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EL RUGIDO DE LA SERPIENTE DE AGUA

LIMA-PERÚ; Martes 09 de Junio del 2,009


Escribe : Patricia Wiesse

El río vino turbulento. Son casi dos meses y la Amazonía sigue rugiendo. Se trata de la resistencia indígena más prolongada de los últimos tiempos, y las ciudades estuvieron de espaldas, como si se tratara de otro país, hasta que el conflicto les estalló en pleno rostro: Corrió sangre en Bagua, a chorros.
Mil trescientas cincuenta comunidades están protestando. Se deslizan como las serpientes por el inmenso territorio que conocen y dominan, combinando una serie de acciones de distinto calibre e intensidad, afectando sobre todo a las grandes empresas extractivas que debieron tomar pactiña negra para la saladera.

El movimiento indígena no ha llegado a paralizar las setenta y cuatro millones de hectáreas que comprende el vasto territorio amazónico, pero se ha sentido su contundencia en las regiones donde se centró la protesta.
La cohesión y el aguante que se requiere para estar más de cincuenta días en huelga tiene una motivación inmediata: la derogatoria de nueve decretos legislativos cien por ciento inconstitucionales porque no les fueron consultados, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Según Pedro García Hierro, abogado y asesor de AIDESEP por muchos años, “la consulta previa no es una cortesía”. Tampoco lo es otro derecho fundamental: la autonomía para gobernar sus territorios. Las Naciones Unidas les ha reconocido el derecho de libre determinación sobre sus recursos.

Hay tanto prejuicio y mala intención que cada día sale un nuevo vocero del gobierno lanzando ideas tan descabelladas como que los indígenas exigen territorios étnicos autónomos tipo las reservas indias norteamericanas.
¿La autonomía reconocida por las Naciones Unidas atenta contra la soberanía nacional, propicia el separatismo? García Hierro sostiene: “Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales, como el caso de la Mosquitia en Honduras, no he escuchado a ningún pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. Tampoco es cierto que los indígenas aspiren a que no se respete la ley nacional en sus territorios. Al contrario, sus luchas se orientan a que los Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión como ocurre, por ejemplo, con la titulación de sus tierras”. (Actualmente, la titulación de los territorios que ocupan por cientos de años está obstaculizada por miles de trabas burocráticas, mientras que el peligroso decreto 1064 permite que invasores con solo cuatro años de establecidos se puedan apropiar de tierras comunales).

Las tribus de la selva

Así llama al movimiento indígena el delirante director del diario Correo, cuyas únicas referencias amazónicas deben ser las boas psicodélicas de los cuadros de Christian Bendayán. “Tenemos ad portas una insurrección de tribus en la selva, azuzada por ese irresponsable dirigente Pizango, los curas y varias ONGs extremistas, que amenaza dejarnos sin combustibles y producir un colapso energético”, escribió . Pero ha ido más lejos aún, sosteniendo que hay que combatirlos con la máxima energía: “Las Fuerzas Armadas deben imponer el orden en la selva con toque de queda incluido”, concluye indignado.
La ministra del Interior fue la que le tomó la palabra y la policía cumplió al pie de la letra: por tierra y aire llegó a la carretera Belaunde Terry, en Bagua, y baleó a diestra y siniestra.

Los defensores del gobierno se refieren al radicalismo de AIDESEP, (de la selva sus ultras), cuando saben que estas medidas fueron posteriores a varios desplantes groseros del gobierno y que, sin protesta, los chunchitos seguirían haciendo cola detrás de la ventanilla de algún ministerio.

Maria Clara Galvis (Experta en Derecho Internacional)
“Sería un arcaísmo del siglo XVIII no querer aplicar el Convenio 169 por falta de
reglamento.”

Ideele: ¿En qué contexto surge el Convenio 169 de la OIT? ¿Cuáles eran los problemas más apremiantes de dicha época?

El Convenio 169 es adoptado por la Conferencia General de la OIT en 1989, al considerar que “la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia”. El Convenio ha sido aprobado por el Perú desde la década de los 90, mediante la Resolución Legislativa 26253 de 2 diciembre de 1993; es decir, es ley vigente en el Perú. Es una norma internacional acatada por el Perú, por lo que sería un arcaísmo propio del siglo XVII el no querer aplicar dicha ley argumentando la falta de un reglamento de la misma. Este mandato no requiere un reglamento, lo que requiere es que cuando un Estado otorgue una concesión para explotación de recursos naturales en territorio de un pueblo indígena, se asegure que las empresas concesionarias protejan los derechos de los pueblos indígenas y cumplan con dar participación a los pueblos en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. La norma no dice qué derechos, pero se entiende que son los derechos que ya tienen y no otros, es decir, los derechos que los ordenamientos internacional y nacional les conceden.

Ideele: ¿Existe otra normativa en el marco del Sistema Interamericano que se pueda invocar en defensa de los pueblos en huelga?

Básicamente por todos los instrumentos internacionales que el Perú ha ratificado. La jurisprudencia de la CIDH protege el derecho de los miembros de estas comunidades: 1) a la propiedad comunitaria de sus territorios tradicionales y de los recursos naturales ligados a su cultura; 2) el derecho a la participación política, 3) el derecho a la identidad cultural, y 4) el derecho de acceso a la justicia tomando en cuenta sus particulares condiciones económicas y sociales. Cabe recordar que el Artículo 19 de la Declaración de los DDHH dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Ideele: Si las normas firmadas por el Estado en esta materia tienen rango constitucional. ¿Es viable la solicitud de inconstitucionalidad para los decretos que dictó el Poder Ejecutivo peruano para la implementación del TLC con Estados Unidos (los que eran relativos a venta de terrenos en la Amazonía sin consulta previa) o incluso una denuncia contra el Estado Peruano?

Cualquier norma que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultada previamente con ellos. Es el mandato que se deriva del Convenio 169 de la OIT y de la Corte Interamericana. Si se omite la consulta, es válida la inconstitucionalidad e incluso una denuncia ante el Sistema Interamericano. En Colombia por ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural y de la Ley Forestal precisamente por dichas omisiones. En el caso de recurrir a la Corte Interamericana seguramente ésta fallaría a favor de las comunidades ya que un caso análogo se produjo en Surinam recientemente.

Ideele: ¿Podría contarnos algunos casos exitosos de aplicación de estas normas en donde se logró un equilibrio entre intervención Estado-Empresa y comunidades indígenas?

