César Lévano
Razón Social
El caso Keiko Fujimori ha tenido la virtud de exhibir sin tapujos al gobierno aprista como encubridor de delitos contra la economía nacional y contra la moral pública.
El hecho de que el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, diga que es inoportuna la investigación iniciada por Gladys Echaíz, Fiscal de la Nación, respecto a Keiko y sus hermanos expresa una realidad alarmante: la hegemonía política del APRA en el Poder judicial está conduciendo a una quiebra del estado de derecho.
Es un secreto a voces que el aparato judicial ha sido capturado por el aprismo. Su objeto es lograr impunidad para los delitos cometidos por exponentes de un régimen cuya marca de identidad es la corrupción.
No es casual que a cada paso se manifieste la alianza del APRA y el Fujimorismo. Se trata, después de todo, de gente que se ha distinguido por entrar a saco en las arcas fiscales y por favorecer, previo acuerdo bajo la mesa, los intereses de las grandes empresas, nacionales o internacionales. En la defensa de Keiko se manifiesta el frente único de los corruptos y los vendepatria.
Keiko Fujimori y sus hermanos están sometidos a investigación. La Fiscal ha precisado, en mentís a Velásquez Quesquén, que esa indagación nunca fue archivada. A los hijos del ex dictador se les acusa de complicidad en el enriquecimiento ilícito de su padre. También se les podría acusar de complicidad en el delito de peculado.
Sus estudios caros en Estados Unidos, sus lujos, sus viajes numerosos, no se financiaron con los dos mil soles mensuales que ganaba Alberto Fujimori como primer mandatario, ni con la venta de una casita de sus abuelos, ni con préstamos carentes de pruebas.
La señora Keiko es candidata a la presidencia de la República. Quiere ejercer el más alto cargo del país, un cargo al que su padre renunció desde Asia y por fax. Es la misma falta de respeto y de responsabilidad que la ha llevado a ella a ausentarse, en suma, durante más de un año del Congreso.
La Fiscal Echaíz no es antiaprista. Al contrario. Ella no oculta sus simpatías por el partido de la estrella. Su esposo, Flavio Núñez, fue precandidato del APRA a la alcaldía de Chiclayo. En abril, él declaró: “He sido, junto con Alan García, muy allegado a Haya de la Torre. A Alan lo conozco desde hace 40 años. Somos muy amigos”.
Por eso mismo cobra relieve la energía con que la Fiscal ha denunciado y rechazado presiones. “Existe una total interferencia política”, ha declarado. “Allí está el Partido Aprista, el premier Velásquez, quien es el vocero del Ejecutivo, que salió a decir que era inoportuna una investigación a Keiko Fujimori”.
La justicia y la moral pública se colocan una vez más en el centro de la inquietud del Perú, más allá de las maniobras de la casta gobernante.
El hecho de que el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, diga que es inoportuna la investigación iniciada por Gladys Echaíz, Fiscal de la Nación, respecto a Keiko y sus hermanos expresa una realidad alarmante: la hegemonía política del APRA en el Poder judicial está conduciendo a una quiebra del estado de derecho.
Es un secreto a voces que el aparato judicial ha sido capturado por el aprismo. Su objeto es lograr impunidad para los delitos cometidos por exponentes de un régimen cuya marca de identidad es la corrupción.
No es casual que a cada paso se manifieste la alianza del APRA y el Fujimorismo. Se trata, después de todo, de gente que se ha distinguido por entrar a saco en las arcas fiscales y por favorecer, previo acuerdo bajo la mesa, los intereses de las grandes empresas, nacionales o internacionales. En la defensa de Keiko se manifiesta el frente único de los corruptos y los vendepatria.
Keiko Fujimori y sus hermanos están sometidos a investigación. La Fiscal ha precisado, en mentís a Velásquez Quesquén, que esa indagación nunca fue archivada. A los hijos del ex dictador se les acusa de complicidad en el enriquecimiento ilícito de su padre. También se les podría acusar de complicidad en el delito de peculado.
Sus estudios caros en Estados Unidos, sus lujos, sus viajes numerosos, no se financiaron con los dos mil soles mensuales que ganaba Alberto Fujimori como primer mandatario, ni con la venta de una casita de sus abuelos, ni con préstamos carentes de pruebas.
La señora Keiko es candidata a la presidencia de la República. Quiere ejercer el más alto cargo del país, un cargo al que su padre renunció desde Asia y por fax. Es la misma falta de respeto y de responsabilidad que la ha llevado a ella a ausentarse, en suma, durante más de un año del Congreso.
La Fiscal Echaíz no es antiaprista. Al contrario. Ella no oculta sus simpatías por el partido de la estrella. Su esposo, Flavio Núñez, fue precandidato del APRA a la alcaldía de Chiclayo. En abril, él declaró: “He sido, junto con Alan García, muy allegado a Haya de la Torre. A Alan lo conozco desde hace 40 años. Somos muy amigos”.
Por eso mismo cobra relieve la energía con que la Fiscal ha denunciado y rechazado presiones. “Existe una total interferencia política”, ha declarado. “Allí está el Partido Aprista, el premier Velásquez, quien es el vocero del Ejecutivo, que salió a decir que era inoportuna una investigación a Keiko Fujimori”.
La justicia y la moral pública se colocan una vez más en el centro de la inquietud del Perú, más allá de las maniobras de la casta gobernante.