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CUARTA CUMBRE DE LOS PUEBLOS SE PRONUNCIA SOBRE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

AQUIJE INFORMA: Sábado 25 de Abril del 2,009 -TRINIDAD Y TOBAGO

Hace tres años, en la pasada Cumbre presidencial de las Américas en Mar del Plata, fue concluída la derrota de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, como resultado de innumerables luchas populares y con esto fracasó la política planteada por el gobierno de Estados Unidos para el continente. Desde entonces algunos países firmaron Tratados de Libre comercio con dicha potencia, pero al mismo tiempo se multiplicó el número de gobiernos que emprendieron rumbos autónomos. La Quinta Cumbre de presidentes de las Américas, que se realizó entre el 17 y 19 de abril en Trinidad, con este nuevo escenario político y con un recién elegido gobierno de Estados Unidos plantea una situación nueva. El fracaso de aquella política de relaciones hemisféricas basada en el libre comercio y en la supremacía política y militar de Estados Unidos obliga a un replanteamiento, tal como lo vienen exigiendo los pueblos del hemisferio. Este replanteamiento se hace además bajo el signo de la crisis que ha conmocionado al mundo y ante la cual son indispensables alternativas distintas a prolongar el actual estado de cosas que descarga sus costos sobre la población empobrecida.


Las y los representantes de los movimientos sociales del hemisferio, reunidos en la Cuarta Cumbre de los Pueblos formulamos las siguientes consideraciones:

Esta crisis no es sólo financiera, ni siquiera sólo económica, es una crisis global que afecta todos los ámbitos de la vida social y profundiza la amenaza a la propia supervivencia del planeta. Al mismo tiempo, ha demostrado la falsedad de la confianza fundamentalista en las virtudes del mercado la cual durante más de 25 años fue impulsada por los mismos que ahora corren a suplicar la intervención del Estado. Es además la crisis del mundo unipolar, acaudillado por Estados Unidos. Es la crisis de los sistemas políticos tradicionales. Una democracia que pretende ser representativa, sin que el poder esté en el pueblo, sin equidad entre hombres y mujeres y que niega la diversidad. Es una crisis integral, de la forma de producir, pensar y vivir. La Cumbre reconoce que los pueblos del Caribe enfrentan una amenaza adicional por su vulnerabilidad económica y ambiental frente a choques externos

Un sistema productivo que busca exclusivamente maximizar la ganancia, ha concentrado la riqueza y arrojado a la pobreza a la mayoría de la población y considera la naturaleza simplemente como recurso explotable para obtener ganancias y no como fuente de vida, es decir como un bien común que hay que cuidar y preservar. Ese afán desmedido de ganancias que pretende convertir todo en mercancías, accesibles sólo si se tienen recursos monetarios, no ha respetado los derechos humanos fundamentales. El agua, la tierra para producir, la energía, la salud y la educación son derechos y bienes comunes que no pueden librarse a la suerte del mercado.
Lo que está en juego no es como reactivar el sistema económico dentro del mismo esquema que ha conducido a la crisis sino que, la construcción de otro mundo, es posible, necesaria y urgente y los movimientos sociales nos comprometemos a hacerlo desde abajo, desde sus cimientos.
  1. Las y los defensores de este sistema económico caduco quieren simplemente salvar a las grandes corporaciones y al sistema financiero, socializando sus pérdidas e inyectándoles dineros del patrimonio público. Cuando estos conglomerados son precisamente los responsables de la crisis y en sus épocas de bonanza jamás contribuyeron al desarrollo social. Por el contrario acentuaron la inequidad y extendieron la miseria en todo el mundo. Pretenden también recuperar la hegemonía estadounidense sobre el mundo exigiendo un sacrificio general en aras de evitar el naufragio de su economía. Cuando ocasionalmente se preocupan de paliar los negativos efectos sociales de sus políticas es solamente para prevenir que se ponga en peligro su dominación.
  2. Ante el hecho de que diversos gobiernos están destinando dineros a aliviar el impacto de la crisis, los movimientos sociales reconocemos que hay que tomar medidas de emergencia pero ellas deben basarse en criterios como los siguientes:
    • No se trata de reactivar el mismo sistema productivo y de consumo sino de cambiarlo, hay que dar prioridad a reactivar la capacidad de producir bienes y servicios básicos para satisfacer las necesidades de la población, promoviendo la soberanía alimentaria, la producción limpia y la armonía con la naturaleza. La prioridad no es producir para el mercado mundial sino para el mercado interno.
    • Los recursos de emergencia deben canalizarse a través de nuevas instituciones bajo control social que garanticen los objetivos sociales y de transformación productiva. No por medio del FMI ni siquiera reformado, ya que fue éste el gran promotor del modelo que condujo a la crisis.
    • En cuanto al sistema financiero, no se trata de salvar a los dueños del capital sino los ahorros de los más pobres. Hay que construir una nueva arquitectura financiera al servicio de un nuevo sistema de producir y consumir.
    • En el esfuerzo por defender los puestos de trabajo se debe tener en cuenta que no son las grandes empresas las generadores de la mayoría de los empleos sino las micro, pequeñas y medianas, las cooperativas, las empresa comunitarias, las empresas autogestionadas. La prioridad no es salvar las grandes corporaciones transnacionales sino a la gente,

