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Fuera por regalar el gas a US$ 0.53

Desde diversos sectores exigen renuncia de ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y de premier Javier Velásquez.

Pedido es unánime. Sánchez y Velásquez, defensores de la exportación, deben dar un paso al costado.

Tanto el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, y el jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez deben dar un paso al costado por la manera como están manejando la política gasífera del país, la cual prioriza la exportación del Gas Natural y genera desabastecimiento en el consumo interno.

En conferencia de prensa, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, exigió la renuncia del ministro Sánchez porque el gobierno no prioriza el abastecimiento de gas para el mercado interno y permite que se exporte las reservas probadas del gas de Camisea a precios ínfimos.

“Hemos pedido la renuncia del ministro por engañar al país, haber permitido que el gasoducto sea utilizado para exportar el gas barato del lote 88 y que pertenece a todos los peruanos, para lo cual se ha valido de informes jurídicos que no le han dado la razón. Debe dar un paso al costado y asumir su responsabilidad penal”, sostuvo.

Ollanta cuestionó, también, que se exporte el gas más barato (a US$ 0.53 el millón de BTU, precio que paga la española Repsol a PERÚ LNG). También, criticó, que por su falta de previsión, este régimen permita un abuso de posición de dominio de la empresa que extrae y exporta el gas de Camisea.

“El modelo económico obliga al Estado, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que su papel sea el de guardianía de las grandes transnacionales”, anotó.

El líder opositor propuso se garantice el abastecimiento del gas proveniente del lote 88 para el mercado interno, así como el establecimiento de un plan de desarrollo energético nacional y la creación de un polo petroquímico. Asimismo, para asegurar el abastecimiento de gas para el sur del país, planteó la construcción de un gasoducto, así como el ducto de Ica a Lima.

También el premier
En declaraciones a LA PRIMERA, el experto en temas energéticos, Manuel Dammert, señaló que tanto Sánchez como el premier Velásquez han debido renunciar hace tiempo por haberse comprometido con el proceso irregular de la exportación del gas.

El especialista indicó que Sánchez es un ministro abiertamente proexportador y vinculado a Repsol, cuyo interés “es mejorar la cara de esta transnacional española y las utilidades, pues compra en función de un contrato con México y quiere cambiar los términos para permitir que lleve el gas a una rentabilidad mayor hacia Chile y Argentina”.

Según Dammert, en el tema de la renegociación el gobierno ha planteado un esquema que es una “chanfainita”, pues no es una renegociación soberana. “Se requiere una renegociación con soberanía, esto es que el Perú declare que el gas actual de los lotes 88 y 56 deben dedicarse la mercado nacional”, declaró.

Tanto Dammert como Ollanta coincidieron en señalar que la renuncia de Sánchez y Velásquez debe darse también por su responsabilidad en el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) ocurrido hace unos días.

Ollanta sostuvo que resulta infantil responsabilizar al oleaje y las mareas, que no se haya abastecido adecuadamente en desmedro de las amas de casa y de los usuarios automotriz.

En tal sentido, el líder nacionalista demandó investigar a las empresas de cabotaje encargadas de transportar el líquido energético, pues habría intereses creados.

Sin gas suficiente
Para el congresista Yonhy Lescano, el ministro Sánchez y Velásquez deberían considerar su permanencia en el gabinete, ante el manejo del tema del gas por un camino que no corresponde. “Dicen hay que cobrar regalías, mejorar el precio, pero ese no es el tema. El tema es no exportar”, señaló.

El legislador estimó que 20 años nos quedaríamos sin gas y nos tendríamos que ver obligados a comprarlo a un precio prohibitivo, ello si es que no se acredita reservas suficientes, pues éstas son de 8 trillones y la demanda en el periodo mencionado es de 13 trillones. “Los cálculos se han hecho en oficinas, con todos los informes del ministro Sánchez. Lo cierto es que no hay suficiente gas certificado y probado y así lo están exportando”, indicó.

REACCIONES

Investigación
Mario Huamán (CGTP)
“Debe haber una investigación hasta las últimas consecuencias de por qué el ministro Sánchez ha priorizado la exportación del gas, lo cual significa regalarlo a los exportadores con una danza de millones. Esta investigación profunda debe incluir a los principales líderes del gobierno como el propio García”.

Sí deben irse
Susana Vilca
“Deben renunciar porque prefieren la exportación del Gas Natural a pesar que falta suministro a empresas generadoras de energía y plantas petroquímicas, así como el abastecimiento de grifos y casas. Hasta ahora no se ha masificado el uso del gas de Camisea para domicilios”.