Por ejemplo, tenemos la declaratoria de inconstitucionalidad, en Colombia, de leyes que no han sido consultadas previamente con las comunidades. También las órdenes de la Corte Constitucional, vía acción de tutela (amparo), de suspender la ejecución de proyectos de explotación petrolera mientras no se subsane el vicio de la falta de consulta previa.

Ideele: ¿Qué participación tuvo la Sociedad Civil en este proceso?

Aquí influyó la Comisión Colombiana de Juristas, que es una ONG reconocida en Colombia. La demanda de inconstitucionalidad de la Ley General Forestal fue presentada, entre otros, por Daniel Bonilla, de la clínica jurídica de la Universidad de los Andes.

Obviando a la única organización representativa, la Presidencia del Consejo de Ministros formó una inoperante Mesa de Diálogo, cuya secretaría técnica estaba a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, una entidad que no representa ni a la Tigresa del Oriente. Por eso, a raíz de de esta segunda huelga, conformaron otra que tenía a AIDESEP como protagonista, y en la que el Premier modificó tono, ánimo y nada más, porque dijo que no iban a derogar los decretos. “Lo máximo que se puede hacer es corregir algunos artículos ”, sostuvo. Después de la Cuarta Cumbre de los Pueblos Indígenas, realizada en Puno, se rompe el diálogo.
Fin de la conversación. (Rebobinar cinta. Volver a cero).

Como dice Mamerto Maicua, dirigente de la Organización Regional de Pueblos Aguajún de Manseriche , en el mismo pongo. “Esta protesta es una respuesta a la burla, a tratarnos como si no existiéramos. Pero le decimos al presidente que vamos a existir más fuerte que nunca”.

Bajo amenaza

La toma de hidroeléctricas, el cierre de una válvula del oleoducto de Petroperú, la ocupación de las instalaciones donde se controla la salida del gas de Camisea, o el bloqueo de carreteras y ríos son acciones estratégicas, pero que ya les trajeron serios problemas legales a los dirigentes (más denuncias contra Pizango, una orden de detención y su pase a la clandestinidad), e inconvenientes a los pobladores de las ciudades (Bagua parece una ciudad en guerra. En Yurimaguas el balón de gas está costando 120 soles). Además, ha quedado demostrado lo riesgosas que son porque ponen en peligro la vida de los manifestantes, más aún, con una declaratoria de emergencia de por medio. (Aunque arriesgar la vida en esa inmensa alfombra verde es cosa cotidiana: hasta ahora los asháninkas mantienen sus comités de autodefensa ante la ausencia de un Estado que los proteja, y los achuar mueren lentamente por enfermedades incurables producidas por la contaminación que los asfixia) .

Empezó la protesta con la toma de la planta de Pluspetrol en Andoas, seguida de un cerco alrededor de la estación 6 del oleoducto Nor Peruano en Morona, Loreto. Petroperú tuvo que interrumpir el bombeo de petróleo paralizando el oleoducto por el que pasan 40 mil barriles de crudo por día. Los trabajadores de Repsol y Petrobras no pudieron llegar a sus campamentos debido a la toma del aeródromo en Atalaya. Las embarcaciones de la empresa Perenco Perú no lograron atravesar el río Napo (y la Marina mandó un buque que embistió, a lo Goliat, a los peque peques quichuas y arabelas que les bloquearon el paso).
El terror del gobierno es que “los cara pintada puedan espantar a los inversionistas”. Por eso, con la torpeza de un Tarzán fuera de forma, Alan García los acusa de haber usurpado las tierras amazónicas cuando “estas son de todos los peruanos”. Él sabe perfectamente que tres cuartas partes de la Amazonía ya está concesionada, y no exactamente a todos nuestros compatriotas. Según Pedro García Hierro, “en la expresión del presidente hay un llamado explícito al Far West, a la limpieza étnica, a la invasión. Las tierras amazónicas o son propiedad privada, o están en posesión legítima de los pueblos indígenas”.

El presidente sigue sin entender: Acaba de ofrecer tres millones de hectáreas de bosques primarios para la producción de biocombustibles, cuando el propio Banco Mundial ha sostenido que ese tipo de cultivos en la selva son poco rentables.
Parece una subasta pública dirigida por un estrambótico vendedor de teleavisos. El turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero, o los bionegocios son alternativas alienígenas para él.

La eternidad y un día

La protesta se está prolongando. Los pueblos indígenas saben que pueden resistir por un tiempo largo ¿pero cuánto? Según Carlos Soria, del Instituto del Bien Común, “un año es lo calculado. Esto es posible ahora que tienen el respaldo de la población mestiza, algo que era impensable hace algunos años. Son alrededor de mil bases, más algunas de la CONAP, que se han alejado del discurso de su dirigencia. Las que más protestan son las que ya tienen actividades extractivas en su zona y han sufrido las consecuencias”.

Se ubican en los lugares estratégicos; conocen los puntos vulnerables de ese territorio gigante.
“Nosotros sabemos exactamente por dónde cerrar el río Napo. Los bloqueamos por las comunidades Negro Urco, San Rafael y Pantoja”, nos dice Beltrán Sandi, presidente de la Federación del río Curacay.

Transgresiones amazónicas

“ No mordemos, no tenemos rabia, ni hemos reaccionado violentamente”, sostiene Daniel Marzano, dirigente de cinco bases con mayoría asháninka en Atalaya.
Se concentraron en la plaza donde sobresale el monumento de Juan Santos Atahualpa y decidieron tomar el aeródromo. (Muy simbólico eso de reunirse alrededor del líder rebelde que resistió durante diez años en la selva central). “Mandamos un oficio al gobernador y a los policías. Recién en la noche rodeamos el lugar y realizamos una toma silenciosa”, relata el dirigente.

En Tarapoto no hay río, pero sí congestionadas carreteras que fueron bloqueadas por diez días seguidos. Las filas de autos varados produjeron la ira de los sudorosos transportistas cuyos productos se pudrieron, mientras quichuas, awajun y shawis se sentaron sobre el asfalto caliente impidiéndoles el paso.
Toribio Amasifuén es el coordinador de las treinta comunidades nativas de San Martín: “No hemos bloqueado la carretera todo el tiempo. Hemos abierto el tránsito por turnos, hemos dado tregua mientras esperábamos resoluciones del gobierno”.
Están bien organizados: En las asambleas, con la venia de los señores apus y de los agentes municipales, se formaron comités de lucha y de logística donde participaron cinco mil nativos, la mayoría hombres, porque las mujeres se quedaban en la chacra y desde ahí les mandaban provisiones. “Ellas acumulan cien raciones de plátano, cincuenta tercios de leñas, mandan sus achauchas, sus gallinas”, cuenta Amasifuén.

