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Sigue demanda contra DL 1015


Norma los perjudica.

DETALLE:Voceros de las organizaciones agrarias y congresistas confirmaron que continuarán la demanda ante el TC.


La demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1015, que facilita la venta de tierras nativas y comunales, continúa su curso en el Tribunal Constitucional (TC), pese a lo afirmado por el premier Jorge del Castillo, quien dijo ayer que el DL 1073 corregía la norma anticomunera y que los campesinos “ya no se oponían” al decreto.Representantes de la Defensoría del Pueblo dijeron que la única modificación es que para vender las tierras ya no se requiere la aprobación del 50 % de los asistentes a la asamblea comunal, sino del 50 % de los comuneros posesionarios con más de un año. Esta modificación tampoco convenció a los gremios agrarios del país.

El peso político del paro

César Lévano


Una de las acusaciones que se repiten contra el paro convocado para el miércoles próximo es que se trata de una medida política. Es un hecho reconocido por la práctica y la teoría social que una medida sindical que exige reivindicaciones generales, y no sólo de un sector o sindicato, tiene un alcance político.Esto es así porque los paros se acuerdan, en general, para enfrentar medidas no de un patrono, sino del conjunto de patronos, encarnados en el Estado.Los dos paros más importantes de nuestra historia fueron nítidamente políticos. El de la lucha por la jornada de ocho horas, iniciado el 15 de enero de 1919, fue expresión elocuente de ese carácter. Los textiles de Vitarte o de la fábrica El Inca no adoptaron la medida sólo para un beneficio parcial, sino para que la conquista, propugnada por la dirección sindical anarquista de la época, fuera para todos los trabajadores del país.Igual sentido general tuvo el paro del 19 de julio de 1977. Se dirigió contra el régimen del general Francisco Morales Bermúdez, cuyo carácter reaccionario se precisó cuando decretó el despido de más de cinco mil dirigentes sindicales. Como recuerda una entrevista grabada por el periodista chileno José Rodríguez Elizondo, el general Morales Bermúdez había ejecutado un golpe militar contra el régimen del general Juan Velasco, no sin antes dar cuenta de su intención a los militares chilenos. El paro de 1977 expresó el descontento frente a un régimen que no sólo recortaba las libertades democráticas, sino que imponía también una política económica neoliberal y antisocial.El paro de 1977 fue, en ese sentido, político. Por eso recibió tan amplio y combativo apoyo. También su resultado principal fue político. El gobierno de Morales Bermúdez se vio obligado a convocar a elecciones de una Asamblea Constituyente, en 1978. En cuanto al paro próximo, hemos asistido a episodios jocoserios. Por ejemplo, cuando, en RPP, el premier Jorge del Castillo reprochó a Mario Huamán sus continuos viajes a Bolivia y Venezuela. Resulta que el dirigente sindical sólo ha ido una vez a Venezuela, a un congreso obrero, y no conoce Bolivia. Del Castillo está, pues… en Bolivia.Huamán hubiera debido aprovechar para preguntar a qué se deben los continuos viajes de Del Castillo a Estados Unidos. ¿Va a recibir órdenes contra Bolivia, contra Venezuela y contra el paro?El paro tiene, por lo demás, una plataforma económica justa, que por serlo se abre al horizonte político: aumento de sueldos, salarios y pensiones; atención a las propuestas del sector agrario para enfrentar la crisis alimentaria; no a la privatización de empresas estratégicas, como los puertos, y derogación de las leyes represivas que Alan García ha impuesto.

Huamán victorioso en debate con Del Castillo

Secretario general de la CGTP explicó con claridad razones de protesta. Premier apeló al insulto y la desinformación.




En debate en RPP sobre el paro nacional, Mario Huamán salió mejor parado que Del Castillo.

