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¿Al final quién resultó siendo mono? Bayly se queda en Canal 2

Viernes 26 de febrero de 2010


Por la plata baila el mono, dice el dicho popular. Luego de haber dicho estupidez y media el tragicómico Jaime Bayly se quedará en Canal 2 Frecuencia Latina, es decir convivirá con todidititos aquellos periodistas a los cuales insultó diciendo que bailan al ritmo de Baruch.
El pobre hombre, este Bayle, que dice que gentuza como Barba es decente y que se regodea con ser candidato presidencial se quedará en FL porque no quiere pagar la penalidad. ¿Cómo? ¿No es que no le gusta la plata?
Pobre diablo resulto Jaimito Bayle Bayly. Da pena.
Jaime Bayly se quedará en Canal 2

Fuente: http://dudayrazon.blogspot.com

Bolivia: La rebelión de los corruptos

Viernes 26 de febrero de 2010


Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS, especial para ARGENPRESS.info)

La corrupción en Bolivia alcanza los rasgos de un crimen de lesa humanidad. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz debe ir más allá de 20 años, llegando al gobierno de la UDP, cuando los bolivianos recuperamos una democracia que nació portando el virus de la prebenda y el latrocinio.

“La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz viola la Constitución aprobada por los propios masistas, y nosotros sí la respetamos y les vamos a enseñar a respetar su propia Constitución”, exclamó con indisimulada sorna un senador manfredista que fue colaborador principal de Reyes Villa en la Prefectura de Cochabamba y se paseaba orondo por las calles de esta ciudad a bordo de aquellas vagonetas con vidrios raybanizados que el capitán corrupto compró con sobreprecios dilapidando los recursos del IDH y desfalcando el erario de los cochabambinos, por lo cual hoy el jefe y mentor de estos pichones del neo-fascismo se puso a buen recaudo en su mansión de Miami.

El hoy senador Bernardo Gutiérrez Sanz, junto con su compinche Róger Pinto, que desajenó los terrenos de la zona franca de Cobija a precios de gallina muerta para favorecer a narcotraficantes peruanos y saqueadores brasileños de madera, sus socios, alzan el grito al cielo y dicen que la flamante Ley Anticorrupción será un mecanismo de “persecución política”. Lo mismo dijo García Meza cuando se lo buscaba por sus crímenes y latrocinios.

¿Es que a los ladrones y atracadores del bien común no hay que perseguirlos? ¿Hay que dejarlos seguir amasando fortunas mal habidas y reciclándose en el poder impunemente, en nombre de la democracia? No señores, ¡hay que perseguirlos hasta hacerlos desembuchar todo lo que robaron en más de 20 años de cinismo institucionalizado! Monumental tarea que se ha propuesto el Gobierno del presidente Evo Morales en esta etapa crucial de la revolución que gobierna, para lo cual no serán suficientes mecanismos de “inteligencia financiera” o juzgados anti-corrupción que les quita el sueño a los riquitos de pacotilla.

Los hombres y mujeres dignos y honestos de Bolivia, quienes vivimos, sobrevivimos o subvivimos de nuestro estricto esfuerzo, de nuestra ética del trabajo, formaremos el ejército de la buena fe para que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, a pesar de la familia gonista de Marcelo, sea digna de aquel nombre que es símbolo y patrimonio de un pueblo heroico y no de un mezquino clan familiar oligárquico.

Más de 20 años

"Todos queremos luchar contra la corrupción, sin embargo la ley elaborada por Evo Morales es un pretexto para acaparar el control de las instituciones", dice con desparpajo hipócrita otro senador separatista y agente del gonismo, Germán Antelo. ¿Por qué entonces no lucharon contra la corrupción cuando detentaban el poder, cuando fueron los “ratones” que cuidaban “el queso”? Tuvieron 20 años para elaborar una ley de investigación de fortuna a su gusto y sabor, pero no les dio la gana, y, es más, evitaron su aprobación hasta hace unos días incluso, escamoteando en el Senado durante los últimos dos años un proyecto que fue legítima bandera electoral del MAS, y bien que todos quienes realmente queremos un país digno, la izamos sin ambages y sin estar obligados a ser masistas.

La Ministra de Transparencia anunció que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz tendrá un alcance retroactivo de al menos 20 años, que es teóricamente el tiempo neoliberal que asoló al país. Considero un cálculo erróneo. La democracia boliviana tiene cuentas por saldar con el pueblo que la sustenta, desde los tiempos de la UDP, 29 años atrás, cuando hoy orondos y exitosos empresarios amasaron sus fortunas, impunemente, con los famosos dólares preferenciales del Banco Central, cuando “izquierdistas” de cuello blanco se robaron toneladas de lingotes de estaño de ENAF provocando la quiebra de esa empresa estatal, y nunca fueron siquiera investigados por tales delitos.

