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LOS ONCE AÑOS DE EXITO SOCIAL DE LA MISION SUCRE


Caracas / Venezuela

Martes, 22 de Noviembre del 2,011

Por: Algimiro Añez


“La Revolución Bolivariana es una garantía para la inclusión y la justicia social, pues hoy día la educación permite que los históricamente excluidos  sean incluidos en el sistema educativo, sean visibles, respetados y
dignificados”, sostuvo este viernes el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez.

Durante el acto de celebración de los siete años de la Misión Sucre, el  ministro Ramírez señaló que todos los logros obtenidos por el Gobierno  Nacional en materia educativa son hechos que le rinden honor al pueblo en  tiempos de revolución.

“Por eso la Misión Sucre es importante en tiempos de revolución, porque hace 11 años en este país había 646 mil estudiantes universitarios, 11 años después son 2 millones 500 mil estudiantes. Esto es incomparable, porque esos estudiantes, hombres y mujeres de la Misión Sucre, eran los hombres y
mujeres que históricamente fueron excluidos y que nunca tuvieron oportunidad para culminar sus estudios de secundaria y mucho menos su educación universitaria”, expresó Ramírez.

EX CANCILLER MANUEL RODRÍGUEZ RECUERDA EL 24 DE ABRIL DEL 2,002 COMO DIA CLAVE PARA IR A LA CORTE DE LA HAYA

Entrevista concedida por el ex Canciller de la República Peruana MANUEL RODRIGUEZ CUADROS a Agencia Andina de Noticias


Lunes 21 de noviembre de 2011.


¿Identifica un momento específico en el que se decidió –como se dice coloquialmente- tomar al toro por las astas y buscarle una solución al tema?

Por cierto yo diría dos momentos. El 24 de abril del año 2002, en que tengo - como Vice Ministro- Secretario General de Relaciones Exteriores- una reunión con el Presidente Alejando Toledo en su  despacho. En esa oportunidad le explique los contornos jurídicos y de soberanía nacional que presentaba el problema del cercenamiento de nuestra soberanía marítima por la pretensión de Chile de fijar el límite por el paralelo. El presidente se extraño que hasta ese momento no se haya tomado acciones para revertir la situación y defender los intereses marítimos del pueblo peruano. Luego que puse en su conocimiento mi estrategia de buscar con transparencia y determinación una solución negociada y como previsiblemente Chile no aceptaría recurrir a la Corte Internacional de Justicia, le pregunte si me autorizaba a iniciar todos los pasos para envainar el tema en esa dirección, incluyendo el reconocimiento por parte del Perú de la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, luego que el presidente Toledo autorizó esta
estrategia tuve la convicción que la historia empezaba a cambiar. El segundo momento fue en febrero del año 2004 cuando presente la sustentación jurídica de la posición peruana, ya elaborada muy al detalle, al Presidente Toledo, al Presidente del Consejo de Ministros Carlos Ferrero y al pleno del Congreso, todos la respaldaron y el presidente autorizó la presentación de la demanda. Ese fue el momento decisivo.

¿Desde cuándo se iniciaron las tratativas destinadas a lograr un acuerdo sobre este tema? ¿En algún momento se previó llegar a una solución consensuada o desde el comienzo se tuvo claro que La Haya sería el lugar en el que todo se decidiría?

Desde que asumí el cargo de Vice Ministro Secretario General de la Cancillería en enero del 2001, el tema tuvo prioridad en mi agenda, con el respaldo del presidente Toledo. Desde ese momento traté la delimitación marítima con el viceministro de Chile, Christian Barros. Obviamente en términos informales. También lo trate con la canceller Soledad Alvear y el Canciller Ignacio Walker. Yo sabía que buscar una
solución negociada era imposible, pues Chile pensaba - como muchos en el Perú - que no teníamos otra opción que aceptar el paralelo. No se imaginaban nuestra decisión de ir a La Haya y no eran conscientes que pese a que hoy mismo no han reconocido la competencia obligatoria d ella Corte, podíamos llevar el caso amparados en el Art.XXXI del Pacto de Bogotá. Sin embargo de buena fe tenía que buscar primero una solución negociada, era un requisito formal agotar las negociaciones diplomáticas para estar habilitados para recurrir a la Corte Internacional de Justicia . Pero, sí, la estrategia era ir a la Corte pues tenía la convicción que Chile no aceptaría iniciar negociaciones, cuando las propuse formalmente a la canciller Alvear, el 19 de julio del 2004, creo que la cancillería chilena todavía no tenía idea que llevaríamos el tema a La Haya, pensaban que eso era un imposible por no haber reconocido Chile la competencia obligatoria. Por eso se apresuraron a contestar una negativa tan rápida. Al día siguiente ya hubo un comunicado oficial chileno. Esa negativa es lo que yo esperaba , habilitaba al Perú, conforme al Pacto de Bogotá, para recurrir a la Corte. Cuando anuncié esto, creo hubo una gran sorpresa en Santiago y también en Lima. Un sector de la prensa peruana - que desconocía el trasfondo jurídico de estas acciones- imprudentemente reaccionó de forma crítica a mi iniciativa, coincidiendo con las argumentaciones de Santiago.

¿Cuando se produjo el cambio de gobierno, se expresaron en determinados medios ciertos temores respecto al rumbo que tomaría el tratamiento dado a este tema.
¿Cómo observa que se está dando su manejo actualmente?
Creo que fueron preocupaciones infundadas. A mi me consta que el Presidente Humala, como político, siempre tuvo una preocupación por el tema. más aún participo en los procesos de consulta para consensuar la demanda peruana. Yo sabía que sus decisiones serían responsables en este tema. En este como en otros
asuntos hay continuidad y un mayor involucramiento del Jefe de Estado en la materia. La posición jurídica del Perú es sólida. Esperemos que la defensa también lo sea. Esto se sabrá al final del juicio.

¿Cómo ve que ha estado evolucionando la posición chilena sobre el diferendo?
Sus posiciones jurídicas no han cambiado. Siguen siendo las mismas. Algunos analistas chilenos dudan sin embargo del manejo político - diplomático que se estaría hacienda del problema. Muy particularmente de la manera como se vincula su política de defensa con el juicio en La Haya. Creen que el mensaje que se trata de pasar a la Corte, en el sentido que si la sentencia les es desfavorable podría haber una gran tensión o conflicto, podría ser contraproducente. Piensan que buscar que la Corte, para evitar esa tensión o conflicto, falle a favor de Chile no sería lo más realista. No dejan de tener razón. La Corte no orienta sus sentencias por presiones y razones políticas. Sus fallos son de puro derecho. Y hay que respetarlos.