GANÓ HUAMÁN:
El analista político Carlos Reyna consideró que Mario Huamán resultó ganador del debate con el premier Del Castillo. Basó su apreciación en el hecho que el líder sindical supo exponer con mayor claridad las razones que justifican la medida de fuerza. Dijo que quedó en evidencia que el paro es la consecuencia de la falta de tino del gobierno para solucionar los problemas fundamentales de los trabajadores. Manifestó que Huamán logró demostrar que el paro no significa un atentado a la democracia, mucho menos tiene un fin desestabilizador del régimen y no responde a una estrategia continental.
Si hubiera que declarar un ganador del debate que protagonizaron ayer en RPP el premier Jorge del Castillo y el secretario general de Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, el vencedor indiscutible tendría que ser el dirigente sindical.Huamán recurrió a argumentos sólidos para justificar la protesta nacional y contrarrestar el intento del gobierno de menoscabarla con los argumentos de que carece de fundamento, obedece a móviles políticos y es producto de una supuesta intervención extranjera, argumentos que Del Castillo sostuvo sin suerte durante el debate.Fue Huamán quien inició el debate, que duró una hora, y lo hizo calificando como falsedad y una “mentira más grande que la catedral” las imputaciones lanzadas en las últimas semanas por los representantes del Ejecutivo contra los organizadores del paro.Ante la insistencia del premier de involucrar en la protesta a los gobiernos de Venezuela y Bolivia, el dirigente sostuvo que sólo una vez acudió como participante de un evento para trabajadores al país llanero y jamás viajó a la nación altiplánica. “En todo caso, que Migraciones investigue”, afirmó.Fundamentos El dirigente de la CGTP atribuyó el paro al descontento popular por el incumplimiento de los ofrecimientos electorales, y dijo que la protesta demanda la aprobación de la Ley General de Trabajo, el impuesto a las sobreganancias mineras, la eliminación de intermediarios como las services, la derogatoria de las leyes que atentan contra las comunidades campesinas y el cese de los despidos arbitrarios. Huamán mencionó como puntos de lucha el aumento de sueldos, salarios y pensiones para compensar el alza del costo de vida; la solución a los problemas del agro; el fortalecimiento y no la privatización de las empresas estratégicas y la defensa de nuestros recursos naturales y, por último, la derogatoria de las inconstitucionales leyes represivas.La política en el paroSobre la naturaleza “política” del paro, imputada por Del Castillo, el líder sindical respondió: “Si usted dice que es político porque demandamos equidad en la política económica excluyente, porque reclamamos una política laboral más justa, porque defendemos nuestra soberanía y pedimos que no se venda nuestras empresas estratégicas, las tierras comunales, las riquezas de la Amazonía, ciertamente este paro tiene connotaciones políticas”.Algunas puyasEl jefe del gabinete fue el que inició los roces registrados a lo largo del debate, cuando acusó a Huamán de no trabajar. El dirigente respondió que ciertamente no trabaja ocho horas, sino doce a quince diarias, no como algunos políticos que nunca han trabajado en su vida. Luego colocó otro golpe al recordar a antiguos luchadores sindicales, apristas pero honestos. “¿Usted fue aprista, no?”, interrogó con sorna a Del Castillo, quien no supo qué responder.Del Castillo sostuvo que el complejo político (de Huamán) no le permite reconocer los avances laborales. Pero Huamán respondió: “No somos ni maximalistas ni minimalistas y sabemos reconocer cuando se realiza algo positivo” y señaló que las recientes leyes, que según el premier benefician a los trabajadores, son aplaudidas sólo por los empresarios.Más respaldo La presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, Relinda Sosa, informó que su gremio, que alberga alrededor de 80 mil mujeres, también se plegará al paro.Asimismo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Julio César Bazán, informó que todos sus afiliados, que ascienden a 550 mil, acatarán la protesta. Lourdes con AlanLa lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores, dijo que el paro nacional no llevará a cambios ni a soluciones de los problemas del país. “Personalmente no creo que después del paro, el partido de gobierno retroceda y proceda a los cambios que exige la CGTP”, dijo en CPN Radio.Por su parte, la congresista Mercedes Cabanillas dijo que el paro está condenado al fracaso porque no existen las condiciones objetivas que demanden una acción política de ese tipo.Cuidado con el ‘Comando Canela’ A pesar de que tanto el premier Del Castillo como el ministro Luis Alva Castro han garantizado la tranquilidad durante el paro, el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, y el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco, Efraín Yépez, han advertido sobre la posibilidad de infiltrados en las marchas. Ellos coincidieron en pedir a sus bases la máxima atención para evitar la actuación de provocadores que buscan generar actos violentos que desnaturalicen el carácter pacífico de la protesta popular. La amenaza viene, en particular, del denominado “Comando Canela”, una organización clandestina integrada por policías en actividad, que se infiltran en las manifestaciones y alientan acciones radicales que justifiquen la represión violenta. Para evitar cualquier tipo de violencia en el paro, la CGTP ha pedido a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, que envíe observadores a los diferentes puntos de concentración en todo el país. La CGTP anunció también que filmará paso a paso las movilizaciones.
Vilma Escalante
Redacción

