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Quieren a Giampietri en Congreso



Que diga lo que sabe.
El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, puede ser citado al Congreso para que explique los nexos que lo unen al contralmirante (r), Elías Ponce, gerente de la empresa Business Track S.A.C., denunciada por espionaje telefónico, y sobre la presunta vinculación de su asesor, el capitán de navío en retiro César Vidal Garland, con la mencionada compañía.
El presidente de la comisión parlamentaria que investiga la interceptación telefónica, Oswaldo Luízar, dijo que no descarta la posibilidad de citarlo, en la medida que se encuentren mayores indicios de que tuvo conocimiento de los hechos.
“Pero si solamente es un tema de amistad, y es el único argumento, no habría razón para llamarlo”, indicó.
A su vez, el premier Yehude Simon dijo que el congresista Luis Giampietri no guardará silencio y deslindará responsabilidades sobre la presunta vinculación de su asesor, el capitán de navío en retiro César Vidal Garland, con la empresa Business Track, vinculada al caso de interceptación telefónica.
Nada con facilismoDe otro lado, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, discrepó de las declaraciones vertidas por la ministra de Justicia Rosario Fernández, quien planteó que se eleven las sanciones a quienes cometen el delito de interceptación telefónica.
Dijo que incrementar las penas no desaparecerá el “chuponeo” telefónico. En términos generales habría que evaluar el tema y ver en principio cuál es la razonabilidad de las penas para estos tipos de delitos con relación a otros.
Lo que sí está claro es que no debemos optar por el facilismo, es decir, incrementamos las penas y va a desaparecer la corrupción o el chuponeo. No es así”, afirmó.

WIENNER Y EL SILENCIO DE LOS INOCENTES

Por: ARTHUR GUIPUZCOA

Acabo de revisar los diarios del domingo con la esperanza de encontrar alguna información o muestra de solidaridad sobre la persecución política que está sufriendo el jefe de la unidad de investigación de La Primera, Raúl Wiener, y el silencio es lamentable. Si bien en el caso de la cancelación de AAR al frente de Perú 21 se desarrolló todo un debate y la solidaridad llegó a desarmar el equipo de colaboradores del diario, el señalamiento a Raúl como parte de una red de terrorismo internacional debería al menos despertar la misma reacción.
¿Dónde está la condena a esta situación que pretende que Wiener revele sus fuentes? Dónde están los que en el caso de los petro audios sostienen que pedir a un periodista que revele las fuentes de información es un atropello a la profesión. Qué dice Prensa Libre, la República, El Comercio, Perú 21, RPP, Canal N, CPN, IPYS, Caretas y todos los medios que en buena hora armaron un debate sobre la ingerencia política en la libertad de expresión. Raúl Wiener señaló que irónicamente el único que se ha solidarizado con él ha sido Aldo Marietegui, no sin bañarlo como siempre de insultos y necedades en Correo, pero reconociendo lo arbitrario de este episodio y llamando a la solidaridad de los medios de comunicación. (Y el domingo en la noche Hildebrandt lo entrevistó)
Existe una vara mediatica distinta para medir la investigación por terrorismo internacional al jefe de unidad de La Primera, y la que se tiene frente a otros casos. Por un lado hasta IPYS defendió la posición de Magali Medina y su libertad a informar sobre personajes públicos, pero hasta hoy no se oye nada en este caso más evidente que el mencionado. Y no es el único, ya que LAP viene persiguiendo judicialmente a Herbert Mujica por haber publicado un libro y escribir artículos que desnudan la privatización del Aeropuerto Jorge Chávez.
Ah, pero me estaba olvidando que la Valenzuela demostró que Raúl Wiener es culpable, es un ultra izquierdista que viaja a Venezuela, que defiende a Ollanta y que recibe sobres de dinero de Hugo Chávez para desestabilizar al gobierno de Alan García. Debe ser por eso que está bien que lo acusen de terruco y que ni una línea de tinta, un segundo de imagen o un minuto de audio se haya utilizado para reseñar el caso. Es que La Primera es el principal agente desestabilizador del país y de seguro Wiener estaba registrado en los archivos de la computadora mágica de Raúl Reyes.
Me gustaría saber la opinión de todos los que criticamos la salida de ARR de Perú 21, de los blog adopta un congresista, frente a un caso que demuestra más claramente que ninguno en los últimos tiempos la ingerencia política en la prensa. No veo razón para no expresar rechazo frente a una acusación tan gruesa hecha a una persona con la que podemos discutir, estar de acuerdo en algunas cosas y no en otras, pero que sólo en la cabecita de algunos puede ser asociado con el terrorismo internacional. La citación a la DIRCOTE así sea cantinflesca es evidencia de la desesperación de García y de muchos que gobiernan al leer La Primera cada mañana.
Así las cosas, el miércoles ya se ha organizado una protesta frente a la DIRCOTE para expresar a Raúl que el eco de su crítica, denuncia y valentía, no es parte de ningún color político, sino de la libertad de decir lo que pensamos. Ésta implica dejar prejuicios cuando un principio es cuestionado, y un diario quiere ser callado. La libertad de expresión no admite dobles raseros ni marginales, nadie es prescindible de sus alcances.

