Coreando el lema “la Patria no se vende, la Patria se defiende”, los congresistas del Partido Nacionalista ingresaron al centro del hemiciclo, inmediatamente después de computados los votos por los cuales los parlamentarios exoneraron al texto aprobado de la segunda votación reglamentaria.
De esta manera, en medio de escándalos y acusaciones entre los congresistas de la mayoría y los de la oposición, concluyó la sesión extraordinaria del Congreso que debía ayer debatir y votar la derogatoria de los decretos anti-amazónicos.
Maniobras parlamentarias
Sin embargo, el temperamento era otro, pues ministros y parlamentarios del gobierno sostuvieron el martes, en nocturnidad y a puerta cerrada, una reunión en casa de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores, con dirigentes de este partido y representantes del fujimorismo, para acordar una salida a la crisis política que vive el país. Acordaron votar para suspender los decretos amazónicos, en lugar de derogarlos, y restituir la anterior legislación.
Este compromiso definió el curso de la sesión, ayer, después que el legislador fujimorista Rolando Sousa presentó el proyecto respectivo para dejar en suspenso el decreto 1090, proyecto que fue exonerado de los trámites reglamentarios, para ser debatido en el día, por acuerdo de la junta de portavoces.
A pesar de más de cinco horas de intensas discusiones, las bancadas de Alianza Parlamentaria, Bloque Popular, UPP y los nacionalistas no lograron que la mesa directiva del Congreso someta a debate igualmente la derogatoria de los decretos en cuestión, lo cual provocó la protesta de los congresistas de esas representaciones.
El congresista Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria) dijo que la propuesta de la mayoría de suspender el 1090 era no sólo temeraria, sino antidemocrática. Las leyes están vigentes o no, señaló, señalando la improcedencia del pedido de la mayoría de ir a una suspensión.
“La suspensión no es lo más adecuado, la población amazónica espera una respuesta clara y contundente”, dijo por su parte el congresista Róger Najar, el legislador propuso la derogatoria, el restablecimiento momentáneo de la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 27308) y la formación de una comisión multipartidaria para establecer un diálogo con los representantes de la Amazonía para la elaboración de una nueva ley.
También el congresista Washington Zeballos, del Grupo Compromiso Democrático, advirtió que la solución planteada por la mayoría avivará el conflicto en la selva y criticó que la bancada oficialista se reúna fuera del Congreso para “cocinar” una supuesta solución, opinó.
Suspensión aprobada
Finalmente y después de su reiterada negativa a poner en debate la derogatoria, el presidente del Congreso, Javier Velásquez, sometió a votación una cuestión previa, que fue aprobada, para votar primero la suspensión.
Sin tomar en cuenta los reclamos de las bancadas, el presidente del Congreso continuó con la votación de fondo, aprobándose la ley de suspensión, con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
Lo aprobado establece que queda en suspenso el decreto 1090 sin plazo establecido, y trajo además la sorpresa de mantener en esta condición también al decreto 1064 que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario y restituye la ley 26505, de inversión privada en tierras de dominio nacional y comunidades campesinas y nativas. El decreto 1064 ya ha sido declarado inconstitucional por la Defensoría del Pueblo y además no se encuentra vigente, pues aún no cuenta con reglamento.
Esto es una nueva mecida
La vicepresidenta de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, calificó de “otra mecida del gobierno” la suspensión de los decretos legislativos 1090 y 1064 aprobada en el Congreso.
Consideró que el hecho de no haber sido derogados los nueve decretos legislativos que afectan a los nativos es una burla al pueblo amazónico y expresó su total apoyo a la protesta nacional de hoy.
Zapata hizo un llamado a dejar de lado las guerras y los enfrentamientos, para trabajar por el desarrollo de las comunidades indígenas, y respaldó a la manifestación de apoyo a los nativos amazónicos, realizada en pleno hemiciclo por los congresistas de la bancada nacionalista.
Por su parte, nativos de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios exigieron también la derogatoria de los decretos legislativos.
Wagner Mussolini, presidente del Comité de Lucha Indígena, criticó al Parlamento por el hecho de que sólo suspendieran la vigencia de los referidos decretos, cuando lo que quieren los nativos es que las normas sean derogadas.
Los nativos de Yurimaguas que hoy acatarán la jornada nacional de lucha sostuvieron que el Parlamento debió derogar los decretos legislativos porque es la única forma de que los amazónicos dejen la medida de protesta.
La protesta es chantaje
El presidente Alan García dijo ayer en un tono agresivo y peyorativo, en referencia a la lucha de los amazónicos, que su gobierno no cederá ni a la fuerza ni al chantaje. Sostuvo que el país no puede dejar vencerse por pequeños grupos que no representan al país.
García asimismo, sin asumir ninguna res- ponsabilidad, insistió en atribuirle toda la culpa de los sucesos en la Amazonía al líder nativo Alberto Pizango. Dijo que éste cometió un acto criminal. Sin embargo, declaró que el gobierno acepta el asilo político que le fue concedido por el gobierno de Nicaragua.
Ante la pregunta de LA PRIMERA sobre las denuncias de los familiares de los policías en el sentido que estos fueron usados como carne de cañón y eran inexpertos, García sólo atinó a res- ponder que no eran inexpertos y afirmó que los policías tuvieron voluntad democrática de diá- logo pero los asesinaron.
Luego pretendió justificar el vapuleado spot que califica de salvajes a los nativos
Asimismo, el presidente García, tras negarse a la derogatoria de los decretos legislativos y a visitar la zona del conflicto, dijo que irá a la selva luego del trabajo del Congreso y del Tribunal Constitucional, que en su opinión deben decidir sobre los decretos cuestionados.
Dijo que el criticado modelo de su gobierno es el más adecuado para lograr el desarrollo y es apoyado por el 80 por ciento de la población, lo cual fue desmentido ayer mismo por una encuesta de la Universidad Católica que indica que sólo 18 por ciento quiere la continuidad de la política económica actual, mientras 47% pide reformarla y 30% demanda cambios radicales.
Ha sido una burla
La suspensión de los decretos legislativos 1090 y 1064 es una burla al pueblo amazónico, porque no va a cambiar la realidad y las empresas que están operando en la selva van a continuar haciéndolo, sostuvo el ex ministro Juan Sheput.
La gran mecida es que lo aprobado ayer en el Congreso no suspende las operaciones de las empresas que funcionan gracias al faenón que hizo Perúpetro al lotizar la selva, la derogatoria de los decretos legislativos cuestionados sí podría haber parado las actividades que amenazan a los pueblos indígenas, añadió.