Los dos son responsables
Elizabeth León
“La política energética de este gobierno privilegia los bolsillos de las transnacionales cuando lo que debe hacer el gobierno es velar por los intereses de los peruanos. Hay razones suficientes para que Sánchez y Velásquez den un paso al costado juntos, porque los dos son los responsables”.

A sus casas
Efraín Yépez
El coordinador de los frentes de Defensa de Cusco reiteró que el premier Velásquez y el ministro Sánchez, deben dejar sus cargos por la traición que han cometido contra el Perú. El dirigente recordó que los frentes regionales del sur el pasado 23 de junio pidieron la renuncia de ambos funcionarios, por incapacidad.


Helio Ramos
Redacción

Tierra para el que la acapara

César Lévano


César Lévano
Razón Social



Hubo una etapa (1945-1948) en que los apristas despotricaban contra los barones del algodón y del azúcar. Hoy, los del algodón han casi desaparecido.

Los barones del azúcar han reaparecido: son apristas y están en Palacio. Este es el fondo de una pelea con tongo entre apristas. Algunos de éstos –con Jorge del Castillo como abanderado– defienden un proyecto que limita la propiedad agraria en la costa a 40 mil hectáreas. Ésta es una insolencia, si se considera que el mayor latifundio costeño antes de la reforma agraria de Velasco, la hacienda Casa Grande de los Gildemeister, tenía 29,383 hectáreas.

Con una extensión de 40 mil hectáreas, una sola persona natural o jurídica podría adueñarse de los valles de Cañete, Lurín, Rímac y Chillón juntos, o de los valles de Tacna, Moquegua y algunos de Arequipa en conjunto.

Frente a ese exceso, otro sector aprista considera que 40 mil hectáreas son pocas. No quieren límite alguno. Este bando es encabezado por Alan García.

García es coherente con su prédica de “El síndrome del perro del hortelano”, que propone crear vastos latifundios en costa, sierra y selva, eliminando comunidades y convirtiendo a los comuneros en peones agrícolas.

Medular es el caso de la Corporación Azucarera del Perú S.A. (Coazúcar del Perú), del grupo Gloria de los arequipeños Rodríguez, quienes tienen reveladora afinidad con el presidente García. Un persistente rumor indica que el primer mandatario posee acciones en la empresa.

Coazúcar controla el 57% de Casa Grande, el 45% de Sintuco y el 66% de Cartavio, en cuyo directorio figuran los apristas Francisco Julio Gayoso Palacios y Luis Benjamín Gayoso Gervasi, según dato del investigador Iván Oré Chávez, acogido en el libro Allin Kawsay y el poder en el Perú de Tankar Rau-Rau Amaru.

Las propuestas apristas son las más reaccionarias en la historia del agro. Ambas buscan crear un latifundismo contrario a la justicia social y a la modernización agraria. Su horizonte es la depredación de los campesinos, la represión y el cultivo consagrado en gran parte a la exportación, sin atención a las necesidades alimentarias del país.

Nunca se había lanzado tal desafío contra los trabajadores del campo. Recuérdese que, bajo el gobierno de Manuel Prado (1956-1962), una Comisión de Reforma Agraria y Vivienda presidida por Pedro Beltrán, “el señor de los mil agros”, portavoz de la Sociedad Nacional Agraria, concluyó que la propiedad individual debía tener un límite máximo de 250 hectáreas bajo riego o su equivalente en tierras de secano o pastos naturales.

Los gobiernos de Fernando Belaunde y del General Juan Velasco redujeron el límite a 150 hectáreas.

El APRA es el partido de la corrupción, la traición nacional y la reacción. La historia no la absolverá.

Afirman que gobierno actúa con intencionalidad política contra Mc Auley

Lima, 14/07/2010 (CNR) -- El Ejecutivo demuestra una clara intencionalidad política en contra del religioso de origen británico, Paul Mc Auley, aseveró Constante Díaz, abogado de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Fue al comentar la apelación presentada por el Ministerio del Interior al fallo judicial sobre el recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa de McAuley, que declara nula la resolución que dispone su expulsión del país.

Consideró que esta decisión del MININTER fue prevista por la defensa del religioso. "Para ellos tiene vigencia su resolución (de expulsión) y han instruido a su procurador para ver el tema, están en su derecho; pero nosotros haremos valer el derecho y las normas que se han violado y será el Poder Judicial el que tendrá que dilucidar la controversia".

