Carlos Herrera Descalzi
Columnista
En la semana que pasó tocó a las instalaciones de transmisión ser las causantes del racionamiento eléctrico a los grandes consumidores. La crisis eléctrica es la inadecuada satisfacción de la demanda por insuficiencia de equipamiento y de inversiones. Para evaluar estructuralmente la crisis, hay que mirar los cimientos del subsector eléctrico.
Sus fundamentos son la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) y su Reglamento, así como sus ampliatorias y modificatorias
1. La concepción del subsector eléctrico reside en (i) su arquitectura, (ii) la identificación de roles y funciones y (iii) su asignación a agentes
2.La LCE data de 1992.
Marcó un cambio de doctrina respecto a las 2 décadas anteriores: migró del enfoque de Servicio Eléctrico con gestión empresarial por el Estado al enfoque de Negocio Eléctrico con gestión empresarial privada. El Estado conservó sus roles normativo y supervisor y adquirió los de promotor, concedente y regulador (el actual Osinergmin). En la gestión mantuvo su rol subsidiario (electrificación rural).
La LCE, a partir de los conceptos de Sistema Eléctrico y Servicio Público de Electricidad, estableció:
(i) las actividades empresariales;
(ii) los agentes; y,
(iii) el marco institucional, con sus funciones. Las actividades empresariales son: generación; transmisión; distribución; y, comercialización.
Son agentes:
(i) los consumidores –antes denominados Clientes y ahora Usuarios– clasificados en menores, medianos y grandes;
(ii) los concesionarios, como ejecutores de las actividades empresariales;
(iii) el operador técnico del sistema eléctrico (COES) y
(iv) el regulador.
Los precios son regulados –es decir fijados por el regulador (tarifas)– excepto los de la generación destinados a los clientes libres (medianos y grandes usuarios).Lo sustancial de la LCE fue sustituir a la inversión estatal por la privada. Mediante la privatización, el Estado retiró su capital. El éxito del nuevo orden –régimen de la LCE– residía esencialmente en poder atender permanentemente el crecimiento de la demanda. Era su prueba ácida. Implicaba no volver a lamentar que la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita. Pero, es a lo que hemos llegado. ¿Qué falló? El sistema operó bien, hasta que entró Camisea. ¿Fallaron los agentes? No puede atribuirse ni a los consumidores ni al operador. Los concesionarios no realizan inversiones no rentables. Queda sólo el regulador.
El sistema creado por la LCE reposa sobre la adecuada retribución a la inversión. Es su aspecto más delicado, en un país con antecedentes de subsidio indiscriminado en energía. Lograr el equilibrio a través de las tarifas es la función del regulador. El incremento de precios es universalmente impopular. Ser escudo y contrapeso para lo impopular, toca al regulador. Para eso, la LCE le otorga autonomía y recursos que otras entidades envidiarían.
El regulador ha sido el organismo más influyente en todos los cambios a la LCE. Su norte tarifario ha sido evitar el incremento de precios. El MEM ha expedido algunas normas sin sustento técnico. A fines del 2004, la Ley 28847 acortó plazos de proyección de la demanda para recortar la discrecionalidad del regulador.
La explicación política al país de la crisis eléctrica y su daño al Perú toca al MEM. La explicación técnica compete al Regulador.
El Congreso debe escucharlas.
1 como el D.U. 037-2008 y el D.L. 1041
2 Llamados también actores o protagonistas
