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Perú: Pueblos Indígenas: Rezagos de una oligarquía


- A pesar de la Independencia, el colonialismo aún persiste en la visión estatal de desarrollo.

Por Nelson Manrique*

Al fundarse la República, el propósito inicial de los libertadores fue constituir una comunidad nacional que integrara a los indígenas a la ciudadanía. Con esa intención, el general José de San Martín decretó que se sustituyera el apelativo de “indio” por el de “peruano”. Pero la posición social de los criollos, que impulsaban la independencia de América Latina con relación a los indios, planteaba problemas complejos. En su famosa Carta de Jamaica (1815), el general Simón Bolívar señaló de manera descarnada el conflicto:

“(los criollos) no somos indios, ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento, y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país, y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado».

Los criollos peruanos que rompieron con España no estaban interesados en destruir las estructuras coloniales de dominación sino que pensaban en usufructuarlas en su propio beneficio.

“Desde que San Martín proclamó la Independencia han pasado 187 años; sin embargo, los conflictos entre el Estado y las comunidades indígenas persisten tal y como fue durante la Colonia. Peor, el gobierno democrático de Alan García llama a desarraigar a los indígenas de su único patrimonio, sus tierras, a partir de su teoría del ´Perro del hortelano´”.

La Independencia fue una revolución política -pasar de Virreinato a República- pero no una revolución social. Apenas cinco años después de proclamada la Independencia se restituyeron algunas de las instituciones coloniales que más firmemente mantenían la exclusión de la población indígena: el cobro del tributo indígena y el trabajo obligatorio gratuito de los indios para el Estado y las municipalidades. Es hondamente significativo que a lo largo del siglo XIX los indígenas llamaran “República” a esta obligación.

En un sentido, la condición social de los indígenas empeoró con la República. La supresión de los títulos nobiliarios que decretó Bolívar terminó de liquidar los liderazgos étnicos indígenas, los curacazgos y la estructura de poder a través de la cual los indios se articulaban con la sociedad mayor. Desaparecida la nobleza indígena, la condición social de “indio” terminó equiparándose con la de “pobre”, y los indios terminaron relegados a lo más bajo de la estructura social.

Los libertadores soñaban con una República de pequeños propietarios independientes y la comunidad de indígenas aparecía como una traba para conseguir este objetivo, por lo que se la despojó de reconocimiento legal. Pero esto no favoreció la expansión de la pequeña propiedad, sino que se abrió el camino a las sucesivas ofensivas terratenientes que a lo largo del siglo XIX, y principios del XX, despojaron a las comunidades campesinas de sus territorios, arrinconándolas a las peores tierras.

La precariedad institucional del orden recién fundado permitió la afirmación del gamonalismo que, a decir de José Carlos Mariátegui, representó toda una estructura social. El gamonalismo se constituyó en la valla fundamental para el desarrollo del agro serrano y en la institución que más tenazmente se opuso a la integración del indio, no sólo a cualquier proyecto de desarrollo, sino al ejercicio de cualquier derecho. De allí que la educación se constituyera en una reivindicación fundamental para los campesinos y que ésta fuera ferozmente resistida por los gamonales.
La oligarquía organizó su poder sobre la base de la exclusión de los indígenas de la ciudadanía, utilizando como justificación el racismo antiindígena colonial. El racismo “naturalizó” el orden social, sustentándolo en la biología y en las “eternas” leyes de la Naturaleza, presentándolo así como inmutable. De esta manera, el carácter estamental de la sociedad peruana, en la que cada quien debe “mantenerse en su lugar”, excluyendo la movilidad social como una opción legítima, aparecía como el resultado de leyes científicas y no de un orden social históricamente construido.

Los indios carecieron de reconocimiento legal durante la primera centuria de vida republicana. Eran considerados, a lo más, como una especie de peruanos en potencia, protoperuanos; individuos que eventualmente podrían llegar a ser ciudadanos previa “redención”, pero que de por sí no eran miembros de la nación. De allí que el problema nacional terminara confundiéndose con el «problema del indio» y una cuestión fundamental tratara sobre cómo “integrar al indio a la nación”. Incorporarlo era sinónimo de “civilizarlo” u “occidentalizarlo”, sacarlo del estado de barbarie, o no-cultura, en el que vivía. Quedaba pues descartado que los indígenas pudieran aportar algo estimable a un proyecto de desarrollo nacional.

Esto planteaba una irónica paradoja. En la época de la Independencia se consideraba que los indios constituían más de la novena parte de la población peruana, pero estaban excluidos de la ciudadanía. Así, la soberanía popular quedaba depositada en manos de menos del 10% de “peruanos”: la fracción criolla y mestiza que se sentía la encarnación de la nación. El resultado inevitable fue la existencia de una profunda brecha entre el Estado y la sociedad.

La exclusión de los indios se justificaba argumentando su supuesta incapacidad “natural” para convertirse en sujetos políticos, legalmente responsables. La inferioridad de los indios se atribuía en unos casos a su ignorancia y en otros a la degeneración biológica inducida por la servidumbre, el cocainismo y el alcohol. El filósofo Alejandro Octavio Deustua (Generación del 900) expuso claramente la perspectiva oligárquica cuando afirmó que el indio no era ni podía ser más que una máquina, y que no debía desperdiciarse el dinero del Estado en tratar de educarlo.

El racismo antiindígena es una de las herencias oligárquicas que con mayor fuerza ha bloqueado los intentos de construir un orden moderno en el Perú. La democracia no puede existir allí donde no se reconoce la existencia de una común sustancia humana. La existencia de ciudadanos “de primera” y “de segunda” es la consecuencia necesaria de la convicción, racista, de que existen humanos “de primera” y “de segunda”.