Así mismo, el letrado rebatió los argumentos del referido portafolio, el cual sostiene que la resolución de la Corte Superior de Loreto a favor de Paul Mc Auley no tiene validez porque no fue recibida por el procurador Pedro de las Casas, encargado del caso.

"(Eso) no invalida el fondo; en términos legales puede invalidar el momento en que cobra vigencia la cosa juzgada. Creo que por allí va el caso. De que fueron notificados por otro procurador, eso tiene que verlo el Poder Judicial. Hasta ese momento se retrotrae el proceso, pero el fondo del tema no ha sido cuestionado", recalcó.

Por lo anterior, el abogado de CEAS insistió en que en este caso existe una intención "política clarísima". "Si hubiesen aceptado algún error, se hubieran allanado al proceso; pero no fue así".

McAuley preside la Asociación Red Ambiental Loretana desde 2006 y el gobierno le notificó el 1 de julio, mediante comunicación del MININTER, que debía abandonar el país en un plazo de siete días por realizar actos “contra el orden público interior”, en un trámite tan grotesco que el expediente carecía de sustento en las imputaciones que se le formularon de forma abstracta; es decir, el acusado no sabía cuáles hechos concretos motivaron la resolución.

Gobierno se contradice con Ley de Consulta Previa a Indígenas

Lima, 14/07/2010 (CNR) -- La decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de allanarse a las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa de la Ley de Consulta Previa constituye un atentado a la propia institucionalidad del Estado, señaló Lourdes Zegarra, integrante del equipo técnico de la secretaria ejecutiva de la Red Muqui.

A través de CNR, Zegarra denunció que el gobierno se contradice pues en junio, ante la reunión convocada por la Conferencia Internacional del Trabajo, el gobierno mostró la consulta previa como un avance en el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

"Se genera una contradicción a la Constitución, que reconoce iguales derechos a las comunidades campesinas y nativas (...) hay intencionalidad del Estado y del propio gobierno para excluir a las comunidades de poder ser reconocidas como pueblos indígenas", remarcó.

Según dijo, las observaciones planteadas por el gobierno no debieron ser tomadas en cuenta. En cambio, abogó por que se respete la insistencia aprobada previamente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

En ese sentido, Zegarra indicó que distintas organizaciones de la sociedad civil coordinan la realización de actividades a fin que la medida asumida por el primer grupo de trabajo parlamentario sea objeto de debate en el Pleno del Congreso.

Ley de hidrocarburos de correa es inconstitucional, antinacional y privatizadora

Miércoles 14 de julio de 2010



Fernando Villavicencio (ECUADOR NOTICIAS)

El proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el Presidente Rafael Correa, a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, es inconstitucional, extractivista y antinacional, y está orientado a tapar el déficit fiscal creado por un irresponsable manejo económico del país, entregando sin licitación el patrimonio petrolero de Petroecuador a empresas estatales y mixtas, de los países amigos del socialismo del siglo 21.

La reforma al Art. 6, otorga nuevas responsabilidades al Ministerio de Recursos Naturales, como las de adjudicar, suscribir y caducar los diversos contratos petroleros, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, vulnerando lo establecido en los artículos 313, 315, 316 y 317, de la Constitución de Montecristi, en los cuales, en ninguna parte consta tales facultades. La Secretaría de Hidrocarburos se convertirá en una SUPER dependencia de la Presidencia de la República, para adjudicar a dedo los contratos en todas las fases de la industria petrolera, a compañías de los países de la órbita del régimen: China, Venezuela, Rusia, Irán, Brasil.

El Art 1 del Proyecto que sustituye el primer inciso del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos, ratifica la vigencia de los “ogros y leoninos” contratos de participación y prestación de servicios, para la exploración y explotación de hidrocarburos; es decir, más de tres años de alharaca y estigmatización de los referidos modelos contractuales, para honrarlos y ratificarlos.

El Art 16 del Proyecto, crea los contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, los que podrán ser suscritos por personas jurídicas nacionales o extranjeras, y por su actividad recibirán una tarifa que incluya amortización de las inversiones, costos y gastos, utilidad razonable y el supuesto riesgo en que ha incurrido la contratista. Estos contratos, así como los de Obras, Bienes y Servicios, serán adjudicados directamente, según establece la reforma al Art. 19, cuando se trate de empresas estatales o mixtas de los países de la llamada “comunidad internacional”, o sea los amigos del socialismo del siglo 21.