Una investigación sin pies ni cabeza



(1) Mostrando a César Hildebrandt documento de la persecución policial (Domingo 11 de enero de 2009). (2) Cuatro de los “investigados”: Aurich, Raffo, Moreno y Céspedes. (3) Mayor Max Anhuamán.

El jefe de la Unidad de Investigación de LA PRIMERA, Raúl Wiener, ha adelantado de manera rotunda e indubitable, que de ninguna manera revelará sus fuentes de información, si la Dircote y la Fiscalía pretenden que diga quién le suministró los documentos que usó para hacer pública una operación de esa unidad policial, dependiente del gobierno, para acusar de terrorismo a 13 dirigentes populares.
En esta oportunidad adelanta a los lectores lo que será su argumentación en esa comparecencia, fijada para mañana.
Si la citación fiscal que se me hace indicara que la policía quiere indagarme para saber si sé algo por ejemplo sobre la colocación de bombas en las calles de Bogotá, o sobre los secuestros o sobre el frente del Putumayo en la frontera con el Perú, sobre lo que obviamente no sé nada, entendería que debo ir a demostrarle al mayor Anhuamán Centeno que se ha equivocado de persona.
Pero no puedo hacerlo porque la notificación no especifica un solo hecho, ni menos indica cómo habría sido mi eventual participación. Por tanto, no cumple los requisitos de una investigación motivada, sino que se hace, hablando en cristiano, porque a alguien le da la gana de joder.
Si la investigación que está en curso viene por lo menos desde el mes de septiembre, cómo es posible que cinco meses después no se hayan cumplido los requisitos mínimos para llegar a una ampliatoria de investigación como la que se pretende:
(a) no se ha precisado la naturaleza del supuesto delito que se imputa y de los hechos que lo componen;
(b) no se ha individualizado las supuestas responsabilidades;
(c) no se han precisado fechas;
(d) no se han requerido los testimonios de los implicados y de posibles testigos.
A pesar de las notorias deficiencias de la investigación, el Informe Policial del 10 de noviembre llega a la exótica conclusión de que “ha determinado que las personas… identificadas se hallan incursas en delito de terrorismo (DL 25475)…”, lo que supondría penas hasta por 30 años de privación de la libertad, lo que linda con el absurdo.
El hecho adicional que ahora se me incluya en la lista de citados en este caso, del cual no era parte, pues ni soy mencionado en el informe inicial, agrava la situación ya que muestra que se está trabajando con un alto grado de ambigüedad para seguir involucrando personas a discreción. La Policía (y por extensión el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo) incurren en un evidente exceso de sus atribuciones y en franca violación de la independencia del Ministerio Público, al solicitar las detenciones de 13 dirigentes políticos y sociales de oposición y la comparecencia de grado o fuerza del ex candidato, también opositor, Ollanta Humala.
Este solo hecho desbarata el argumento del ministro Hernani, de que el gobierno no tiene nada que ver, que no hay siquiera persecución en marcha y que todo se origina en una fiscal que cree estar descubriendo terroristas con llamadas telefónicas a Bogotá.
En mi caso, sólo es posible pensar que lo que me relaciona con la investigación es haber hecho pública la intención de detener a varias personas y puesto en blanco y negro la fragilidad de las acusaciones de la Dircote.
Es un hecho insólito que el periodista que denuncia un abuso de la Policía o cualquier otro órgano del Estado, termine convertido en parte de la investigación abusiva.
El carácter de represalia que adquiere este procedimiento, salta a la vista revisando las citaciones que se han hecho a algunos de la lista de personas solicitadas para su detención, que son exactamente iguales a la mía.
O sea que ahora somos 14 en la lista del mayor Anhuamán de la Diviti.
Adicionalmente hay que puntualizar que la “confidencialidad” y “reserva” que se exige guardar a los notificados respecto a la investigación penal que se lleva en su contra, es violatoria del derecho a la defensa pública que corresponde a todo ciudadano y se agrava en el caso mío en tanto pretende recortar mi derecho al ejercicio profesional.