La corrupción en Bolivia alcanza los rasgos de un crimen de lesa humanidad. No otra cosa es desviar medicamentos que estaban destinados a las familias de policías de bajo rango para usarlos como prebendas electorales, como hizo la madre de Tuto Quiroga en Cochabamba; no otra cosa es embolsillarse dineros que estaban destinados a la construcción de escuelas y postas sanitarias en las zonas rurales, como lo hicieron los familiares y lugartenientes de Goni, Banzer, Paz Zamora, Max Fernández, Reyes Villa y Carlos Mesa. Miles de niños y madres indigentes murieron porque los recursos que debían protegerlos, terminaron financiando mansiones, hoteles de cinco estrellas, viajes en cruceros, películas de mal gusto y concursos de misses bulímicas.

Por eso hay que ser duros con los corruptos de ayer, de hoy y de siempre.

Terrorismo de Estado

Viernes 26 de febrero de 2010


Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)


Colombia es presentada siempre como una democracia modelo, un país que a lo largo del siglo pasado solo había sufrido un golpe militar, con elecciones periódicas y unas instituciones muy sólidas inspiradas en los más puros principios del estado de derecho. Las inocultables y graves diferencias sociales, la pobreza y otros males que desdibujaban este idílico panorama se justificaban por su condición de país subdesarrollado. Pero la guerra interminable (con sus inocultables episodios de guerra sucia), el interés que despierta el fenómeno del narcotráfico y en particular la política de “seguridad democrática” de Uribe Vélez hacen muy complicado aceptar sin más la imagen positiva que difunden los medios.

Algo debe fallar en los cimientos de esta “democracia modelo” cuando el tráfico de narcóticos alcanza una dimensión tan desmesurada invadiendo todo el tejido social, pervirtiendo la moral de trabajo, convirtiéndose en uno de los motores de su economía y creando una cultura del dinero fácil y la justificación de cualquier medio que garantice el éxito, sin excluir el asesinato y la masacre. Una sociedad que se descompone con tanta facilidad sugiere que sus estructuras básicas padecen una crisis profunda. El sistema, sencillamente no es capaz de eliminar sus propias toxinas.

Mucho más relevante resulta el prolongado conflicto armado frente al cual los sucesivos gobiernos oscilan entre ofertas de rendición a los insurgentes a cambio de algunas ventajas materiales y la negación categórica de su existencia, desconociendo sus raíces sociales y convirtiendo a los guerrilleros en un simple grupo de delincuentes y bandidos. Además, ya es práctica habitual por parte de las autoridades vincular con la guerrilla a opositores y movimientos reivindicativos, algo que no corresponde a un régimen democrático y de paso suscita preguntas inquietantes. En efecto, si tales vínculos son falsos, el gobierno miente y hace uso de métodos autoritarios que convierten la oposición en una actividad de alto riesgo y –lo que es mucho más grave- expone a los señalados a la acción criminal de los paramilitares y sus socios en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Pero si la acusación de connivencia o simpatía con la guerrilla es cierta, cabe preguntarse el motivo por el cual opositores, activistas sociales y movimientos reivindicativos hacen causa común con una insurgencia que según la versión oficial se reduce a un simple grupo de bandoleros.

También pierde credibilidad la explicación gubernamental que coloca al Estado y sus fuerzas armadas como protectores de una ciudadanía sometida al fuego cruzado de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes a quienes se combate por igual. La verdad es que cada día se confirman los vínculos estrechos del Estado con la guerra sucia y el paramilitarismo y sus responsabilidades innegables frente al surgimiento y expansión del tráfico de narcóticos. Términos como “narcoestado” y “estado paramilitar” se han vuelto populares. Y no sin razón. Los cambios institucionales introducidos en las últimas décadas (y en particular durante la administración de Uribe) no solo contrarían la Carta Magna que la actual administración ha retorcido a su gusto para beneficio propio, sino que chocan con el ideario liberal clásico por su deslizamiento hacia formas particulares de un fascismo criollo en expansión: se desmantela la institucionalidad, se limitan los derechos personales, se concentra el poder político en un ejecutivo que tiene sometido por completo al poder legislativo e intenta hacer lo propio con el poder judicial, reduciendo al ostracismo los últimos reductos de un grupo de jueces que persisten en la defensa de un Estado de Derecho que ellos se sienten en la obligación de defender.

El muy criticado “Estado de opinión” que hoy propone Uribe como supuesta culminación del Estado de Derecho en realidad no es otra cosa que un “estado de manipulación” apoyado por la clase dirigente y bien promocionado por los medios, propiedad de los poderes locales y de grandes multinacionales como los grupos españoles Prisa y Planeta que ya controlan lo fundamental del espacio informativo del país.

El reciente informe de Human Rights Watch confirma más allá de toda duda la responsabilidad gubernamental en relación a unos grupos paramilitares que no han desaparecido como sostiene el gobierno sino que siguen delinquiendo en las mismas condiciones de impunidad de antes, contando con autoridades que hacen la vista gorda y que en no pocas ocasiones están involucradas ellas mismas en las actividades delictivas de las ahora llamadas “bandas emergentes”. En el mismo sentido se han pronunciado varias delegaciones parlamentarias europeas y hasta los socios de Washington acaban de llamar la atención a Bogotá, incómodos con la generalización de la violencia contra las organizaciones sindicales y campesinas.