Desde el año pasado Daniel Marzano estuvo hablando con la gente. Su mensaje puede sintetizarse en una idea central que se repite (como en las canciones de Juaneco) : La Amazonía no se vende.
“Las sesenta y cuatro comunidades han venido rotando cada semana. Unas venían a Atalaya, mientras que otras regresaban a sus tierras para ocuparse de sus chacras. Por eso no se han cansado y pueden resistir”, agrega. Llegaron a pie o por el río con sus familias, trayendo sus yucas y plátanos. Levantaron su campamento prefabricado para protegerse de la lluvia. Las mujeres preparaban la olla común mientras los profesores dictaban clases a los niños. Ocho mil mestizos los apoyaron formando piquetes.
En esa zona no ha habido ni un policía herido. El acuerdo era retirarse cuando llegaran, evitando el enfrentamiento, y pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo. “ Hemos aplicado la metodología de Gandhi, sin violencia”, nos dice Marzano.

Esta táctica no funcionó en Bagua, durante la toma del puente Corral Quemado. La policía disparó y dejó un saldo de varios heridos. La segunda intervención policial, en la curva del diablo, fue a la mala y a la bruta. Más de veinte indígenas muertos han puesto al pueblo awajun alerta y en duelo.

En Nieva, Amazonas, la estación 6 de Petroperú sigue cercada por unos cinco mil indígenas. El ambiente es tranquilo. Los awajun, armados solo con lanzas, han llegado a un acuerdo de no agresión con la DIROES. “Pero su decisión es clara: no se va a dejar bombear el petróleo hasta que se levante la huelga”, sostiene Paul Maquet, de Forum Solidaridad, que estuvo en el lugar. “Cuando llegué, encontré cargamentos de plátanos y yucas enviadas por las comunidades, y toneladas de víveres donados por los mestizos de las ciudades”. Ahí no corren los miles de dólares para sostener la movilización, como dicen algunos medios”, agrega. (El cuco de los fondos venezolanos que le dicen ).

Derogatoria bendita

Incluso los nueve obispos de la Amazonía se han pronunciado por la derogatoria de los decretos que han encendido la selva.
Hasta Hollywood ha alzado su voz. La Pocahontas peruana, Q’oriana Kilcher, organizó una manifestación de apoyo al movimiento indígena peruano en Los Ángeles. La apoyan Colin Farrel y Woody Harrelson, actores bastante conocidos.

Los benditos decretos se promulgaron después de la firma del TLC con Estados Unidos. Según Carlos Soria, el Ejecutivo se puso más papista que el Papa y “ lanzó el paquetazo para contentar a los nuevos socios que, en verdad , solo les habían exigido la firma de una adenda forestal en la que el Perú se comprometía a respetar la legislación forestal vigente en ese momento y a fortalecer la ambiental”.
El problema está en la trampa que viene con estas leyes. “Los decretos no causarían problema si el respeto a la seguridad jurídica de la propiedad comunal estuviera garantizado, pero no es así. Se termina fraccionándola y convirtiéndola en privada”, enfatiza Soria.

Dos decretos han sido declarados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del Congreso: el 1090 o ley forestal, en la que los bosques no son considerados patrimonio de las comunidades, y el decreto 994, de promoción a la inversión privada en proyectos de irrigación, por el que las tierras comunales no tituladas podrían pasar a dominio del Estado.

SOS

En la selva, el tiempo es otro, no se mide en horas ni en días. Si no hay acuerdo, la resistencia podría hacerse interminable, exasperando los ánimos y trayendo una violencia de consecuencias inesperadas. Amedrentarlos con denuncias como la del Ministerio de Justicia contra Alberto Pizango por rebelión, sedición y conspiración lo único que produce es que las asperezas no se limen ni con manteca de gallina.
El empecinamiento en defender un modelo de desarrollo que puede generarle beneficios económicos al Estado y a las empresas a corto plazo, sólo traerá daños ambientales a largo plazo.
Ya se han deforestado diez millones de hectáreas de bosques justamente en las áreas donde se concentra la propiedad privada. Por el contrario, este atentado ecológico se atenúa en el territorio indígena.
Los guardianes de los bosques son los únicos que defienden el derecho de los árboles a morir de pie.

Cronología de un Rugido
9 de abril
- Indígenas achuar toman planta petrolera de Pluspetrol en Andoas
- Quichuas cierran paso por el río Napo-Curacay.
16 de abril
- 1500 asháninkas toman aeródromo de Atalaya.
- Indígenas quichuas, awajun y lamas bloquean la carretera Fernando Belaunde . Yurimaguas queda aislada.
22 de abril
- Nuevo bloqueo de la carretera Fernando Belaunde.
25 de abril
- Paralización en Puerto Maldonado.
27 de abril
- Indígenas machiguengas capturan nueve embarcaciones en el bajo y medio Urubamba.
- En Santa María de Nieva, toman la central hidroeléctrica de Aramango. Enfrentamiento entre 600 nativos y 200 miembros del ejército.
28 de abril
- Indígenas aguaruna de Manseriche toman estación 4, 5 y 6 de Petroperú.
5 de mayo
- En Maynas, los indígenas quichuas y arabelas cierran el río Napo. Un buque de la Marina rompe el bloqueo hundiendo varias embarcaciones.
7 de mayo
- En Lamas, tres mil indígenas inician marcha de sacrificio a Tarapoto.
- En Maynas, indígenas quichuas y arabelas bloquean el río Curacay.
8 de mayo
- En Bagua, cientos de indígenas awajun y wampis iniciaron una huelga de hambre en el coliseo de la ciudad.
- En Iquitos, marcha de indígenas achuar, witoto, cocama hacia la Base Naval protestando por el apoyo de la Marina a la empresa francesa Perezco.
- En Tarapoto, marcha organizada por la Federación de Pueblos Quichuas de San Martín y por el Consejo Étnico de Pueblos Quichuas de Amazonas.
10 de mayo
- Gobierno declara el estado de emergencia durante 60 días en varios distritos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, donde hay ductos de petróleo y gas, así como concesiones petroleras.
11 de mayo
- En Utcubamba, indígenas awajun y wampis tomaron el puente Corral Quemado. Después de unas horas, personal de la DINOES procede al desalojo. Hubo tres heridos, siete detenidos y varios desaparecidos.
- En Morona, cientos de indígenas achuar toman posesión del perímetro de la base de exploración de la empresa petrolera Talismán.
12 de mayo
- Bloqueo de la carretera Yurimaguas- Tarapoto por indígenas Quichuas, awajun y shawis.
14 de mayo
- En Imaza, marcha de protesta hacia Bagua para exigir que la policía entregue a las personas desparecidas.
17 de mayo
- Indígenas Quichuas, awajun y shawis toman carretera Tarapoto- Yurimaguas.
18 de mayo
- Nativos awajun y wampis volvieron a tomar la estación 5 de Petroperú.
19 de mayo
- La Comisión de Constitución del Congreso declaró inconstitucional el DL 1090 o ley forestal.
26 de mayo
- La Comisión de Constitución del Congreso declaró inconstitucional el DL 994.
- Indígenas machiguengas bloquean acceso a Machu Picchu.
- En Utcubamba, se inicia un paro convocado por el Comité de Lucha Amazónica.
27 de mayo
- Se inicia el debate entre los equipos de la PCM y de los indígenas sobre los decretos cuestionados.
29 de mayo
- El debate sobre la derogatoria del decreto 1090 fue postergado en el Pleno del congreso , tras un altercado entre apristas y nacionalistas.
30 de mayo
- Indígenas machiguengas ingresaron a las instalaciones KP 122 del sistema de transporte del gas de Camisea y manipularon equipos de la empresa TGP.
- Se mantiene bloqueada carretera Fernado Belaunde en Tarapoto.
- En Alto Amazonas continúa la toma de estaciones 5 y 6 de Petroperú.
1 de junio
- Marina desbloquea río Napo donde indígenas witoto, quichuas y arableas impedían el paso de embarcaciones de la empresa Perenco.