Pero resulta, además, risible, ya que ninguno de los investigados sabemos exactamente por qué se nos persigue, lo que hace imposible que podamos revelar información que pudiese afectar los valores que se invocan: seguridad del Estado y relaciones internacionales, por todo lo cual no puede entenderse la mordaza sino en el sentido de obligar a que no se hable de la citación misma. La notificación fiscal llega acompañada, en relación al punto de la “reserva”, de un “apercibimiento de incurrir en infracción penal”, lo que no tiene antecedentes.
En realidad no se puede “apercibir”, sino advirtiendo, dando cuenta, de las consecuencias puntuales que podría arrastrar el incumplimiento de un determinado mandato; por ejemplo “apercibimiento” de ser citado de grado o fuerza, apercibimiento de multa, etc. No se puede “apercibir” invocando al código penal y a una infracción genérica como amenazas, ya que si así fuera el caso, el notificado no tendría un aviso exacto sobre los efectos de lo que haga o deje de hacer. Es increíble que una fiscal Supraprovincial, es decir especialmente calificada, incurra en este tipo de “errores”.
El datero de la Chichi
Este es Max Orlando Anhuamán Centeno. El perseguidor de terroristas imaginarios.
El que va a interrogar a Raúl Wiener de LA PRIMERA este miércoles, por pedido de la 3ra Fiscalía, a la que a su vez recomendó antes detener a 13 ciudadanos como si tuviera alguna jerarquía sobre el Ministerio Público.
El que, como acaba de revelarse en el programa de César Hildebrandt, “El Perro del Hortelano”, era la fuente de datos de Chichi Valenzuela y Gilberto Hume para construir la “idea madre” de que el problema principal del Perú son las múltiples conspiraciones sobre las que ellos especulaban alrededor de la mesa, y los terroristas aquellos sobre los que se pusieran de acuerdo.
Max Anhuamán es mayor de la Policía Nacional del Perú e integrante de la División de Investigación sobre Terrorismo Internacional Diviti, responsable del informe del 10 de noviembre que LA PRIMERA sacó a luz en las vísperas de la APEC, lo que la conductora de “La Ventana Indiscreta” calificó de “hacer el juego al terrorismo” y echar a perder “una investigación seria” para descubrir a los que amenazan al país.
Ahora, por la declaración de César Hildebrandt Chávez, ex reportero de ese programa, ex gerente de angenciaperu.com, la empresa de producciones de Valenzuela-Hume, sabemos que Anhuamán Centeno “investigaba” paralelamente al programa de televisión los mismos temas e idénticas personas.
Por eso vimos que el Informe de la Diviti ante la fiscal Escajadillo, no tiene problemas en mostrar como evidencias fotos de la “Ventana Indiscreta” con Ollanta Humala brindando con el embajador cubano y el diputado venezolano Almikar Figueroa como tremenda “prueba” de los vínculos del ex candidato presidencial con las FARC.
Y también supimos que antes que la policía de Colombia entregara “información confidencial” a la fiscal de la Nación del Perú, para que investigue a diversos ciudadanos a los que de alguna manera se les relaciona con los contenidos de la computadora de Raúl Reyes, los urracos de la Chichi estuvieron en Bogotá trabajando con el gobierno de Uribe para armar programas de denuncia contra militantes de izquierda y dirigentes de oposición en el país.
Es decir que Chichi y sus amigos hicieron de Anhuamán en Colombia, para que Anhuamán haga de Chichi en el Perú.
¿Dónde se ha visto una relación tan promiscua entre un programa de televisión que apelaba a la credibilidad pública y los aparatos de la policía? Una hipótesis posible es que a Anhuamán y Valenzuela les faltara tema y se hubieran dedicado a la actividad –quién sabe si lucrativa-, de levantar fantasmas para después perseguirlos y hacer méritos ante políticos y empresarios asustados (recuérdese el caso del “atentado” contra García en diciembre de 2006, que nunca existió).
Otra hipótesis, más siniestra, es que estas “investigaciones” no sean de creación propia; sino hechas por encargo, con la técnica de perseguir primero a marginales, para crear el clima enrarecido de denuncias que necesitarían para pasar a acusaciones y a objetivos mayores. ¿Con cuál se quedan?
Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Se oponen a norma antibosques

