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TODAS LAS MINERAS CORTADAS POR LA MISMA TIJERA

Caso Majaz


RIO BLANCO COOPER, Contrató al Dr. Jorge Avendaño Valdez, pero no es suficiente su prestigio para contrastarlo con la realidad de los hechos.

Para el abogado Quique Rodríguez, líder social en Piura, la Empresa Rio Blanco Cooper(ex Majaz) está brindando "información falsa orientada a confundir a la opinión pública" .En declaraciones para medios alternativos ,aseveró que la versión de la empresa minera que dice contar con los permisos legales para realizar exploraciones en los territorios de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), es una mentira mas grande que las torres gemelas de New York.
Recientemente un comunicado distribuído en Piura, enplaza a Río Blanco Cooper y por ejemplo en el punto 4, de ese pronunciamiento, dice "Sin desmerecer las calidades profesionales del Dr. Jorge Avendaño, es necesario señalar que el emite un informe de parte por cuanto fué contratado por la empresa minera para dicho encargo ".El abogado Rodríguez afirma que Majaz "contrató al Dr. Avendaño para una consultoría legal para analizar los documentos (que le alcanzaron) en ese momento" es decir el existente entre Coripacha S.A. y las comunidades campesinas".

La empresa Coripacha S.A de propiedad de Minera Newcrest de Australia, vendió a Monterrico Metals Plc. de procedencia Inglesa sus acciones y operó en el Perú como Minera Majaz , luego sus acciones fueron vendidos al consorcio Zijin de capitales Chinos quien a su vez opera con la personería jurídica de Rio Blanco Cooper, pero ninguna consiguió el consentimiento de las comunidades Campesinas para operar en la zona.

La empresa minera Coripacha, obtuvo 59 firmas de un grupo de comuneros el año 1997, en la cual figura también Hernán Garate Llerena trabajador de Coripacha S.A, es este documento el que actualmente Rio Blanco Cooper afirma le otorga los derechos sobre la propiedad comunal, sin embargo para Quique Rodríguez "los convenios no son validos porque dicho acuerdo no fue en asamblea general" así también se incumple el Artículo 11º de la Ley Nº 26505 que exige "para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad" según lo informó la defensoría del pueblo el 14 de noviembre del 2006.


Para Quique Rodriguez al Dr. Avendaño le han dado información parcial pues "él (Avendaño) dice son validos los convenios entre Coripacha y las comunidades". Sin embargo el año 1997 la asamblea general estaba compuesta de 404 comuneros y sólo firmaron 59, además "no se le puede llamar asamblea porque fue una actividad comunal". Así también dijo que en la comunidad de segunda y Cajas existe un documento en cual "firman sólo 37 comuneros" acoto Rodriguez.

SERVIDUMBRE MINERA
Una de las conclusiones del informe de Avendaño en el punto 4.7 Jorge Avendaño Valdés dice "en el supuesto que se desconociera los efectos jurídicos de los convenios de uso de tierras superficiales, minera Majaz podría invocar cálidamente la prescripción adquisitiva de servidumbre" ante esto Rodriguez afirmó "para mí no es serio porque en sus conclusiones arriba a dos posibilidades, no hay una afirmación que concluya en un caso de servidumbre" es decir que Majaz pueda pedir que se le reconozca, se constituya la servidumbre por los 5 años en que se encuentra trabajando en la zona ( 2002 al 2007).

Para Quique la "prescripción no es aplicable" por la misma razón que concluye el informe de Defensoría que dice "Si bien Minera Majaz adquirió las acciones de Minera Coripacha S.A., legalmente constituyen dos personas jurídicas distintas y, por tanto, se requería una Cesión de Posición Contractual aceptada por la Comunidad de Segunda y Cajas para transferir los permisos a Minera Majaz, empresa que estaba realizando el procedimiento administrativo de solicitud de aprobación de la Evaluación Ambiental". Es decir Defensoría en su informe dice que los permisos no valen para Majaz, pero si para Coripacha.

Así también Rodríguez cuestiona "si Majaz considerara que los permisos entre las comunidades y Coripacha les servía, ¿ por qué en el 2002 pidió autorizaciones a las comunidades campesinas , el 9 de Julio a Carmen de la frontera y el 17 agosto a Yanta ?.

-- Red Regional Agua democracia y Desarrollo
PIURA, ESPECIAL PARA AQUIJE INFORMA

ICA ESPERA EJEMPLAR SENTENCIA CONTRA FUNCIONIARIOS CORRUPTOS DEL INC

EL LUNES 14 JULIO SENTENCIAN A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DE ICA POR EL ROBO DE DOS MANTOS PARACAS Y UNA TUNICA WARI DEL MUSEO REGIONAL DE ICA
Por Hugo Alfaro Espino.