      • Posición ante la “declaración de entendimiento” de la Cumbre presidencial

        Los movimientos sociales manifestamos nuestra preocupación por que estos cruciales problemas no fueron abordados por el proyecto de declaración de la Cumbre presidencial, la cual está muy lejos de representar una verdadera solución a la crisis económica y a los retos de replantear los principios que rigen las relaciones hemisféricas. El proyecto no reconoce el papel de las políticas neoliberales en el aumento de la pobreza, en la disparidad de la distribución del ingreso y oculta el hecho de que si algún avance se ha vivido en los últimos años en varias zonas se debe a la rectificación que se ha hecho de estas políticas o a las circunstancias de la economía mundial que durante algún tiempo mantuvieron en alza los precios de las materias básicas exportadas.

        Tampoco se señala la responsabilidad de los grandes conglomerados en la crisis, sobre la cual se hace una escueta y general formulación que encubre el intento del gobierno de Estados Unidos de reestablecer con métodos suaves su poder hegemónico.

        El proyecto de declaración elude una definición sobre prioridades en política económica. No habla de la necesidad de acceso a la tierra, la soberanía alimentaria, la necesaria desmilitarización, y la necesidad de dar todas las garantías a los pueblos indígenas, la superación del modelo de libre comercio y por el contrario facilita el mantenimiento de los tratados de libre comercio.

        Por otra parte ratifica el consenso de Monterrey de 2002, que promovía la apertura comercial y el desarrollo exportador, apoya el Banco Interamericano de Desarrollo y las gestiones de la OMC las cuales constituyen posiciones anacrónicas que están lejos de las banderas que han defendido los movimientos populares y varios gobiernos de la región.

        El proyecto de declaración no contempla las enormes asimetrías de Estados Unidos con los demás países de la región y se limita a afirmaciones en torno a los países más vulnerables cuando ante la potencia lo son todos. La insistencia en la diversificación de la matriz energética vela el hecho de que el actual patrón de consumo, industrialización y desarrollo urbano, acompañado de políticas de desregulación de los mercados energéticos y de privatización, ha fracasado en garantizar el acceso a la energía como «bien común». Ha provocado una explotación y consumo irracional de los recursos no renovables, la destrucción de infraestructura y la desinversión pública en la investigación y desarrollo para el sector, la degra dación de condiciones laborales, y ha ido avasallando territorios y poblaciones mediante megaproyectos. Ignora el principio de soberanía de los pueblos para ejercer su derecho de acceso y disposición a los recursos naturales y energéticos, y la necesidad de garantizar el control público y ciudadano sobre la administración y regulación de los mismos.



        3. El proyecto de declaración oficial ignora la crisis alimentaria y la agudización de la pobreza debidos a los impactos desastrosos de 25 años de ajuste estructural, de apertura comercial indiscriminada en el sector agrícola, de creación de una dependencia alimentaria, un poder ilimitado de los monopolios y oligopolios agroalimentarios, una reorientación del uso así como una reconcentración de la tierra y la dependencia de insumos agrícolas externos. Hoy más que nunca, afirmamos la necesidad de impulsar los postulados de la sob eranía alimentaria, basada en una agricultura campesina que sustente la alimentación nacional. Los alimentos básicos y el agua deben ser tratados como derechos fundamentales. Ello significa excluir los alimentos básicos de los tratados comerciales basados en la lógica del mercado, rescatar la tierra para la producción alimentaria, impulsar acuerdos de cooperación que permitan impulsar el desarrollo agroalimentario, establecer mecanismos de apoyo a la agricultura campesina a nivel regional, crear reservas públicas de alimentos básicos para enfrentar emergencias alimentarias a partir de fenómenos naturales y/o económicos, ratificar por parte de los gobiernos americanos la Declaración sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria de la FAO donde el Derecho a la Alimentación Adecuada (DHAA) es recono cido como un derecho fundamental.