En el siglo de las luces y las sombras

Al cumplirse un siglo de la Independencia, en 1920, Augusto B. Leguía reconoció, finalmente, el estatuto legal de las comunidades. Éstas, con el nombre de “comunidades indígenas”, alcanzaron finalmente el reconocimiento legal que habían perdido al iniciarse la República. Se proclamó, asimismo, la tutela del Estado sobre los indígenas y se encomendó su ejercicio a la flamante Dirección de Asuntos Indígenas, adscrita al Ministerio del Trabajo. Esto constituyó un avance con relación a la ausencia de reconocimiento legal antes existente, pero mantuvo la exclusión legal de los indígenas de la ciudadanía.

La tutela es un régimen de protección legal que se extiende sobre aquellos que son incapaces de representarse a sí mismos: los niños y los discapacitados. Para la mirada oligárquica los indios eran una suerte de menores de edad agrandados; incapaces de hacerse cargo de sí mismos, y sobre quienes el Estado debía ejercer una tutela protectora. Esto es la expresión de una mentalidad que viene desde la Colonia, que legitima la dominación recurriendo a un discurso racista que atribuye la marginación, la discriminación y la opresión que sufren los indígenas a la Naturaleza; a su “inferioridad biológica”. Se trata de un racismo que infantiliza a los indígenas.

La tutela continuaba pues la política de exclusión de los indios de la ciudadanía, legitimada a través de la exclusión de los analfabetos del derecho al voto, que les negaba hasta el documento de identidad ciudadana, la libreta electoral.
En un país donde se alfabetiza en castellano, el grueso de los analfabetos adultos son precisamente los monolingües que hablan los idiomas originarios, como el quechua y el aimara. Incluso, en regímenes democráticos, de los pocos que hubo en el siglo XX, como el de José Luis Bustamante y Rivero, las cosas tampoco fueron diferentes. Bustamante miraba al poblador andino como un ser analfabeto, poco higiénico y con un idioma (el quechua) que lo separaba de la unidad nacional. Creía que el indígena por vivir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, veía afectado su organismo, lo que lo imposibilitaba de una socialización civilizada (1). Recién en la Constitución de 1979 -a un siglo y medio de la Independencia se otorgó el derecho al voto de los analfabetos, reconociéndoles el más elemental derecho ciudadano.

La necesidad de la incorporación de los indígenas a la nación es algo que hoy se acepta, pero está asociada a una especie de chantaje por el cual se les reconoce el derecho a incorporarse como ciudadanos a condición de que dejen de ser indios. El discurso del mestizaje ha terminado asociándose a la idea de la desindigenización: que el indio deje de serlo como condición para ser considerado peruano. De esta manera, se sustituye el etnocidio biológico -la eliminación física de los indígenas- por el etnocidio cultural -la eliminación de su identidad.

Al comenzar el nuevo milenio la humanidad va hacia la afirmación de la diversidad como un derecho humano inalienable. Hoy es posible pensar en la construcción de un Estado-Nación integrado, que concilie el respeto a la diversidad con la unidad nacional; el derecho a la ciudadanía sin tener que renunciar a la propia identidad. Se trata del reconocimiento, con el conjunto de derechos que eso supone, para que los indígenas puedan construir su propio futuro.

La comunidad campesina del siglo XXI

“El racismo antiindígena es una de las herencias oligárquicas que con mayor fuerza ha bloqueado los intentos de construir un orden moderno en el Perú. La democracia no puede existir allí donde no se reconoce la existencia de una común sustancia humana. La existencia de ciudadanos “de  primera” y “de segunda” es la consecuencia necesaria de la convicción racista”.

Para definir la condición social de los indígenas es necesario definir la importancia de las comunidades campesinas (sierra) y nativas (selva), las instituciones fundamentales de las que aquellos forman parte. En el Perú existen 5,680 comunidades reconocidas que controlan el 39.8% del total de las tierras en uso agropecuario; el número de  comuneros registrados es de 711,571, una cantidad que supera en términos absolutos a los 611,327 productores agrarios que en el último censo agropecuario declararon pertenecer a algún otro tipo de organización (rondas  campesinas, comités, asociaciones, juntas, etc.). Las comunidades cumplen un papel muy importante en la modernización de las áreas de montaña y en la defensa del patrimonio más importante de los indígenas: la tierra.

Las comunidades están habitadas por más de 2′500.000 de personas, lo que equivale al 40% de la población rural total. Son importantes abastecedoras de alimentos para el mercado interno, y su participación en la oferta agropecuaria nacional oscila entre el 25% y el 30% del valor bruto de la producción. Las comunidades permiten la reproducción social, cultural y económica de un amplio sector de la población peruana, en gran parte marginada por las políticas del Estado. Son uno de los pocos espacios institucionales y organizativos que se mantienen vigentes en el país, en medio de un contexto caracterizado por una creciente debilidad institucional.

La mayor parte de las tierras que controlan las comunidades son pastos naturales, situados en las regiones montañosas y pobres del país; precisamente aquellas ricas en minerales, que se constituyen en el motivo de conflicto con las empresas mineras interesadas en explotar esos recursos. Los comuneros han construido con sus recursos e iniciativa más escuelas y kilómetros de caminos rurales que todo lo realizado gracias a la inversión pública. Las comunidades tienen un gran potencial modernizador, pero las bloquean políticas discriminatorias o que simplemente no las toman en cuenta.

En enero de 2005, se constituyó en el Congreso, de acuerdo con la Ley Nº 28150, una Comisión Especial, con la participación de organizaciones representativas de las comunidades campesinas y nativas, para revisar la legislación que les atañía. De allí salió un proyecto de Ley que ordenaba y actualizaba las normas vigentes, como la Ley General de Comunidades Campesinas y la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva. Recogiendo lo expresado por la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT, se reconoció el derecho de las comunidades a participar de los beneficios derivados del aprovechamiento por las empresasde los recursos existentes en su territorio, y a que se las indemnice adecuadamente por los perjuicios derivados de sus actividades.