Luego de cuatro años de reclamar justicia por la perpetración de presuntos robos, adjudicaciones indebidas, huaqueos indiscriminados y la falta de dedicación en la conservación del patrimonio de la humanidad por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura de Ica que fueron el inicio de una exhaustiva investigación y posterior campaña periodística, estamos ad portas de conocer el veredicto de los jueces a pesar de la muy poca cobertura periodística en la sureña ciudad de Ica-PERU, salvo la valiente denuncia del periodista Renán Palacios Uribe y un selecto grupo de colegas que lo acompañaron por su identificaciónque con la preservación del patrimonio cultural regional.

Los frutos de la investigación periodística que le costó ser amenazado de muerte a Renán Palacios ,puede poner coto al tráfico de especies precolombinas en Ica, tiene su partida inicial el 20 de Febrero del 2006 en que luego de examinar la Denuncia la Segunda Fiscalía Penal de Ica, de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) ,el Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica; se abre instrucción en la vía ordinaria contra el Ing. Jesús Cabel Moscoso, Ex Director del INC; el CPC Jorge Ramos Huamán, Ex Administrador del INC; la Arqueóloga Susana Arce Torres, Directora del Museo Regional de Ica y Renán Ajalcriña De la Cruz, ex Guardián del Museo Regional de Ica; por los delitos de incumplimiento de deberes funcionales y peculado culposo, previstos y penados en los artículos 377º y 378º del Código Penal vigente.

La actuación durante el proceso, del ex Director del INC a nivel nacional Dr. Luís Guillermo Lumbreras Salcedo, fué decepcionante y encubridora, puesto que a pesar de ser citado por mas de tres veces al Quinto Juzgado Penal de ICa, no presto jamás su declaración testimonial, acción que constituyó una burla para los iqueños que coincidieron en opinar que su renuencia resultaba sospechosa, porque nunca estuvo de acuerdo con que el Juez haya decidido abrir instrucción contra los funcionarios del INC Ica.Lumbreras nunca los responsabilizó por el robo ocurrido la madrugada del 15 de Octubre del año 2004; cargándole los dados al ex guardián Renán Ajalcriña De la Cruz.

Algo había que hacer, las denuncias se hicieron , si tenemos en cuenta que faltan políticas a favor del patrimonio cultural nacional que recojan las recomendaciones de convenciones internacionales de las cuales como país somos firmantes; mientras no ocurra una sentencia que quede firme y consentida, Cabel y compañía sigue riéndose de quienes de una u otra forma defendemos el patrimonio arqueológico de la nación aún a costas de nuestras vidas.

Este lunes 14 a las ocho de la mañana con veinte minutos, esperamos que la segunda sala penal integrada por la Dra. Ana Sasieta y los vocales Coaguila Chávez y Cavero Aquije; dictarán sentencia contra los procesados por delito de negligencia, omisión, peculado culposo en este caso contra el Ing. Jesús Cabel Moscoso – Ex Director del INC Ica, el C.P.C. Jorge Ramos Huamán, Ex Administrador del INC, y contra quienes resulten responsables por el robo perpetrado en el Museo Regional de Ica el pasado 15 de Octubre del 2004.

La poca prensa anti-corrupción de Ica, que ha seguido de cerca el proceso, ha destacado la acertada actuación del señor Fiscal del Ministerio Público Amadeo Mora Coñes, quien ha actuado dentro de los cánones establecidos, así como la imparcialidad que hasta el momento ha mostrado el colegiado que integra la Segunda Salas Penal; lo que no ha acontecido precisamente con el abogado de la parte civil quien en una actitud por demás complaciente no asumió la verdadera defensa del patrimonio arqueológico sustraído, por estar presuntamente subordinado a los designios de uno de los acusados que continúa en la parte administrativa de esta importante institución como es el INC - Ica.


Durante el proceso cabe destacar la defensa del acusado Renán Ajalcriña a cargo del Abogado Leonél Falcón Guerra quien durante el pliego de preguntas realizadas a Tambra Bendezú , responsable de la venta e instalación del equipo que serviría irónicamente para la seguridad del Museo Regional de Ica; dejó demostrada la negligencia cometida por los principales funcionarios del INC de allanarles el camino a los delincuentes que cometieron el ilícito, al no atender la recomendación de adquirir un estabilizador avaluado en 150 dólares, no obstante que los pagos por la adquisición del equipo se hizo casi al contado, lo que significaba que antes de los hechos existía efectivo para realizar la compra del repuesto requerido que hubiera evitado el robo del siglo.