La traición de Ingrid‏

Por: Pascual Serrano


Leo un clamor de indignación entre los sectores progresistas venezolanos por la reacción de desprecio de Ingrid Betancourt y su familia hacia personas que tanto interés tuvieron en su liberación, en especial el presidente de Venezuela Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba. Hablan de traición indignados por lo que, a todas las luces, es una prueba de ingratitud.
Betancourt y familia no han traicionado a nadie, han vuelto a la clase social, política y económica a la que siempre pertenecieron: la burguesía neoliberal adinerada de Colombia. Ingrid es hija de Gabriel Betancourt, ministro de Educación durante el gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla, y de Yolanda Pulecio, quien fue reina de belleza que llegó a Miss Colombia y Representante a la Cámara por Bogotá.
Betancourt, como buena hija de la oligarquía, cursó sus estudios de secundaria en el Liceo Francés de Bogotá y más tarde ciencias políticas en Francia en el Instituto de Estudios Políticos de París; se especializó en comercio exterior y relaciones internacionales. Vivió varios años en París, donde su padre ejerció como embajador ante la UNESCO; allí conoció a su primer marido, el diplomático francés Fabrice Delloye, con quien se casó en 1981.
Se divorció en 1990 y se afilió al Partido Liberal, donde trabajó como asesora del Ministro de Hacienda Rudolf Hommes, y de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, durante el gobierno de César Gaviria. Ingrid se casó por segunda vez con el publicista colombiano Juan Carlos Lecompte. Durante este período escribe el libro La Rage au cœur [La rabia en el corazón], publicado originalmente en francés, sobre su visión del gobierno de Ernesto Samper.
Su apoyo popular como candidata a la presidencia, ya fuera del Partido Liberal, era tan solo de un 0,8% de intención de voto cuando fue secuestrada.
Mientras había cientos de sencillos soldados rasos y civiles anónimos en poder de las FARC y muchos más campesinos y pequeños colaboradores de la guerrilla sin delitos de sangre pudriéndose en las cárceles colombianas, Hugo Chávez y Piedad Córdoba eligieron a la hija del ministro de la dictadura y la miss Colombia como emblema de su lucha por el canje humanitario.
Los medios internacionales, con Francia a la cabeza, se incorporaron a la cruzada hasta elevar a Ingrid Betancourt al rango de heroína nacional. Evidentemente la familia de la retenida, que nunca se hubiera acercado a un presidente surgido de los cerros, no hacía ascos a cualquier líder social que pidiera la libertad de Ingrid. Si había que criticar a Uribe para poder estar ante las cámaras junto a un jefe de Estado que pidiera la libertad para su hija, pues se criticaba.
Creyendo estar presionando para un acuerdo humanitario, Chávez y Piedad convirtieron a Ingrid en ejemplo de resistencia y lucha y a la guerrilla en un monstruo que retenía a una bondadosa hija, esposa y madre.
Mientras Piedad Córdoba arriesgaba su vida y Hugo Chávez su referéndum para la reforma constitucional, el mito crecía ante los ingenuos ojos de quienes creían que su buena intención estaba siendo reconocida por familiares, medios de comunicación y hasta por el gobierno francés. No comprendieron que sólo estaban siendo utilizados.
Ingrid se convierte en un símbolo internacional de la crueldad de las FARC mientras los anónimos soldados y guerrilleros seguían pudriéndose en la selva o en la cárcel. Sus madres no acudían invitadas al Aló Presidente ni nadie las entrevistaba en Telesur.
El codiciado trofeo logra la libertad de la mano de Uribe y vuelve junto a los de su clase, ideología y condición llena de odio, como es lógico, contra quienes le robaron seis años de vida. Se fotografía junto al ministro de la guerra de Colombia, pide la reelección de Uribe y dice -vestida de militar- que será un soldado contra las FARC.
Viaja a Francia y se besa ante las cámaras por uno de los presidentes europeos que lidera el encarcelamiento durante año y medio de todos los colombianos que lleguen a Europa sin papeles. Ni Chávez ni Piedad le interesan ya. Se ensuciaría con el barro de los cerros y las manos callosas de los pobres si los acompañase, ya no los necesita para llamar la atención de la opinión pública internacional.