En el mismo artículo 16 al permitírsele a la contratista comprar la producción del área, se contradice groseramente los postulados y argumentos para el cambiado de modalidad contractual, planteados por el Presidente, como es el hecho de que el petróleo pase a ser de propiedad del Estado y sirva esencialmente para los procesos de industrialización y cobertura de la demanda interna de derivados. Además otorga un doble poder a las compañías: explotar y comercializar el hidrocarburo, restándole otra facultad al Estado.

Ni los gobiernos de la larga noche neoliberal, tuvieron la insensatez y el alcance antinacional, del actual régimen, aunque lo intentaron, no lograron separar las dos fases del proceso extractivo: la exploración (riesgo) de la explotación, por ello es que durante 25 años no se permitió la privatización de los campos llamados Joyas de la Corona, al capital extranjero, pues el Art 2, habla de contratos de EXPLORACION Y EXPLOTACION. Con la reforma de Correa, todos los campos en producción, operados por Petroecuador o Petroamazonas, y en los cuales no existe ningún riesgo exploratorio, podrán ser entregados a cualquier empresa nacional o extranjera; y a dedo, si las empresas pertenecen a la órbita geopolítica del “Consenso de Correa”. El antecedente claro fue la entrega del Campo Sacha.

La primera disposición transitoria, dispone que en un plazo de 120 días, todos los contratos de Participación y Prestación de Servicios, se cambien a contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación, definidos en el Art. 16. Esta es una flagrante contradicción con el Art, 2 del proyecto que reconoce y ratifica la vigencia de los contratos de Participación y Prestación de Servicios. La misma transitoria establece que si las compañías se resisten al cambio, la Secretaría de Hidrocarburos declarará la terminación unilateral de los contratos y procederá a indemnizar a las compañías. ¿Cómo el Estado puede obligar a una compañía a abandonar un modelo contractual que la legislación reconoce su validez? Resulta irresponsable que el Gobierno plantee la indemnización de las compañías, cuando la mayoría de los contratos están por fenecer el 2010 y el 2012, se trataría de entregar en bandeja de plata, armas a las compañías, para que formulen millonarias demandas ante el CIADI.

El Art. 2 del Proyecto, que reforma el Art. 3 de la Ley de Hidrocarburos, establece que “La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización”, que actualmente las realiza Petroecuador y Petroamazonas, a: “…empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”. Según el Art. 313 de la Constitución, son sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, los recursos no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, los que serán de decisión y control exclusivo del Estado. El Art. 316 de la Constitución, establece que se podrá delegar la participación a empresas mixtas, siempre y cuando convenga al interés nacional. Delegar la participación no significa delegar las actividades y la operación de las áreas actualmente manejadas por Petroecuador o Petroamazonas. La reforma gubernamental pretende entregar estos sectores estratégicos: el SOTE, los oleoductos secundarios, el sistema de transporte de poliductos, gasoductos y terminales, así como las refinerías, negocios altamente rentables, al capital extranjero, vía delegación, lo cual no está permitido por la Constitución.

El segundo inciso del Art 316 de la Constitución permite delegar a la iniciativa privada, de forma excepcional, y la excepcionalidad, para cualquier ciudadano sensato, consiste en el riesgo exploratorio o en proyectos nuevos, en los cuales el Estado no cuente con recursos económicos propios o requiera asociarse para obtener fortalezas tecnológicas. ¿Dónde está el riesgo, en la operación de las áreas descritas? Se trata de entregar a manos lavadas los bienes patrimoniales del pueblo.

Por disposición constitucional, la actividad de control no pueden estar subordinada al ente gubernamental de regulación, que es el Ministerio del Ramo, el control debe gozar de autonomía, especialización, independencia y participación social, por lo que, delegar esas actividades a la nueva Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que reemplaza a la DNH, adscrita al Ministerio de Recursos Naturales, es inconstitucional y antidemocrático, que busca perpetuar la corrupción e impunidad del sector petrolero. De acuerdo con la Constitución debe conformarse la Superintendencia de Hidrocarburos y Medio Ambiente, como organismo autónomo, independiente del Ministerio, con capacidad técnica especializada, para el control y la fiscalización de las actividades del sector.

Cuando se inauguró el mini boom petrolero, en la década del setenta, el país contaba con 8 mil 084 millones de barriles de reservas probadas, cuarenta años después, las reservas remanentes de crudo comercialmente explotables, se han reducido a 3 mil 407 millones de barriles, incluyendo el ITT.