Tambra Bendezú, declaró que cuando se instaló el equipo sugirió que la alta Dirección del INC propusiera personal para ser capacitados en el manejo de los controles del circuito cerrado, este pedido no fue atendido por la máxima autoridad y sólo se limitó a enseñarle el manejo al Ingº Jesús Cabel Moscoso Director Regional del INC.

En igual forma, otro de los testigos presentados por Falcón en este caso, puso el dedo en la llaga cuando Juan Higinio Cossío Calderón, ex guardián del INC refirió que su jefe inmediato era el C.P.C. Jorge Ramos Huamán, Administrador del INC Ica, cosa negada de principio a fin en el proceso; declaración que la sustentó con documentos procedentes de la alta dirección del INC Lima y que fueron alcanzados al colegiado.

La versión de Cossío logró caldear los ánimos del abogado defensor de Ramos Huamán el Dr. Mesías quien fiel a su estilo pretendió intimidarlo con artilugios vedados para que éste dé marcha atrás en su versión que prueba una vez mas que Jorge Ramos Huamán cumplía antes y durante los hechos del 15 de Octubre 2004 , el cargo de Administrador del Museo Regional de Ica.

Ante la falta de credibilidad del Poder Judicial, es la oportunidad del colegiado que integra la Segunda Sala Penal de reivindicarlo con la emisión de una sentencia ajustada totalmente a la verdad sin dejarse impresionar por las actuaciones que tuvieron los abogados defensores de los principales acusados (Jesús Cabel Moscoso, Ex Director del INC y Jorge Ramos Huamán, Ex Administrador del INC).

Cabe mencionar que por la patente de corzo que gozan los funcionarios del INC, nadie sabía que pasaba con nuestros tesoros culturales. No había duda que el reino del mal había cundido en nuestro espacio privándonos de nuestra identidad.

Instituciones y autoridades aún sin proponérselo han sido pasivos cómplices por negligencia, ignorancia o indiferencia.

Luego del referido robo , la modernidad pretende reemplazar el arte milenario textil que se llevaron los profanadores de nuestra cultura e identidad, con la exhibición en el propio Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkis” de una gigantografia en un banner que amplifica la foto en gran formato del Manto Paracas robado el 15 de Octubre del 2004.

Concluimos, en que se debe dirigir una campaña de difusión masiva a través de los medios de comunicación, colegios, universidades, etc.; a fin de motivar a valorar nuestro patrimonio por ser un legado que dejaremos a las nuevas generaciones.

PARO AGRARIO FUE CONTUNDENTE EN AYACUCHO




Lima, 8 de julio de 2008


La congresista Juana Huancahuari destacó el éxito del primer día de paro agrario, como antesala del paro nacional decretado por la CGTP y que se ha reflejado con masivas movilizaciones de todas las organizaciones agrarias en defensa de los territorios de las comunidades campesinas, nativas, del medio ambiente y contra la presencia militar de EEUU en Ayacucho, entre otros.

Desde Huamanga, la legisladora Huancahuari saludó la participación del pueblo ayacuchano que demuestra su compromiso y preocupación por la nefasta política del gobierno. “El paro no es un capricho, es la respuesta de los peruanos ante el recorte de sus derechos ciudadanos y que son inherentes a las comunidades campesinas”, dijo.

Agregó que hay muchos decretos que afectan las tierras y territorios de los peruanos. Por ejemplo, el decreto 1064 dispone que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre para la exploración y explotación minera, petrolera, entre otras, y elimina el acuerdo previo entre las comunidades y las mineras. Con ello el gobierno permite que las mineras atropellen las tierras de las comunidades, afirmó.

De otro lado, Huancahuari comentó el grave error del gobierno al difundir un spot contra el paro, con la imagen de Vladimiro Montesinos, que ha costado más de cincuenta mil soles, y que iba a ser pagado por el PNUD. “El Apra se apoya ahora en los corruptos y asesinos para empañar las protestas de la población. Con esos cincuenta mil soles se pudo haber resarcido a varias comunidades que requieren apoyo”, dijo.

Asimismo, Huancahuari rechazó la Resolución Suprema 242-2008-DE, que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la Policía Nacional del Perú, y acusó al gobierno de querer avivar la violencia en el país para forzar la declaratoria del estado de sitio en el territorio nacional y suspender, así, las garantías constitucionales.