4 de junio

- Apristas postergan por segunda vez el debate sobre el decreto 1090 en el Congreso.
5 de junio
- Intervención violenta de la policía para desbloquear la carretera Belaunde Terry, en Bagua. Mueren 9 policías y 25 indígenas.


Un reclamo justo

Por: Frederica Barclay
Consultora en temas amazónicos

¿Por qué una reacción tan grande ante unos decretos?, se preguntan algunos. Para comenzar, no son solo “unos” decretos. Hay entre éstos los que solapadamente se echan abajo la imprescriptibilidad de la propiedad comunal, los que dan pie a la expropiación de terrenos comunales, los que declaran propiedad del Estado a tierras “eriazas” no tituladas aunque estén poseídas o sean reclamadas por los pueblos indígenas y comunidades que llevan años esperando por títulos y ampliaciones.

En general, estos proyectos de ley y decretos han sido elaborados bajo la tónica de procurar eliminar el régimen comunitario y abandonar el criterio de necesidad de una legislación especial para los pueblos indígenas. Una reforma radical hecha subrepticiamente, a espaldas de los pueblos indígenas y de la ciudadanía. Si no hubiera sido por el escandaloso artículo “El perro del hortelano”, para muchos posiblemente habría pasado inadvertida esta intención que el APRA se cuidó de no anticipar en su programa de gobierno. Así, pues, no es un tema menor, ni se trata solo de refrasear algunos artículos de estas leyes.

El Gobierno se declara inocente y dice que solo quiere modernizar el país y darles a los pueblos indígenas y a la Amazonía “las mismas oportunidades y reglas que a otros”. Que no ha actuado para favorecer las plantaciones de etanol, soya o palma, ni para acomodarse a las exigencias de los grandes inversionistas. Pero admite, de paso, que encuentra que los pueblos, los regímenes especiales para los pueblos originarios, y los derechos consagrados en diversos instrumentos internacionales, constituyen una traba para el desarrollo tal como él lo imagina. Y cuando el movimiento indígena protesta, señala que debe haber de por medio intereses ocultos y ánimo subversivo, como si defender derechos de rango constitucional fuera ahora delito y requiriera instigadores.

En verdad, desde mi conocimiento, este reclamo parte de las familias, comunidades y federaciones locales que han empujado a las organizaciones regionales y a AIDESEP a liderar la protesta. En todas las zonas hay creciente intranquilidad. Lo he visto a lo largo de los dos últimos años en varias de ellas. La gente está agobiada, al punto que se multiplican las historias de la aparición de personajes extraños que llevan ropa que los hace inmunes a las balas, que secuestran mujeres, e historias de intenciones de desaparecer a los pueblos indígenas.

Y es que cualquier día llegan noticias a una comunidad de que su territorio “está en” tal o cual lote concesionado y que tal o cual empresa tiene planes de iniciar exploraciones allí, o, más bien, que ha iniciado ya alguna fase de éstas sin que se les haya preguntado nada. Pueblos indígenas como el shawi, al que pertenece el Presidente de AIDESEP, tienen superpuestos tres lotes ya concesionados; otro tanto o peor pasa con los demás. Las comunidades ven pasar comisiones que acuerdan privadamente con algún alcalde o alguna organización creada ad hoc por las petroleras los términos de alguna colaboración, o que simplemente llegan a informar que empezarán a operar por aquí o por allá. O a cada rato llegan noticias de que COFOPRI está por titular a los particulares mientras las solicitudes de ampliación de los títulos comunales se amontonan en las dependencias estatales. Por solo mencionar algunos de los motivos de sobresalto.

Pero precisamente gracias al trabajo organizativo, en casi todas partes las comunidades conocen la nefasta experiencia del río Corrientes. Les tomó a los achuar una década conseguir que el Estado admitiera a regañadientes la negligencia criminal de Occidental y Petroperú y las continuas prácticas de contaminación de Pluspetrol desde que se dictaron los reglamentos que establecían mínimos estándares ambientales en 1993. Y aun así se vieron obligados a hacer actos de fuerza años después para conseguir que se obligara a las operaciones petroleras a reinyectar las aguas pesadas. Pero el daño está ya hecho, y las imágenes que las comunidades amazónicas de distintas latitudes han visto en video hablan por sí solas. La gente ya sabe que cuando la industria extractiva es así de negligente, su vida está en peligro. Por eso exigen el derecho a ser consultados (de buena fe, previamente y de manera informada) antes de que el Estado y los particulares tomen decisiones que van a afectar su futuro.

¿Pueden estar seguros de que no volverán a ocurrir cosas equivalentes a lo sucedido en el Corrientes? El Estado no les ha dado señales de que se puede confiar en él, desde hace mucho tiempo. Apenas el presidente Paniagua había reconocido una deuda social histórica con los pueblos indígenas amazónicos, se olvidaron los compromisos adquiridos en una mesa multisectorial de alto rango. Ejemplos de falta de confiabilidad han tenido a montones.

