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La venganza de la Tierra

(1) New Orleáns fue devastada por huracán Katrina.
(2) Las comunidades nativas cuestionan el deterioro ambiental y defienden toda forma de vida.
(3) Dentro de poco el agua será insuficiente para la humanidad.

El científico

James Lovelock es un científico británico, nacido en 1919, que se graduó en química pero que en su larga carrera profesional ha trabajado en multitud de campos: medicina, biología, instrumental científico, geofisiología, etc.

La teoría de Gaia nació luego de un requerimiento que le hizo la NASA para intentar descubrir la existencia de vida en Marte. Lovelock pensó que la baja concentración de CO2 en la atmósfera era la prueba de que ésta no se encontraba en equilibrio químico, y que esta situación era debida a que la presencia de la vida alteraba el equilibrio atmosférico llevándolo a un punto de menor entropía, o desorden. El detector de vida que la sonda llevaría a Marte debía ser un medidor de entropía.

El fundamento de la teoría que desarrolló era que los seres vivos y el planeta en el que viven formaban un sistema complejo con capacidad de autorregulación. La tesis no fue muy bien acogida por otros científicos, porque consideraba al planeta, casi como un ser vivo.
El drama de la depredación del planeta, que puede llevar a la desaparición de la especie humana, ayuda a comprender la defensa que en el Perú hacen de la tierra los indígenas amazónicos, una causa compartida mundialmente.

Unos 600 desastres naturales ocurren cada año en el planeta, afectando a más de la mitad de la población mundial con sequías, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ciclones o deslizamientos de tierra. Uno de las más recordados ocurrió en mayo pasado cuando el ciclón Nargis atravesó el sur de Birmania y mató a 140.000 personas, casi todos modestos campesinos.

El 2005, el huracán Katrina asoló una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos, New Orleans, causando daños materiales por 75 mil millones de dólares y provocando la muerte a 1.836 personas. Los científicos avizoran que nuevas catástrofes se avecinan porque las condiciones de vida en el planeta se deterioran a medida que la explotación industrial va copando las sociedades.

El hombre con su estúpida creencia de ser el centro de la tierra está creando las condiciones para su desaparición. La explotación indiscriminada de los recursos naturales, tal como lo promueve el gobierno en la selva peruana, pone en riesgo la existencia de las distintas formas de vida.

Es por ello que el mundo observa absorto el auge de catástrofes cada vez más frecuentes en el planeta, incluidas las pandemias. Todo ello tiene que ver con la acción del hombre, que en las últimas décadas se dedicó a destruir lo mejor de la naturaleza, con la vana pretensión de variar el entorno en el que vivía para “promover el progreso”.

De ese modo generó el calentamiento global provocado por el uso intensivo de combustibles fósiles y otros procesos industriales, originando, a la vez, el descongelamiento de las nieves y la inestabilidad de los suelos.

Así ingresamos a un shock en cadena. Al calentarse las regiones templadas se incrementan enfermedades y parásitos que no son comunes, afectando a millones de personas que carecen de inmunidad. Paralelamente, aumentan las plagas en la agricultura.

A la par se incrementan las inundaciones y disminuye la disposición de agua potable para las necesidades básicas como para la producción de energía eléctrica. Y, al reducirse la humedad, aumentan las posibilidades de incendios forestales.

Considerando que los ecosistemas dependen de un balance de suelo, lluvia y temperatura para su existencia, estos cambios alteran los ecosistemas con funestos resultados. Se prevé que la vida silvestre costera tenderá a desaparecer y aumentará la salinidad de los suelos al producirse las variaciones en el nivel del mar. Algunas especies emigrarán, pero la gran mayoría no podrá adaptarse a los cambios y muchas de ellas desaparecerán.

El incremento del nivel del mar y la inundación de zonas costeras (ojo asiduos al balneario Asia), obligará a millones de personas a emigrar, por lo que requerirán alimentación, vivienda, servicios de salud, mantenimiento, etc. en las nuevas regiones donde se trasladen.

Pero ¿cómo llegamos a esta situación? O mejor, ¿porqué el hombre moderno, tan cosmopolita él, no llegó a comprender esta verdad que era el centro de conocimiento de los sabios de las viejas culturas?

Un conocimiento que señalaba que la totalidad de los seres vivos del planeta forma una entidad viva, donde cada elemento es necesario para el correcto funcionamiento del mundo, un equilibrio que hacía posible la existencia de las distintas formas de vida.

Hace varios años James Lovelock desarrolló la Hipótesis Gaia, según la cual el ser humano ha modificado el equilibrio en la Tierra, poniendo en riesgo a todas las formas de vida y colocándolas al borde de la extinción. De acuerdo a su tesis, la desaparición de los organismos vivos provoca cambios en el frágil equilibrio planetario, con sus lluvias, desiertos, corrientes marinas, vientos, floración y curso de los ríos.