El general al que se abrazó Ingrid

IPS

El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios.

Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació el 29 de abril de 1949 en el occidental Valle del Cauca.
A lo largo de su carrera ha recibido más de 20 condecoraciones, entre ellas la medalla del ejército de Estados Unidos. Ha ejercido labores de comandancia en buena parte de su país y tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, afirma su currículum en el sitio en Internet del ejército.
Siguió estudios en la Escuela Superior de Guerra, un curso avanzado de vehículos blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y se desempeñó como agregado militar en Gran Bretaña.
Un cable despachado en 1979 por la embajada de Washington en Bogotá, desclasificado a pedido del no gubernamental National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, "revela que un batallón de inteligencia del ejército colombiano ligado a Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979", señaló el investigador Michael Evans en un artículo publicado en junio de 2007 en la revista Semana.
"Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años", agregó.
Evans, investigador del NSA, también se refirió al hallazgo en marzo de 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas "asesinadas durante el mismo período" en que Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, "financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes en esta región entre 1999 y 2001".
"Los documentos desclasificados señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando de Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, donde fue descubierta la fosa común", agregó, en referencia a una ciudad de Putumayo.
Montoya era jefe de la IV Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, cuando se cometió la matanza de 119 civiles en la aldea de Bellavista, el 2 de mayo de 2002.
A pesar de tres advertencias efectuadas días antes sobre el inminente peligro que corría la población civil, la fuerza de seguridad pública no se hizo presente en la zona, ni tomó acciones para proteger a los habitantes.
El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, tras pasar por un retén permanente de la marina de guerra, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.
Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las FARC observaba desde el área rural.
El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al gobierno su "preocupación" por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles. El 24 y el 26, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se unieron a la advertencia.
El 1 de mayo comenzaron los combates entre las FARC y las AUC. Más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, detrás de la cual se parapetaron los paramilitares. Al día siguiente, los guerrilleros arrojaron una pipeta de gas rellena de explosivos, que cayó en el templo, matando a 119 personas, entre ellos 44 niños, y dejando más de 100 heridos y mutilados.
El ejército se hizo presente cinco días después. Sobrevivientes de aquella tragedia relataron el año pasado a IPS la llegada del general Montoya al lugar y cómo, frente a las cámaras de televisión, lloró por los pequeños muertos, exhibiendo un zapatito infantil de una costosa marca desconocida para los niños de la zona.
En mayo de este año, un tribunal administrativo determinó en dos sentencias que el Estado es responsable por no haber protegido a la población, y ordenó el pago de una indemnización de 1.552 millones de pesos (poco más de 870.000 dólares) a las familias de las víctimas. Todavía hay pendientes otras 14 demandas civiles.
La justicia militar y la Procuraduría investigaron por omisión a los militares implicados en estos hechos. Pero Montoya continuó su carrera y fue ascendido, aunque poco después, en octubre de 2002, se vería envuelto en otro hecho polémico.
Un informe en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, filtrado al diario de ese país Los Ángeles Times que lo publicó en marzo de 2007, indica que Montoya y un grupo paramilitar, el Bloque Cacique Nutibara, "planificaron y condujeron una operación militar para eliminar guerrillas marxistas de los suburbios pobres de Medellín, una ciudad del noroeste de Colombia que ha sido centro del narcotráfico".
La llamada Operación Orión comenzó a las dos de la madrugada del 15 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Al menos 14 personas fueron muertas, y testimonios de habitantes y de organizaciones de derechos humanos aseguran que unas 50 más desaparecieron en las semanas subsiguientes.
"Vamos a continuar, y lo que estamos haciendo en la Comuna 13 es un mensaje contundente a los violentos, que es: desistan, vamos a llegar a todo el país porque la guerra de guerrillas urbanas no tiene cabida en Colombia", afirmaba Montoya en un texto fechado el 21 de octubre en el sitio web de la presidencia del país.
Las acciones del Bloque Cacique Nutibara duraron dos meses en la Comuna 13 y, según testimonios de desmovilizados, se coordinaban con las autoridades.
El reporte de inteligencia de la CIA incluye información de otros servicios de espionaje occidentales e indica que funcionarios estadounidenses han recibido informes similares de otras fuentes confiables, según los periodistas Greg Miller y Paul Richter, que escribieron el artículo del LA Times.
El informe fue filtrado al diario por una fuente que sólo aceptó ser identificada como empleado del gobierno de Estados Unidos. La CIA no confirmó ni desmintió la información, pero solicitó al periódico que no publicara ciertos detalles.
Además de su estrecha colaboración con oficiales estadounidenses en el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia, Montoya fue instructor de la ex Escuela de las Américas, llamada desde 2001 Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.
El miércoles por la noche, cuando el gobierno presentó por televisión cómo se planeó y ejecutó la operación de rescate de Betancourt y los otros 14 rehenes, el presidente Álvaro Uribe reveló que Montoya fue el comandante operativo de la exitosa misión, y recordó elogiosamente, aunque sin comentarios, la operación en la Comuna 13 de Medellín.
Uribe mencionó que ese día le habían llegado mensajes de miembros de la fuerza pública que le manifestaban que estaban presos "injustamente", y le pedían que "abogue por nosotros".
"Este es un estado de opinión", dijo Uribe y pidió a las organizaciones humanitarias: "Crean en Colombia, en este gobierno; este respeto a los derechos humanos en este operativo no es episódico".
A los jueces, el presidente les pidió "respetuosamente" que revisaran los casos de los militares presos y "donde de pronto haya un error, se corrija".