Se les dijo a los matsiguenga del Urubamba que todo iba a ser dicha cuando se pusiera en marcha Camisea, que iban a tener trabajo y desarrollo. Durante varios años soportaron hasta 7,4 horas diarias de vuelos de helicópteros durante los trabajos de sísmica y de la construcción de la planta de gas como parte de su cuota de sacrificio para que el país cambiara su matriz energética. Como atestiguara un misionero dominico de Kirigueti: “Los helicópteros sobrevuelan una y otra vez las comunidades […] Varias de las colpas (lugares donde los animales van a beber, comer o chupar salitre de la tierra) que la comunidad tenía como lugares habituales de caza ya no existen, porque el ruido de las aeronaves ha ahuyentado a los animales” véase

Eso sin contar el daño a la migración estacional de peces por el incesante movimiento de barcazas y las detonaciones para los trabajos de sísmica, además de los continuos problemas con el gasoducto desde que éste empezó a operar. Aunque ahora resulta que tal cuota de sacrificio fue en vano, porque no existen en Camisea las reservas que el Estado dijo que había. Y los matsiguenga no han encontrado ni trabajo ni la dicha. Nadie ha podido mostrar allí una historia de éxito para la población local.

¿Qué ha sucedido para explicar la reacción tan contundente del movimiento indígena amazónico en este Gobierno? No es solo la andanada de proyectos de ley que, por lo demás, vienen cocinándose desde antes. Ya Fujimori intentó algo en la línea de García con la ley 26505, aunque entonces esta medida no coincidió con un paquete de agresiones. Paralelamente, la ratificación del Convenio 169 de la OIT abría oportunidades para afianzar derechos para los pueblos indígenas. En verdad, el ritmo con que se suceden los cambios en la región amazónica es, desde hace más de una década, avasallador, y la gente lo siente en el deterioro de su base de recursos y en la sensación de haberse convertido en pobres de un momento a otro.

No solo está el intensivo programa de lotización petrolera, sino que actualmente, como en el tiempo del caucho, ya no hay esquina que se salve del avance de los proyectos madereros gracias a los tractores forestales. Y aunque el Estado se ha comprometido a controlar la tala ilegal, y se supone debe controlar la extracción de caoba, la madera sale por todas las rutas con la misma facilidad que la coca.

Dice el ministro Brack que él garantiza que nada de las visiones apocalípticas de contaminación, deforestación y privatización va a ocurrir. En primer lugar, Antonio Brack puede durar en el Ministerio lo mismo que una salva de cuetes. En segundo lugar, ya sabemos cuánto pesa la autoridad ambiental cuando hay fuertes conflictos con intereses económicos (véase el caso de la Cordillera del Cóndor). Pero las comunidades indígenas tienen más razones para dudar de la intención de que este organismo del Estado defina el futuro uso de la tierra con base en un expediente técnico. Más aun si todos saben que no existen los mentados 14 millones de hectáreas desboscadas y abandonadas en bloques suficientemente grandes para atraer a los inversionistas: las áreas deterioradas se presentan en parcelas dispersas por toda la región. La puntería está puesta sobre los bosques indígenas que el Estado entrega solo en concesión a las comunidades y sobre los terrenos comunales. Por eso asoma en la nueva legislación, con disimulo, el tema del abandono y la prescripción.

Dicen que a poco de publicar “El perro del hortelano”, y mientras estudiaba el mapa de la Amazonía, el presidente García preguntó “¿Qué hay aquí?”, refiriéndose al llamado Abanico del Pastaza. Le explicaron que era un área de humedales (incluida en la lista de la Convención Ramsar desde el 2002), y él respondió, como si nada: “Esto lo drenamos y nos ganamos los 3,8 millones de hectáreas”.

Me hizo recordar una historia que me contó en Chanchamayo una señora como explicación del origen de los 2 millones de hectáreas que a fines del siglo XIX adquirió la Peruvian Corporation en la selva central. Después de explicar que el Perú mantenía una deuda impaga con Inglaterra, contó que la reina británica habría preguntado con qué le habrían de pagar, a lo que la comisión encargada de la negociación le respondió mostrándole el mapa del Perú: “No tenemos así plata, más bien te puedes escoger”. La reina miró el mapa del Perú y preguntó “qué hay aquí”, señalando el Perené.

No estamos ya en esos tiempos cuando se podía arrimar a los indígenas para instalar una plantación de café o el campamento de una petrolera, porque ahora hay cómo denunciar los abusos. Pero tienen razón las organizaciones indígenas en sentirse sobreaviso. Los famosos decretos, la negativa a consultar bajo los parámetros que quedan establecidos en el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, y las amenazas de enjuiciar a los dirigentes, auguran una intención prepotente de reformar para mal las reglas bajo las cuales los pueblos originarios han sido integrados a la nación.

El movimiento indígena ha obtenido ya una victoria importante: la mayoría de los ciudadanos ha comprendido que su reclamo del derecho a ser consultado es legítimo.

ANTES QUE NADA EL DERECHO A CONSULTA

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Por: Javier La Rosa/ Justicia Viva

Una de las expresiones más recurridas en estos días respecto al conflicto entre los indígenas amazónicos y el Gobierno ha sido la necesidad de promover el diálogo a toda costa como si el mismo, por arte de magia, resolvería todas las discrepancias que han motivado que esta protesta ya lleve más de dos meses sin solución.

Precisamente, la mayoría de voceros gubernamentales han insistido al respecto y descalificado la actuación de los directivos de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) por negarse a seguir negociando los aspectos positivos y negativos de cada decreto. Ellos a su vez han aducido que no tiene sentido proseguir un diálogo cuando una de las partes –los funcionarios del Ejecutivo- no tienen capacidad de derogar las controvertidas normas.

Es en marco previo que quisiéramos formular algunas apreciaciones sobre las razones de fondo de este conflicto y qué elementos tendrían que incorporarse para una resolución del mismo.

1. La mirada gubernamental de este conflicto
Desde el inicio de la protesta amazónica el pasado 9 de abril, la actuación de las autoridades gubernamentales ha sido no sólo errática sino que incluso han reproducido de diversos modos los tradicionales estereotipos y prejuicios que se tienen en el país sobre las poblaciones indígenas.

En tal sentido, la declaratoria del Estado de Emergencia, la autorización de la intervención de las fuerzas armadas y las frecuentes declaraciones confrontacionales han mostrado una careta excesivamente dura e intolerante de parte de un Estado que tradicionalmente ha sido poco receptivo a incorporar las demandas de los peruanos y peruanas más excluidos.