Congresistas de diversas bancadas de oposición rechazaron la modificación del Decreto Legislativo 1090 y plantearon más bien su derogatoria y la discusión en el pleno del dictamen evacuado por la Comisión de Medio Ambiente, que preside el legislador Róger Nájar.
Elizabeth León, del Bloque Popular; Víctor Isla, del Partido Nacionalista, y Jorge Foinquinos, de Alianza Parlamentaria, junto con Nájar, anunciaron que votarán contra el proyecto de ley del Ejecutivo y defenderán el patrimonio nacional forestal que el gobierno pretende privatizarlo, según afirman.
El Decreto Legislativo 1090 es cuestionado porque promueve el cambio de uso de las tierras forestales a agrícolas, reduce la participación de la sociedad civil y debilita el sistema de supervisión de las concesiones forestales, remarcó Nájar.

Contra persecución

Trabajadores marcharán mañana en protesta por intolerancia. Se solidarizan con Raúl Wiener. Simon niega seguimiento.


DETALLE:
Un grupo de agremiados al sindicato de la empresa Nestlé llegó a LA PRIMERA a expresar su solidaridad con Raúl Wiener y el sindicalista Buenaventura Vera, detenido por la policía con falsas acusaciones, y apoyar la marcha de mañana convocada por la CGTP en rechazo a la criminalización de la protesta sindical-popular.

Miles de trabajadores se movilizarán mañana a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en protesta contra la persecución judicial a dirigentes sindicales, políticos y periodistas, como el caso del jefe de la Unidad de Investigación de LA PRIMERA, Raúl Wiener, lo que consideran parte de una campaña de hostilización del gobierno para silenciar las protestas ante el incremento de los despidos y la privatización de los activos públicos y recursos naturales (como el agua).
La marcha fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) cuyo vicepresidente, Olmedo Auris, acusó al presidente Alan García de promover la campaña marcatista con la intención de acallar la protesta social usando a la Policía Nacional, al Ministerio Público y Poder Judicial, apoyado por la derecha peruana.
La presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, exigió por su parte la libertad para el dirigente de construcción civil, Buenaventura Vera.
Informó que la movilización se iniciará a la 1:30 p. m. y se iniciará en la cuadra 33 de la Av. Paseo de la República.
Por su parte, Raúl Wiener, invitado a la conferencia, manifestó su reconocimiento a la CGTP, a diversas organizaciones sociales, instituciones, personalidades y algunos medios de prensa que se solidarizaron ante el atropello del que es víctima.
Indicó que es muy curioso que después de revelar una investigación secreta de parte de la Dircote a 13 dirigentes de izquierda vinculándolos con el terrorismo internacional, él sea incluido en el proceso.
Wiener consideró el caso como un flagrante atropello a la libertad de prensa y una clara amenaza a la prensa independiente.
A su vez, el premier Yehude Simon dijo ayer que no existe una campaña de persecución contra dirigentes sindicales por parte del gobierno, al subrayar que ninguna de estas personas tiene vinculaciones con el terrorismo. “Pueden tener ideas radicales, pero no son terroristas y los respetamos”, señaló.
Vilma Escalante
Redacción

“Carta blanca” para las tropas extranjeras

Ingresarán al Perú como “Pedro a su casa” si el Congreso aprueba proyecto enviado por el Ejecutivo.


Edgar Núñez desconoce mayormente, pero dice que darían luz verde a proyecto que viene del Ejecutivo.

DETALLES:
El capitán (r) José Robles estuvo de acuerdo con que el Congreso apruebe el ingreso de las actividades programadas para todo el año, “aplaudo la planificación”, pero dijo estar “en completo desacuerdo” con que sólo con una resolución ministerial modifiquen cualquier parte de esta. “Si hay cambios, también tienen que aprobarse por una ley. No puede darse al Ejecutivo el poder disponer los cambios, podría ser una suerte de contrabando”, acotó.- El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Edgar Núñez, confesó no estar informado del proyecto en mención, pero que si el gobierno lo envía es porque “obedece seguramente a algún plan estratégico de entrenamiento (…) Y lo vamos a aprobar”. Agregó que los miembros de las Fuerzas Armadas siempre reciben bien este intercambio de capacidades con sus similares de otros países.

