Señala informe de miembros de la comisión que investigó la pérdida de archivos de
Giselle Gianotti, ex ejecutiva de
Business Track. En tanto, presidente de ese grupo, Walter Menchola, impulsa otro informe que no señala culpables.
La escandalosa manipulación de los USB de la ex especialista de
Business Track,
Giselle Gianotti,
y el borrado de importantes archivos que contenían estos dispositivos electrónicos sí fue consumada en la Dirección Anti
Drogas de la Policía (Dirandro), en complicidad con la Fiscalía.
A esa conclusión arriba un informe que emitirán hoy miembros de la comisión parlamentaria que investigó el caso, en tanto que el presidente del grupo legislativo, Walter Menchola, promueve un informe alternativo que, al no señalar responsables, exculpa a la Dirandro y a la Fiscalía.
El primer documento sentencia que terminada la investigación puede afirmarse que el comandante de la Policía Raúl del Castillo, quien participó de la diligencia del allanamiento de la casa de Giannotti y la incautación de sus archivos personales, utilizó una laptop de uso personal para visualizar los contenidos de estos, y que no es suficiente su explicación de que esa computadora ya no la tiene porque la vendió en el mercado negro de “Las Malvinas”.
Para los congresistas que suscribirán el documento, el actual director de la
Policía Nacional, general
PNP Miguel Hidalgo, quien como jefe de la Dirandro cuando se produjo la intervención dirigió toda la operación de ubicación y captura de los integrantes de una red de interceptación telefónica, es también responsable de la pérdida de la información que poseía Gianotti, sindicada como integrante de esa red delictiva.
El informe señala que Hidalgo estaba al tanto de todo y actuó por encima de su superior inmediato (el ex jefe de la Policía, general Mauro Remicio) en la investigación, allanamiento, incautación y detención del procesado Manuel Ponce Feijoó y su socio Carlos Tomasio de Lambarri, así como de los marinos Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Angles, Jesús Tirado y la mencionada Gianotti.
El general Hidalgo es cuestionado también en el informe, porque incluso habría entregado información incongruente a la comisión. Otro efectivo incluido como responsable es el coronel
PNP Carlos Morán, uno de los principales oficiales del equipo que participó en la intervención a la casa de Gianotti. Quedó comprobado que Morán, en enero de 2009, realizó la visualización de los USB de Giannotti sin autorización del juez y sin presencia de un representante de la Fiscalía, requisito indispensable para cualquier diligencia.
Más responsablesOtro hecho irregular es que el coronel Morán dispuso que se colocaran “códigos hash” o códigos de
seguridad sólo a dos de los cuatro USB incautados que, según Giannotti, tenían información de personajes del gobierno, entre ellos
Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca. De esos cuatro dispositivos, dos fueron llenados con información intrascendente y los otros dos están en blanco y “parecen nuevos”.
En cuanto al
ministerio Público, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Mateo Castañeda; el fiscal provincial, Walter Milla, y la adjunta, Vanessa Araníbar Covarrubias, también son incluidos en el informe. El informe parlamentario cuestiona la falta de diligencia de la juez Ana María Martínez, titular del 34º Juzgado Penal de
Lima, para advertir que el material que le fue entregado no era el mismo que fue incautado.
Para el legislador Yonhy Lescano, integrante de la comisión investigadora que ve este caso, “obviamente el comandante Del Castillo no actuó por iniciativa propia al manipular los USB. Por las pruebas, todo comenzó en la Dirandro y las irregularidades continuaron en la Fiscalía. No hay pruebas suficientes que impliquen a personajes del Poder
judicial. Es decir, existió una maniobra en conjunto entre la Policía y la Fiscalía para desaparecer información importante y es esto y otras cosas las que un grupo de congresistas que integran la comisión no quieren señalar”.
Esas otras cosas a las que se refiere Lescano serían las responsabilidades penales de todos los implicados y la recomendación para insistir que el presidente
Alan García, esclarezca si encargó o no al general Hidalgo la investigación a los integrantes de la empresa
Business Track, como lo afirma el ex ministro del Interior Remigio Hernani.
Sin embargo, los congresistas apristas no apoyan estas conclusiones y el presidente de la comisión investigadora, Walter Menchola, impulsa un informe que no indica responsables y que, en sus conclusiones generales, sólo cuestiona la incapacidad de las autoridades para investigar delitos informáticos.
El borrador del informe oficialista, al que también tuvo acceso
LA PRIMERA, detalla que “la
Policía Nacional del
Perú, el
ministerio Público y el Poder
judicial no están preparados para enfrentar delitos de alta tecnología” y que además “no existe un marco legal ni recursos humanos calificados para poder enfrentar de manera adecuada delitos de esta naturaleza”.
ContradicciónEsta conclusión contradice las informaciones de las autoridades, quienes incluso en conferencia de prensa han presentado los equipos que adquirieron para llevar adelante este proceso de
BTR. El Poder
judicial compró el programa “Encasse Forencsics”, traído de Estados Unidos, que sirve para recuperar incluso los archivos borrados. A su vez, el director general de la
Policía Nacional, general
Miguel Hidalgo, ha dicho que la Dirandro fue dotada con un importante monto de dinero para mejorar sus labores en este caso.
Asimismo, este informe lamenta que “no existan normas o dispositivos que permitan a los fiscales, policías y jueces actuar de forma uniforme y adecuada”; pero esas conclusiones no van al tema de fondo, que es la pérdida de importante información que compromete a los ex ministros Del Castillo y Garrido Lecca. Añade que esos vacíos han generado conflictos entre las autoridades policiales, fiscales y
judiciales.
En conversación con
LA PRIMERA, el congresista Freddy Otárola, también integrante de la comisión, dijo que podría presentar un tercer informe del caso. A su vez, Lescano insistió en que se niega a firmar el documento que Menchola pretende imponer, porque omite hechos importantes que llevan a esclarecer la pérdida de importantes archivos. “Buscan limpiar a los responsables”, sentenció.
Marcelo Puelles Redacción 
