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POR SER INCONSTITUCIONALES FUERON DEROGADOS LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1015 y 1073

Los indígenas de Perú se anotaron una victoria contra el gobierno cuando el Congreso aprobó el viernes derogar dos leyes que generaron el rechazo de nativos de 65 etnias amazónicas que se declararon en huelga contra la norma.
La derogatoria se aprobó por 66 votos a favor y 29 en contra en una sesión pública del Congreso unicameral y tras un debate de más de tres horas.
La decisión del Parlamento fue saludada con muestras de júbilo por cientos de nativos reunidos en la plaza principal de la nororiental Bagua, ciudad donde siguieron las incidencias del debate por televisión.
"Esto significa un nuevo amanecer para los pueblos amazónicos", dijo Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).
Los indígenas iniciaron una huelga en la región amazónica el 9 de este mes y la suspendieron el miércoles tras acordar una frágil tregua con el presidente del Congreso, Javier Velásquez.
A lo largo de la selva los nativos se declararon en abierta rebeldía contra las normas del gobierno que, a juicio de sus líderes, significaban la violación de sus derechos de propiedad sobre tierras que ocupan, y que favorecen concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos que los obligarían a migrar.
Durante su paralización, los indígenas tomaron instalaciones petroleras y un campamento de la compañía argentina Pluspetrol, que explota gas en el sur del país.
La derogación de las leyes aparece como un triunfo de las etnias amazónicas ya que se logró en contra de la opinión del presidente Alan García, quien el miércoles advirtió que sería "un gravísimo error histórico" derogar la norma.
Según el gobierno, la ley buscaba que las comunidades indígenas puedan asociarse con empresas, mejorar su ganadería, desarrollar su industria minera no metálica, o mejorar sus pastos que exigen tecnología y capital, de forma que puedan integrarse al progreso y no queden aislados del desarrollo del país.
Sin embargo, los grupos indígenas criticaron las leyes señalando que nunca fueron consultados y que con esas normas se busca entregar sus tierras a empresas transnacionales.
De esa manera, según Aidesep, se quería poner en práctica el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, en perjuicio de los nativos.
Pizango señaló que los territorios nativos están reconocidos no sólo dentro de la legislación peruana, sino también en los tratados internacionales suscritos por Perú, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que respaldan a los pueblos amazónicos y reconocen la intangibilidad de sus territorios.

Congreso de Perú deroga leyes de García a pedido de indígenas

LIMA, ago 22 . - El Congreso peruano derogó el viernes dos leyes sobre posesión de tierras aprobadas por el presidente Alan García, atendiendo protestas de indígenas de zonas energéticas de la selva y en una derrota del Gobierno que busca impulsar la inversión privada en pueblos rurales.
La anulación de las normas, que facilita a las grandes empresas la compra de las tierras de las comunidades, fue aprobada con 66 votos a favor y 29 en contra, en medio de la algarabía de decenas de indígenas presentes en el Parlamento.
"Esto es un acto de cumplimiento y marca la historia de una verdadera democracia y de una verdadera inclusión", dijo a periodistas el líder indígena Alberto Pizango.
"El Congreso ha demostrado que sí se puede hacer justicia a un justo reclamo y que se debe respetar a las comunidades", agregó.
García, quien impulsa más inversión privada en zonas remotas del país, tiene 15 días para ratificar o devolver la derogatoria al Congreso, que finalmente puede rechazar el veto del mandatario.
Los nativos, que argumentan que las leyes vulneran sus derechos de propiedad, habían tomado hace más de una semana las plataformas de perforación de gas de Pagoreni A y B (lote 56) de la argentina Pluspetrol, y cercado el oleoducto de la estatal Petroperú, que transporta el crudo a la costa.
García había advertido al Congreso que sería un "gravísimo error" derogar las leyes y dijo que estas permitirían a las comunidades asociarse con las empresas para desarrollar sus actividades de ganadería y agricultura.
Las protestas ocurrieron mientras Perú enfrenta una crisis energética por la saturación de la capacidad de un gasoducto que alimenta a las centrales termoeléctricas y por la falta de lluvias para la generación hidroeléctrica.