En cuarenta años, se han extraído aproximadamente 4 mil 677 millones de barriles, que a un precio promedio de 30 U$/BL, representa más de 140 mil millones de dólares. Solamente por exportaciones de crudo, según cifras oficiales, desde 1972 hasta diciembre del 2009, la caja fiscal obtuvo 77 mil 568 millones de dólares; para el referido año, la exportación de petróleo representó un 33% del Presupuesto del Estado y un 13.9% del PIB. Las compañías extranjeras, solo entre el año 2000 y el 2008, obtuvieron 20 mil 096 millones de dólares, por exportaciones de crudo.

Las reservas probadas de crudos pesados, de los bloques y campos actualmente operados por las compañías extranjeras, a través de contratos de Participación y Prestación de Servicios, están en el orden de 251 millones 333 mil barriles, que a un promedio de extracción de 87 millones de barriles por año, las mismas se agotarían en tres años. Es decir, las compañías habrán consumido completamente las reservas al finalizar sus períodos contractuales. La mayoría de contratos significativos vencen entre el 2010 y el 2012, por lo que resulta desacertado ampliar los plazos, o peor aún, anunciar expropiaciones, si las empresas no se someten al nuevo modelo contractual propuesto por el régimen. Las compañías se irán del país sin pagar los enormes pasivos ambientales. Por ello el Estado debe disponer inmediatamente la realización de auditorías económicas, operativas y ambientales.

Si para el 2014 se agotan las reservas probadas de crudo pesado de los bloques operados por las compañías extranjeras, y, frente a la imposibilidad legal de explotar el ITT, ¿cuál es el petróleo pesado que aportará el Ecuador para la Refinería del Pacífico, planta con capacidad de 300 mil barriles día de crudo pesado? ¿O es que estamos financiando el 51% de U$ 12.500 millones, para que refinen su petróleo los venezolanos? No era el objetivo del régimen ahorrarle al país U$ 3 mil millones anuales y dejar de ser importadores de combustibles. La verdad es que nos vamos a convertir en importadores de petróleo caro de Venezuela. ¿Dónde está el ahorro?

El modelo que viene aplicando el gobierno, se presenta como de economía mixta y de alianzas estratégicas entre empresas estatales, pero reducidas jurídicamente a las reglas de las relaciones privadas, como es el caso de las compañías: “Rio Napo” y “Petrosinopec”, para la “delegación” de áreas y negocios, altamente rentables del Estado.

Situación similar ocurre en el comercio externo de crudo y derivados, donde las empresas estatales de los países amigos, prestan su rostro, para que poderosos traders monopolicen unos de los negocios más lucrativos y especulativos del mercado. Es el caso de las alianzas estratégicas con PDVSA, ANCAP, PETROCHINA.

En el caso del campo Sacha entregado directamente a la empresa mixta Río Napo, desde noviembre del año 2009, no se ha cumplido con las ofertas de incrementar la producción, ni siquiera con la curva base inicial de 51 mil 600 barriles día. Entre noviembre del 2009 y abril del 2010, según reportes de Petroecuador, la producción estuvo por debajo de la curva base. En el contrato modificatorio suscrito en diciembre de 2010, debido a la presión pública, se redujo el costo de operación de la curva base de 7,81 U$/BL, a 5,41 U$/BL, pero, en la práctica, el costo operativo de la producción base se incrementó de U$ 99 millones el 2009 a U$ 131 millones el 2010, un saldo negativo de U$ 30 millones para el país. Cada nuevo barril de petróleo explotado por la venezolana “Río Napo” le cuesta al país 15 dólares el barril, mientras a Petroecuador le cuesta 5 dólares el barril.

La irresponsabilidad del Estado ecuatoriano, al no haber construido a tiempo refinerías de alta conversión o modificado las actuales para un crudo mezcla (24º API), le ha significado incalculables pérdidas económicas al país. Esta realidad benefició a corporaciones intermediarias, vinculadas a grupos nacionales de presión, que, han manejado el mercado de exportación e importación, a su antojo, estableciendo diferenciales (castigos) arbitrarios e irracionales, como dejan ver las cifras del Banco Central: diferenciales que oscilan entre 14 y 23 dólares por barril, desde el año 2005 hasta el 2009.