La política del ´Perro del hortelano´

Pero la situación cambió radicalmente con el cambio de régimen. A un año de la inauguración de su gobierno, el presidente Alan García publicó un artículo que definía su posición con relación a las comunidades campesinas y nativas (2). Este texto constituye una importante definición programática en torno a la forma en que concibe el gobierno aprista la participación de los indígenas en el desarrollo nacional y es el marco dentro del cual el Parlamento ha promulgado muy importantes leyes. García parte de la idea que en el Perú “hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo”. Su preocupación fundamental se centra en la propiedad del suelo, especialmente en la de las comunidades.

Para sacar a los campesinos de la miseria y el atraso, García propone incorporarlos al mercado a través de la venta de sus tierras, con el objetivo de atraer capitales y tecnología. Su propuesta está dirigida a concentrar la propiedad en manos de grandes empresas, en desmedro de las comunidades nativas de la selva, las comunidades campesinas de la sierra y los pequeños propietarios. Para Alan García las tierras de las comunidades deben entregarse a grandes propietarios. Así, para impulsar las explotaciones forestales en la Amazonía, “se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología”.

Se refiere a las tierras de las comunidades nativas de la selva. Igualmente debiera venderse las tierras de las comunidades campesinas de la sierra, que, afirmó, han sido sustraídas al mercado debido a la influencia de ideologías retrógradas: “la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas” (3).

La propuesta de Alan García no busca mejorar las condiciones productivas de los campesinos indígenas sino allanar la venta de sus tierras: “Esa misma tierra (la de las comunidades) vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano”. Para los campesinos la venta de sus tierras significaría perder tanto la condición de comunero cuanto los medios materiales para la reproducción social de su existencia. Su destino más probable, si tal cosa sucediera, sería desarraigarse y unirse a la vasta migración hacia los grandes cinturones de miseria creados en torno a las grandes ciudades.

Para Alan García, la propiedad del suelo por parte de las comunidades en cuyos territorios hay riquezas naturales explotables por el gran capital -como los recursos mineros y el petróleo- es una traba aun mayor para el progreso. Nuevamente, quienes piensan de otra manera son retrógrados interesados en prolongar la situación de atraso del país: “contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse
bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril”.

Frente a la preocupación por el impacto de la explotación minera sobre el medio ambiente el presidente García sostiene que este es un tema del siglo pasado: “en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras”. Por desgracia, casos como el de la empresa minera Doe Run -que durante varios años ha ido postergando el cumplimiento de sus compromisos ambientales contando con la complicidad del Estado en contra de La Oroya- alimentan la desconfianza de los indígenas.

El Estado contra las comunidades

Pero la fuente principal de conflictos entre las comunidades y el Estado es la nula voluntad de diálogo de éste. Recientemente el Parlamento aprobó un paquete de leyes elaboradas por el Poder Ejecutivo (dos leyes y siete decretos legislativos), al amparo de facultades legislativas que aquel le otorgó para legislar sobre aspectos relativos al TLC con Estados Unidos. Se trata de los D.Leg. 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1081, 1083, 1089 y 1090.

“Para los campesinos la venta de sus tierras significaría perder tanto la condición de comunero cuanto los medios materiales para la reproducción social de su existencia. Su destino más probable, si tal cosa sucediera, sería desarraigarse y unirse a la vasta migración hacia los grandes cinturones de miseria creados en torno a las grandes ciudades”

Estas normas vulneran múltiples derechos de las comunidades y su propósito manifiesto es facilitar la enajenación de sus tierras. Una Comisión Multipartidaria del Congreso recomendó su derogación, sosteniendo que vulneran la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero el gobierno ha decidido continuar con su ofensiva privatizadora, lo cual lo ha enfrentado contra el campesinado indígena, especialmente por el D.Leg. 1015.

El D.Leg. 1015 busca facilitar la venta de las tierras de las comunidades, a través de una sustancial alteración del sistema de votación vigente. Hasta ahora, la decisión de vender las tierras de las comunidades a terceros (empresas mineras, por ejemplo) requería la aprobación del 66% de los comuneros calificados. Pero la nueva norma reduce esta cantidad al 50%,
no de los comuneros calificados, sino de los asistentes a una asamblea. Una asamblea sería regular con un quórum del 50% más uno de los comuneros calificados, y bastaría la votación de la mitad más uno de éstos para que pudieran decidir por todos. De esta manera, la cuarta parte de los comuneros calificados podría decidir hasta la venta de las tierras y la liquidación de la comunidad. Y si se hace convocatorias sucesivas, para instalar a asamblea con los comuneros asistentes, aunque en la primera convocatoria no hubiera el quórum reglamentario, esta valla se podría reducir aun más.

