LIDER DEL FRENTE DE DEFENSA DE AYACUCHO CUESTIONA MILITARIZACION NORTEAMERICANA EN SU REGION

El Congreso Peruano ha autorizado el ingreso de militares de EE.UU. a la Región Ayacucho entre el 23 de mayo y el 10 de septiembre generando temor en la población puesto que el destacamento de militares norteamericanos puede provocar una Colombianización de la zona.

El Legislativo aprobó el proyecto, presentado por el Ejecutivo, por 60 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones.Según lo aprobado, los militares norteamericanos ingresarán a Perú de forma rotativa entre el 23 de este mes y el 10 de septiembre próximo, para participar en el Ejercicio Combinado Conjunto de Acción Cívica Humanitaria denominado "Nuevos Horizontes 2008".

Un portavoz del legislativo explicó que los militares norteamericanos "van a hacer trabajos de construcción de postas médicas (establecimientos sanitarios), pozas de agua y atención a la población de bajos recursos".

En total se ha autorizado el ingreso de 111 militares de manera rotativa, en grupos de entre 15 y 20 por vez, entre los que se encontrarán cadetes, médicos, ingenieros y personal militar.

Estos han sido autorizados a portar armas de corto alcance (pistolas o revólveres), aunque su seguridad estará a cargo de la Policía Nacional de Perú, precisó el portavoz.La aprobación de la ley fue rechazada por la congresista Juana Huancahuari, quien denunció que la autorización demuestra "la intención de los Estados Unidos de crear una zona de operaciones militares en el VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) en la región Ayacucho".

Huancahuari lamentó que el Ejercicio Conjunto cuente con la aprobación del presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, y señaló que los norteamericanos contarán con cuatro helicópteros en la zona."¿Por qué no vienen médicos civiles si hay tanto interés en apoyar a la región? Lo que se busca con esto es causar un efecto sico-social con personal armado en el VRAE donde ya existen denuncias de que estaría cometiendo abusos", agregó.

Los congresistas del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) Mercedes Cabanillas y Luis Giampietri, impulsaron el proyecto y remarcaron que la intención es "mejorar el entrenamiento combinado conjunto de las unidades militares de los Estados Unidos y de Perú".El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iver Maraví, señaló, por su parte, que la intención de este personal es asesorar y dirigir el plan de erradicación de cultivos de coca en el VRAE y buscar la criminalización de las protestas sociales.

APRODEH rechaza DL que permite la disolución de las comunidades campesinas y nativas

Lima, 21/05/2008 (CNR) -- A través de un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresó su profundo rechazo frente a la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1015, que facilita la disolución de las comunidades campesinas y nativas.Dicha norma establece que una comunidad campesina o nativa podrá disolverse o vender sus tierras simplemente con la aprobación de la mayoría de integrantes en una asamblea, sin tomar en cuenta si este corresponde siquiera a la mayoría de comuneros."De esta forma, el actual régimen puede generar la masiva disolución de las comunidades campesinas y nativas, puesto que bastará que un grupo de comuneros así lo decida para que las comunidades pierdan sus tierras. Ellos podrían convocar una asamblea, sin avisarle a los demás y tendrían la posibilidad de disolver toda la comunidad. Ninguna persona jurídica se disuelve o vende su propiedad tan fácilmente. Al menos debería plantearse que la disolución sea aprobada por la mayoría de los comuneros", advierte APRODEH. Así mismo, APRODEH señala que el DL 1015 expresa textualmente el contenido del Proyecto de Ley 1992 presentado al Congreso y que fuera rechazado por la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afrodescendientes.“Se ha esperado que terminen la cumbre ALC-UE para emitir una norma que evidentemente generará fuerte conmoción en la sierra y la selva del Perú. Las presiones que los nativos reciben sobre sus tierras son muy fuertes y será fácil para grupos de colonos apropiarse de ellas. Problemas similares pueden ocurrir con grandes empresas”, señaló Wilfredo Ardito, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH.“Esta norma no ha sido promulgada para beneficiar a los campesinos, sino a las empresas mineras o petroleras que buscan adquirir las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Nos preocupa especialmente que se pueda producir una gran conmoción social debido a la división interna en las comunidades. Asimismo, la norma atenta contra la seguridad jurídica de las zonas rurales y, en el peor de los casos, generará que los campesinos despojados migren a las ciudades”, agregó Ardito.“Llama la atención que hace pocos meses, en las Naciones Unidas la delegación peruana haya estado entre los principales impulsores de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en el país, las poblaciones indígenas se vean amenazadas en un derecho tan importante como la tierra, del cual depende su subsistencia como personas y como pueblos”.

Nativos aguarunas rechazan DL sobre concesión de tierras comunales

Lima, 21/05/2008 (CNR) -- El Decreto Legislativo Nº 1015, suscrito por el presidente Alan García y que autoriza la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto de sólo el cincuenta por ciento más uno de los comuneros reunidos para este fin, es una ley que será válida para el mandatario pero no para los pueblos indígenas.Así lo aseguró Santiago Manuim, representante de la Comisión Especial de Unificación de las Organizaciones de Base Indígenas por la Defensa Territorial de Condorcanqui – Imaza (Amazonas), quien señaló que “esto será usado por el gobierno para quitarnos nuestras tierras pero no será tragado por la población”.Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), el dirigente de los nativos aguarunas manifestó que “esa ley será para Lima pero no para nosotros porque nos pondremos en contra”.Manuim señaló que “el aguaruna tiene su propia ley, nosotros hemos estado ancestralmente en ese territorio, antes que los petroleros, antes que Alan García, no entregaremos la zona”.Precisamente, este decreto legislativo se da cuando los pobladores aguarunas se encuentran en Lima, rechazando el ingreso de la compañía Perú Petro a sus comunidades para la explotación de petróleo en las provincias de Datem del Marañón (Loreto) y Cóndorcanqui y Bagua (Amazonas).Sobre el tema, Manuim aseveró que la población “está rechazando el ingreso de la contratista HOCOL S.A. porque no nos han consultado; están violentando el derecho del pueblo reconocido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a que nos consulten antes de entrar a nuestras tierras”, señaló.Los representantes de la Comisión Especial han denunciado que a través del Decreto Supremo 006-2006 se concesionó a la empresa HOCOL S.A. la exploración y explotación de petróleo en las provincias del Datem del Marañón, Condorcanqui y Bagua, territorio ocupado por comunidades indígenas y siendo usurpadas sin siquiera ser consultados.