Partiendo de la información del Banco Central, los inexplicables castigos del año 2008, representan un promedio de 16 y 17 U$/BL, para los crudos Oriente y Napo, respectivamente. Si gran parte de esos crudos no fueron a la Costa del Golfo, sino que al ser adjudicados directamente a PDVSA, debieron tener como destino exclusivo las refinerías de Venezuela, ¿por qué los diferenciales fueron tan altos? La realidad del mercado, induce a pensar en un perjuicio del orden de 10 U$/BL, que multiplicados por 80 millones de barriles exportados, deja un saldo negativo, alarmante de 800 millones de dólares. La situación no fue distinta el 2007 y el 2009. Entre los años 2007, 2008 y 2009,el país perdió más de 1.500 millones de dólares. Esto se verifica, cuando Petroecuador realiza ventas spot, los diferenciales se reducen sustancialmente, por ejemplo en diciembre de 2009, cuando se hizo licitación, el diferencial cayó a 5 U$/BL.

El Estado no puede ceder la soberanía del comercio exterior de su crudo y derivados a otros estados o empresas estatales, como se ha venido realizando en el gobierno de Rafael Correa, con los denominados “canjes de crudo por derivados” suscritos con PDVSA de Venezuela y ANCAP de Uruguay; porque, como se ha evidenciado públicamente, tras de esas empresas estatales, estaría un “conocido trader privado”.

En el actual período, no se han dado procesos de nacionalización. Los cambios acelerados que se han venido dando en el sector petrolero, al margen de la Ley, se refleja en el tiempo acelerado de la declaración de estados de emergencia continua, para acelerar la toma de decisiones y pasar por alto los controles. Se trata de transferir rápidamente renta petrolera de unas manos a otras, de unos estados a otros, y a una cadena de grupos empresariales intermediarios, contando para ello, con el paraguas de las alianzas estratégicas y las empresas mixtas, que cumplen el rol de máscaras de capitales transnacionales, especialmente chinos, brasileros, coreanos, venezolanos, iraníes o rusos.

El año 2009, las exportaciones de hidrocarburos generaron un ingreso de U$ 5.131’249.105,03, mientras que la importación de derivados para el consumo interno representó un egreso de 2.475’837.286,58. Es decir que el Estado ecuatoriano, el año anterior, obtuvo un ingreso neto, apenas de U$ 2.655’441.814,45. El subsidio en la venta de los combustibles importados, para el 2009 correspondió a U$ 1.553.120.103,56.

Pese a contar con enormes volúmenes de residuo en la refinería Esmeraldas, el gobierno ha continuado estimulando la instalación de plantas térmicas a diesel, cuyo costo en el mercado es de 76,05 U$/BL, cuando podía haberse dispuesto el uso de residuo barato. La demanda interna de diesel creció significativamente, el año 2008 la importación fue de 11.1 millones de barriles, el año 2009 subió a 14.5 millones de barriles, con un costo para el estado de U$ 1 mil 100 millones. Los principales beneficiarios de esta política fueron los traders importadores de diesel.

Considerando que es fundamental alcanzar mayor rendimientos en las refinerías, en especial la Refinería Estatal Esmeraldas, que representa el 64 % del volumen de crudo oriente procesado, se debía enviar una mezcla de crudo de 27ºAPI, con lo cual se mejoraría la generación de productos limpios, menos residuos, se reduciría la importación de derivados, incluyendo cutter stock para las mezclas, y se aumentaría la vida útil de la planta.

El mercado interno de derivados está dominado por el capital privado, especialmente extranjero. El 99% de la comercialización y distribución de Gas Licuado de Petróleo GLP, lo realizan compañías privadas, especialmente: REPSOL-DURAGAS, AGIP, y CONGAS. Petroecuador, dejó pudrir su infraestructura nacional, capaz de cubrir por sí sola, el 80% de la demanda. Petroecuador ocasionalmente envasa GLP en Esmeraldas y Shushufindi, las demás plantas están abandonadas o fueron desmontadas.

Igualmente, en el caso de las gasolinas, diesel y lubricantes, la presencia de Petroecuador es irrelevante, de un registro cercano a las 600 estaciones de despacho, apenas cuenta con tres gasolineras propias: Quito, Guayaquil y Galápagos, pese a ser uno de los negocios de más alta rentabilidad, con un margen de utilidad del 18%. El negocio de la comercialización de combustibles lo maneja un puñado de compañías privadas, la mayoría transnacionales.