En tal sentido, en nada ha contribuido que sea el propio Presidente de la República o el Presidente del Consejo de Ministros quienes hayan declarado que lo que estaría en juego aquí son los intereses de una minoría amazónica versus el resto de peruanos, por lo que en nombre del “interés nacional” tendría esta minoría que permitir que se afecten las tierras y recursos donde se asientan sus comunidades.

Esta visión de los hechos no sólo resulta equivocada por ser etnocentrista, discriminatoria e incluso racista, sino que es contradictoria con postulados básicos de una sociedad que se dice democrática y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos. Todo indicaría que en el caso de las comunidades amazónicas, no estaríamos ante ciudadanos que tienen el mínimo derecho a participar de una toma de decisiones que les afecta directamente.

2. El Derecho a la consulta y cómo debiera implementarse
Sobre este tema existe bastante información que nos permite señalar cuando una medida gubernamental afecta específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, tiene que serles consultada previamente, lo cual en el caso de los pueblos amazónicos, no ha sido así.
Esta consulta tendría que producirse bajo ciertas condiciones de tiempo, modo y lugar que garanticen que la misma sea representativa y de buena fe de parte de los funcionarios estatales que la promueven. Es por ello que necesariamente tiene que hacerse antes de la expedición de la medida estatal. Por otro lado, la forma tiene que ser sincera y que aspire a recoger las reales prioridades de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe haber un esfuerzo por asegurar la representatividad de quienes son consultados. Finalmente, el lugar donde se efectúa la consulta tiene que ser en sitio donde radican las comunidades, de manera que la legitimidad del proceso no se cuestione por este aspecto.

Definitivamente, en el caso de los decretos legislativos recientes que son materia de impugnación por los pueblos indígenas amazónicos no se ha seguido ninguna de estas condiciones, lo cual es indicativo de cómo debieran encaminarse las probables alternativas si se deseara una resolución de este conflicto.

Dicho de otro modo, no vemos más salidas que la consulta organizada y de buena fe de los decretos legislativos en cuestión. Lo cual pasa por la decisión política de dejar en suspenso los mismos hasta que se realice un proceso que recoja el parecer de las poblaciones indígenas afectadas específicamente.

3. Perspectivas a seguir
Después de los recientes hechos de violencia donde habría una serie de personas fallecidas, tanto del lado indígena como de la Policía Nacional, creemos que con mayor razón tiene que irse a las razones de fondo de este conflicto y atenderse la demanda del derecho a la consulta que exigen las comunidades nativas. Sólo después de esto podría iniciarse un diálogo sincero donde se especifiquen aquellos aspectos que son controversiales, los positivos y los negativos, de modo que recién en ese momento se tenga una salida razonable que conjugue los intereses de todas las partes.

CONFLICTO AMAZÓNICO: LAMENTABLE DECLARACIÓN DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PAÍS

PRONUNCIAMIENTO DEL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL)

 

Ante la declaración del Despacho Presidencial publicada el día de hoy 8 de junio en diversos diarios de circulación nacional, el Instituto de Defensa Legal (IDL) lamenta la misma, pues no contribuye a resolver el conflicto amazónico. En tal sentido:

1.      Reiteramos nuestro profundo pesar por el asesinato de 25 policías y un número aun incierto de nativos y exhortamos a las autoridades policiales, fiscales y judiciales a que identifiquen y juzguen a los verdaderos responsables. El solo hecho que a la fecha aun no se tenga una cifra exacta de los ciudadanos nativos fallecidos, da cuenta del histórico abandono en el que se han encontrado dichos sectores sociales en nuestro país.

2.      Nos preocupa que nuevos brotes de violencia sigan latentes en otros puntos de la zona en conflicto –como en la carretera Tarapoto-Yurimaguas-, por lo que invocamos a las fuerzas del orden, al Gobierno y a las organizaciones nativas, a evitar nuevos enfrentamientos y nuevas muertes que lamentar. La solución, creemos, sigue estando en manos del Congreso de la República.

3.      Por ello, exhortamos al Congreso a que discuta y vote la propuesta de derogatoria de los decretos legislativos cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por las organizaciones nativas, la Defensoría del Pueblo y dos comisiones parlamentarias. Estamos convencidos que esa sería la mejor respuesta del Estado democrático a un problema claramente social y no subversivo, como lamentablemente ha señalado el Presidente de la República en su comunicado.

4.      Asimismo, el Gobierno y el partido aprista deben asumir su responsabilidad política por esta situación, tal y como ya se han pronunciado los partidos de oposición y algunos medios de comunicación. Renunciar no es un gesto de irresponsabilidad o cobardía como han declarado sorprendentemente el Primer Ministro o la Ministra del Interior, sino todo lo contrario: asumir la responsabilidad política de sectores públicos bajo su conducción. No es bueno que el Gobierno siga buscando responsables o supuestas conspiraciones extranjeras, sino que asuma su responsabilidad, tal y como los propios parlamentarios apristas reclamaron cuando les tocó ser oposición política en gobiernos anteriores.

5.      Por otro lado, exhortamos a la oposición política a que contribuya a buscar una salida pacífica e institucional a este conflicto. También exhortamos a las autoridades a que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación de la zona, sino de las organizaciones de sociedad civil y de Iglesia que vienen recogiendo información sobre lo ocurrido y prestando ayuda humanitaria.

6.      Por otro lado, consideramos que los dirigentes nativos de AIDESEP que han sido denunciados penalmente a consecuencia de estos lamentables hechos, deberían ponerse a derecho y responder ante la justicia y, en democracia, ejercer su defensa legal. Ciertamente estos procesos judiciales deberían gozar de todas las garantías del debido proceso y evitar las fuertes presiones del Gobierno que el propio Presidente del Poder Judicial ha dado a conocer.

7.      Finalmente, confiamos que la comunidad internacional también contribuya con sus pronunciamientos a encontrar una salida pacífica y democrática a este conflicto, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo Convenio 169 ha sido incumplido por el gobierno peruano al haber promulgado los decretos legislativos en cuestión sin haber consultado previamente con los pueblos indígenas.

 

Lima, 8 de junio del 2009

 

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El Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos.

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Ataques y mentiras contra los derechos indígenas

Por: Alberto Chirif/ Frederica Barclay

En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”, aparecido en diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio nacional.

Según sus palabras: “El pecado original –y quizá el único- de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: las leyes ni los decretos no suelen ser consultados ni con los especialistas; se imponen respondiendo con frecuencia a intereses específicos”.

Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”, un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre, en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado. Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas”. Estamos así ante realidades diferentes.

La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº 26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 1 y 2). Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante, es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar. El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.

