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MASACRE EN PANDO, GENOCIDIO EN BOLIVIA

ESPAÑA
Martes, 09 de Diciembre del 2,008
Autor: Dr. Bartolomé Clavero Salvador
Experto en Historia del Derecho
Universidad de Sevilla.


La Masacre de Pando, un crimen de lesa humanidad según los informes recién publicados del Defensor del Pueblo de Bolivia y de la Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), no está todavía suficientemente esclarecida.

No se ha logrado aún ni el esclarecimiento humanamente alcanzable mediante la convicción por proceso contradictorio, con el debido derecho a la defensa, que rinda justicia a las víctimas y a la sociedad, ante todo a las primeras. No lo habrá mientras que no se acabe con la impunidad de los criminales y de sus cómplices.

En Bolivia hay responsables de tamaño delito por acción en algunas de las administraciones departamentales y cómplices del mismo por omisión en la administración de justicia.

La impunidad fue una preocupación y se manifestó entre las motivaciones de la cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR que acordó a mediados de septiembre la constitución de la Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando.

Así se expresaba en el punto quinto del acuerdo: “garantizar” que “la masacre (…) no quede en la impunidad” es motivación importante para la puesta en marcha de la investigación independiente de dicha Comisión íntersuramericana. Conforme así a su mandato y también a lo que expone finalmente en su informe, la Comisión ha asumido el cometido no sólo de esclarecimiento cuidadoso de los hechos, sino también de escrutinio concienzudo de la impunidad para procederse a las consiguientes recomendaciones.

Según los resultados de la investigación y las apreciaciones de la Comisión, la impunidad ante la justicia es la tónica en Bolivia respecto a crímenes de esta naturaleza, no sólo el de la Masacre de Pando, sino también el de las políticas y conductas agresivas de carácter racista, hoy cotidianas en los Departamentos opuestos al Gobierno constitucional que, por su parte, promueve y defiende derechos de todas y todos, inclusive los indígenas, como bien lo muestra la Constitución pendiente de refrendo ciudadano. Lo segundo, las políticas racistas departamentales, ha conducido a lo primero, a la Masacre de Pando, como comprueban independientemente ambos informes, el del Defensor del Pueblo y el de la Comisión de UNASUR.

Son dos dimensiones fuertemente relacionadas de conductas criminales, de comisión de un crimen de lesa humanidad, que conviene no desvincular en el momento de analizar la impunidad.

Este vínculo entre masacre y política, la determinada política de algunos Departamentos, no lo mantienen continuamente a la vista, hasta el momento decisivo de las recomendaciones, ninguno de los dos informes, ni siquiera el de la Comisión de UNASUR para el que la cuestión de la impunidad resulta clave. El informe de UNASUR incide seriamente en la desidia probada y la incapacidad manifiesta de la actual justicia oficial de Bolivia para hacer frente al crimen de lesa humanidad que se ha investigado y describe.

El Defensor del Pueblo es comisionado del Congreso sin competencia judicial ninguna. Quienes deberían estar actuando para acabar con la impunidad, la fiscalía y la judicatura, no lo están haciendo debidamente.

El mismo empeño del Gobierno constitucional por identificar a responsables del crimen de lesa humanidad a fin de ponerlos a disposición de la justicia se toma como una provocación no sólo por políticos de los Departamentos rebeldes, sino también por medios judiciales bien significados.

La complicidad alcanza a éstos. ¿Cómo puede tal justicia acabar con la impunidad?

La Comisión de UNASUR expone su recomendación: “Los magistrados encargados de esta tarea (de acabar con la impunidad en general y de enjuiciar el crimen de lesa humanidad en particular) deben actualizar y profundizar su formación teórica y práctica, para lo cual recomienda la elaboración de un programa en forma conjunta entre el Estado boliviano y los que comprender UNASUR.

Este programa consistiría en un intercambio de experiencias tendiente a reforzar la competencia, objetividad e independencia de la justicia, conforme a los estándares constitucionales y las garantías judiciales de los tratados de derechos humanos de los que Bolivia es parte”; “La Comisión propone que UNASUR ofrezca su colaboración técnica a la Ministerio Público Fiscal en Bolivia en distintas materias relativas a la investigación y al proceso penal e incluso se ofrece a realizar contribuciones en calidad de Amicus Curiae que fundamenten la competencia de la justicia ordinaria para juzgar el caso de Pando.