La cadena de comercialización y distribución de combustibles en el país, es un espejo de las inequidades económicas, en las cuales se refleja la trágica realidad nacional: “las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan”. El Estado en nombre de los pobres y grupos vulnerables, es quien importa el 80% del GLP a 12 U$ el cilindro de 15 kilos y lo vende a 1,60 U$, mientras en la Amazonía los mecheros encienden el despilfarro, la gran industria, el comercio y los sectores privilegiados, aplauden el subsidio, los empobrecidos del sector rural, adquieren un cilindro a 5 u 8 dólares.

Ecuador tiene que iluminar su destino post petrolero valorando lo que la naturaleza le ha regalado: su maravillosa diversidad cultural, su biodiversidad, especialmente la amazónica y los talentos de su gente. El poco petróleo que nos queda debe constituirse en la semilla para la siembra de un nuevo sentido de vida, de un nuevo modelo de desarrollo, basado en el disfrute de sus paisajes, ríos, lagunas, en la armonía natural y social que representa.´

Foto: Ecuador, Política - El presidente Rafael Correa durante la emisión del programa “Enlace Ciudadano” desde el Palacio de Carondelet. / Autor: Presidencia Ecuador

Los funestos 17 de julio

Miércoles 14 de julio de 2010



Por: Antonio Peredo Leigue

En unos días más se recordará a los héroes que murieron resistiendo el avasallamiento de los grupos reaccionarios y fascistas. Fue el 17 de julio de 1936, hace 74 años, que se produjo el golpe de estado con que Francisco Franco inició la cruenta guerra civil en la España republicana. En Bolivia, el 17 de julio de 1980, hace 30 años, Luis García Meza y Luis Arce Gómez dieron el golpe contra una democracia que no terminaba de germinar, luego de la larga dictadura banzerista.

La coincidencia de fechas no fuera suficiente para emparentar esos dos hechos. En España, sólo un grupo de patriotas republicanos recordará el inicio de la guerra civil con actos reservados, sobre todo en Cataluña, último bastión de la resistencia contra Franco. En Bolivia, la recordación será pública, como lo ha sido desde hace tiempo y esta vez con más valor, pues finalmente los dos criminales que golpearon al pueblo, están cumpliendo pena máxima en la cárcel de Chonchocoro.

Sin embargo, el cancionero de los tiempos de la resistencia en nuestro país y en toda Nuestra América, incluía canciones de la guerra civil española, del mismo modo que las de la lucha contra el régimen de Mussolini en Italia. Eran los tiempos en que, hombres y mujeres, luchando por la libertad y la democracia, nos sentíamos ciudadanos del mundo. Como tales estuvimos en esas jornadas fatídicas pero que, al cabo de los años, maduraron la conciencia nacional por un proceso de cambio.

Franco gobernó desde 1939 hasta 1975. Durante 36 años mantuvo a España sometida a tal régimen de atraso y miseria, que era corriente escuchar que Europa terminaba en los Pirineos. Más todavía: mantener la monarquía fue el alto precio que debió pagar el pueblo español para acceder a un respiro democrático. Un acucioso periodista, de tendencia conservadora, hizo una investigación que le llevó a decir que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, fueron los verdaderos constructores de la democracia en España. Suárez, criado en las filas del franquismo y presidente del gobierno entre 1976 y 1981 obtuvo el reconocimiento del Partido Comunista para posibilitar el Pacto de La Moncloa que creó la estructura de poder vigente hoy. Por cierto, Carrillo, quien encabezaba a los comunistas, proclamó el eurocomunismo renegando de los principios marxistas, con lo que logró que lo aceptasen.

García Meza aquí, en Bolivia, apenas pudo sostenerse en el Palacio Quemado durante un año. Pero es que no era más que la resaca de una larga dictadura, la de Banzer, que fue derrotada por el pueblo. Pero, en ese año, después de perpetrar violentas masacres, sobre todos en los centros mineros que resistieron el golpe durante varios días, se ocupó de enriquecerse, junto con sus ministros. Fue la época en que, los jefes del narcotráfico, proclamaban su condición de tales con prepotencia y los caballeros y jovenzuelos de la sociedad se disputaban una invitación a las rumbosas fiestas que preparaban. Época también en que se entregó la explotación de piedras semipreciosas en La Gaiba, en secreto, con coimas que recibía directamente el dictador en complicidad con Luis Arce.