Congresistas y especialistas en temas militares manifestaron ayer su desacuerdo con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso para aprobar, en una sola oportunidad, un programa anual de actividades e ingreso de personal mi- litar, tropas extranjeras y armamento ligero y pesado a nuestro territorio.
El proyecto de resolución legislativa 2960/2008-PE enviado con carácter de urgencia por el Ejecutivo, que ha sido exonerado del trámite de comisiones por la junta de portavoces, será debatido mañana por el pleno del Congreso junto a otras dos iniciativas enviadas por el gobierno.En el referido proyecto, el Ejecutivo pide autorización “de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 2009”, y en su artículo tercero solicita la facultad para “modificar” mediante resolución ministerial “cuando existan causas imprevistas, los plazos de ejecución de las actividades operacionales previstas” en dicha programación 2009, con cargo a dar cuenta a la Comisión de Defensa del Congreso, en un plazo de 48 horas.
El vocero alterno de la bancada nacionalista, Pedro Santos, dijo que su agrupación no está de acuerdo con este proyecto y consideró que el gobierno debe explicar mejor este nuevo procedimiento que quiere implantar, teniendo en cuenta que es un tema muy sensible para la soberanía nacional. “Quieren entrar como ‘Pedro por su casa’, y eso no puede ser así, parece que quieren tener fuerzas permanentes en Perú”, expresó.
Santos sostuvo que hasta el momento el gobierno no muestra resultados sobre los beneficios obtenidos con la presencia de militares extranjeros en diversas partes del país, y se preguntó: “¿qué intereses hay detrás?”.
El proyecto también fue cuestionado por el comandante (r) Daniel Mora, quien consideró que el Ejecutivo está pidiendo “carta blanca” para el ingreso de tropas extranjeras al país, pero alertó que el gobierno no puede “festinar trámites” y debe apegarse a las leyes y la Constitución en este tema, que establecen claramente la metodología para aprobar este tipo de eventos. Agregó que la institucionalidad debe respetarse cabalmente, pues cada caso debe analizarse individualmente.
Susana Grados Díaz
Redacción

Se nos viene la IV flota de EE.UU.



Estarán en el Callao y Salaverry.
El “Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras”, anexo del proyecto de resolución legislativo enviado por el gobierno, anuncia un tráfico muy fluido de la IV Flota Norteamericana en mares territoriales durante todo el año.
“Ahora que empezó la desactivación de la base norteamericana de Manta, en Ecuador, las fragatas misileras y otros barcos de la IV flota necesitan un lugar de aprovisionamiento y ahora van a poder hacerlo en nuestro país”, indicó el presidente de la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas, comandante (r) Jorge Rivas.Del mismo parecer fue el comandante (r) Juan Castro, experto en inteligencia y guerra electrónica, quien reparó que ahora la IV Flota Norteamericana, que antes tenía sólo predominio en los mares continentales del Atlántico, ha trasladado parte de su fuerza al Pacífico y hará operativos “tipo patrullaje”, para eso necesitan reabastecer combustible y otros aprovisionamientos.
Este plan “es parte del proyecto norteamericano de dominio del hemisferio”, recalcó Castro.Para el capitán José Robles este “incremento en el intercambio naval debería ser mejor explicado por el Ministerio de Defensa, sin pretender atentar contra la seguridad nacional, y debería darse en el marco de operaciones conjuntas esporádicas con la Marina de Guerra”, opinó.
Desde febrero hasta diciembre los puertos del Callao y Salaverry (La Libertad) servirán para el reabastecimiento de combustible de 12 fragatas misileras y un crucero misilero norteamericanos.

MAX ERES UN BABOSO

El Mayor de la Policía Nacional Max Anhuamán Centeno , es un baboso.Fué la conclusión de César Hildebrandt, el creíble periodista y Director del programa Televisivo " El perro del hortelano " que se transmite los días domingos por RBC Televisión.
Hildebrandt entrevistó en vivo al jefe de la Unidad de Investigación Raúl Wiener, quien mostró documentos que evidencian la superficialidad de una denuncia que busca amedrentar a los pocos periodistas que luchan cada día por decir la auténtica verdad en el País.Wiener anticipó que no revelará bajó ningun punto de vista la fuente, que le permitió alertar de una represión masiva contra 13 dirigentes de Izquierda.