REUTERS TC MLP JIC/

Canciller ecuatoriana convocará a la CAN



La canciller María Isabel Salvador anunció que convocará a Consejo Ampliado de Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Comercio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para tratar la solicitud del Gobierno de Bolivia para que se destituya al secretario general del organismo andino, Freddy Elhers.
La salida del funcionario es solicitada por Bolivia porque lo consideran responsable de que en la CAN se haya modificado la normativa 486, referente a propiedad intelectual, para que Perú pueda firmar su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Salvador realizará esta convocatoria en calidad de presidenta Pro Tempore de la CAN, pese a que el Gobierno ecuatoriano ha expresado apoyo al funcionario.“El Gobierno Nacional reafirma su confianza plena en la gestión del Secretario General de la Comunidad Andina, señor Freddy Elhers”, aseguró el régimen en un comunicado.
Pedido oficial
El Gobierno de Bolivia anunció la semana pasada que pediría la salida de Elhers, sin embargo, la solicitud oficial la realizó el pasado miércoles.La carta en la que se pide la salida de Elhers fue entregada por el embajador de Bolivia en Ecuador, Javier Zárate, a la canciller ecuatoriana, quien además es la presidenta pro tempore de la CAN.Zárate aseguró que el Gobierno boliviano considera que Elhers permitió que en la votación en la que se cambió la norma antes mencionada se produzcan fallas.“El artículo 33 del Acuerdo de Cartagena dice que cuando un país se opone a que se apruebe un artículo, éste no se aprueba, (la norma 486 se modificó sin el voto boliviano). Por eso Elhers cometió una falta grave al no velar por la aplicación de las normas andinas”, aseguró el Embajador de Bolivia. Además, Zárate aseguró que la decisión del Secretario de la CAN de permitir el cambio de la cláusula de propiedad intelectual sin el voto boliviano, no solo perjudica a Bolivia, sino a toda la Comunidad.
Desmienten acusaciónSin embargo, el Gobierno ecuatoriano desmiente las acusaciones bolivianas y asegura que Freddy Elhers “ha impulsado, exclusivamente a partir de los intereses de la subregión, la diversificación continua de la agenda del proceso de integración andino, con la finalidad de avanzar hacia una integración integral, que trascienda lo meramente comercial”.
Además, según la versión ecuatoriana, el Secretario de la CAN ha fundado sus actuaciones como “órgano ejecutivo de carácter comunitario”, dando especial atención, conforme lo establece el propio Acuerdo de Cartagena, a las necesidades de los países de menor desarrollo relativo, entre ellos Bolivia.
Parlamento invita a canciller boliviano Bogotá, EFEEl Parlamento Andino (PA) acordó invitar al canciller boliviano, David Choquehuanca, a que explique ante el pleno del organismo la solicitud de su gobierno de destituir al secretario general de la Comunidad Andina (CAN), el ecuatoriano Freddy Ehlers, confirmó ayer su presidenta, Ivonne Baki.Mientras que el secretario del Parlamento Andino (PA), el ecuatoriano Rubén Vélez, dijo que la CAN pasa por una situación de crisis que debe ser asumida cuanto antes por el Consejo Presidencial Andino.
“Hay crisis en la Comunidad Andina”, dijo el secretario.

SOLIDARIDAD CON LA AMAZONÍA PERUANA

CRECE LA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

La lucha de los pueblos indígenas amazónicos continúa recibiendo la solidaridad de diversas organizaciones nacionales y latinoamericanas. A continuación reproducimos los pronunciamientos emitidos por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; y de la Confederación Nacional Agraria, CNA; Confederación Campesina del Perú, CCP; Central Única Nacional de Rondas Campesinas, CUNARC; y la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco


CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA – CNA

PRONUNCIAMIENTO


La Confederación Nacional Agraria expresa su respaldo al paro indefinido convocado por nuestros hermanos amazónicos y rechaza la violación de los derechos sociales, culturales y económicos de nuestras comunidades campesinas y nativas, facultadas a decidir sobre su propio modelo de desarrollo en base a su autonomía, al derecho a la consulta libre, previa e informada; así como a los derechos humanos fundamentales.