La miseria de Bolivia fue obra de muchos gobiernos, pero las dictaduras fueron decisivas. Banzer endeudó al país más allá de cualquier posibilidad de pago, para elevar construcciones monumentales y prometer otras que justificaron los enriquecimientos personales. García Meza se encargó de burlar el juicio que había iniciado Marcelo Quiroga por los crímenes de Banzer quien murió sin haber pagado sus culpas. Pero, por sobre todo, dejó un país desvertebrado y una sociedad destruida. Le bastó un año para hacerlo, lo que nos dice claramente que no es a él a quien hay que culpar de todo el descalabro. Banzer hizo lo suyo en siete largos años de su dictadura, actuando en un terreno que le preparó alegremente su antecesor Barrientos.

En España, cuando este 17 de julio se cumpla 74 años del inicio de la guerra civil que desató Francisco Franco, aún no se saldaron cuentas de ese millón de víctimas que dejó aquel cruento enfrentamiento. Posiblemente nunca habrá una reivindicación. A lo sumo, algunos actos en los que, los viejos soldados de la República, recuerden este día funesto.

Lo que está ocurriendo ahora, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, no es resultado de la dictadura ni siquiera consecuencia no esperada. Se trata de una crisis en la que, una vez más, porfiadamente, se repite la lección del derroche que termina en derrumbe, de la traicionera ley del mercado que ofrece oportunidades sin restricción, hasta que la oferta se desborda y conduce a la bancarrota.

Cada uno de nuestros países tiene una historia que tiene a coincidencias aunque también muestra grandes diferencias. Pero hay algo que no debemos olvidar: los años de las dictaduras fueron años perdidos, en los que pudimos construir. Es importante recordarlo, para que nuestros hijos y nuestros nietos no se dejen entusiasmar por las consignas de orden, paz y trabajo, que esconden los horrores de las dictaduras. Es una coincidencia que, el 17 de julio, tenga el mismo significado allá que aquí. Sería un signo de gran madurez que, desde ambas latitudes digamos: construyamos un mundo mejor para las nuevas generaciones.

Foto: España - El dictador Francisco Franco y el actual monarca Juan Carlos de Borbón.

Se realizará votación de la reforma financiera en el Senado

Miércoles 14 de Julio de 2010

LOS TITULARES DE HOY

EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • A la sombra de las ruinas: haitianos critican las condiciones de vida en el gigantesco campamento ubicado frente al destruido Palacio Nacional

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    Seis meses después del terremoto, uno de los peores desastres naturales de la historia, Haití aún lucha por recuperarse. Casi 300.000 personas resultaron muertas y más de un millón y medio quedaron sin hogar. Visitamos el campamento Camp de Mars, ubicado frente al derruido Palacio Nacional de Puerto Príncipe, para que los haitianos que viven allí nos cuenten sobre su situación.

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  • La propiedad de las tierras es una de las principales causas del retraso en la reconstrucción de Haití

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    Seis meses después del terremoto, muchos haitianos nos han contado que han visto muy poco en términos de medidas de recuperación a pesar de los miles de millones de dólares de ayuda prometidos desde todo el mundo. En el centro de la cuestión está el problema de la propiedad de las tierras. Hablamos con el periodista Kim Ives, del Haiti Liberté. En su último artículo afirma que el modo en que la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití está tratando el problema de las tierras es “el equivalente haitiano al rescate financiero a los bancos en EE.UU.".

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  • Violación en los campamentos: debido a la falta de seguridad, las mujeres se organizan para protegerse a sí mismas

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    Un tema que no ha sido muy abordado en las coberturas sobre el terremoto de Haití es el modo en que la población se organiza ante la adversidad. Las violaciones y la violencia sufridas por las mujeres se han generalizado en los campamentos de todo Haití. Mientras que la policía haitiana y las fuerzas de la ONU han hecho poco en relación con este tema, las muejeres se están organizando para protegerse a ellas mismas. Hablamos con Malia Villard Appolon, coordinadora de KOFAVIV, el comité de mujeres por la supervivencia.

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  • “Cuando todos llegan con una solución para Haití, no hacen sino crear un problema”: la hermana Mary Finnick habla sobre las tareas de reconstrucción del país

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    La hermana Mary Finnick, directora de Matthew 25 House en Puerto Príncipe, critica la demora en la reconstrucción de Haití. “Cuando todos llegan con una solución para Haití, no hacen sino crear un problema”, afirma. “Mucha gente llega de Estados Unidos, pero hacen el trabajo que deberían estar haciendo los haitianos. Yo les diría lo siguiente: ‘envien el dinero del costo del pasaje en avión para ayudar a una familia, de modo que sus miembros puedan hacer el trabajo que hubiesen hecho ustedes al venir aquí’".

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