Estas medidas son discriminatorias contra el campesinado indígena pobre, que constituye el estrato más desprotegido del país y han sido denunciadas desde el mismo interior del aparato del Estado. La Defensoría del Pueblo ha declarado que el D.Leg. 1015 viola la Constitución y ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Según la Defensoría, el D.Leg. 1015 “vulnera los derechos de identidad cultural (reconocido por el inciso 19 del artículo 2º y el artículo 89º de la Constitución Política del Perú), de participación y de consulta de las comunidades campesinas y nativas”. Viola asimismo tratados internacionales suscritos por el Perú, como el Convenio Nº 169 - OIT, ratificado por el Perú en 1993 mediante la Resolución Legislativa Nº 26253. De acuerdo al Artículo 55° de la Constitución del Perú: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, por lo que el Estado está obligado a cumplirlos. Finalmente, afirma la Defensoría, el D.Leg. 1015 padece de “vicios de inconstitucionalidad formal”. Estas leyes, además, chocan frontalmente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Pero lo más grave es que estas leyes se han elaborado y aprobado sin consultar con los interesados, lo que ha provocado el reclamo de los gremios campesinos, primero, y luego el anuncio de medidas de lucha y un paro general de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía, después de intentar inútilmente durante largos meses ser escuchados. Los resultados de la ofensiva anticomunal están a la vista: los conflictos sociales han aumentado un
150% entre el 2008 y el 2009 (de 93 a 238). Los conflictos socioambientales generados por la industria extractiva constituyen hoy casi la mitad (49%) del total de los conflictos sociales en curso y estos comprometen a 108 localidades; poblaciones donde impera la pobreza y la pobreza extrema, donde el analfabetismo sobrepasa el 50%, como en Llusco y Chumbivilcas, Cusco (4). Los campesinos reclaman que su medio ambiente es agredido por la contaminación de sus recursos naturales, debido al incumplimiento por parte de las empresas de los  compromisos pactados con las comunidades (5).

“Los indígenas contemporáneos peruanos defienden el patrimonio cultural de quienes produjeron la más grande revolución agrícola de la historia de la humanidad. Debería preservarse ese patrimonio inestimable y promover su desarrollo. No tratar de liquidarlo en nombre de una visión unilateral y reduccionista de desarrollo, que contempla los intereses de unos pocos, amenazando un patrimonio que, como en el caso de la Amazonía, es de interés de todos”

Los obispos de la Amazonía, ante el paro de los pueblos amazónicos reclamando la derogatoria de estos dispositivos, emitieron un importante pronunciamiento en el que afirman: “en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados (…) Debemos expresar que ‘la Iglesia valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano’ (Documento Aparecida 472)”. Finalmente, sostienen los obispos que las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 “no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región” (6).

Los indios y el desarrollo

¿Qué demandan los indígenas? ¿Qué proyecto de desarrollo defienden? En una conferencia de prensa en que informaba al país sobre la decisión de los nativos amazónicos de radicalizar sus medidas de lucha, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización gremial que agrupa 1.350 comunidades (donde viven 350.000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas), afirmó que los beneficios materiales que les ofrece el modelo de desarrollo actual servirán poco si se destruye el medio en el que viven, porque se les despojan de su dignidad, sus tierras y se desintegra a sus familias. “No estamos en contra del desarrollo”, declaraba, “estamos en contra de ese tipo de desarrollo”.

Los indígenas contemporáneos peruanos defienden el patrimonio cultural de quienes produjeron la más grande revolución agrícola de la historia de la humanidad. Los Andes han aportado a la cultura universal la mayor cantidad de plantas domesticadas de la historia, así como el desarrollo de técnicas muy sofisticadas de manejo sustentable de uno de los medios naturales más complejos del mundo. Debiera preservarse ese patrimonio inestimable y promover su desarrollo. No tratar de liquidarlo en nombre de una visión unilateral y reduccionista de lo que es el desarrollo, que contempla los intereses de unos pocos, amenazando un patrimonio que, como en el caso de la Amazonía, es de interés no solo de las comunidades de la selva, sino de toda la humanidad.

Notas

(1) Bustamante y Rivero, José Luis. Mensaje al Perú, Lima, Editorial Universitaria.

(2) Alan García, “El perro del hortelano”. Lima: El Comercio, 28 de octubre de 2007. En los párrafos siguientes nos referimos a este texto.

(3) Cuando en 1570 el virrey Francisco de Toledo decidió la organización de las reducciones o pueblos de indios -que constituyen el referente más remoto de muchas comunidades contemporáneas la tierra era abundante, debido a que la población indígena se redujo en cuatro décadas a menos de la mitad de la que existía al momento de la conquista, en 1532, y siguió reduciéndose durante los dos siglos siguientes; no era necesario pues “arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas”. Los objetivos de Toledo fueron otros: facilitar el control político de la población, el cobro del tributo, la organización de los turnos de la mita a la que debían ir los indios y la evangelización.

(4) Defensoría del Pueblo, Reporte Nº 61, Lima, marzo del 2009.

(5) De los 116 conflictos socioambientales, 82 tienen que ver con la actividad minera.

(6) “Pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos”. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP. 5 de mayo de 2009.

 http://www.caaap.org.pe/archivospronunciamiento_obispos_amazonia.pdf


* Nelson Manrique es doctor en Historia y Civilizaciones (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París) y magister en Sociología (Pontificia Universidad Católica del Perú). También profesor principal de la Universidad Católica y autor de numerosos libros y ensayos. Tiene una columna semanal de análisis político en el diario La República.
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Fuente: Nelson Manrique: “Pueblos Indígenas: Rezagos de una monarquía”, en”Pobreza, Desigualdad y Desarrollo en el Perú”, Informe anual 2008-2009 de Oxfam Internacional, Lima, Perú, junio 2009.


Bolivia: Evo Morales condena el intento de golpe de Estado en Honduras

El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó rotundamente el intento de golpe de Estado y quiebre institucional que afronta su colega hondureño, Manuel Zelaya, según informó la agencia estatal ABI.

En una carta transmitida a Tegucigalpa, Morales señaló que "habiendo tomado conocimiento de los últimos sucesos vividos en su país, a nombre mío y de mi gobierno deseo expresarle nuestro más claro y rotundo rechazo ante cualquier intento de golpe de Estado o amenaza al proceso democrático que se vive en la hermana república de Honduras".