En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta, de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala fe.

La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría del Pueblo, antes mencionado). La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es el sector público”. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas y está también ampliamente reafirmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 15).

¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No, nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!, por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos”, lo que significa borrar de un plumazo los derechos legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos indígenas.

El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero, como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas”, mientras que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría antes citado). El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº 012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica, con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial” (así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes. Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron a toda la delegación, también integrada por el inefable representante de CONAP.

¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?

El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante la ley N° 29157”) Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más restringida.

No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez y los García”? También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas y las pone en condición de adjudicables a inversores. Esta misma norma coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos, suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil. Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.

Un ataque integral

Pero la arrogancia y prepotencia del gobierno va más allá de los actuales decretos. El perro del hortelano fue algo así como el “marco teórico” y la clarinada para el ataque que vendría de inmediato. El presidente García pretende que los proyectos y las medidas dictadas se orientan a la lucha contra la pobreza y devastación de los bosques amazónicos. Para darse un aire técnico y convocar el apoyo a sus medidas los voceros del gobierno han señalado una y otra vez que hay 11 millones de hectáreas deforestadas, que efectivamente existen, pero ninguno ha mencionado dos cosas: la primera, que la devastación de los bosques no es consecuencia de la actividad de los pueblos indígenas, que han vivido en la región durante siglos sin poner en riesgo ni el bosque, ni otros recursos naturales, como los suelos y la fauna; y la segunda, que la deforestación es producto de la colonización impulsada desde fines del siglo XIX por el Estado y potenciada durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde, a través de la Carretera Marginal y de proyectos especiales, financiados con deuda externa contraída por el Perú con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y US/AID. ¿Saben ustedes cuál fue la razón que dieron ése y otros gobiernos para emprender estos programas de colonización?: Superar la pobreza. Ahora el presidente García se ilumina y sin cuestionar el rol del Estado y la responsabilidad que a él mismo le toca, en la medida que ya estuvo a la cabeza de éste en 1980-85, emprende una nueva búsqueda para “superar la pobreza”. Lo que está en cuestión es si a los anteriores gobiernos les interesaba la pobreza de los peruanos o más bien buscaban engañarlos con promesas ilusorias de tierras ubicadas en el Dorado amazónico. Y al actual gobierno, ¿le interesa la pobreza o satisfacer las demandas de empresarios ávidos de terrenos para plantaciones de biocombustibles?

El gobierno, si es que el tema le interesa de verdad, no debe buscar la pobreza en lugares tan alejados como la Amazonía, sino en Lima y en las demás grandes ciudades del país, donde un gran porcentaje de la población no tiene trabajo y sobrevive con ingresos ínfimos. La pobreza que sí afecta a indígenas amazónicos está precisamente en las zonas que han sido devastadas por la colonización y por las industrias extractivas, que han contaminado el medio ambiente, afectado su salud y destruido sus redes sociales de solidaridad. Pero las políticas del gobierno no se dirigen hacia la solución de estos problemas, sino hacia su expansión.

El ataque a los pueblos indígenas desatado por este gobierno no se limita a socavar su derecho al territorio sino que procura acabar con ellos a través de la medidas destinadas a debilitar sus lenguas y culturas. Es con esta finalidad que hay que entender las sucesivas medidas tomadas por el Ministerio de Educación, como la exigencia de la nota 14 para los postulantes a institutos superiores pedagógicos. Es verdad que esta norma es general y afecta a todos los candidatos: durante los tres años que lleva de vigencia no ha habido ingreso a dichos institutos en el país, porque la dispersión de quienes superaron la valla (alrededor del 3% de más de 14.000 postulantes) no he permitido conformar un número suficiente para justificar el funcionamiento de un año lectivo. Una vez más el Estado castiga a quienes son víctimas de su mala política, en este caso, educativa. Aunque el ministro de educación ha recibido, de parte de muchas instituciones, explicaciones fundamentadas sobre las consecuencias de la norma, entre ellas, el déficit de profesores bilingües, mantiene su decisión inmutable. El ataque a la identidad de los pueblos indígenas se demuestra, además, por medidas como el rechazo de fondos de la cooperación internacional para educación intercultural bilingüe o la negativa del ministerio de participar en eventos sobre EBI.

¿A quién defiende el Estado?

La consigna del gobierno (y en esto no se diferencia de los anteriores) es negar la evidencias, enterrando bien su cabezota de avestruz en un hoyo. Hace cerca de tres años, cuando los achuares del río Corrientes hicieron pública sus denuncias sobre la contaminación de las fuentes de agua y sus recursos para la vida y, en general, del medio ambiente de su territorio, y de cómo ésta estaba afectando la salud de los pobladores, el Estado negó con desparpajo que esto fuese verdad, a pesar de que el Ministerio de Salud y el de Producción habían comprobado, mediante análisis de laboratorio, la magnitud del daño. Sólo una protesta descomunal por parte de los indígenas, con toma de campamentos petroleros y pozos y cierre de válvulas de estaciones de bombeo, lo llevó a reaccionar, aunque su primera opción fue por la recaptura de las instalaciones por la vía violenta, lo que en realidad quería decir que seguía negando que la actividad afectaba la salud de la gente y el medio ambiente. La presión fue tan grande que tuvo luego que dar marcha atrás y reconocer la veracidad contenida en las denuncias y suscribir, junto con la empresa y la federación indígena, el acta de Dorissa, mediante la cual Pluspetrol y el Estado se comprometían a remedir la situación en un plazo perentorio. En buena hora que haya sido así, pero ¿no pone esto en evidencia el hecho de que el gobierno mintió al negar primero los estragos negativos causados por la extracción de petróleo? El hecho de que hoy día el ministro Brack trate de hacer aparecer los cambios en la legislación sobre explotación de hidrocarburos como un logro del gobierno y no de los indígenas, nos parece un hecho carente de sinceridad.

Pero esa reacción del gobierno fue apenas coyuntural y producto de una presión formidable ejercida por las organizaciones indígenas, la sociedad civil y algunas instituciones pública, como la Defensoría del Pueblo, que antes como ahora ha jugado un papel destacado. Ahora el Estado niega una vez más la realidad de que el petróleo y las industrias extractivas en general son fuente de contaminación e impactos negativos para los pobladores locales. Toda la contaminación, afirma, es cosa del pasado. Ignoramos qué alcance querrá darle el gobierno a su noción de pasado, pero lo cierto es que el gasoducto se rompió cinco veces durante el primer año de funcionamiento, lo que es un indicador de irresponsabilidad y, probablemente, de corrupción, por el uso de tubos en mal estado o de segunda mano, como lo estableció una auditoría ambiental independiente que luego, para seguir con la costumbre nacional, fue silenciada.

