciones del juez Morales, que en 1986 le permitieron establecer que había sido un “homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”. Existen en el expediente sobrados testimonios para avanzar, alentando a quienes hasta hoy no han declarado, pero sin dilatar la identificación de los responsables y autores de este crimen.

Monseñor Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, acaba de mencionar a Angelelli como “mártir de la fe”. Es la primera vez que una voz episcopal reconoce el martirio. Y aunque se espera la palabra final de la justicia, no es menor la importancia de señalar el contexto de persecución que soportó Mons. Angelelli en los años del terrorismo de estado y antes también.

Luis Miguel Baronetto es Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.




Honduras: El Congreso se pronuncia a favor de una amnistía política para resolver la crisis

MARTES 4 DE AGOSTO DE 2009


El Congreso hondureño se pronunció la noche del lunes a favor de una amnistía "estrictamente política" para solventar la crisis en el país desde el golpe de Estado del 28 de junio.

Un breve informe entregado por la comisión de diputados designada para conocer el acuerdo de San José, establece que el Congreso "deberá expresar su voluntad política de discutir el proyecto de decreto de amnistía que oportunamente se presentará, de acuerdo a los criterios legislativo de iniciativa de ley".

Señala que para ser aprobada, primero debe existir un acuerdo entre el depuesto presidente Manuel Zelaya y el gobierno de facto que preside Roberto Micheletti.

Agrega que la amnistía deberá circunscribirse "exclusivamente para los delitos políticos con ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio del 2009 y hasta la firma de este acuerdo".

El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien es el mediador de crisis, propuso a ambas partes (Zelaya y Micheletti) una amnistía política y la integración de un gobierno de reconciliación que recobre la paz en este país.

Asimismo expuso el adelantamiento de las elecciones generales del 29 de noviembre al 30 de octubre, asimismo establecer una comisión de la verdad y seguimiento para el cumplimiento del acuerdo.

Aunque el acuerdo de San José fue declarado como fracasado por representantes de Zelaya, la comitiva de Micheletti decidió turnar el documento a distintas instancias hondureñas para ser analizado y definir una posición final.


Zelaya lleva caso a Corte Penal Internacional

Lunes 3 de Agosto de 2009

LOS TITULARES DE HOY

EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • David Kessler, ex comisionado de la FDA: "El fin de la gula o el control del insaciable apetito estadounidense”

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    Un nuevo informe publicado por el Center for Disease Control and Prevention (centro para el control y prevención de enfermedades) advierte que los costes médicos directos provocados por la obesidad son aproximadamente 147.000 millones de dólares al año. Esta cantidad representa el nueve por ciento del total de gastos médicos de Estados Unidos. Además exceden en 50.000 millones de dólares el gasto anual destinado a la lucha contra el cáncer. En plena campaña nacional de concientización de la obesidad, hablamos hoy con David Kessler, quien ha pasado los últimos siete años intentando comprender la forma en que la industria de la alimentación cambió los hábitos alimenticios de los estadounidenses, hizo que sea difícil resistirse a ciertos alimentos y contribuyó a provocar el principal problema de salud pública del país.

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  • “Bacon as a Weapon of Mass Destruction” (El tocino como arma de destrucción masiva)

    Bacon-web

    Desde el McGriddle de McDonald’s, hasta el “Baconator” de Wendy’s, pasando por el vodka con sabor a tocino, este alimento se ha convertido en un ingrediente omnipresente en muchas dietas en esta era de extrañas combinaciones de alimentos. Arun Gupta, del Indypendent, escribe: “Detrás del aumento de la oferta de tocino confluyen políticas de gobierno, grandes granjas, el auge de la comida rápida y la manipulación del gusto de los consumidores, que convirtieron el tocino en un arma de destrucción masiva”.

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