"Deseo manifestarle -escribió Morales a Zelaya- nuestro apoyo al gobierno presidido por Su Excelencia que es la expresión de la democracia al haber sido elegido legal y legítimamente por el pueblo hondureño".


La doble moral de la casta política de Estados Unidos


Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

La casta político-económica que rige el poder en Estados Unidos ha tenido como característica fundamental la manipulación de la información, creando matrices de opinión favorables a su hegemonía e intereses, dentro y fuera del territorio estadounidense.

De esta suerte, diversos acontecimientos y actores son presentados según el prisma de sus conveniencias, a tal grado que cualquier objeción podría verse como producto de una conspiración contra la seguridad del país, explotando el terror al enemigo que siempre han creado, dependiendo de las épocas y de los fantasmas utilizados. Así, primero fueron los pueblos originarios, lo que dio pie a la invasión, colonización y genocidio del extenso territorio aparentemente deshabitado, ubicado al oeste de sus primeras fronteras nacionales. Luego fueron los comunistas y, ahora, el terrorismo internacional, cuya ubicuidad le otorga una patente de corso ilimitada al gobierno gringo para actuar impunemente en todo el planeta, violando todas las disposiciones y acuerdos mundiales.

Con ello, esta casta político-económica (independientemente de si pertenece o no a la rama republicana o demócrata) hace uso de expresiones orwellianas que disfrazan la realidad de las cosas y forman parte del sistema doctrinal imperante en el coloso del norte, cuestión que le permitió al presidente Ronald Reagan calificar de combatientes por la libertad a los guerrilleros de la Contra durante su lucha contra el gobierno sandinista de Nicaragua, dado su interés en que dicho gobierno fuera derrocado para, supuestamente, alejarlo de la órbita soviética, pero haciéndose de la vista gorda frente a los desmanes genocidas del Estado sionista de Israel contra el pueblo de Palestina. Lo mismo ocurre cuando a gobiernos como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia (sumados a otros de más reciente constitución), guiados por motivos políticos similares, son acusados de representar un populismo radical hostil a los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, condenados a ser arrasados, como ya lo consiguieran con el del Presidente Salvador Allende en Chile, en 1973.

Sin embargo, el hecho que muchos pueblos del mundo se hallan librando una batalla común contra el capitalismo neoliberal y globalizado, ha obligado a Estados Unidos a retroceder en algunas de sus iniciativas imperialistas y neocoloniales, razón por la cual requiere aumentar la imagen de gobiernos y de gobernantes forajidos, de modo que la opinión pública del país y del resto del mundo justifique cualquier tipo de intervensionismo en las naciones que encuadra en su categoría de extremistas o terroristas, cosa que no aplica en su caso cuando condena sin oportunidades legales a cinco cubanos, cuyo delito fue informar a las autoridades estadounidenses de los atentados terroristas que planificaban los agentes anticastristas desde territorio estadounidense contra Cuba, pero da un tratamiento amable a Luís Posada Carriles, un reconocido terrorista al servicio de la CIA.

Aún con Barack Obama de presidente, Estados Unidos continuará aplicando el recetario que le ha permitido actuar con el visto bueno de sus aliados, tomando en cuenta solo aquello que le beneficie, como sucedió con la cumbre de la OEA que decidió rescindir la decisión de expulsar a Cuba de dicho organismo por no someterse a los designios norteños, condicionando su reingreso a un cambio de política interna e ignorando adrede el derecho a la autodeterminación que le corresponde a éste y a los demás países del mundo. Es necesario que se comience a ver con ojos claros, asumiendo en la práctica una conducta auténticamente antiimperialista -como se dice- que descubra en su verdadera dimensión el juego retórico comúnmente del cual echa mano su clase política, gran parte del mismo de modo conjugado con las elites dominantes nacionales, dando por descontado que ése sea su “destino manifiesto”: el dominio imperialista del mundo, ahora reforzado con la doctrina de guerra preventiva que, originalmente, aplicara el Estado sionista de Israel contra sus vecinos islámicos de Oriente Medio. En esa medida, no tendrá más asideros la doble moral de la casta política-económica-militar de Estados Unidos, ni dentro ni afuera de sus fronteras “naturales”.


Contrarrevolución


Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Las clases dominantes poseen su manual práctico para realizar la contrarrevolución. Sus cinco componentes son: una base social que es necesario activar, el control de los principales resortes de la economía, el manejo casi monopólico de los medios de comunicación de masas, el apoyo de las fuerzas armadas y el concurso del capitalismo metropolitano más conocido como “comunidad internacional”.

La base social de la contrarrevolución ya no se limita a los exiguos porcentajes de quienes poseen el gran capital. A diferencia de antaño en las sociedades rurales caracterizadas por la polarización extrema entre una pequeñísima oligarquía y el inmenso universo del pueblo, en la actualidad el desarrollo urbano y la modernización permiten el surgimiento de unas capas de pequeña burguesía más o menos amplias. Por ideología e intereses compartidos se convierten en la base social de las fuerzas que se oponen a los gobiernos nacionalistas y populares, y con mayor razón si se intenta desmantelar el capitalismo. A pesar de ser minoritarios resultan suficientes para dar cuerpo a proyectos contrarrevolucionarios; aunque no van más allá del 20% o 30% de la población consiguen arrastrar en sus aventuras a los sectores menos concientes de la población pobre. El debilitamiento sistemático de las fuerzas populares (dispersas, amedrentadas, atemorizadas, divididas) les permite compensar su condición de minorías y ganar elecciones, bloquear gobiernos, precipitar el caos social y culminar con la derrota del gobierno progresista.