Por último, la congresista hizo un llamado de alerta a la población sobre cualquier acción de infiltración o provocación de civiles paramilitares en las marchas, que pretendan provocar disturbios y violencia.


COLOMBIA: ¿Ejército burló a las FARC la liberación de Betancourt?

Por Kintto Lucas*

QUITO, jul (IPS) - Una fuente cercana a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situada en el frontera de ese país y Ecuador, aseguró a IPS que el rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, efectuado el miércoles por militares colombianos, "interceptó la liberación programada para este fin de semana o el próximo" por esa guerrilla.

IPS no ha podido confirmar esta versión con otras fuentes.
"La liberación estaba programada para este fin de semana o el próximo, según había acordado el secretariado y el propio 'Alfonso Cano' (líder máximo de las FARC), por eso se daba el reagrupamiento" de los rehenes, que estaban separados en tres contingentes en diferentes lugares de la selva, dijo la fuente, que pidió no revelar su identidad.
"Las Fuerzas Armadas (colombianas) se enteraron e interceptaron la liberación para hacer creer que se trataba de un rescate", sostuvo..
La explicación del gobierno colombiano sobre el exitoso operativo afirma que, mediante infiltraciones y otros mecanismos de espionaje, los militares consiguieron hacer llegar a la guardia guerrillera de los rehenes una presunta orden superior, falsa, de agruparlos y entregarlos a miembros de una supuesta misión humanitaria que los trasladaría, en helicóptero, hasta donde se encontraba uno de los principales comandantes de las FARC.
En Madrid, el ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos planteó el sábado que el operativo de inteligencia "fue adelantado 10 días para que los terroristas no se dieran cuenta de la infiltración" de la que eran objeto.
IPS expuso en Bogotá la versión del "robo" de la liberación de los rehenes a varios analistas, cuyas conjeturas coincidieron con las afirmaciones de la fuente cercana a las FARC recogidas en la frontera colombo-ecuatoriana.
Sin embargo, todos aclararon que no disponían de información concreta. Tampoco especularon sobre a quién irían a ser entregados los rehenes si la versión fuera cierta.
Otros observadores consultados, todos cercanos a la cuestión de los rehenes en manos de las FARC, están convencidos de que al menos un jefe a cargo de la vigilancia de los cautivos se vendió, y concretamente mencionan a Gerardo Antonio Aguilar, de nombre de combate "César", el guerrillero comandante del Frente 1 de la guerrilla que subió junto con otro combatiente al helicóptero en el que fueron embarcados los rehenes. Ambos fueron capturados.
Uno de ellos es el periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, y facilitador oficial para acercamientos con las FARC, quien contestó, cuando IPS le expuso la versión sobre la "compra" de los cautivos a "César": "No me cabe duda".
Otra fuente vinculada a la negociación europea con la guerrilla dijo a IPS, bajo condición de anonimato, que los facilitadores supuestamente sabían "que el presidente había dicho que estaba tratando de convencer a "César", y agregó estar "casi seguro" de que Uribe lo mencionó por su nombre "hace un mes o tres semanas".
En su concepto, "por supuesto" que "César" habría sido comprado, y eso explica el éxito de la operación. "No tengo prueba, claro. Pero lo estaban intentando hace varios meses. El presidente habló del fondo de 100 millones" de dólares para comprar a la guardia de los cautivos, señaló.
El 2 de junio, en un acto con estudiantes paralelo a la 38 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la noroccidental ciudad Medellín, la senadora opositora Piedad Córdoba alertó sobre la operación.
Aludió al fondo de "100 millones de dólares para comprar a alguno de los del secretariado (cúpula) de las FARC o a alguno cercano, para luego hacer una estrategia de rescate a sangre y fuego por Ingrid Betancourt sin que el país lo sepa".
La colombiana Córdoba actuó como mediadora oficial entre el gobierno y la guerrilla, desde agosto a noviembre de 2007, junto con el presidente venezolano Hugo Chávez, y logró la liberación unilateral de seis rehenes.
En la operación Jaque, finalmente, no hubo muertos.
Los observadores que coinciden en la versión de la "compra" de "César" se preguntan cómo es posible que los dos guerrilleros hayan dejado en tierra sus fusiles tan dócilmente, cuando se conoce que los insurgentes incluso duermen con su armamento. También plantean por qué el resto de la tropa guerrillera permaneció al menos a cien metros de distancia durante la operación con el helicóptero.
Pero "César" y su compañero fueron mostrados a la prensa el viernes, y el guerrillero, además de golpeado, se ve abatido y derrotado en la expresión de su rostro y en la actitud corporal. Ambos guardaron silencio.
Además, el propio comandante operativo del rescate, general Mario Montoya, dijo que la operación Jaque costó poco más de 1.700 dólares y no se pagó a nadie.
"La parte importante de esta historia" fue cómo la inteligencia militar logró que el superior regional de "César", el comandante del Bloque Oriental de las FARC Jorge Briceño (conocido como "Mono Jojoy") le diera la orden a "César" de entregar a los rehenes, dijo Montoya, pero no dio detalles.
El hecho, dijo el general, "es que la orden se dio y, como dice la guerrilla, ‘la orden se cumple’. Y ellos (los jefes a cargo de los cautivos) estaban cumpliendo la orden, según ellos. Estaban cumpliendo la orden", subrayó.
"Logramos infiltrar y penetrar fuentes humanas que nos permitieron llegar a esa decisión final", reiteró Montoya, es decir que la guardia de los rehenes los agrupara, pues estaban en tres grupos a 50 kilómetros de distancia cada uno, y luego los condujera 150 kilómetros al norte, al encuentro del helicóptero y de una falsa comisión internacional.
La caminata de los cautivos duró mes y medio, según el general Freddy Padilla, comandante de las fuerzas militares de Colombia.
*Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá).(FIN/2008)