Considerando que:

1. El gobierno actual, a fin de implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha adoptado una serie de medidas legislativas bajo el pretexto de modernizar el agro peruano, generar empleo y reducir la pobreza de nuestro país, incurriendo en autoritarismo y arbitrariedades, vulnerando y violando la Constitución y los tratados internacionales.
2. Esta política económica neoliberal está concebida desde un punto de vista netamente productivista y se ha establecido gracias a una irresponsable y cuestionada delegación de facultades que el Poder Legislativo le otorgó al Poder Ejecutivo, y este ha promulgado Decretos Legislativos, sin tener en cuenta criterios técnicos, aspectos sociales, culturales ni jurídicos.
3. No se han respetado los instrumentos internacionales suscritos por el Perú, como el Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que tienen rango constitucional y fuerza de ley; mucho menos nuestra Constitución Política.
4. La CNA y las organizaciones campesinas andinas, en el ejercicio constitucional de nuestro derecho a la libertad de expresión, hicimos oír nuestra voz de protesta en dos paros a nivel nacional que tuvieron lugar el 18 de febrero y los días 8 y 9 de julio del presente año.
5. Estas movilizaciones pacíficas fueron minimizadas y reprimidas por el gobierno que, lejos de escuchar y atender las demandas del pueblo, erradamente legaliza la vulneración y violación de los derechos humanos, otorgándoles impunidad a los policías y militares que causen muertes y hieran a personas que participan en movilizaciones y protestas sociales pacificas.
6. Es ilegítimo criminalizar las protestas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden actuar de manera deliberada sino bajo los preceptos constitucionales. Una protesta social es una acción civil, no hay motivo para que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno durante manifestaciones populares, únicamente pueden intervenir cuando el territorio se declare en estado de emergencia.
7. En las movilizaciones y protestas que vienen dándose a nivel nacional, la política represora está trayendo consigo desde detenciones arbitrarias hasta la muerte campesinos, como las ocurridas en Barranca, Ayacucho y Arequipa el último 18 febrero.
8. El 19 de agosto del presente se declararon varias provincias de nuestro país en estado de emergencia en respuesta a las protestas promovidas por nuestros hermanos nativos.

Por lo expuesto

Exigimos que se reoriente las políticas económicas que se está aplicando:
· Reconociendo y respetando: los derechos humanos fundamentales, los derechos colectivos y la autonomía de nuestras comunidades campesinas y nativas.
· Derogando: los Decretos Legislativos 994, 1015 y 1073, 1020, 1064, 1077, 1081, 1089 y 1090, por ser inconstitucionales e ilegítimos.
· Derogando: los Decretos Legislativos 1060, 1074, 1080 que promueven la reconversión agraria, el uso de agrotóxicos y transgénicos.
· Derogando: los Decretos Legislativos 982, 983, 988, 989 que criminalizan las protestas sociales.

Exigimos el pronunciamiento objetivo del Tribunal Constitucional respecto a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra los Decretos Legislativos 1015 y 1073; y sobre la Ley 29166 reglamentada por el Decreto Supremo 012-2008-DE/CCFFAA

Exigimos la supervisión y protección jurídica por la Defensoría del Pueblo de los derechos de nuestros hermanos amazónicos andinos.

¡Por la derogatoria de los Decretos Legislativo!
¡Por una democracia inclusiva!
¡Por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas!
¡Por políticas gubernamentales para un desarrollo sostenible para el pueblo!


CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ - CCP

LA DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES SON DERECHOS QUE NO ACEPTAMOS SEAN ASALTADOS Y SAQUEADOS POR LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1015 y 1073 DEL LLULLA PRESIDENTE ALAN GARCÍA

La Gloriosa Confederación Campesina del Perú, CCP, expresa su solidaridad con las Comunidades Nativas de la Selva organizadas en AIDESEP, en lucha desde hace 10 días, frente a la ofensa que significan los DL 1015 y 1073, aprobados por el Presidente y sus ministros, con el silencio cómplice de la mayoría que decide en el Congreso de la República.