La cadena de escándalos sobre la violación de los derechos humanos en el país hace ya imposible entonces que el Estado intente eximirse de sus responsabilidades. A estas alturas es insostenible la versión oficial según la cual el asesinato de civiles que se presentan luego como guerrilleros dados de baja (los “falsos positivos”) corresponde siempre a casos excepcionales, manzanas podridas a extirpar del cesto impoluto de un ejército respetuoso de la ley y que tiene inclusive un departamento de “derechos humanos”. Pero la verdad es que formar grupos paramilitares es una vieja tradición gubernamental en Colombia. Ciertamente que nunca como hoy el fenómeno había alcanzado tal dimensión (con la directa asesoría de oficiales y mercenarios estadounidenses) pero con diversas denominaciones ha sido una práctica oficial habitual. Fomentar estos grupos forma parte de la estrategia militar y explica la colaboración permanente entre militares y paramilitares adelantada contra poblaciones que real o potencialmente pueden resultar simpatizantes de la insurgencia.

El deterioro de la legalidad en todas sus esferas reduce día a día los pocos espacios democráticos que quedaban en el país. Con amarga ironía un dirigente obrero afirmaba que en Colombia resulta menos arriesgado organizar una guerrilla que fundar un sindicato. Y razones no le faltan a juzgar por el interminable rosario de asesinatos de sindicalistas reportados entre otras por la OIT. Defender presos políticos, denunciar la violación de los derechos humanos, hacer uso de la libertad de expresión y condenar los crímenes oficiales acarrea por lo general malas consecuencias. Organizar un movimiento cívico, una marcha pacífica, una manifestación estudiantil o una huelga se puede saldar con cárcel, despidos, persecución, señalamiento, exilio o muerte, ya sea a manos de las “fuerzas del orden” o como la enésima víctima de las bandas armadas de la extrema derecha.

Existen pues muchos factores que llevan a pensar en la democracia colombiana como un ente al borde de convertirse en un estado autoritario con visos de ir a peor y en donde la guerra sucia, convertida en política oficial no merece otro calificativo que terrorismo de Estado, es decir, una política destinada a someter a la población a través del miedo y la violencia indiscriminada. Muy complicado lo tendrá un gobierno nuevo que salga de las próximas elecciones si es que se consigue derrotar al oficialismo. Ahora bien, si la estrategia de la “seguridad democrática” se mantiene (con o sin Uribe en la Casa de Nariño) nada promete mejores días a la sociedad colombiana. Las perspectivas no pueden ser más pesimistas y, sin duda, el terrorismo de Estado aparece desde ya como uno de los mayores obstáculos atravesados en el camino de la paz.

Miles de hondureños marchan en protesta contra el golpe de Estado

Viernes 26 de Febrero de 2010

LOS TITULARES DE HOY

EL RESTO DE LA HORA DE DEMOCRACY NOW!

  • La cumbre sobre el sistema de salud termina sin acuerdo; partidarios del sistema de pagador único son excluidos del debate

    Obama-healthsummit

    Tras casi siete horas de debate televisado, la llamada cumbre bipartidista del presidente Obama sobre el sistema de salud terminó el jueves sin lograr ningún acuerdo sustancial entre republicanos y demócratas. Los legisladores republicanos mantuvieron su acérrima oposición a que el gobierno federal sea quien regule los seguros de salud. Hablamos con Trudy Lieberman, editora colaboradora del Columbia Journalism Review y con la Dra. Margaret Flowers, pediatra y miembro de Médicos por un Programa Nacional de Salud.

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  • Eve Ensler, fundadora del V-Day, habla sobre su libro “Soy una criatura emocional: la vida secreta de las muchachas en todo el mundo”

    Ensler-emotionalcreature

    Para Eve Ensler, acabar con la violencia contra mujeres y niñas, es la misión de toda su vida. Ella es la fundadora del V-Day (Día V), escritora y dramaturga responsable de Monólogos de la vagina, obra que ha batido records de venta. En su libro más reciente recoge una colección de monólogos y relatos de ficción inspirados en las vidas de mujeres jóvenes: “I Am an Emotional Creature: The Secret Life of Girls Around the World” (Soy una criatura emocional: la vida secreta de las muchachas en todo el mundo).

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  • Mientras que Obama promueve el “carbón limpio”, Jeff Biggers recorre la historia de la minería destructiva en su libro “Ajuste de cuentas en Eagle Creek: el legado secreto de la industria del carbón en el corazón de Estados Unidos”

    Biggers-reckoning

    Coincidiendo con la principal iniciativa del presidente Obama de desarrollar la llamada tecnología del carbón limpio, Jeff Biggers, periodista e historiador cultural, explora el mito del carbón limpio en un nuevo libro que habla sobre la historia secreta de la minería del carbón en el estado natal de Obama: Illinois. La familia de Jeff Biggers ha vivido en el sur de Illinois durante 200 años. En 1999, su cabaña de troncos de 150 años de antigüedad y un asentamiento con 200 años de historia en Eagle Creek fueron destruidos por varias operaciones de minería a cielo abierto.

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