Son entonces un colchón muy útil, un apoyo social clave compuesto por pequeños y medianos empresarios, sectores religiosos tradicionalistas, tenderos, profesionales, universitarios (sobre todo de universidades privadas) y un componente mafioso que juega el rol de fuerza de choque para hacer el trabajo sucio del sabotaje, el atentado, el desorden callejero, la difusión de rumores, la asonada, etc. En todas estas actividades es usual encontrar a delincuentes habituales, grupos de ultraderecha, lumpen y sectores socialmente descompuestos.

Por supuesto, el mecanismo principal de la contrarrevolución sigue siendo el control decisivo de la economía nacional. Las elites dominantes controlan lo fundamental de la producción, la comercialización y sobre todo las finanzas. Ello les permite decidir sobre la dinámica productiva y ejercer un sabotaje muy efectivo que se traduce pronto en escasez, desabastecimiento, inflación galopante, evasión de capitales y otros fenómenos que golpean sobre todo a las bases sociales del gobierno progresista. Las políticas neoliberales que debilitan en extremo al Estado tienen como uno de sus ejes asegurar una escasa o nula presencia del gobierno en la economía no solo limitando sus facultades para dirigirla sino privatizando las empresas públicas mediante las cuales el Estado puede jugar un papel clave en la política económica. No es por azar que los gobiernos reformistas del nacionalismo y del populismo se esfuercen con tanta tenacidad en recuperar el control de los recursos naturales del país, nacionalizar las empresas en los sectores estratégicos y reivindicar la dirección de la economía. Sin este mecanismo fundamental se hace patente que tener el gobierno no es lo mismo que tener el poder, que no basta tener razón ni el apoyo claro de las mayorías mientras el control de la riqueza continúe en manos de los grupos dominantes minoritarios.

Una de las formas más efectivas de este poder real es el dominio privado, casi monopólico, de cadenas de televisión, radios, periódicos y revistas, así como el control efectivo del púlpito de variadas iglesias, “tanques de pensamiento”, fundaciones y ONGs multimillonarias que ejercen un papel decisivo en la formación de la opinión pública. Manipulan, mienten, tergiversan y utilizan el conocido sistema nazi de convertir en verdad una mentira a fuerza de repetirla. La creación en los Estados Unidos de una opinión mayoritaria de apoyo a la agresión contra Irak, en base a mentiras y manipulaciones lo demuestra de manera fehaciente. Con ello se desmintió su supuesta objetividad y profesionalidad y se hizo añicos la alegada libertad de prensa y acceso democrático a la información. La razón es obvia: solo con capitales inmensos es posible crear un medio moderno de comunicación (a excepción quizás de páginas en Internet); solo defendiendo los intereses del gran capital es posible mantener esos medios en circulación. Los escasos medios independientes (contados con los dedos de la mano) son la excepción que confirma la regla.

La derecha cuenta también con el apoyo de las fuerzas armadas, por lo general muy conservadoras y afectas por múltiples vínculos a los grupos dominantes. A pesar de estar constituidas mayoritariamente por personas provenientes de los sectores populares la estructura extremadamente jerárquica y la ideología de defensa del orden que les caracteriza así como la formación reaccionaria que reciben (en muchas ocasiones directamente a cargo de misiones extranjeras que les convierten en verdaderas extensiones de las fuerzas armadas imperialistas) explican que solo excepcionalmente se colocan del lado de los sectores populares. Lo usual es que se conviertan en el último recurso de las elites en su empeño de derribo de los gobiernos populares y nacionalistas. Entonces se producen los golpes de Estado con sus consecuencias de cierre total de la democracia formal, represión masiva, políticas altamente impopulares y sobre todo entrega a las empresas transnacionales del control de los mercados y de los recursos naturales.

Por último, la fórmula del golpe de Estado se completa con el apoyo masivo del capitalismo metropolitano. La llamada “comunidad internacional” se moviliza entonces contra el gobierno nacionalista que afecta sus intereses; una movilización que incluye el acoso económico, el masivo ataque a través de los medios de comunicación bajo el control absoluto de las grandes multinacionales, la intervención directa de sus agentes diplomáticos alentando a la oposición y financiando el sabotaje y la activa labor de ONGs y fundaciones sostenidas directamente por los gobiernos metropolitanos y apadrinadas generosamente por poderosos conglomerados económicos. Y cuando todo esto no es suficiente queda el recurso postrero de la invasión en defensa de la “democracia y el libre mercado”. Cuando ocurren los golpes de Estado es seguro que detrás de los golpistas se encuentran las embajadas de la “comunidad internacional”, las famosas “misiones militares” y los agentes extranjeros que coadyuvan, planifican y alientan la empresa subversiva.

Por supuesto, la estrategia golpista no siempre funciona. Si quienes dirigen el proceso de reformas socioeconómicas y defensa de la soberanía nacional organizan adecuadamente sus bases sociales, la contrarrevolución se verá ahogada por la inmensa marea humana de las mayorías. El fortalecimiento de la economía pública y de la función económica del gobierno así como la recuperación de los recursos naturales son armas útiles contra el sabotaje económico de la derecha. El trabajo de información y educación populares, el contacto directo con la población, la labor de formación política y organización de las clases trabajadoras y del pobrerío en general (tan importante en estos países) consigue neutralizar la manipulación mediática (Venezuela, Ecuador y Bolivia son buenos ejemplos de una lucha exitosa contra los medios), si es que antes los hechos mismos no se encargan de echar por tierra la intoxicación de la ciudadanía, como ha ocurrido en Estados Unidos respecto a la guerra de Irak. Las fuerzas armadas, solo excepcionalmente se neutralizan ante un gobierno de progreso pero pueden resultar sensibles al discurso nacionalista –al menos en sus bases y entre cierta oficialidad- de manera que es factible realizar reformas de calado que cambien la correlación militar de fuerzas. Por supuesto, las fuerzas populares pueden organizar sus propias milicias como garantía, pues sin el respaldo de la fuerza hasta la causa más legítima se convierte en fantasía. La amenaza externa también puede derrotarse si internamente las cosas se hacen bien y al mismo tiempo se consigue el apoyo de la población trabajadora de los países metropolitanos.