Pero el anterior no es el único caso, ya que las denuncias de contaminación causadas por industrias extractivas o de transformación de minerales van desde el Callao y, pasando por La Oroya (donde el gobierno, una vez más, ha prolongado el plazo de Doe Run para cumplimiento del PAMA, mientras la población se ahoga en humos y los índices de plomo y otros metales pesados aumenta en su sangre), se expande por otras zonas.

Y no es un problema sólo de derrames, sino, de manera más global, de impactos en el medio ambiente en que viven indígenas y campesinos. En el Urubamba, durante la época de instalación del proyecto del gas del Camisea, un promedio de 200 barcazas diarias “batían” o “licuaban” las aguas del río, contaminando y alterando el hábitat de los peces, fuente principal de las proteínas que consumen los pobladores. Los matsiguengas que habitan la cuenca han sido “compensados” temporalmente por la pérdida admitida de capacidad de pescar en ése y otros ríos de la zona con un sol diario, lo que apenas alcanza para adquirir una lata de conserva a la semana. ¿Quién es el responsable de crear pobreza en los pueblos indígenas? Que no se diga que la contaminación es cosa del pasado porque ahora hay estándares, pues éstos existen desde 1993 y los achuares, quichuas y urarinas sólo consiguieron que se supervise la actividad de las empresas y se les obligue a cumplir las normas después de 13 años de continuas denuncias.

El problema es que al gobierno y a mucha gente le parece normal que los indígenas paguen los costos del llamado desarrollo. Si sus chacras son destruidas, también el monte que utilizan para cazar y realizar actividades forestales, poco importa. La idea es que esos espacios valen poco frente a la riqueza que producen las industrias extractivas. También sus vidas y las de las generaciones por venir valen poco, lo que es un indicador más del racismo que impera en el país. Nos preguntamos qué pasaría si 200 barcazas batieran diariamente el agua del mar en los balnearios del sur de Lima. La protesta sería masiva y apoyada por la prensa, porque se consideraría que se está afectando propiedad privada valiosa de gente que vale más.

Los indígenas y la seguridad nacional

En los últimos tiempos, se acusa cada vez más a los indígenas de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Cancillería se niega a dar pase a la creación de dos reservas comunales y a un parque nacional ubicados en la zona comprendida en el curso alto de los ríos Napo y Putumayo, alegando razones de seguridad nacional. Dice temer que los 700 secoyas peruanos y los 300 ecuatorianos, que por lo demás provienen de familias peruanas que emigraron antes del conflicto de 1941 y que luego no pudieron volver, puedan afirmar derechos territoriales y conformarse en un Estado independiente. Es para no creerlo, sobre todo considerando que tanto las reservas como los parques son áreas naturales protegidas de propiedad pública. Ha dado la misma razón para justificar el recorte del parque nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, pero en cambio permite la presencia en la parte cercenada de la empresa Dorato Perú, pantalla de la transnacional canadiense Dorato Resources Inc., cuyo gerente general, Carlos Ballón, fue asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno, como ha puesto a la luz César Hildebrandt en un reciente artículo. ¿Resulta ser entonces que una transnacional es mejor defensora de la seguridad nacional que el propio Estado, que, reiteramos, es el dueño de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas? Eso se llama tener confianza en las instituciones propias e ideas muy claras sobre la defensa nacional.

La lista de las ventas del patrimonio nacional y de empresas privadas a un país como Chile, con el cual el Perú, por desgracia para la paz, mantiene conflictos pendientes, es inacabable. Más aun, este gobierno quiso venderle incluso parte del terreno del Ministerio de Defensa, lo que tal vez no signifique nada en términos de seguridad nacional comparándolo con lo que ya el Estado peruano había ya vendido a capitales chilenos (en especial, las industrias estratégicas), pero no se puede negar que el simbolismo del hecho resulta grotesco. Podemos también mencionar la profusión de decretos que suspenden la norma constitucional que prohíbe que “dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad” (Art. 71º), alegando para esto razones de necesidad nacional. Cuando la excepcionalidad de levantar la prohibición por razones de “necesidad pública” se convierte en norma, debemos sospechar de la existencia de otros intereses. El papel aguanta todo. Algunos ejemplos: Petrobras en el lote 117, en el extremo norte del país, en la zona frontera con Colombia y Ecuador; Pacific Stratus Energy, en los lotes 135, 137 y 138, en la frontera con Brasil; y la lista sigue. También podemos mencionar que hace apenas unos años, las denuncias públicas pusieron en evidencia que la empresa maderera Newman Lumber Company de los Estados Unidos había construido una carretera de 150 Km a lo largo de la frontera con Bolivia para extraer caoba de manera ilegal, sin que las autoridades políticas ni las Fuerzas Armadas del Perú se hubiesen dado cuenta, o al menos así lo dijeron. Ni qué decir del ingreso cotidiano a territorio peruano de madereros colombianos por la frontera del Putumayo, sin que los numerosos puestos de las Fuerzas Armadas peruana hagan nada por frenarlos. Frente a todo esto, ¿podemos seguir sosteniendo que son los indígenas una amenaza a la integridad nacional?

Para terminar queremos referirnos a las dimensiones que ha tomado la actual protesta indígena. Su impacto se debe a la movilización masiva de familias y organizaciones indígenas amazónicas, incluyendo entre ellas algunas que eran consideradas como bases de CONAP, como las awajun del Alto Mayo; y a la amplia solidaridad que ha convocado su causa en diversas instituciones y personalidades de los más diversos sectores sociales. Además del carácter justo de los reclamos, esta solidaridad expresa el desagrado de la ciudadanía con un gobierno que le ha mentido de la manera más burda. La lista de mentiras es larga, pero la que mejor describe la traición es el ofrecimiento electoral de renegociar los contratos petroleros y mineros, que terminó con la genuflexión de estirar la mano para esperar una propina, según la voluntad de las empresas, que por supuesto no tienen ninguna.

Confrontado por un periodista con las contradicciones entre las promesas de la campaña y las medidas tomadas por el presidente ya en el ejercicio del poder, el congresista aprista José Vargas respondió: “Una cosa es lo que se dice en la campaña y otra la que se hace cuando se llega al poder”. Estamos frente a una buena muestra de las “interpretaciones auténticas” que podemos esperar de este personaje que se desempeña como presidente de la Comisión de Constitución. Nada menos.