Al
igual que hace 3 años en Honduras, un presidente democráticamente electo
acaba de ser destituido en Paraguay por un parlamento bajo control de
la oligarquía nacional. La periodista argentina Stella Calloni nos
revela la mano –castrense y estadounidense– que se perfila tras este
nuevo golpe institucional orquestado en Latinoamérica contra un
gobernante electo según las reglas del sufragio universal en
Latinoamérica.
El pasado 22 de junio de 2012, mientras se realizaba
el juicio político exprés contra el presidente democráticamente electo
de Paraguay Fernando Lugo, proceso considerado ilegal por los países
vecinos, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos
para negociar la instalación de una base castrense en el Chaco,
territorio extenso y despoblado del país sudamericano.
El legislador José López Chávez, quien respondía al grupo disidente
del Partido Colorado (la Unace) –encabezado por el general golpista Lino
Oviedo, con el cual tiene algunas diferencias– y ex presidente de la
Comisión de Defensa de la cámara baja, expresó su esperanza en que
Estados Unidos instale bases militares en el Chaco, según fuentes de ABC Color.
De acuerdo con ese medio, el más poderoso complejo mediático de la
derecha en Paraguay y clave en la destitución de Lugo, el diputado López
Chávez –acusado de conductas mafiosas– confirmó que dialogó con jefes
militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar bases, aunque
el tema está siendo analizado por el Pentágono
En declaraciones a una radiodifusora paraguaya (789 AM), el
legislador argumentó que es necesario instalar dichas bases, ya que,
según su apreciación, Bolivia constituye una amenaza para Paraguay,
debido a la carrera armamentista que desarrolla. Asimismo alega que su
país necesita mejorar su seguridad en las zonas despobladas.
La ayuda humanitaria
El posible acuerdo bilateral llevaría ayuda humanitaria de tropas
estadounidenses para la población local. Como se sabe, la acción cívica y
la ayuda humanitaria, que ya han realizado tropas de Estados Unidos en
Paraguay, a las que se dio inmunidad diplomática en mayo de 2005, es un
esquema de contrainsurgencia, espionaje y control poblacional y
territorial.
Según las fuentes, esa propuesta tomó estado público el pasado 23 de
junio, luego de un encuentro entre referentes de la Comisión de Defensa
de la Cámara de Diputados con un grupo de generales de Estados Unidos,
el cual llegó al país para dialogar sobre eventuales acuerdos de
cooperación.
Esta podría ser una de las causas de la rapidez con que se sacó a
Lugo del gobierno, por los compromisos con el Mercado Común del Sur
(Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas, lo que no habría
permitido avanzar en el proceso de bases castrenses.
En 2009 Lugo había rechazado, aunque débilmente, la posibilidad de
grandes maniobras del Comando Sur en Paraguay, aduciendo los compromisos
con naciones asociadas.
Pero desde mayo de 2005 –antes de la llegada de Lugo al gobierno– se
permitió el ingreso de tropas estadounidenses a Paraguay con inmunidad,
permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia
hasta diciembre de 2006, prorrogable automáticamente, como entonces
publicó este periódico.
Fue uno de los golpes más fuertes que Washington asestó contra el
Mercosur, el cual renunció así a su poder jurisdiccional, ya que las
tropas pueden trasegar armamento, equipo y medicamentos y actuar en
cualquier lugar del territorio, y sin nuevas autorizaciones en esos
momentos entraron un contingente de 400 soldados –el primero– y grupos
especiales.
En realidad, este tipo de tropas nunca se fueron de Paraguay. Cuando
el dictador Alfredo Stroessner fue derrocado por un golpe entre amigos
en febrero de 1989 se mantuvieron en el poder militares que habían
participado en su larga dictadura (1954-1989).
Paraguay perdió el derecho de investigar los delitos que pudieran
cometer las tropas extranjeras y no podrá demandar a Washington ante la
Corte Penal Internacional, violando así su legislación.
En Paraguay, informes detallados de analistas militares advirtieron
sobre la poderosa infraestructura de Estados Unidos en un país de
importancia geoestratégica, porque limita con Bolivia, Brasil, Argentina
y está relativamente cerca de otros donde hay bases castrenses
estadounidenses.
Los militares del Comando Sur han marcado el territorio que está
sobre el extenso acuífero guaraní, uno de los más grandes de agua
potable del mundo, ubicado en la triple frontera que tiene Paraguay con
Argentina y Brasil.
Según los informes castrenses, todos los cuarteles paraguayos
cercanos a las fronteras están preparados como infraestructura para
tropas estadounidenses, las cuales incluso han cavado pozos artesianos
para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad éstos
no utilizan.
Así, el cuartel Mariscal Estigarribia, situado a sólo 250 kilómetros
de Bolivia, tiene una pista de casi 3 mil 800 metros de largo, en un
país que tiene escasas fuerzas aéreas.
Ésta fue construida por tropas estadounidenses, las cuales la
modernizaron en años recientes y está diseñada para recibir aviones
Galaxy y B-52, así como otras aeronaves portadoras de equipo y armamento
de gran escala; también está preparada la pista de la base de
Palmerola, en Honduras.
De la misma manera, allí pueden ubicarse miles de soldados si se
requiere hacerlo en cualquier momento. Está catalogada como una de las
bases con infraestructura más poderosa de Estados Unidos en América
Latina.
Sin embargo, es evidente que ante la ofensiva en marcha contra los
gobiernos de Sudamérica que posibilitaron un escenario golpista en
Bolivia y Paraguay, en junio de este año, así como conatos
desestabilizadores en Argentina, se necesita ubicar más tropas en ese
lugar estratégico.
La noticia de los acuerdos mencionados entre los diputados ligados
con la dictadura pasada y los generales estadounidenses no sorprende en
estas circunstancias. Y precisamente en un país donde la lucha por las
tierras robadas y mal habidas, como las caracterizó la Comisión por la
Memoria, la Verdad y la Justicia, el conflicto social es cuestión
permanente.
Para los campesinos, recuperar sus tierras es cuestión de vida o muerte. Especialmente por los ataques de los llamados brasiguayos
y sus grupos de choque, empresarios soyeros de Brasil, pero como
sostiene Martín Almada, defensor de los derechos humanos, forman parte
de las grandes corporaciones, como Monsanto, que avanzan sobre el
continente.
Detrás de la destitución de Lugo hay elementos que deben verse como
un ataque estratégico para el proyecto de desestabilización, tendiente a
golpear la integración latinoamericana.
