Por: Raul Wiener
www.rwiener.blogspot.com
Lima, Domingo 03 de Junio del 2,012
Antier,
el ministro Jiménez Mayor, el mismo que suscribió un dictamen del
Colegio de Abogados contra la utilización de la Justicia Militar para
encubrir delitos comunes y ahora sustenta que el fallo del fuero
castrense es válido para resolver el asunto de las ejecuciones durante
la operación Chavín de Huántar y el que encubre la corrupción en los
Registros Públicos, dijo que el traslado del alcalde de Espinar a Ica
para ser procesado fuera de su jurisdicción y que lo mismo era válido en
el caso de Cajamarca donde los futuros detenidos y enjuiciados serán
llevados a Chiclayo.
Estaba
dando cuenta de una resolución del Poder Judicial que lleva la firma
del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quién como diría
su predecesor ha decidido cerrar su período asumiendo
atribuciones que no le corresponde, a lo que habría que agregar que lo
está haciendo para responder a los requerimientos del gobierno central,
sacrificando la independencia e imparcialidad de la Justicia. Por
supuesto que a Jiménez Mayor no le correspondía expresar los supuestos
fundamentos de la decisión del más alto nivel del Poder Judicial. Pero
lo que se sabe es que antes de la resolución írrita el ministro de
Justicia junto al fantasma del Interior, estuvieron con San Martín para
comprometerlo en la operación tenazas contra los movimientos sociales de
Cusco y Cajamarca,
que también incluye al Ministerio Público, los grandes medios de
comunicación y todo el aparato empresarial.
La
designación a dedo del juzgado para el alcalde Mollohuanca y para otros
casos relacionados con delitos sociales viola, como bien dice el doctor
Olivera Díaz, el Código de Procedimientos Penales y priva a los
denunciados del derecho a responder ante el juez “natural” o competente
(el de turno, en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos). Ahora
nadie puede garantizar si el juez de Ica ha sido previamente aleccionado
para actuar contra el prisionero que le traen de otra parte. Un gesto
propio de dictaduras, impulsado por funcionarios del Estado que parecen
haberse creído aquellos de que tienen que salvar como sea el modelo
económico de crecimiento de los antimineros. La manipulación
institucional promovida por personas que pasaban por demócratas, es más
peligrosa que cuando corre a cuenta de elementos que uno ya sabe
que no creen en ninguna regla.
El
extremo de cerrar un aeropuerto por un día, argumentando que habían dos
botellas de gasolina abandonadas en los exteriores, impidiendo de esa
forma a Isaac Humala llegar a Cajamarca, da una idea de hasta dónde
podemos llegar. O aquello de congelar las cuentas del municipio provincial de Espinar y del gobierno regional de Cajamarca que
marca una especie de guerra entre instituciones del Estado, donde los
del poder central sacan la cara por las grandes empresas y se creen que
la mayoría del país está con ellos por lo que ven en la televisión, y
otros tratan de representar los reclamos e inquietudes de sus pueblos.
A esto se añade además que el presidente ha dicho que las protestas tienen “fines electoreros”. Lo
que recuerda mucho lo que se decía de él hace un tiempo. Y no sólo eso:
porque haber dicho una cosa como candidato y lo contrario como
presidente es realmente lo electorero. Y eso no se ve en las autoridades
actualmente perseguidas por el propio Estado.