QUE CECILIA VALENZUELA VEA EL VIDEO DEL CANDIDATO GARCIA EN AYABACA


Más de uno quedó sorprendido con el spot publicitario en el que se puede ver a Vladimiro Montesinos, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, declarando acerca de cómo durante el gobierno de Fujimori los miembros del Sutep y otras organizaciones no se atrevían a realizar manifestaciones y, en el que, acto seguido, se insta a la población a no participar en el paro convocado para mañana miércoles 9 de julio.Pero, más allá del contenido del anuncio, lo que ahora ha sorprendido es la fuente del financiamiento del mismo. Según varias personalidades del Gobierno, fue el Apra quien financió el polémico spot televisivo. Sin embargo, Canal N mostró un documento que revela que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encargó su difusión a cuenta de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo la víspera que fue el Apra quien financió el polémico spot publicitario que utiliza la figura de Vladimiro Montesinos para desacreditar el paro de mañana miércoles 9, dicha afirmación fue hoy seriamente cuestionada. El noticiero “13 horas” de Canal N informó que fue la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la que encargó la difusión del aviso a cuenta del PNUD.La revelación se sustenta en un documento en el que se solicita la transmisión del spot “No al paro”. Según el detalle del documento, en el rubro producto figuran en las siglas “PCM” y, como cliente al cual facturarle el monto de la difusión, el PNUD.elcomercio.com.pe intentó comunicarse con el PNUD para recoger su versión sobre este informe, sin embargo sus representantes no estuvieron disponibles en ese momento para atender a nuestro llamado.En tanto, la presidenta de la ONG Calandria, Rosa María Alfaro, opinó que de ser cierta esta información se trataría de un grave hecho de corrupción.
Respuesta inmediataJorge del Castillo, sin embargo, salió al frente luego de la revelación y reafirmó que fue el partido aprista quien encargó la difusión del spot de 17 segundos en el que aparece la figura del controversial ex jefe de inteligencia del gobierno fujimorista. En comunicación telefónica con Canal N, Del Castillo Gálvez indicó que sí está al tanto de un aviso con publicidad del Estado de 40 segundos pero que no se trata del polémico spot en cuestión.
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Señor Internauta invierta 4 minutos 23 segundos para que Ud. juzgue con sus propios ojos oídos como es que logró ganar el candidato García.

Revelador video demuestra el pensamiento de García nada menos que en la golpeada zona de Ayabaca en la sierra de Piura, cuando estaba en campaña electoral.El Presidente García ha dejado que se enseñoree la empresa minera RIO BLANCO COOPER, traicionando su enfoque de candidato que fué proteger a la pequeña agricultura.Vean y saquen sus conclusiones:

Perú: Región Madre de Dios amaneció paralizada


Hoy la región de Madre de Dios amaneció paralizada. Instituciones públicas y privadas, colegios, bancos y comercios cerraron sus puertas, mientras que transportistas, comerciantes, empresarios y la población en general, expresó su solidaridad con los manifestantes que participan en el Paro Regional.
Respondiendo al llamado de las ocho federaciones que integran la Alianza de Federaciones de Madre de Dios, cientos de indígenas, agricultores, castañeros, pequeños mineros, pequeños madereros, comerciantes, transportistas, miembros de los clubes del Vaso de Leche se desplazaron hacia Puerto Maldonado.
En embarcaciones, medios de transporte terrestre y a pie, desde diferentes e incluso alejados puntos de la región, de manera organizada se inició la multitudinaria protesta.
Asimismo, la Cámara de Comercio viene apoyando activamente la medida de fuerza.
De esta manera la población de Madre de Dios inició el rechazo de las normas que el gobierno central viene dictando para formalizar el despojo de las tierras habitadas y aprovechadas por la población amazónica desde hace siglos, las cuales representan sus espacios vitales, la garantía para su bienestar y el de sus futuras generaciones.
La protesta es también una expresión de rechazo a la desidia e inacción de las autoridades locales frente a la situación, demandas y propuestas de la población regional ante la peligrosa, interesada e inconstitucional política del gobierno central.
El primer día del Paro convocado por la Alianza de Federaciones de Madre de Dios empezó de forma contundente, con éxito y respaldo multitudinario.
La acción indica la conciencia cívica de la población acerca del carácter antidemocrático de las medidas del gobierno central y de sus peligrosos efectos sobre el pueblo peruano.