Su lucha también es la de nuestras Comunidades Campesinas del Ande Peruano. Busca el gobierno del llulla presidente Alan García, sin autorización alguna de los Apus y de las Asambleas Comunales, nuestras máximas autoridades, darle sitio en nuestros territorios y riquezas naturales, parte de nuestra vida y cultura milenaria, a los depredadores de siempre: Los que no cuidan a nuestra pacha mama y nuestra madre naturaleza. Los que siempre la quisieron, sin cuidarla, sólo para engordar ganancias y beneficios excluyentes, sin cuidar que todas y todos somos parte de la vida que preservamos como heredad y compromiso con los que vienen.

Las trasnacionales mineras, de hidrocarburos y forestales, se felicitan también por el DL 1064, EN EL QUE YA NO APARECE LA OBLIGACIÓN DE CONSULTARNOS PREVIAMENTE, para otorgarles la licencia social, que se establecía a partir del art. 7 de la ley 26505. ¿En qué empresa o propiedad de estas trasnacionales, con una norma parecida, podemos hacer lo mismo las Comunidades Nativas y Campesinas?

Más bien, ahora que las Comunidades Nativas se defienden a base de responder a la amenaza, haciendo uso del derecho a la autodefensa frente al agresor, no sólo se pretende, como los han hecho los gobiernos de turno en contra de los pueblos, decir que es obra de 4 agitadores, desconociendo a los hijos que son profesionales, sino además, el gobierno ha decidido quitar los garantías constitucionales para responder con más agresión y no con el diálogo y solución, como es deber de todo aquel que se dice gobernante.

Llamamos a la unidad de todas las organizaciones que defienden la vida con justicia. Asimismo, informamos que nuestras bases, las Federaciones Departamentales de Campesinos del Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho y otras que están por tomar acuerdos, realizarán Asambleas de urgencia para acordar las medidas de lucha que se requieran, en caso el gobierno persista en la represión y no en la atención para la derogatoria de los DL anticomuneros, antiperuanos, antidemocráticos y de terror autoritario.

Marcelina Vargas Quispe / Roberto López Cruz /
Melchor Lima Hancco / Jorge Prado Sumari
Secretarios Generales Colegiados CCP


CENTRAL ÚNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS - CUNARC

¡ALTO A LA VIOLENCIA DEL FRACASADO CAPITALISMO SALVAJE Y DEL GOBIERNO DE TURNO EN CONTRA DEL PUEBLO PERUANO!


El gobierno de turno, que representa a la minoría dominante, dice que nuestro país está avanzando en crecimiento económico porque es un buen mercado para los grandes inversionistas. Con esta lógica, valen sólo los grandes negocios con las empresas transnacionales y no el sacrificio del pueblo; pues al aumentar el alza del costo de vida se nos obliga a pagar más impuestos no sólo para sostener la administración estatal, sino también para el pago puntual de los intereses de la deuda externa. En estas condiciones, para la voracidad del capitalismo salvaje es indispensable que el pueblo esté desunido. Por consiguiente, lo colectivo o comunal es considerado estorbo; por lo que justifican la represión en nombre de un "Estado de Derecho", donde sólo valen los derechos de unos pocos y se margina, discrimina y criminaliza los derechos de las mayorías.
Sin duda, estamos ante un Estado monocultural que no respeta el derecho a la diferencia, al contrario: criminaliza lo indígena, la justicia rondera o comunal, así como las legítimas protestas de la población. En este marco, se han dado los decretos legislativos no sólo violando la Constitución Política, sino también el Convenio 169 de la OIT que consagra el derecho a la consulta de los pueblos sobre toda medida legal o administrativa que afecte sus intereses. Es decir, no debe otorgarse ninguna concesión para exploración y explotación de minas, petróleo, gas, madera, etc., mientras no se consulte previamente a los pueblos y sus organizaciones representativas.
Los días 10 y 11 de agosto nos reunimos en Lima los representantes de organizaciones campesinas y pueblos indígenas, destacándose el acuerdo de exigir el respeto, vigencia y promoción de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y Comunidades del Perú; que incluye los derechos al desarrollo, la defensa de los recursos naturales y del ambiente sano. Ello implica la derogatoria de todos los decretos legislativos del TLC, por atentar contra el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras y territorios comunales; asimismo por atentar contra el derecho de consulta, la autonomía e integridad comunal.
Otro punto, es la exigencia del 15 % de Presupuesto Nacional para el desarrollo del sector agropecuario, única manera de cumplir con la prioridad constitucional y prevenir las consecuencias negativas de los Tratados de Libre Comercio; pues mientras exista el modelo de desarrollo primario exportador (saqueador), así como los monopolios e importaciones subsidiadas, nunca existirá bienestar para las mayorías, tampoco un comercio justo para los millones de pequeños productores y empresarios nacionales.
Hemos tomado conocimiento que en la ciudad de Bagua, con la presencia de más de un millar de policías se ha reprimido a los indígenas, siendo varios los heridos y detenidos. El pueblo de Bagua se ha movilizado inmediatamente, demostrando así su solidaridad con las justas causas de los pueblos indígenas que también incluyen a las Rondas Campesinas. En tal sentido, exigimos al gobierno del Presidente García, que en vez de optar por la represión y el proteccionismo a los intereses de las grandes transnacionales, tome conciencia de que fue elegido por los peruanos y no por los extranjeros; que muestre voluntad por el diálogo y el cumplimiento de las promesas electorales y los acuerdos con los sectores en conflicto.
Por eso, nos solidarizamos con nuestros hermanos de los pueblos amazónicos y llamamos a todas las bases ronderas a mantenerse alertas para coordinar las acciones tanto del campo como de la ciudad, única manera para hacer respetar nuestros derechos e impedir que la soberbia gubernamental desemboque en dictadura cívico – militar. Es necesario participar en las Cumbres Macrorregionales del Movimiento Cumbre de los Pueblos para persistir en la unidad del pueblo peruano.
Daniel Idrogo Benavides, Presidente de la CUNARC