Igualmente la Comisión propone que UNASUR considere la posibilidad de desempeñar el papel de facilitadota para que se puedan solventar mediante fondos de la comunidad internacional programas de cooperación técnica para la formación de jueces, fiscales y auxiliares de la justicia” (pp. 60-62).

¿Esto es todo? ¿Y es esto realmente? ¿Están las recomendaciones a la altura del reto? ¿Responden a su urgencia? ¿Habrá de esperarse al despliegue de dicho programa para procederse al debido enjuiciamiento de la Masacre de Pando? ¿Y hace falta ningún amicus curiae para fundamentar “la competencia de la justicia ordinaria para juzgar el caso”? No parece que haga falta reiterar respuestas negativas. Y hay más.

El panorama de la justicia en Bolivia contemplado por la Comisión de UNASUR para la formulación de sus recomendaciones no es exactamente el previsto por la Constitución ya sólo pendiente de un pronunciamiento ciudadano que parece asegurado a la vista del resultado del reciente refrendo no revocatorio, sino bien confirmatorio, del actual Gobierno.Hay, en todo caso, un elemento que entiendo positivo, el de la sugerencia de una ulterior internacionalización, y esto no sólo por la incapacidad actual de la justicia boliviana, sino también y sobre todo, fundamentalmente, por la naturaleza del delito del caso, un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué no se propone que la internacionalización sea la más efectiva de la justicia internacional de ámbito universal? Ni UNASUR ni la Organización de Estados Americanos cuentan con cortes penales. Existe universal, la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Unión Europea.

Serían preferibles desde luego cortes más cercanas, pero esa es la que de momento existe. Entre “los tratados de derechos humanos de los que Bolivia es parte” junto a buena parte de los Estados constituyentes de UNASUR figura el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Ahí se contemplan los crímenes de lesa humanidad, en cuyo supuesto incurren los sucesos de Bolivia de acuerdo con los dos informes, tanto el del Defensor del Pueblo como el de la Comisión de UNASUR. Según ambos los describen, vinculándolos con las políticas departamentales de corte racista, podría incluso calificarse dichos sucesos como genocidio, el delito más grave de competencia internacional.

Pese a todo, ninguno de los informes toma la iniciativa de sugerir que el caso se internacionalice por esta vía judicial, la de jurisdicción internacional. Impera la idea de que el genocidio tan sólo consiste en la masacre monumental.

No es esto así en el derecho penal internacional. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y, siguiéndole, el Estatuto de la Corte Penal Internacional contemplan como tal, como genocidio, incluso políticas incruentas siempre que persigan la eliminación, aun parcial, de determinados grupos humanos entre los que se encuentran indudablemente los indígenas.

Según esto, el genocidio de Bolivia no estaría constituido exclusivamente por la Masacre de Pando, sino por las políticas racistas en las que la misma se comprende, políticas ayer estatales y hoy departamentales, de algunos contados Departamentos. En Bolivia hay todavía genocidas en cargos políticos y cómplices en funciones judiciales. ¿Masacre de Pando o genocidio en Bolivia? ¿Crimen consumado o crimen que sigue cometiéndose? La impunidad ante todo la asegura dicha continuidad de genocidas y cómplices en funciones públicas.

¿Va a poder acabarse con esto mediante las recetas de buena voluntad de cooperación íntersuramericana e internacional de la Comisión de UNASUR? ¿Hay forma de acabar en Bolivia con la impunidad sin internacionalizar el caso por vía judicial? ¿Existe hoy por hoy, en las condiciones dadas, otra vía para su debido esclarecimiento, para el esclarecimiento humanamente alcanzable mediante la convicción por proceso acusatorio, con garantía plena del derecho a la defensa, que rinda justicia a las víctimas y a la sociedad, ante todo a las primeras?

ALAI-AMLATINA.