Fuente: Alianza de Federaciones de Madre de Dios

Perú: Nuevas reformas jurídicas para profundizar el modelo neoliberal

- Indígenas y campesinos entre los más perjudicados


Por Luis Vittor


Es paradójico, en un país democrático, que quienes fueron elegidos para legislar no lo hagan y que las reformas no sean producto de los necesarios consensos políticos. En el Perú, lo que no hace el Parlamento lo hace el Poder Ejecutivo; mientras los debates parlamentarios se distrajeron en escándalos de empleados fantasmas, el Ejecutivo le facilitó el trabajo de la creación de leyes.
En 180 días ha promulgado más de 100 decretos legislativos al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del TLC con Estados Unidos, que han exaltado el clima político en días previos al paro nacional del 8 y 9 de julio.
Los decretos legislativos (DL) del gobierno aprista de Alan García, constituyen un nuevo paquete de reformas para garantizar no sólo la implementación del TLC sino fundamentalmente para profundizar el modelo liberal y eliminar la oposición social que “obstaculiza” la libre circulación del capital privado.
Los DL marcan un nuevo hito, sólo comparable con las reformas realizadas en el gobierno de Fujimori a inicios de la década de los noventa por recomendación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El propio García, en su artículo “Una apuesta crucial por el siglo XXI”, publicado el domingo en el diario El Comercio, señala que gracias a las facultades otorgadas “se ha promovido una gran transformación jurídica en el Estado” y justifica que éstas tienen por finalidad “transformar el Estado”, “aumentar el crecimiento y fomentar la inversión”, mejorar la “calidad educativa y competitividad técnica”, “generar empleo decente y formalizar el trabajo” y “agilizar la acción pública”.
Lo controversial de los DL es ver si estas se ajustan a las facultades otorgadas o constituyen un “abuso” de las mismas, ya que algunos no tendrían relación con el TLC suscrito con Estados Unidos. El analista económico Humberto Campodónico ha estimado que al menos 20 de los decretos no se ajustarían a las facultades otorgadas (La República).
La Defensoría del Pueblo y un grupo de parlamentarios han interpuesto dos demandas de inconstitucionalidad contra el DL 1015 referido a la disposición de las tierras comunales por parte de las comunidades campesinas. Organizaciones campesinas e indígenas han anunciado la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra al menos cuatro decretos legislativos. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha solicitado al Congreso la derogatoria de dos decretos (DL 1057 y 1086).
Otro aspecto controversial es que la “avalancha” de decretos tiene una cuota de contrabando al trabajo parlamentario, ya que algunos eran Proyectos de Ley que el gobierno había enviado al Congreso y tenían el dictamen de “archivase”, mientras que otros habían recibido fuertes críticas y la oposición de grupos parlamentarios, que ahora el propio Parlamento tienen la oportunidad de corregir a través de control político que debe realizar a este tipo de decretos legislativos.
Una manera “criolla” de sacarle la vuelta a la democracia, lo que ha despertado sospechas de “lobbies” tras su promulgación, y que según denuncias hechas públicas beneficiarían a empresas de diversos sectores productivos: minería, lácteos, puertos, pesquería y reforestación.
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha denunciado que el DL 1022 beneficiaría a capitales chilenos; el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha denunciado que el DL 1031 en práctica podría constituir el inicio de la privatización de esta empresa de servicios de agua potable de Lima; y la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) ha denunciado que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo Gloria.
“Desaparición” de comunidades campesinas y nativas
Un blanco de los decretos legislativos son las comunidades campesinas y nativas, que en el caso de los andes y la amazonía han constituido territorios de resistencia al modelo neoliberal por su oposición y/o críticas a los mega proyectos de industrias extractivas, especialmente los mineros. Con estos decretos, según García, la idea es abrir “nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas”.
Se ha promulgado al menos cuatro decretos para “desaparecer” las comunidades y entregar las tierras comunales a manos privadas. García sostiene que al facilitar “su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc.” se estaría sacando “de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria”.
Las organizaciones indígenas y campesinas, como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), han denunciado que el paquete dedicado a quebrar la resistencia de las comunidades incluye cambios legales que afectan sus derechos al territorio, al agua, a la autonomía, a la consulta, al consentimiento, al desarrollo, entre otros, que responden a las obsesiones del presidente García por eliminar la propiedad colectiva y favorecer el acceso a empresas interesadas en desarrollar proyectos mineros, forestales, biocombustibles, etc.
En el caso de la minería, la denuncia de las organizaciones tendría argumento. Efectivamente, los decretos (DL 1015, 1073 y 1064) responderían a una clara intención de favorecer el desarrollo de proyectos mineros en territorio de comunidades campesinas, al reducir el voto de 2/3 a 50 por ciento de los comuneros para decidir el destino de las tierras y al eliminar el “acuerdo previo” para el acceso a tierras comunales para actividades de exploración y explotación minera.
Actualmente, diversos proyectos mineros (Río Blanco, Quellaveco, Tambogrande, Michiquillay, La Zanja, San Gregorio, entre otros) se encuentran paralizados por conflictos con las comunidades al no lograr la “licencia social”. El propio gobierno intento, el año 2007, que al menos 20 proyectos mineros fueran declarados de interés nacional al enviar el Proyecto de Ley 1640 al Congreso, el que dictaminara su archivo.
Partidos demandan revisar decretos legislativos
Los partidos políticos Perú Posible (PP) del ex presidente Alejandro Toledo, el Partido Nacionalista (PNP) de Ollanta Húmala y hasta el derechista Partido Popular Cristiano (PPC) de Lourdes Flores, han demandado la revisión de los decretos legislativos.
El PP ha planteado que sea en el foro del Acuerdo Nacional, donde participan diversos partidos políticos, quién revise los 102 decretos legislativos; mientras que Lourdes Flores ha señalado que su partido revisará los decretos para ver si éstas se encuentran en el marco de las facultades otorgadas y, semanas atrás, había adelantado que se debe revisar el DL 1015 que afecta los derechos territoriales de las comunidades campesinas.
Por su parte el PNP, en comunicado público, ha calificado de “irresponsable delegación de facultades” otorgadas por el Congreso y exige al gobierno “detallar en cada una de sus propuestas legislativas, el vínculo y la necesidad de la norma para la implementación del TLC” y “publicar los estudios jurídicos y consultoras que participaron en la elaboración de las normas, a fin de definir su posible vinculo con las empresas que se beneficiarán de las mismas”.