El hombre en su torpe empeño de cambiar el curso de la naturaleza transformó las condiciones de existencia, al punto que Lovelock considera que hemos cruzado ya el punto del no retorno y alterado de tal manera los sistemas de equilibrio que es cuestión de tiempo que la vida, tal y como la conocemos, desaparezca.

Esto no quiere decir que todo vestigio de vida se esfume, pero sí que desaparecerán muchas especies y otras, como el hombre, deberán luchar por adaptarse a los cambios que sucederán.

Tendremos que adaptarnos a la desaparición de los bosques, al surgimiento de nuevos desiertos, a la elevación del nivel del mar y a la extinción de los casquetes polares.

La raíz de esta tragedia la encuentra Lovelock en una palabra que fue bendita por muchos, incluido el inefable Alan García: el desarrollo. Para el autor de “La venganza de la tierra” no es posible seguir abogando por el desarrollo porque el consumo de energía daña la Tierra y hay que frenarlo, si todavía queremos sobrevivir.

Lovelock no cree que la humanidad desaparezca, pero sí que habrá millones de bajas. Con el crecimiento del nivel del mar, muchas ciudades serán sepultadas bajas las aguas. La temperatura será mayor, el sol calentará con más fuerza y la gente morirá por millares como ocurrió en Francia en el verano de 2003. Los recursos se verán limitados, la tierra no se dará abasto para satisfacer a los futuros ocho mil millones de personas.

Los signos del calentamiento global indicaron hace tiempo que había que dejar de maltratar a la tierra, no talar tantos árboles, contaminar menos la atmósfera, reducir la dependencia del petróleo y hacer las cosas de otra manera…

Lovelock defiende como alternativa la energía nuclear. Aboga por ella, debido a que genera menos residuos y ocupa mucho menos espacio que los derivados de la quema de fósiles. Además es “la única fuente de energía que satisfará nuestra demanda sin suponer una amenaza para Gaia ni interferir en su capacidad para mantener el clima y una composición atmosférica adecuadas para la vida”, señala.

Lovelock rechaza la propuesta del uso de biocombustibles para reemplazar al petróleo. Eso porque para producir los biocombustibles tendríamos que multiplicar por seis la superficie que actualmente dedicamos a la agricultura, cosa que alteraría el equilibrio del planeta. Él propone, por el contrario, reducir la superficie cultivada del planeta, sintetizando alimentos para animales de granja. Los biocombustibles, dice, serían interesantes si se obtuviesen de residuos vegetales.

Efraín Rúa
Editor Mundo

No a la ley de la selva

César Lévano


Los pueblos indígenas amazónicos anunciaron ayer que se preparan a declararse en estado de insurgencia contra el gobierno de Alan García.


Lo hicieron a través de un Manifiesto firmado por los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep).

El documento denuncia hechos innegables. Entre ellos la colección de decretos legislativos que en gran parte se dirigen a “modernizar” la selva, así como la región andina, mediante la eliminación de las comunidades y la entrega de la Amazonía a transnacionales del petróleo, el gas, el oro, las maderas para que hagan lo que les parezca con las aguas, los bosques y la biodiversidad.

Los amazónicos no se oponen a la inversión nacional o extranjera. Condenan sí la depredación y el abuso.

Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, declaró ayer que no sabe por qué se rebelan los nativos, ya que, según él, nunca han dicho en qué puntos son inconstitucionales los decretos.

Es una mentira audaz. Los representantes de los nativos -y no sólo ellos- han demostrado más de una vez cuáles son en esos decretos los aspectos violatorios de la Constitución.

Se podría desgranar un rosario de violaciones.

Por ejemplo, el artículo 68 de la Constitución expresa: “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.

El artículo 69: “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”.

Y el 89 proclama que la propiedad de las tierras comunales es imprescriptible.

Ahora bien, en su serie de artículos “El síndrome del Perro del Hortelano”, el presidente García propuso la desaparición de las comunidades andinas y selvícolas.

Tan claro es esto, que los amazónicos consiguieron, con argumentos legales, la derogación de dos de los decretos legislativos, y que una Comisión Multipartidaria del Congreso recomendara la derogación de otros.

La teoría del Perro del Hortelano se encarnó en esos decretos legislativos que amplios sectores de la opinión han considerado lesivos al interés nacional y social.

Ahora, frente a un agravamiento del problema, los portavoces del régimen aseveran que el derecho de insurgencia sólo es válido frente a un gobierno usurpador. Así lo establece, en verdad, el primer parágrafo del artículo 46 de la carta.