Cuba: Reflexiones del compañero Fidel. Un gesto que no se olvidará


Hago un alto en el trabajo que estaba elaborando desde hace dos semanas sobre un episodio histórico, para solidarizarme con el presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya.

Fue impresionante verlo a través de Telesur, arengando al pueblo de Honduras. Denunciaba enérgicamente la burda negativa reaccionaria de impedir una importante consulta popular. Esa es la "democracia" que defiende el imperialismo. Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley. No realizó un acto de fuerza. Es el Presidente y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo que allí ocurra será una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos.

Ayer tuvo lugar una reunión del ALBA en Maracay, en el Estado venezolano de Aragua. Los líderes latinoamericanos y caribeños que allí hablaron, brillaron tanto por su elocuencia como por su dignidad.

Hoy escuchaba los sólidos argumentos del presidente Hugo Chávez denunciando la acción golpista a través de Venezolana de Televisión.

Ignoramos qué ocurrirá esta noche o mañana en Honduras, pero la conducta valiente de Zelaya pasará a la historia.

Sus palabras nos hacían recordar el discurso del presidente Salvador Allende mientras los aviones de guerra bombardeaban el Palacio Presidencial, donde murió heroicamente el 11 de Septiembre de 1973. Esta vez veíamos a otro Presidente latinoamericano entrando con el pueblo en una base aérea para reclamar las boletas para una consulta popular, confiscadas espuriamente.

Así actúa un Presidente y Comandante General.

¡El pueblo de Honduras jamás olvidará ese gesto!

Fidel Castro Ruz
Junio 25 de 2009
8 y 15 p.m.


DESMIENTEN A OTTO GUIBOVICH‏

CARLOS  FRANCO AFIRMA DESDE  EL  VRAE QUE EL   COMANDANTE  GENERAL DEL EJERCITO  OTTO  GUIBOVICH MIENTE AL SEÑALAR  A  TODO EL PAIS QUE SENDERO LUMINOSO PONE  AGUA POTABLE A LAS POBLACIONES SEDIENTAS.
 
El  autor  del ensayo "Agua y sed. Por una política de Estado" Carlos Franco Pacheco, en una gira  por el Valle  del Rio Apurimac y Ene(VRAE) entre el  miércoles 24 y  jueves  25  de  junio del  2009  aseguró  que el  grupo terrorista  "Sendero Luminiso" no  reparte  agua como  asegura el Comandante  General del Ejercito Otto Guibovich  en una  entrevista  al diario de circulación nacional "El Comercio".
 
Esta gira tuvo como evaluar  las  declaraciones  del ex-Jefe de la Región Militar Centro, luego que  señalará el 19 de abril que Sendero Luminoso "van a la población y  le ponen agua potable",  a  raiz  de que estos  tienen  muchisimo  dinero. Incluso,  afirmó que  ponen canchas  deportivas o pintan el colegio.

El  actual  director ejecutivo de PACHACAMAC     al conversar con población de los distritos de  Pichari y Kimbiri(Cusco) y  San Francisco(Ayacucho)  recogió  información en el sentido contrario a lo que  afirma el ex-Jefe del Comando Conjunto Otto  Guibovich.

Las  afirmaciones    de Otto  Guibovich  son  la cortina  de humo para   esconder  la pobreza  de las intervenciones del Shock de Inversiones en materia de agua potable. Los proyectos hablan por si mismo. El Ministerio de  Vivienda sólo ha previsto  dos obras  de agua valorizadas en  2  millones 515,680  nuevos soles para el Cusco.
 
El ex- vocero de la Campaña Nacional por el Derecho Humano al agua cuestionó la política  de militarización  del VRAE  que tiene  a cargo el  militar Otto  Guibovich, y sobre el cual propuso  que  el primer Congreso Internacional    de la Hoja  de  Coca a realizarse en Pichari, en el mes  de agosto,  sea el escenario para analizar   la  intervención del Estado en materia  de acceso al agua para  las poblaciones asentadas en el VRAE.
 
Carlos Franco Pacheco el  dia  miércoles 24, con ocasión del Dia del Campesino disertó  en el Local de la  Federación  Agraria Departamental de Ayacucho, por invitación  de la plataforma  de gestion del agua  "Yakunchik", JUDRA, FADA, CEDAP y la  Municipalidad  Provincial de  Huamanga. El certamen denominado "Agua y seguridad alimentaria"  culminó con la Declaración de  Ayacucho.
 
El ex co-organizador del  Foro "Agua, Coca  y  derechos del pueblo", en Puno, en setiembre del 2007, afirmó  sobre la urgente necesidad  de  promover la industrialización de la  hoja  de coca, y por ese medio  destruir al narcotrafico y lograr se acepten los productos: mate de coca, pisco de coca, harina de coca, capsulas de coca y pomadas de coca.
 
Carlos  Franco Pacheco pudo conocer en situ las cuatro variedades de hoja de coca, en una rapida  visita por Pichari. Las variedades  de hoja de coca son:  coca aspiy,  coca  ccoray, coca saruy y  coca pallay.
 
Anunció que  el distrito  de  Pichari  ha logrado  establecer una estrategia  de 
bioindustrialización  del platano. Incluido, el  establecimiento de una piscigranja de truchas, oficios menores, entre otros, a fin de  lograr la diversificación productiva  de las poblaciones  de menores  recursos.