Finalmente, el actual presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada del partido de gobierno, en respuesta al planteamiento del PP ha informado que el Parlamento tiene las facultades para revisar los decretos legislativos, evaluar su inconstitucionalidad y eventualmente derogarlos.
Decretos legislativos cuestionados
DL 994: Las organizaciones indígenas y campesinas han denunciado que el DL 994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación de tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola, vulnera el derecho al uso del agua de las comunidades al referir que los proyectos se realizaran aprovechando “aguas de libre disponibilidad” y el derecho de propiedad de sus tierras al considerar que son propiedad del Estado todas las tierras eriazas con aptitud agrícola, salvo las que se encuentren tituladas e inscritas en registros públicos; teniendo conocimiento que de las 6 mil comunidades más de mil no cuentan con títulos, este decreto constituye una vulneración del derecho a la propiedad reconocido por la Constitución Política.
DL 1022: La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha denunciado que el DL 1022, que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional, busca en la práctica desaparecer la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y entregar en concesión los puertos peruanos a capitales chilenos, vulnerando la soberanía marítima del país. El DL transfiere los bienes de dominio público portuario que ENAPU administra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a fin de que sean transferidos en concesión a inversiones privados. Los trabajadores vienen realizando una campaña de lavado de banderas contra el DL.
DL 1031: El Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha denunciado que el DL 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado obliga a que empresas públicas, entre las que se encuentra Sedapal, inscriban un mínimo del 20% de su capital social en el Registro Público del Mercado de Valores, lo que implica que dichas acciones pueden ser ofertadas en la Bolsa de Valores de Lima lo que en la práctica podría constituir el inicio de la privatización de esta empresa y otras. Según la norma 5 ministros de Estado decidirán el futuro de las empresas del Estado a través de la Bolsa de valores.
DL 1035: La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) ha denunciado que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo Gloria, que controla cerca del 80% del mercado lácteo peruano, y perjudicaría a los productores de la ganadería lechera nacional, al permitir el uso de leche en polvo y sustitutos lácteos para producir leche fresca, que constituiría una “trampa” a los consumidores. El ministro del sector agricultura ha salido a aclarar el asunto y afirmar que sólo están cumpliendo los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el TLC con USA.
DL 1064: Organizaciones indígenas y campesinas, así como especialistas en derechos comunales, han denunciado que el DL 1064 vulnera el derecho de las comunidades campesinas al eliminar el requisito del “acuerdo previo” entre comunidades y empresas mineras para acceso a tierras superficiales de propiedad comunal y deja la figura de la “servidumbre” como la vía jurídica para el acceso a las tierras de las comunidades para el desarrollo de proyectos mineros. El DL ha derogado casi la integridad de la Ley 26505, promulgado en el gobierno fujimorista, que establecía dicho requisito y elimina el hecho de que las comunidades tenían para expresar su consentimiento para actividades mineras en su territorio y/o negociar las condiciones en las que están se desarrollarían.
DL 1015: Este decreto que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con las de la costa, modificaba el Art. 10 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas) y señalaba que para disponer de las tierras comunales se requerirá el voto a favor de no menos del 50% de los miembros asistentes a la asamblea.
Los gremios campesinos e indígenas han denunciado que este DL persigue la parcelación y privatización de tierras colectivas a fin de favorecer las inversiones en industrias extractivas. La promulgación de esta norma despertó críticas de diversos sectores de la sociedad civil y la presentación de dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, una por parte de la Defensoría del Pueblo y otra por un grupo de parlamentarios del Congreso de la República.
DL 1073: Ante las demandas y con la intención de frenar el paro de los próximos días, el gobierno mediante el DL 1073 modifica el literal b) del artículo 10º de la Ley Nº 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas; modificado por el artículo único del DL 1015, con el único añadido que ahora ya no se requerirá la aprobación del 50% de los asistentes a la Asamblea Comunal, sino del 50% de los comuneros con mas de un año como posesionarios; modificación que para las organizaciones indígenas y campesinas y la Defensoría del Pueblo continua siendo inconstitucional al vulnerar el derecho de autonomía de las comunidades.
DL 1086: Este decreto que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, ha generado controversia entre diferentes sectores sociales; hay quienes sostienen que tienen beneficios para los trabajadores del sector como el acceso al seguro social de salud, sin embargo la norma sólo beneficiaria a aquellos trabajadores que sean contratados luego de su entrada en vigencia, luego de que se apruebe su reglamento. Gremios de trabajadores han denunciado, además, que el DL perjudicaría los derechos de lo trabajadores protegidos por el DL 728 (Ley General del Trabajo).
La CGTP, mediante carta del 3 de julio, ha solicitado al Congreso de la República la derogatoria de este DL -además del DL 1057 y otros- al considerar que exceden las facultades otorgadas por el legislativo y “con las normas contempladas en el Decreto Legislativo 1086 se afectan gravemente los derechos a la igualdad y no discriminación, los que se violan claramente al establecer regímenes laborales disminuidos para grandes colectivos laborales. Ello, sin mencionar que esta norma afectará también los derechos de asociación sindical y negociación colectiva (…)”.
DL 1088: La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) ha denunciado el DL 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), derogo la Ley 28522 de creación del CEPLAN con el que se elimina la representación de los gobiernos locales en el Consejo Directivo de dicha instancia de planificación, reafirmando la actitud centralista y autoritaria del gobierno.
DL 1089: Este decreto establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales y otorga facultades al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para la formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas, ha recibido cuestionamientos por no ser una institución especializada ni tener información sobre territorio de comunidades campesinas y nativas. Este DL tiene su origen en el proyecto de Ley 1992 presentado por el Ejecutivo al Congreso y que fuera archivado por el mismo.