FEDERACIÓN REGIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DE PASCO

PRONUNCIAMIENTO


Nos dirigimos ante la opinión pública para manifestar lo siguiente:

Que, el Gobierno aprista liderado por Alan García, fiel sirviente de los intereses de las oligarquías, de las empresas transnacionales y del sistema neoliberal impuesto desde el imperio y refugiándose en su frase 'Perro del Hortelano', está cumpliendo el mandato de los nuevos dueños del Perú para seguir entregando los territorios y las riquezas naturales de nuestras comunidades campesinas y nativas, bajo el pretexto de mayor inversión privada en las tierras comunales para convertirlas en productivas y así contribuyan al desarrollo nacional, aduciendo que hoy son ociosas.

En ese sentido, el Presidente Alan García y el Presidente del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo, a través de sus operadores los congresistas en el Poder Legislativo, continúan mintiendo al país y a los comuneros; actitud que repudiamos y rechazamos.

Saludamos la valiente decisión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, por derogar los Decretos Legislativos 1015 y 1073, derogatoria que debe ser ratificada en el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto:

1. Exigimos la derogatoria de los DL 1015 y 1073 por ser inconstitucionales y vulnerar los derechos colectivos de las comunidades campesinas establecidos en la Constitución Política del Estado, como propiedad colectiva de las tierras, y reconocidos por diversos instrumentos jurídicos internacionales (Convenio 169 de la OIT y Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
2. Rechazamos la actitud prepotente y cínica del Presidente de la República Alan García Pérez, Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo, ministros de Agricultura y Justicia. De igual manera censuramos la actitud negativa y entreguista de los congresistas de la bancada aprista, fieles operadores de las grandes transnacionales y los grupos de poder económico.
3. Nos solidarizamos con los hermanos de las comunidades nativas, amazónicos, comunidades indígenas y rondas campesinas, quienes se encuentran en pie de lucha y realizando justas protestas, pidiendo al gobierno aprista la derogatoria del decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073, los que facilitan la venta de nuestras tierras comunales tanto de la sierra y de la selva, derechos colectivos que nos pertenecen desde hace más de 500 años.
4. Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones campesinas y sociales del territorio nacional a pronunciarse y rechazar la persistencia en hacer prevalecer esos decretos legislativos atentatorios e inconstitucionales; y repudiamos todo tipo de represión que está adoptando este gobierno reaccionario.
CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR, CONAIE LAS NACIONALIDADES Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ECUADOR SE SOLIDARIZAN CON LOS HERMANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA AMAZONÍA PERUANA
Es doloroso escuchar en países vecinos donde se pregona la democracia, que los pueblos y naciones originarias reclamen derechos, estoy muy seguro de que los problemas son iguales aquí y en todas partes de Latinoamérica. Pero cuando los reclamos son por el respeto a los derechos, lo único que hacen los gobiernos es responder con armas, se hacen de oídos sordos; para ellos lo primero son las transnacionales que roban nuestros recursos naturales y dejan en la miseria al pueblo entero, para ellos como cómplices, el gran negocio de los recursos naturales es lo primero, porque ellos gobiernan y por ellos se han exterminado los pueblos originarios, ellos han hecho el genocidio de los pueblos. Y han puesto a nuestra madre tierra en grandes problemas de calentamiento global, desastres naturales, guerra entre países hermanos. La vida del otro ser ya no les interesa, es allí que los pueblos indígenas empezamos a reclamar nuestros derechos. Es allí que ustedes, hermanos de la amazonía de Perú, están reclamando su existencia. Tan seguro estoy que igual que todos los pueblos indígenas están marginados toda la vida, desde la constitución de la República. No es posible que en el siglo XXI, se siga aceptando tantas barbaridades. 