BAMBAMARCA-PERU: ALERTAN SOBRE DESERTIFICACION EN FORO SOBRE AGUA

LUPE MARREROS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEFINE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO POLITICA DE ESTADO Y CON PARTICIPACION DE LA POBLACION MIENTRAS QUE TELMO ROJAS DEL INSTITUTO CUENCUAS ALERTA SOBRE DESERTIFICACION COMO PROBLEMA DEL AGUA EN FORO “AGUA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL” DEL 23 DE JUNIO EN BAMBAMARCA.

Con la presencia del  Alcalde Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, Esteban Campos Benavides se desarrolló en Bambamarca el Foro Provincial  “Agua, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial” el Martes 23 de Junio.

Las ponencias centrales fueron expuestas por Lupe Marreros del Ministerio del Ambiente-MINAM y Telmo Rojas del Instituto Cuencas y la metodología y fundamentos del Foro fueron expuestos por Jorge Villatty de Servicios Educativos Rurales-SER Cajamarca

Los Comentarios fueron realizados por la Ing. Geog.  Alicia Quispe, Coordinadora Técnica de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial ZEE-OT del Gobierno Regional de Cajamarca, Soc. Mauricio Quiroz T., Presidente de la Comisión Provincial  Hualgayoc de ZEE OT; Antropólogo  Wilson  Salazar V. de la Agencia Agraria Hualgayoc, y el Regidor Eloy Sanchez L., Comisión Provincial de Medio Ambiente

El evento estuvo organizado por la Comisión de ZEE OT de la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca y contó con el auspicio del SER-Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

En su ponencia Lupe Marreros, Especialista en Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial manifestó que el Ordenamiento Territorial era una política de Estado y que gracias a ella puede enfrentarse problemas como uso racional de  los recursos, abandono de territorios con recursos naturales, sobrepoblación, deterioro de ecosistemas y peligroso amenazas naturales, entre otros.

Resaltó que este proceso de ZEE tiene un componente principal que es la participación de la población involucrada y eventos como este Foro permiten este tipo de participación. Refirió que con el Ordenamiento Territorial culmina el proceso de Zonificación Ecológica Económica.   

Manifestó, asimismo que el MINAM que dirige Antonio Brack está preparando el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.

El otro ponente, el sociólogo Telmo Rojas, indicó que el problema del agua en la Provincia, la Región, el país y el mundo debe merecer la atención de todos.

Dijo que al Año 2025 habrían mas de 4 regiones, 30 países (800 millones de personas) con disponibilidades de agua menores a 1000 m3/hab/año y que dentro de ella se encuentra el Perú y América Latina.

Señaló que la desertificación es un problema real ya en estas zonas y que no se le está prestando atención, especialmente en la zona de Jalca, desde donde llega el agua para las laderas y Valles.

Otro problema agudo es la fragmentación dela tierra, el minifundio, agregó.

Puntualizó Rojas que existen  varios focos contaminantes del agua en la Región siendo los  principales:

          Residuos líquidos o desagües no tratados de centros poblados y ciudades.

          Residuos sólidos arrojados a botaderos en pampas, quebradas y ríos del país.

          Residuos sólidos peligrosos de hospitales y minas.

          Vertimientos industriales, de lavados y oleo centros.

          Sustancias tóxicas de abonos y pesticidas químicos.

          Efluentes minero-metalúrgicos modernos no bien procesados.

          Efluentes no tratados de minería informal del oro.

          Pasivos ambientales: relaves de minas y socavones abandonados.

Resaltó, también,  que se está desperdiciando el agua proveniente de las lluvias. En nuestra Región potencialmente se puede regar el 100% de las hectáreas con estas aguas con un solo riego y casi el 50% de las áreas cultivadas si se hacen dos riegos anuales.

Ya en el plano social  indicó que en la Provincia de Hualgayoc se dan situaciones contradictorias pues pese a tener 3 veces mayor densidad poblacional que la región donde hay 41 habitantes por km2 y superior al del resto de las Provincias de la Región Cajamarca, está sumergida en pobreza.

Resulta preocupante dijo que en la Región los indicadores de Desarrollo Humano de la Región nos colocan en peor situación que el resto de regiones y el promedio del país. Los  niños menores de 5 años con desnutrición crónica  en la Región son el 44% frente al de otras regiones y del promedio nacional que es del 26%.   Los mismos sucede en el abastecimiento de agua donde solo el 57.2 % de viviendas con agua o el 5.7 de años promedio en estudios y que estemos en el puesto 20 de desarrollo humano en el país.

Entre los comentaristas se expresó preocupación por el caso de la actividad minera contaminante de aguas y actividades agropecuarias, el minifundismo creciente y si realmente el proceso de ZEE OT tiene financiamiento del Estado y si ayudará a resolver los problemas del desarrollo en el país pues como dijo el sociólogo M. Quiroz no existe validación en las experiencias internacionales que con dichos procesos se hayan desarrollado sus pueblos.

Los asistentes al Foro expresaron su preocupación por la contaminación minera y se preguntaron hasta que punto en la Ley del Ordenamiento Territorial se va a poner el alto a la actividad minera privilegiándola actividad agrícola y ganadera.

El Alcalde Provincial Esteban Campos agradeció a los ponentes y comentaristas y dijo que la Provincia de Hualgayoc seguirá realizando eventos como éste y acogiendo a distinguidos ponentes como el que se ha tenido en el Foro.

El evento fue clausurado por el Alcalde del distrito de Chugur Vidal García Efus quien invitó a los ponentes a un evento similar en su distrito.

A la luz de los datos que se ha proporcionado en este Foro Provincial de nada está sirviendo para el desarrollo de la Región Cajamarca la actividad minera pues la pobreza sigue creciendo, señaló uno de los asistentes a dicho evento.