Paro Nacional 8 y 9 de Julio

AGUA DERECHO RECHAZA DL 1081 QUE ELIMINA EL PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO EN LA GESTION DEL AGUA

"AGUA DERECHO HUMANO" RECHAZA DL 1081 QUE ELIMINA EL PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO EN LA GESTION DEL AGUA.

"AGUA DERECHO HUMANO" en vista que el ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1081 denominado "Sistema Nacional de Recursos Hidricos" amparado en la reforma hidrica en marcha, cuya característica principal es permitir que la politica y Estrategia Nacional de recursos hidricos, asi como el Plan Nacional de Recursos Hidricos se formule eliminando el planeamiento concertado, RECHAZA el DL 1081 y pide una rectificación que valore la concertación de los actores.

"AGUA DERECHO HUMANO" aclara que el planeamiento concertado fue una conclusión de las autoridades iberoamericanas de recursos hidricos reunidos en Perú y cuyo pronunciamiento denominado "Declaración de Lima" destaca que los planea nacionales de recursos hidricos debe reconocer los procesos de planeamiento participativo de todos los actores y, la capacidad de gestión y financiación que asegure su viabilidad. Los esfuerzos alcanzados en esta reunión de Lima(marzo 2008) se enmarcaron en los principios de la Agenda 21, y las recomendaciones de la 16° Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para la implantación de Planes Nacionales de Recursos Hidricos.

"AGUA DERECHO HUMANO" tuvo acceso al proyecto del Sistema Nacional de Recursos Hidricos, en su versión de marzo del 2008, que a la letra señala en el art. 11 que es función del Instituto Nacional del Agua "concetar la formulación y supervisar la implementación de la estrategia y del Plan Nacional de Recursos Hidricos". Esto mismo, se señala en cuanto a la primera función de los consejos de cuenca.El concepto planeamiento participativo fue adoptado en el diseño del consejo directivo del Instituto Nacional del Agua al permitir que participe un representante de los gobiernos locales.

"AGUA DERECHO HUMANO" alerta que el DL 1081 estipula en el art. 12 es función de la Autoridad Nacional del Agua "formular la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hidricos, asi como el Plan Nacional de Recursos Hidricos". De ahí, que resulta coherente que en febrero del 2007, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento no continué con el proyecto "Mesa Nacional de Dialogo y Concertación por el agua y saneamiento", esto a pesar de los compromisos escritos y que obran en nuestros archivos.