MAX, ERES UN BABOSO, CONCLUYÓ HILDEBRANDT EN LA ENTREVISTA TELEVISIVA QUE REALIZÓ A RAUL WIENER, REFIRIÉNDOSE AL INTERROGATORIO QUE PRETENDE LEGITIMAR EL MAYOR PNP MAX ANHUAMÁN CENTENO, POR ENCARGO DEL ACTUAL GOBIERNO DE PERÚ.
El jefe de la Unidad de Investigación de LA PRIMERA, Raúl Wiener, denunció el domingo, en el programa “El Perro del Hortelano”, que conduce César Hildebrandt, que el gobierno pretende recortar los espacios de la prensa independiente, al haber iniciado una persecución contra él para acallar la investigación que realizó sobre la acusación de terrorismo contra 13 líderes políticos y sociales de izquierda.
Wiener dijo que el Ministerio Público no tiene ninguna razón para enjuiciarlo por el delito de terrorismo, y que todo responde a una política del gobierno que quiere amordazar al periodismo crítico, que no acepta ser coro de las obras del gobierno.
Cuando Wiener dijo que la investigacion de la Dircote que lo implica a él, la encabeza el mayor PNP Max Anhuamán, el periodista César Hildebrandt dijo que “era el abastecedor de las paranoias de ‘La ventana indiscreta”.
Ambos periodistas lamentaron que la prensa, salvo algunas excepciones, ha silenciado este tema.Sobre la citación notificada por la Tercera Fiscalía Supraprovincial para que el periodista del diario LA PRIMERA, Raúl Wiener, comparezca ante la policía contra el terrorismo, expertos judiciales confirmaron que constituye una violación de numerosos derechos y garantías ciudadanos y civiles.
Por ejemplo, la notificación a Wiener, y a otras personas a partir del 7 de enero, no contiene ninguna especificación respecto de los hechos por los que deberá responder.
Al emitir la Dircote una recomendación adelantada de detención para unos y citación de grado o fuerza para el ex candidato presidencial Ollanta Humala, sin que ninguno hubiese sido escuchado previamente, se ha negado el derecho a ser escuchados a todos los denunciados.
En el caso de Wiener, el abuso es doble, porque ha sido citado en los mismos términos del informe inicial, sin haber sido investigado dentro de ese grupo, sino sólo como una supuesta represalia por la denuncia de persecución política que presentó en LA PRIMERA.

Los narcotraficantes sentenciados en Perú adeudan 59 millones de dólares en reparaciones


Lima, 13 ene (EFE).- Varios capos del narcotráfico, sentenciados por ese delito en Perú en los últimos años, adeudan un total de 177 millones de soles (59 millones de dólares) por las reparaciones civiles a que han sido condenados, informó hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

La abogada del Estado peruano dijo a la agencia estatal Andina que el fundador de la desaparecida aerolínea Aerocontinente, Fernando Zevallos, es quien debe la mayor cantidad de dinero, 100 millones de soles (33 millones de dólares), a raíz de la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta en 2005 por sus vínculos con la banda de narcotraficantes Los Norteños.
Zevallos también fue investigado en Chile por lavado de dinero y Estados Unidos lo puso en la lista de los diez narcotraficantes más peligrosos del mundo.
Asimismo, figuran en la relación de la procuraduría los 33 integrantes del cartel de Tijuana, formado por guatemaltecos, mexicanos y colombianos, que fueron condenados en 2007 a penas de entre 25 y 35 años de prisión por intentar llevar a México 1,7 toneladas de cocaína en un barco desde el puerto peruano de Chimbote.
Los procesados fueron condenados a pagar en forma conjunta 3 millones de dólares.
Medina dijo que los 59 millones de dólares se han ido acumulando en los juicios ganados por la Procuraduría a quienes dirigieron organizaciones internacionales de tráfico ilícito de droga.
La procuradora se quejó de que los sentenciados han eludido los pagos o han abonado sumas ínfimas porque niegan tener propiedades y bienes propios.
Actualmente, la procuradora tiene pendientes 49.141 juicios por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, de los cuales 34.879 se refieren a casos de microcomercialización, es decir, de denuncias contra correos humanos de droga, llamado popularmente en Perú "burriers".