Pero el segundo párrafo de ese dispositivo va más allá: “La población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.

Ese orden ha sido repetidamente violado por García. Aun así, la salida ahora no es la insurgencia, sino el diálogo que atienda razones, que conduzca a la derogación de decretos y que programe un desarrollo concertado y, por eso, sostenible de la Amazonía.

Necesario es el diálogo, no el monólogo de las balas que Yehude Simon promete.

Camino a la insurgencia


Líderes amazónicos anuncian decisión de desobedecer al gobierno si no deroga los decretos legislativos cuestionados. Ejecutivo anuncia mano dura.

Amazónicos denuncian que militares y policías preparan represión.

DETALLE

A pedido del congresista nacionalista Daniel Abugattás, este martes la Comisión de Constitución analizará la constitucionalidad de los decretos legislativos considerados antiamazónicos, anunció el presidente del Legislativo, Javier Velásquez. No descartó la modificación de las referidas normas, aunque dijo no se considerará su derogatoria.
Los principales líderes indígenas amazónicos informaron ayer, en un pronunciamiento público leído por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), su decisión de “prepararse a declarar nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García en los territorios indígenas amazónicos”, de conformidad con el Artículo 89º de la Constitución.

Pizango precisó que “esto significa que nuestras leyes ancestrales pasarán a ser leyes obligatorias en nuestros territorios y que consideraremos una agresión externa a cualquier fuerza que pretenda ingresar en los mismos”.


El comunicado leído por Pizango está dirigido “a nuestros heroicos pueblos, organizados en sus comunidades” y reseña todos los pasos que ha dado el comité de lucha de las 8 regiones de Aidesep para dar a conocer el sentir de las comunidades amazónicas, el inicio de la protesta amazónica, el 9 de abril.


Explicó que tanto el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, como el presidente del Congreso, Javier Velásquez, se han negado a discutir la derogatoria de los decretos legislativos lesivos a la selva amazónica, tal como recomendó en su informe final de diciembre del 2008 la comisión multipartidaria que revisó esas normas. La declaración plantea que los gobernantes han respondido: “No nos interesan los pueblos indígenas ni sus derechos”.


Derechos atropellados

“Nosotros, hermanos indígenas, circunstancialmente haciendo el papel de dirigentes -continuó leyendo Pizango-, estamos trabajando día y noche en las tareas de hacer conocer a los poderes del Estado peruano y a la propia ciudadanía mestiza, de nuestros derechos atropellados por un gobierno entreguista que quiere arrebatarnos nuestros territorios y nuestra agua para entregarlos a las grandes empresas extranjeras, como lo ha hecho con el petróleo, la madera, el oro y todo aquello que ambicionan los ricos del mundo”.


El último punto del comunicado hace una invocación “a las fuerzas sociales y políticas nacionales y populares que comparten nuestra indignación con este gobierno, a trabajar juntos por cambiar este modelo de Estado que sólo beneficia a un puñado de sinvergüenzas nacionales y extranjeros, a costa del hambre y la desnutrición de nuestros pueblos”.

Desobediencia civil

Entrando en detalles, Pizango manifestó que la insurgencia de las comunidades nativas de la Amazonía no se realizará con acciones armadas o actos de violencia, sino en un estado de desobediencia civil, que durará hasta que los decretos legislativos cuestionados sean derogados por el Ejecutivo.


“Nosotros queremos el desarrollo, pero desde nuestra propia perspectiva. ¿De qué nos sirve tener luz, agua, teléfonos satelitales, si vemos a nuestras comunidades destruidas e inundadas por las plagas sociales como el alcoholismo y la prostitución?”, reflexionó.


Amenaza militar

El presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana (ORPIAN), Cervando Puerta, ratificó a este diario que las Fuerzas Armadas, junto con la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía, amenazan atacar a más de 6 mil nativos awajun que ocupan la Estación 6 de Petroperú, ubicada en el distrito de Imaza (Amazonas) para desalojarlos y reactivar el bombeo de crudo del oleoducto.


El pronunciamiento de Aidesep fue respaldado por Cervando Puerta, presidente de ORPIAN; Toribio Amasifuén, presidente de Coordinadora del Frente de Lucha de los Pueblos Indígenas de San Martín; Marcial Mudarra, coordinador general de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas; Teresita Antazu, presidenta de la Unión de Nacionalidades Ashaninka-Yanesha; Daniel Marzano, presidente de la Organización Indígena Regional de Atalaya; Javier Cahuenire, representante del comité de lucha del Consejo Machiguenga del Río Urubamba; Edwin Vásquez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, y Jaime Corisepa, representante de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes.


Leonardo Caballero
Redacción