"AGUA DERECHO HUMANO" denuncia que esta en marcha al viejo estilo liberal una Ley de Aguas privatista que tiene como elemento nuevo que un sector del Partido Nacionalista del Perú apoya las estrategias para garantizar agua cara para los mas pobres y saluda a la base Ancash del Partido Nacionalista del Perú el respaldo a nuestra propuesta para que la congresista "nacionalista" Juana Huancahuari retire su firma del dictamen del proyecto Ley de Aguas privatista.

"AGUA DERECHO HUMANO" estima que eliminar el planeamiento participativo en la gestión del agua pone en riesgo los principios de participación del publico y el establecimiento de normas consensuadas con los actores de la gestión del agua, que regule la actuación del Estado y la participación del sector privado permitiendo el establecimiento de la gobernabilidad del agua.

"AGUA DERECHO HUMANO" acota que eliminar el planeamiento participativo en la gestión del agua manda a la muerte la existencia del Grupo Técnico Nacional Intersectorial para sostenibilidad del Agua-GNISA, creado por Decreto CONAM N° 024-2003-CONAM.

"AGUA DERECHO HUMANO" considera relevante que el Ejecutivo reinvindique el planeamiento participativo y lograr con esta medida el tratamiento democrático sobre la reforma hidrica y la implementación del programa AGUA PARA TODOS, esto es que los actores tengan poder para tomar decisiones y asumir responsabilidades con amplitud y desarrollo político.

"AGUA DERECHO HUMANO" saluda el silencio complice del Sr. Mario Ríos asesor del congresista accesitario de la Comisión Agraria frente a las respuestas contundentes acerca de nuestra posición frente al proyecto Ley de aguas privatista y agradece las muestras de solidaridad del especialista en derecho de aguas Fernando Urbina Linares.

CARLOS FRANCO PACHECO
Director

Brack se reunió con Coalición de la Sociedad Civil para el Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente‏

Coalición plantea a ministro la necesidad de una agenda ambiental nacional

Ministro Antonio Brack se reunió con la Coalición de la Sociedad Civil para
el Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente

Sociedad civil sostiene que una nueva institucionalidad ambiental implica desafíos que van más allá de problemas organizativos y administrativos de la gestión ambiental.
Además plantean la necesidad de un modelo institucional ambiental que sea capaz de responder a las necesidades y desafíos ambientales nacionales e internacionales.
El ministro del Ambiente Antonio Brack Egg recibió ayer a la Coalición de la sociedad civil para el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, la cual está integrada por instituciones y redes que trabajan los temas de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, descentralizació n, minería y comunidades, quienes presentarán sus aportes en cuanto a las competencias del Ministerio y sobre la gestión ambiental en nuestro país.
Una de las principales preocupaciones que pone de manifiesto la mencionada Coalición es la indiferencia gubernamental para sostener un diálogo participativo y transparente sobre el desempeño de las diversas instituciones vinculadas a la gestión ambiental y los recursos naturales.