VOCERO DE LOS CRUCEÑOS RESPIRA POR LA HERIDA

AQUIJE INFORMA DESDE BOLIVIA...
Si no nos creen, revisen el presente Editorial del Diario EL DEBER de Bolivia. El informe de UNASUR sepulta las cortinas de humo de los mal llamados cívicos.
UNASUR ha certificado que lo de PANDO fué una masacre, por lo tanto Leopoldo Fernández instigó CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, lo cual en el Derecho Penal Internacional, sanciona CADENA PERPETUA Editorial DIARIO EL DEBER DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA
EDICIÓN QUE CONSTA EN INTERNET, FECHA LUNES, 8 DE DICIEMBRE 2,008.
LAS RÉPLICAS AL GOBIERNO
Es conveniente que los cruceños aprendamos la lección de Pando, donde el Gobierno ejecutó una bien planificada estrategia de provocación a las autoridades y cívicos regionales a fin de que sus reacciones le sirvieran de pretexto para dictar el Estado de sitio e ir a secuestros y apresamientos de opositores que terminaron encarcelados en el penal de San Pedro de La Paz y en un cuartel militar de Viacha.
La parte inicial del plan, a juzgar por múltiples indicios que ni remotamente analizó esa comisión de Unasur dirigida por un ex terrorista argentino, consistió en una movilización de campesinos de filiación masista hacia Cobija para neutralizar las demostraciones de protesta antigubernamental que allí tenían lugar.
La dirigencia pandina cometió un grave error al interceptar en Porvenir a los campesinos subvencionados por el Gobierno, porque justamente era eso lo que éste esperaba.
Comandaban la columna sujetos enmascarados cuya identidad permanece aún en el misterio y que a juzgar por todos los indicios iban tras los muertos y heridos que el Gobierno necesitaba para implantar después el Estado de sitio y apresar al prefecto de Pando y sus principales colaboradores, bajo la sindicación de ‘genocidio’.
La oposición pandina cayó en la trampa como un chorlito.
Nada le hubiera pasado si dejaba que los campesinos llegaran a Cobija. En el caso de que éstos hubiesen cometido allí excesos, lo que era altamente probable, los únicos perjudicados iban a ser el Gobierno y su partido, el MAS.
¿Especulaciones? De ninguna manera, como lo acredita la ostensible similitud de la actual estrategia gubernamental contra el movimiento cívico de Tarija y la empleada contra sus adversarios de Cobija.
Igual que en este confín de la Amazonia boliviana, ante el anuncio de un paro cívico regional en protesta por los apresamientos de líderes regionales, el Gobierno movilizó hacia la capital chapaca todo un contingente de campesinos masistas, a la espera , sin duda, de que fueran atacados por los opositores, con un balance de muertos y heridos que le permitiera reeditar lo de Pando, Estado de Sitio de por medio.
Menos mal que los tarijeños percibieron el móvil oculto en la maniobra y se abstuvieron de atacar a los masistas.
El Gobierno provoca también a Santa Cruz con secuestros (“detenciones preventivas”, las denomina) de jóvenes unionistas que son llevados al penal de San Pedro de La Paz y amenazas de hacer lo mismo contra el prefecto Rubén Costas y el presidente del Comité Cívico, Branco Marinkovic. Si éstas son meras advertencias o medidas que realmente se ejecutarán, es cosa que sabremos en el curso de los próximos días.
Lo que sí está bien claro es que apuntan a generar reacciones tan drásticas como furiosas en algunos sectores de la colectividad cruceña, que al derivar a hechos de violencia de tipo delictivo, le caigan como anillo al dedo al Gobierno para reeditar en Santa Cruz su campaña de aplastamiento de la oposición cívica y política de Pando.
Si alertamos sobre el particular, es porque ya se dejan escuchar voces que convocan a hacer justamente lo que el Gobierno quiere que los cruceños hagan para justificar eventuales y despiadados mazazos represivo-judiciales contra nuestra gente.
Convocan a tomar oficinas (acciones en las cuales resulta difícil de impedir saqueos) y a otras acciones tipificadas como delitos por el Código Penal, que es lo que específicamente el Gobierno y el MAS esperan que ocurran a fin de reeditar en Santa Cruz cuanto hizo en Pando.
Santa Cruz debe encarar con total racionalidad, prudencia y frialdad la nueva embestida gubernamental. Nada de violencia descontrolada.
Nada de tomas de oficinas públicas ni de bloqueos de calles y caminos, pero sí un gran cabildo y despliegue pacífico de masas en las calles, en uso de los derechos constitucionales a la expresión y la protesta.