La resolución de la Corte Suprema de Justicia está plagada de irregularidades jurídicas que fueron cometidas por los siete magistrados y conjueces que dieron luz verde para que el caso de terrorismo sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz.
Las autoridades que aprobaron esa disposición fueron Beatriz de Capobianco (magistrada), Rosario Canedo (magistrada), José Luis Baptista (magistrado), Fernando Cuéllar (conjuez), Deysi Careaga (conjuez), Elisabeth Maldonado (conjuez) y Eduardo Artega Rivera (conjuez).
Los disidentes, es decir quienes se opusieron al traslado, fueron Ángel Irusta (magistrado), Julio Ortiz (magistrado), Hugo Suárez (magistrado), Teófilo Tarquino (magistrado), Edgar Ruck Arzabe (conjuez) y Víctor Hugo Escóbar (conjuez).
Una fuente de la Corte Suprema dijo que la resolución estaba rodeada de cosas “oscuras” desde que el caso llegó a la Corte Suprema, como el hecho de que las magistradas Capobianco y Canedo insistieron todos los días para que el expediente sea analizado por las autoridades.
Una primera irregularidad es que el proceso fue conocido por 13 personas, entre magistrados y conjueces, lo que constituye una violación a la norma porque históricamente la Corte Suprema, con sede en Sucre, está conformada por 12 miembros, por lo que cada conjuez tiene la misión de suplir a un magistrado.
La convocatoria para conocer se realiza con 24 horas de anticipación para que algún afectado recuse a alguno de los magistrados o conjueces. En este caso, la convocatoria se realizó el pasado viernes en horas de la tarde y la sesión se desarrolló tres horas después, lo que constituye una ilegalidad. En este tema hay jurisprudencia para que los interesados tengan tiempo para apartar a un magistrado del caso.
Otra anomalía es que el recurso planteado por un juez de Santa Cruz, Pachi Tapia, para que los obrados sean trasladados a la competencia de autoridades judiciales de la ciudad oriental está caratulado de forma equivocada, pues señala Ávalos contra Marinkovic y otros.
La alta fuente de la Corte Suprema señala que los magistrados y conjueces que aprobaron el traslado a Santa Cruz dieron por hecho que se trata del caso terrorismo, pese a que en la carátula tiene otras denominaciones, por lo que los denunciantes son personas diferentes.
Asimismo, seis conjueces y magistrados rechazaron antes la recusación planteada por el Ministerio de Gobierno contra Rosario Canedo, lo que viola el artículo 57 de la Ley de Organización Judicial, que señala que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia necesita siete votos para fallar como tribunal de recusación.
Otra irregularidad es que los abogados del Ministerio de Gobierno no fueron notificados de forma adecuada por los funcionarios judiciales. Se conoce que cuando llegaron a la repartición gubernamental no pudieron encontrarlos, por lo que correspondía que sean notificados a través de un cedulón en la puerta del ministerio. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, ordenó que sean notificados a través del tablero de la Corte Suprema, por lo que los juristas ni se dieron por enterados de que en tal fecha se llevaría adelante la audiencia de recusación.
Sólo seis rechazaron recusación a Rosario Canedo
La Sala Plena de la Corte Suprema que resolvió la recusación planteada contra la magistrada Rosario Canedo violó la Ley de Organización Judicial, en cuyo artículo 57 señala que para dictar sus fallos requiere de siete votos. Sólo seis magistrados y conjueces votaron para rechazar el procedimiento judicial planteado.
Las autoridades que rechazaron son Beatriz de Capobianco, José Luis Baptista, Fernando Cuéllar, Deysi Careaga, Elisabeth Maldonado y Eduardo Artega Rivera.
El artículo 57, referido al número de votos, manifiesta que: “La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en conocimiento y resolución de los asuntos señalados en el artículo 55, para dictar sus fallos necesita siete votos conformes”.
El artículo 55 habla sobre las atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema como conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra sus magistrados y conjueces, así como el recurso de nulidad o casación, las resoluciones dictadas en las recusaciones contra los presidentes, vocales y conjueces de las Cortes de Distrito, Consejo Nacional de Reforma Agraria o contra dichos tribunales en pleno; además de dirimir las competencias que se suscitaren entre las Cortes Superiores de Distrito, entre los jueces de partido e instrucción de diferentes distritos, entre uno de ellos o cualquier otro tribunal.
A la audiencia asistió el conjuez José Ortuste, pero votó para dar curso a la recusación a Canedo.
La decisión de la Corte Suprema desató una avalancha de críticas de autoridades de Gobierno, que anunciaron el inicio de un juicio por prevaricato a los magistrados que dieron curso al traslado del caso terrorismo a la ciudad de Santa Cruz.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, expresó que los seis magistrados cometieron una serie de irregularidades jurídicas y sus resoluciones tienen vicios de nulidad.
La autoridad gubernamental recordó que la Sala Plena de la Corte Suprema se reunió de forma “misteriosa” a las 18.00, donde ni siquiera se conoció el nombre de las autoridades que analizaban la recusación planteda a la ministra Rosario Canedo.
Avalancha de críticas contra la justicia
La decisión de la Corte Suprema de trasladar el caso de terrorismo para que sea ventilado en la justicia de Santa Cruz, en desmedro de la de La Paz, donde se sustanció la causa desde mediados de abril, cuando fue desbaratada una banda de milicianos europeos contratados por agentes locales para encender una guerra civil y desmembrar la región oriental de Bolivia, causó un terremoto político que envuelve a los tres poderes del Estado.
El fallo que transfirió a la jurisdicción de Santa Cruz, epicentro de movimientos terroristas y secesionistas y de la oposición política y empresarial más dura al gobierno del presidente Evo Morales, la investigación judicial más sensible de la coyuntura boliviana, levantó la protesta unánime del Ejecutivo, de organizaciones de derechos humanos, de sectores afines al oficialismo en el Legislativo, de los movimientos indígenas y sociales, y también explicaciones del Poder Judicial y aplausos en las autoridades de Santa Cruz.
La decisión judicial cesó de facto la actuación de una comisión del Ministerio Público, con asiento en La Paz, embalada en la disección de los nexos y financiadores de un grupo de milicianos europeos a la cabeza del boliviano-croata Eduardo Rózsa, que se movió a discreción en Santa Cruz, entre septiembre y abril últimos.
Rózsa admitió, en una entrevista concedida a un periodista húngaro, que la misión para la que había sido contratado en Bolivia era generar la “independencia de Santa Cruz”.
Rózsa y otros dos mercenarios europeos, fogueados en la guerra secesionista de principios de los 90 en los Balcanes, perecieron en un choque con la Policía la noche del 16 de abril, en un hotel de Santa Cruz.
El pronunciamiento judicial combustionó el panorama político boliviano, erizado desde el miércoles por un par de atentados con explosivos, uno de los cuales estaba dirigido a un estrecho colaborador de Morales, Fidel Surco, líder de la activista Coordinadora Nacional por el Cambio, de esencia indígena campesina, y que se ensañó con su esposa, que resultó con graves secuelas. Coco Cuba / ABI