En la reunión la Coalición planteó algunos puntos que considera importantes para fortalecer el sistema de gestión ambiental, así como también sus preocupaciones en torno a los decretos legislativos recién aprobados, los cuales buscan facilitar el cumplimiento del TLC suscrito con los EE.UU y promover la competitividad económica:
Para asegurar la eficacia del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el liderazgo del MINAM, la Coalición considera necesario, entre otras cosas, que el MINAM cuente con atribuciones precisas en la gestión de las cuencas, los recursos hídricos y los servicios ambientales que ellos brindan; que posea atribuciones sobre la gestión de los recursos forestales, la fauna silvestre y sobre los servicios ambientales provenientes del bosque.
Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer competencias en materia de biodiversidad y bioseguridad, evitando la dispersión y la existencia de posiciones contradictorias. Igualmente, es preciso para la Coalición que el MINAM posea atribuciones sobre la revisión, certificación y fiscalización de los estudios de impacto ambiental en el ámbito nacional y que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tenga potestad sancionadora.
Resalta también la necesidad de que se destine los recursos económicos necesarios para asegurar un mejor desempeño en la gestión ambiental.
En cuanto a los Decretos Legislativos y la Gestión Ambiental, la Coalición recuerda que éstos se dan en el marco del TLC, el cual contiene tres grandes temas en materia ambiental: a) Mecanismos para alcanzar altos niveles de protección ambiental; b) Diversidad biológica y c) Materia forestal y control de la tala ilegal. Sin embargo, advierte que si bien se le ha dado al MINAM la potestad de determinar límites máximos permisibles (LMPs) en otros temas se mantienen las debilidades del sistema de gestión ambiental. La Coalición pone como ejemplo de ello el que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) se mantenga en los ministerios sectoriales.
En las normas que corresponden a los sectores llama la atención la poca consideración a lo ambiental que existe en temas como acuicultura e inversión en actividades de desalinizació n.
Para la Coalición los temas más polémicos en los Decretos Legislativos se encuentran referidos a las normas sobre SENASA, innovación agraria, semillas, inocuidad de alimentos, sobre las cuales es pertinente anotar el nivel de debilitamiento normativo, con las consecuencias que ello tiene en relación a semillas, autorización, sanidad, plaguicidas, envases y responsabilidad, entre otros temas. La Colación sostiene que el retroceso es significativo y preocupante.
Otro tema es la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la norma sobre tierra agraria. Los Decretos Legislativos 1064 y el 1090 han eliminado de la definición de recursos forestales y patrimonio forestal a la tierra con aptitud forestal, orientado hacia el tratamiento de tierra agraria, con el fin de poder garantizar derechos de propiedad sobre ella, en contra a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Recursos Naturales. El Decreto Legislativo 1064 permite que tierras con aptitud agropecuaria puedan ser materia de cambio de uso teniendo que garantizarse tan solo el 30% de la cobertura forestal. Otro problema que resalta la Coalición en la mencionada norma es el que se haya introducido una tercera forma de otorgamiento de concesiones forestales maderables: la solicitud de parte, con ello se renuncia a un principio fundamental del sistema forestal peruano que es el acceso a la concesión forestal a través de mecanismos únicamente competitivos (concurso y subasta pública).
En el tema de Descentralizació n de la Gestión Ambiental, la coalición considera que es indispensable definir los componentes de un plan de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental descentralizada. Además considera necesaria recoger la propuesta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de crear un Grupo de Trabajo entre el MINAM, los Gobiernos Regionales y representantes de la sociedad civil, que aborden la matriz de competencias y los mecanismos de coordinación intergubernamental, sobre todo porque el Ministro ha declarado que el MINAM no tendrá oficinas desconcentradas.
Finalmente, la Coalición considera que en el diseño de la matriz de competencias de carácter intergubernamental prevista en la Ley del Ministerio del Ambiente se debe considerar temas como el Estudio de Impacto Ambiental, Fiscalización, Manejo de Bosques, Cuencas Hidrográficas, Fauna y Flora Silvestre, Áreas no protegidas y Áreas de Conservación Regional, Ordenamiento Territorial, Educación ambiental, y los conflictos socio ambientales.

Integrantes de la Coalición de sociedad civil para el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente que han solicitado la reunión con el Ministro:

Cooperacción, CONACAMI, Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR), ECOSAD Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, Grupo Propuesta Ciudadana, Instituto Fortalece, Oxfam Internacional, Red Ambiental Peruana (RAP), Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), RED Globalización con Equidad, RED MUQUI, RED PERÚ, Sociedad Nacional del Ambiente, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)


-- "Cuando plantamos árboles, tengo que hacer recordar constantemente a todos que los árboles que están cortando hoy no fueron plantados por ellos, sino por quienes les precedieron. Por ello, tienen que plantar los árboles que beneficiarán a las comunidades en el futuro."Wangari Maathai - Premio Nobel de la Paz

Fentenapu, en defensa de los puertos.

DEFENDAMOS LOS PUERTOS PERUANOS
¡NO A LA CONCESIÓN PROCHILENA!EL MTC, PROINVERSION Y LA APN PRETENDEN BURLARSE DEL PAIS Y CONTRATAN CONSORCIO CHILENO PARA ACELERAR LA PRIVATIZACIÓN ENTREGUISTA DE PAITA Y PISCO.
…Sobre la privatización de los puertos

DECRETO LEGISLATIVO 1022

Un buen material para una Antología del disparate y la obsecuencia


C O M U N I C A D O


La Ley 27943, del Sistema Portuario Nacional tiene un origen histórico, surgió de una iniciativa legislativa de la ciudadanía que en el marco de la Ley 23600 y, con más de 200 mil firmas, vía la ONPE, el Congreso de la república aprobó y promulgó la ley 27396 que excluyó a ENAPU del proceso de privatización, declaró la intangibilidad de la infraestructura portuaria y delegó al MTC la constitución de una Comisión Multisectorial que elaborara un anteproyecto de ley de puertos consensuada. En esta comisión, participó la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, Indecopi, Ositran, el MEF, ADEX, el MTC y FENTENAPU. El anteproyecto elaborado fue presentado al Congreso para su debate y aprobación siendo promulgado por el Ejecutivo en Marzo de 2003.