1. Pedimos la intervención del Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Indígenas.2. Solicitamos la observación en este lugar de AMNISTIA INTERNACIONAL Y FIDH.3. La solidaridad de las organizaciones ambientalistas y de los derechos humanos de los distintos países para que no ocurra ningún daño contra la vida de los hermanos indígenas de la Amazonía Peruana. En representación de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Originarias del Ecuador. Nuestras manos, nuestro corazón esta con ustedes, la fuerza de la Pachamama, y Pachakamak. POR UN MUNDO JUSTO Y EN PAZ Marlon SantiPresidente de la CONAIE

Cerro de Pasco, 20 de Agosto del 2008

Ø Federación Regional de las Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco
Ø Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Daniel Carrión
Ø Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería Pasco
Ø Frente Amplio de los Intereses de Pasco

LOS MITOS DE ALBERTO FUJIMORI

Por: Jessica Torpoco

Debido a la necesidad insatisfecha permanente de los ciudadanos para salir al desarrollo económico y político, se ha establecido un esquema perverso de manipulación masiva que relaciona los principales temores de los peruanos como la seguridad interna y externa, la seguridad económica y social, y en base a ellas, le dicen al ciudadano verdades inexistentes que a través del tiempo van consolidándose como ciertas en la redacción de muchos historiadores que se encargan de mitificar formalmente a personajes como ejemplo para las futuras generaciones.

En el caso del ex presidente Alberto Fujimori, ha sido premiado por la historia con mitos que son utilizados por sus partidarios con miras de participar electoralmente el 2011.

Acabo con el terrorismo
La realidad dice todo lo contrario, mientras él y su socio mafioso se dedicaban a destruir institucionalmente las FF.AA y PNP, rompiendo los esquemas convencionales de ascensos, con el principal objetivo de contar con instituciones serviles a sus intereses de mantenerse indefinidamente en la administración del Estado para delinquir; policías audaces y en complicidad con la embajada norteamericana en Lima (brindaban apoyo logístico directo que alguna vez tendrán que explicar), realizaban un trabajo de inteligencia prolijo y cauteloso, que concluyo con la captura de cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Es público que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no sabían absolutamente nada del trabajo de este grupo de policías y al igual que los ciudadanos, se enteraron de la captura por los medios de comunicación, lo que demuestra claramente ninguna política ni planeamiento al respecto y que fue aprovechado por ambos mafiosos para irrogarse un éxito que nunca les correspondió.

Lo cierto es que involucraron irresponsablemente a las FF.AA mediante directivas y normas mafiosas que trajeron como resultado la violación sistemática de derechos humanos, logrando solo muerte y desolación y colocar en el banquillo de los acusados y en la cárcel a decenas de generales, algunos condenados hasta con 35 años de prisión como es el caso del General EP Luis Salazar Monroe, jefe nominal del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), a quienes solo les queda esperar una amnistía general, para ello, vienen manipulando al personal militar en situación de retiro y a los miembros en actividad aduciendo mejoras salariales, olvidándose que ellos fueron los que crearon la CPMP (Caja de Pensiones Policial Militar) y también fueron ellos los que la quebraron financieramente, dejándola en la situación en la que actualmente se encuentra.