        4. Mientras que se fortalece el dispositivo militar de EEUU en la región a través del despliegue de la IV flota y el emplazamiento de numerosas bases militares, el proyecto de declaración apoya el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que ha sido el instrumento de este propósito. Se fortalece el criterio de la cooperación en cuestiones de seguridad basado en la definición de multidimensionalidad adoptado mediante la Declaración sobre Seguridad en las Américas de la OEA en el 2003 y que ha sido extendido al ámbito de la seguridad ciudadana mediante el Compromiso sobre Seguridad Pública en las Américas , aprobada en 2008, y otros compromisos similares, para asegurar al imperialismo estadounidense el acceso (por el consenso o por la coerción) a recursos y territorios estratégicos en América latina y el Caribe. La instrumentación de esta definición y compromisos de seguridad lleva, por un lado, al intervencionismo militar bajo el disfraz de operaciones de paz o ayuda humanitaria, como en el caso de la MINUSTAH en Haití, y, por otro lado, a la criminalización de la protesta social, bajo el pretexto de enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo. Consideramos que los problemas de seguridad pública deben enfrentarse desde la perspectiva de la soberanía de las naciones, mediante políticas de seguridad ciudadana.



        5. Demandamos a los gobiernos de nuestros países enfrentar el fondo de la crisis y para ello:

        1) Suspender toda negociación bajo los enfoques del libre comercio. Más aún, renegociar o derogar los tratados de libre comercio y bilaterales de protección de la inversión.

        2) Conquistar y defender la soberanía nacional y defenderse del saqueo, implementando control de cambios para impedir la devaluación de nuestras monedas por los especuladores y la repatriación de ganancias de las grandes corporaciones trasnacionales a sus matrices.

        3) Someter a los inversionistas extranjeros a leyes y tribunales nacionales para obligarlos a jugar un papel dentro de un proyecto nacional de verdadero bienestar para todos.

        4) Rechazar que la salida de crisis se busque por la vía de nuevo endeudamiento, sobre todo endeudamientos condicionados. La necesidad de auditorías de la deuda (como en Ecuador) y el desconocimiento de las deudasilegítimas se hace urgente.

        5) Reorientar la economía a la satisfacción de las necesidades de nuestras poblaciones y no priorizar al mercado mundial. Reconstruir las bases de la economía en la seguridad y soberanía alimentaria, en la sustentabilidad del uso racional de los recursos de la madre tierra, en la integración de cadenas productivas nacionales o regionales para el consumo interno. Reconstruir las bases de la economía fortaleciendo y respetando las formas de producir y vivir de las comunidades, salvando al planeta de la depredación insaciable del capital.

        6) Garantizar los derechos fundamentales a la alimentación, el agua, la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el ambiente sano, por encima de cualquier derecho de los inversionistas y sin estar sometidos al ánimo de lucro y por tanto proporcionados por organismos públicos bajo control social.

        7) Redistribuir los ingresos nacionales, garantizando la creación de empleos dignos para hombres y mujeres. Asignar recursos suficientes para la provisión de servicios sociales y no continuar las políticas que descargan estos en el trabajo no remunerado de las mujeres mas pobres.

        8) Crear o fortalecer los mecanismos de democracia directa y participación social como única garantía de que el proceso conduzca no a reactivar el viejo modelo productivo sino ir construyendo uno nuevo orientado a que todos vivamos bien

        En materia de acciones inmediatas:

        1. Exigimos la inclusión plena de Cuba en los escenarios continentales y el consecuente fin del bloqueo que ha padecido la Isla, coincidiendo con lo que es un consenso en América Latina y el Caribe. Los anuncios del gobierno de Estados Unidos sobre el levantamiento parcial del bloqueo a Cuba son ampliamente insuficientes y no aseguran la reincorporación de la Isla a la comunidad americana con las garantías que le han sido negadas durante décadas.

        2. Exigimos transparencia, democracia y participación real. Condenamos la falta casi total en la mayoría de los países del hemisferio de mecanismos de participación y consulta democrática sobre las decisiones que se toman en la cumbre oficial y que afectan los destinos de nuestras naciones.

        3. Exigimos la no ingerencia en los procesos democráticos y soberanos de Bolivia y Venezuela, Paraguay y Ecuador. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo activo a los pueblos de esos países y respaldamos la acción y movilizaciones de las organizaciones sociales en procura de consolidar los logros conquistados.

        4. Exigimos el respeto y garantías para el desarrollo de las comunidades indígenas y en este sentido apoyamos el Congreso de los Pueblos Indígenas a realizarse en Puno, Perú, en mayo del 2009.