Por mandato de esta ley surge la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pero omiten constituir hasta hoy, las Autoridades Portuarias Regionales (APR) que por mandato de la norma señalada, se encargarían de la descentralización de la gestión y el proceso de desarrollo de los puertos. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Portuario fue otro mandato de la ley encargado a las autoridades mencionadas mediante el ordenamiento de los Planes Maestros que cada APR aprobaría, pero al no existir estas últimas, es la APN quién lo elaboró a su antojo con fuerte presión de los lobby.

Con el Reglamento de la Ley de puertos, aprobado por Decreto Supremo del MTC, se procede al sistemático incumplimiento de lo normado por la ley, centralizando la gestión y clasificando arbitrariamente los puertos en nacionales y regionales para evitar la participación de los Gobiernos Regionales y Municipales en el destino de los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo, Yurimaguas e Iquitos. Para tal efecto, el Gobierno de García emitió una serie de Decretos y Resoluciones con la pretensión de legalizar lo actuado, pero ante la reacción oportuna y firme de Congresistas, Presidentes Regionales, Alcaldes, los gremios sindicales y líderes de opinión, el mismo gobierno opta como siempre, por lo absurdo: El Decreto Legislativo 1022, que es todo un disparate y reafirma una vez más su obsecuencia a los grupos de poder económico y a los empresarios chilenos "para que no se molesten".

Propósitos de este Decreto Legislativo:

Ø transfiere al MTC todos los activos de ENAPU (Todas las instalaciones portuarias) para que la Ministra pueda entregarlos a sus mandantes sin mayores dificultades.

Ø Reduce el ámbito de aplicación de la ley del sistema portuario sólo a los puertos, excluyendo a los que encarecen los costos.

Ø Formaliza que la APN elabore los Planes maestros de los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo, Yurimaguas e Iquitos y le asigna a las APR los puertos de lanchonaje.

Ø Entrega en exclusividad a un operador privado de uno o varios puertos, aboliendo la competitividad intraportuaria y estableciendo la integración vertical del negocio (Monopolio)

Ø Declara como servicio esencial la actividad portuaria, requisito que les faltaba para reprimir las reclamaciones de los trabajadores, no obstante que la OIT en 1994 rechazó, ante una denuncia nuestra (FENTENAPU) un decreto del gobierno de ese entonces, que declaraba a los puertos como servicios esenciales, en el marco del decreto ley 25593 de relaciones colectivas, sindicales y huelga.

ESTE DECRETO LEGISLATIVO ES LA EXPRESIÓN MÁS HUMILLANTE DE SUBORDINACIÓN A LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO LOCAL QUE SE HAN ACOMODADO DE FURGÓN A LA LOCOMOTORA CHILENA. AYER SE LES LLAMÓ LOS 12 APÓSTOLES, LUEGO CAMBIARON LA TÚNICA POR EL KIMONO Y HOY SU PARADIGMA ES CHILE.

HAN PUESTO AL PERÚ EN SUBASTA: PUERTOS, AEROPUERTOS, FERROCARRILES, CARRETERAS, PETRÓLEO, MINAS, BOSQUES, TIERRAS, GAS, EL MAR, LOS CIELOS, LA SALUD, LA EDUCACIÓN, LAS TELECOMUNICACIONES, ¡TODO!

POR ESO EL 9 DE JULIO, ¡PARO NACIONAL!, ESTAREMOS LOS PORTUARIOS CON NUESTRA GLORIOSA CGTP, JUNTOS CON NUESTRO PUEBLO, COMO UN SOLO PERUANO PARA DEFENDER A LA PATRIA.

Callao, 23 de Junio de 2008