(28 de mayo, 2013)
Los países de América Latina y el Caribe deben revisar y fortalecer la
institucionalidad y los instrumentos que permitan maximizar la
contribución de los recursos naturales al desarrollo regional,
especialmente en el actual ciclo de precios altos, indicó la CEPAL a través de un nuevo documento dado a conocer hoy.
En el documento, la CEPAL
analiza el tema de la gobernanza de los recursos naturales en la
región, entendiendo por ella el conjunto de políticas soberanas de los
países sobre la propiedad de los recursos naturales y su apropiación,
así como la distribución de las ganancias de productividad derivadas de
su explotación.
América
Latina y el Caribe posee 65% de las reservas mundiales de litio, 42% de
plata, 38% de cobre, 33% de estaño, 21% de hierro, 18% de bauxita y
14% de níquel. También son importantes sus reservas petroleras: tiene un
tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca de 25% de
biocombustibles y 13% de petróleo.
En
la región se encuentra alrededor de 30% del total de los recursos
hídricos renovables del mundo, lo que corresponde a más de 70% del agua
del continente americano, y 21% de la superficie de bosques naturales
del planeta y abundante biodiversidad.
Sin
embargo mantiene aún importantes debilidades, como una estructura
productiva y exportadora basada en ventajas comparativas estáticas
(sustentada solo en recursos naturales) más que en ventajas competitivas
dinámicas, una baja inversión en infraestructura, exploración y valor
agregado y rezagos en innovación, ciencia y tecnología.
"Históricamente
la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de
sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Los
países enfrentan hoy el reto de captar e invertir eficientemente las
rentas extraordinarias del ciclo de precios actual con criterios de
sustentabilidad social y ambiental", indicó Antonio Prado en su presentación.
En la nueva publicación la CEPAL
precisa los diferentes instrumentos jurídicos y económicos de que
disponen los Estados latinoamericanos y caribeños para apropiarse y
distribuir las rentas derivadas de la explotación de los recursos
naturales relacionados con la minería, los recursos hídricos y los
hidrocarburos.
Según
el organismo, en el caso de la minería, cuatro países de UNASUR
(Argentina, Brasil, Chile y Perú) concentran 62% del destino de la
inversión regional en exploración y si se agrega México el porcentaje
sube a 84%, según datos de 2010.
En
2011, Brasil, Chile y Perú se situaron entre los diez principales
países de destino de la inversión minera, con 36% del total mundial,
mientras que en 2000 solo abarcaban 26% de esta.
Por
otro lado, entre 2000 y 2010 la exploración petrolera en la región no
siguió el ritmo alcista de los precios, alejándose de la tendencia
mundial. A pesar de esto, la renta estimada del sector hidrocarburos
durante el período de auge 2004-2009 (7,1% del PIB), duplicó el promedio
anotado entre 1990-2003 (3,6% del PIB).
La CEPAL
indica además que UNASUR presenta una estructura de la oferta de
energía primaria más limpia que el promedio mundial (31% frente a 12%),
al combinar fuentes energéticas como la hidroelectricidad, biomasa y
otras renovables. Por ejemplo, en 2011 la hidroelectricidad en los
países de este bloque representó 11% de la oferta total de energía
primaria, cifra muy superior si se compara con el 2% que ocupa este
sector en el mundo.
La
región enfrenta, según el organismo, el desafío de generar un consumo
energético integrador y homogéneo, con el fin de acortar las brechas
subregionales que aún persisten, como la heterogeneidad de recursos
naturales, estructuras de abastecimiento y consumo de energía, y la
necesidad de lograr la consolidación institucional y el establecimiento
de condiciones de base para impulsar políticas de promoción y
penetración de las fuentes renovables.
Según la CEPAL,
junto con desarrollar mecanismos que aseguren una inversión eficiente
de las rentas extraordinarias de recursos naturales en esta época de
precios altos, las políticas públicas de los países de la región deben
centrar su atención en el mejoramiento de la gestión de los conflictos
socioambientales que surgen en el desarrollo de los sectores de
explotación de estos recursos, con una visión de largo plazo.