        5. Exigimos el retiro de las tropas extranjeras de Haití y la descolonización de Puerto Rico, las colonias francesas y otros territorios coloniales en el Caribe.

        6. Exigimos la desmilitarización del continente y por ende la eliminación de las bases militares extranjeras.

        7. Exigimos la plena aplicación de los derechos de los y las migrantes. Las políticas migratorias deben ser pautadas en los derechos humanos y apuntar hacia una ciudadanía interamericana, con participación de los y las migrantes como sujetos de derechos políticos, sociales y culturales.

        8. Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de la población de Guadalupe y Martinica quienes libraron importantes batallas recientemente y cuyas demandas no han sido todavía satisfechas plenamente.

        9. Promover la constitución de un tribunal sobre justicia climática que avance en la exigibilidad y determine la responsabilidad sobre los cambios climáticos.

        Llamamos a la movilización continental por impedir que los efectos de la crisis sean cargados sobre la espalda de los pueblos y en este sentido elaboraremos una agenda continental de movilización y lucha que fortalezca la unidad de los movimientos sociales y su participación decisoria en la construcción de una nueva sociedad.

        Al concluirse la IV Cumbre de los Pueblos de las Américas, que ha consolidado la inclusión de las fuerzas vivas del Caribe y en particular de Trinidad y Tobago desde sus ricas culturas e identidades, los pueblos y movimientos sociales del continente dejamos en claro que seremos partícipes, de la transición de un modelo capitalista mundializado disfuncional para nuestros pueblos y depredador del medio ambiente hacia nuevos esquemas de desarrollo que busquen el justo equilibrio entre el uso y la generación de nuestras riquezas y la satisfacción de necesidades básicas de la población. Desde nuestras diversidades, lanza mos un proceso colectivo, integral y multisectorial, de construcción y definición de un «buen vivir» para todas y todos.


        Desde perspectivas nuevas y creativas de integración de nuestros pueblos, anhelamos la construcción armoniosa de sociedades basadas en la justicia social y la repartición equitativa de la riqueza, en un espíritu de cooperación, de solidaridad y de complementariedad.


        Abril del 2009

        Trinidad y Tobago

      IDL EMPLAZA A MARIÁTEGUI POR DISCRIMINACIÓN CONTRA SUPA

      En un abierto acto de discriminación, el diario Correo ha dedicado su edición de hoy a cuestionar faltas ortográficas y de sintaxis en apuntes personales de la Congresista Hilaria Supa. Al respecto, el Instituto de Defensa Legal expresa lo siguiente:

      1. El artículo 2º inciso 2º de la Constitución Política establece el derecho a la igualdad y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza o cualquier otra condición, y el inciso 19º del mismo artículo establece el derecho a la identidad étnica y cultural.

      2. Las opiniones difundidas son altamente discriminadoras pues no consideran que el supuesto manejo insuficiente del castellano se debe a que ésta no es la lengua materna de la Congresista Supa, sino el quechua. Esta discriminación racial y cultural, manifiesta un menosprecio a los millones de peruanos y peruanas de origen indígena, quienes además no tienen la obligación de conocer el castellano pues sus idiomas son también oficiales del Estado y porque el derecho al idioma es un derecho fundamental. Además, Correo transmite un etnocentrismo intolerante que considera inferiores a quienes participan de tradiciones culturales orales.

      3. El mensaje discriminatorio se consolida al cuestionar que la Congresista Supa se haya desempeñado como trabajadora del hogar, como si ello fuera un demérito. Con este elemento de discriminación de clase, el diario refuerza su propuesta de que no cualquier persona debería tener derecho a ser elegida congresista, desconociendo de esta forma el derecho a elegir y ser elegido, que es otro de los pilares de nuestra democracia y una de las bases para que cualquier cuerpo legislativo pueda gozar de legitimidad social.

      4. El racismo de las declaraciones es abierto y reconocido por el propio director de Correo, quien en el editorial asume que no discriminar es solo un asunto de “lo políticamente correcto”, cuando en realidad se trata de una cuestión de principio y de respeto al derecho fundamental a la igualdad.

      5. Consideramos el director del diario en cuestión debe rectificar su opinión y ofrecer disculpas a la Congresista Supa, con una cobertura similar a las distintas páginas de agravio, y que el Consejo de la Prensa Peruana debería tomar las medidas necesarias, al margen de que su presidente actual sea el dueño de Correo.


      Lima, 23 de abril de 2009

       

      CONGRESA DE LA REPÚBLICA CONDENA PUBLICACIÓN DISCRIMINATORIA

      Lima, 24/04/2009 (CNR) -- A través de un comunicado, el Congreso de la República condenó la información propalada por el diario "Correo", en la cual se burla de la parlamentaria Hilaria Supa por no escribir correctamente el castellano, a pesar que ésta es quechua hablante. 

      En el comunicado,  el Legislativo refiere que la propalación de la información en cuestión atenta contra el respecto de la representante por Cusco, en tanto no descarta considerar el tema desde una perspectiva legal. 

      El documento fue aprobado por 72 votos a favor, dos en contra y una abstención. Los congresistas Martha Hildebrandt (GPF)y José Vargas (APRA) fueron quienes votaron en contra. En tanto que Carlos Torres Caro fue quien se abstuvo de dar su voto. 

      El tema se puso a debate por demanda del parlamentario Freddy Otárola,  apenas comenzó la sesión plenaria cerca de las 10:00 horas. La discusión congresal giró en torno a la desazón que inspiró aquellas publicaciones, y culminó una hora y media más tarde. 

      Legisladores como Rosario Sasieta y Daniel Abugattas exigieron que el medio de comunicación limeño que propaló la información considerada discriminatoria, sea enjuiciado por daños y perjuicios a favor de la congresista Hilaria Supa. 

      La mayoría de congresistas presentes expresaron su solidaridad  a Supa Huamán, quien visiblemente emocionada  manifestó sentirse  indignada y discriminada pero -adicionalmente- orgullosa de su origen y de su idioma. 

      Explicó también que careció de oportunidades educativas por falta de oferta estatal, pero que luchó por superarse y defender los derechos de sus congéneres desprotegidos y atropellados en sus derechos fundamentales.

      “Eso es indignante y no tengo miedo, y no me voy a agachar ante nadie; y soy orgullosa de ser de donde vengo. Nunca he entrado a la escuela porque he tenido oportunidad; pero estoy orgullosa por haberme esforzado para poder defender a las mujeres y niños que no han entrado a la escuela por no haber calidad en la educación", expresó. 

      Denuncian muerte de auquénidos y ganado por agua contaminada por minera Sillustani


       

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      Puno, 24/04/2009 (CNR) -- Decenas de alpacas, ganado vacuno y ovino han muerto en la comunidad campesina de Condoraque, distrito de Quilcapunco, provincia de San Antonio de Putina (Puno), por consumir aguas contaminadas con relaves de la minera Sillustani S.A.

      Simón Orihuela Mamani, presidente de la referida comunidad, explicó que las aguas del río Condoraque, única fuente hídrica de la zona, están turbias y rojizas; y que a causa de la explotación de la empresa han desaparecido del lugar las truchas y varias especies de aves.

      Orihuela detalló que desde hace 25 años la empresa explota tungsteno, plomo, plata y cinc, y denunció que antes que llegara la compañía había más de 400 alpacas; en cambio, ahora hay sólo quedan 30.

      El dirigente explicó que el Río Condoraque conecta con el Río Huancané, que a su vez llega al Lago Titicaca. En cuanto a los animales afectados, dijo que éstos sufren de diarreas, adelgazamiento, aborto si están preñadas y muerte, a un ritmo de aproximadamente tres meses.

      De acuerdo con el certificado de viabilidad, emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la minera Sillustani viene ejecutando el denominado proyecto Regina, sobre el sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales industriales. No obstante, los pobladores denuncian que la compañía incumple con el proyecto de cierre de pasivos ambientales.

      El líder comunal dijo que han agotado todas las instancias de reclamo. Precisó que los pobladores solicitaron la intervención del fiscal ambiental de Puno, del alcalde de Quilcapunco, de la Dirección Regional de Energía y Minas, del Gobierno Regional de Puno y de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, nunca fueron atendidos por tales instancia.

      En tal sentido, los comuneros amenazaron con tomar las instalaciones de la minera Sillustani y paralizar sus actividades si no se soluciona esta situación.

      Alberto Flores – Pachamama Radio

      Gobierno discrimina a indígenas

      Representantes de organizaciones campesinas e indígenas expresaron ayer a LA PRIMERA su repudio y rechazo a los ataques racistas y discriminatorios del diario alanista contra Hilaria Supa. Denunciaron la existencia de una política oficial discriminatoria. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango, aseguró que lo que hizo el diario local demuestra que sí hay discriminación contra los pueblos originarios del país. “Esta discriminación mata psicológicamente a las personas. Eso se llama etnocidio. Yo ya estoy curtido de ese tipo de discriminación, pero sí hay gente del Congreso y del aparato estatal que discrimina a los indígenas”, sostuvo.