País con futuro
Luego de destruir la democracia primitiva, en lugar de replantear el rol del Estado y la relación del mismo con los ciudadanos, se dedico a liberar el mercado vendiendo las principales empresas públicas, despidiendo a empleados públicos para que con sus incentivos propicien el dinamismo de la economía a través de la masificación del transporte público, importando vehiculo chatarra como las actuales combis y que actualmente se ha convertido en nuestro tormento, no solo por el caos vehicular sino por la contaminación ambiental en el centro de la capital.

El país con futuro de Alberto Fujimori, tuvo su momento cumbre en 1998, la recesión era evidente, que sirvió como detonante para que la sociedad civil saliera a las calles paulatinamente y presionando hasta el resquebrajamiento interno de la mafia que trajo como consecuencia de uno de sus miembros vendiera un video donde se apreciaba al congresista Kouri Bumachar –hermano de Alex Kouri, actual Presidente Regional del Callao, recibiendo fajos de billetes.

Como podrán darse cuenta, el país con futuro que nos dejo y a cuya administración renuncio por fax, fue el mismo que él encontró, Estado sobredimensionado y deficiente, con un Congreso de la República igual de corrupto que el actual, una economía de libre mercado sin el respeto a los derechos políticos e individuales, la educación paupérrima con una masificación de colegios privados sin tener las competencias para serlo, además de su propuesta cínica de ayudar a los pobres estableciendo una relación paternal que hasta ahora se mantiene y pretenden utilizar para su campaña electoral del 2011.

Adicionalmente, como todo gobierno dictatorial, se dedico al desarrollo de infraestructura como medio tangible de ver el “crecimiento” y con el afán de “evaporar” los ingresos provenientes de la venta de las empresas públicas, que en realidad fueron vendidas a “precio huevo” a los miembros de su mafia y entorno.

EL DIARIO EDUCAR DE CARVALLO

Escribe: Percy Aquino R.
Director Programa Dos x Dos
Radio San Borja LIMA PERU.
La muerte repentina de una educador, de un gran intelectual como Constantino Carvallo, además del natural pesar que nos causa, nos debe conducir a reflexionar sobre el significado de su obra más allá de la labor como creador de la gran propuesta educativa en el Colegio Reyes Rojos, y de impulsor del deporte y de figuras futbolísticas que hoy brillan con luz propia. El fue, además de formador de generaciones, un gran colaborador de medios de comunicación, como el programa radial Dos x Dos de Radio San Borja, a donde acudía con la humildad que lo caracterizaba a opinar sobre aspectos centrales de la realidad nacional, con su posición ponderada, irrebatible en muchos casos, que se constituyó en guía para muchos. El accionar de Constantino, su pasión por las cosas que hacía, debe perdurar. Hay seguramente muchos aspectos centrales en su trajinar por conseguir una educación de calidad que deben resaltarse, pero me permito referirme sólo a tres.

Su amor por los niños. Estaba convencido que una facultad innata del maestro debe ser el amor por los niños, por sus alumnos, porque sólo con ese noble sentimiento el docente podía comprender las inteligencias múltiples de los pequeños, auscultar su psicología, entender sus fantasías, sus ganas de aprender, y desarrollar en ellos la creatividad, el talento, las capacidades que les permitan ser hombres y mujeres de bien. Constantino también sabía que el amor del maestro a sus alumnos debería tener mucho de desprendimiento porque llegado el momento tenía que dejarlos partir. Seguramente sentía pesar por ello, así como la pena que sentían los niños cuando ya jóvenes egresaban del Colegio Reyes Rojos por todo lo que ahí aprendieron y compartieron. Pero Constantino se consolaba porque así como despedía a unos, acogía a otros a quienes tendría que inculcar nuevas enseñanzas. Ese amor por los niños seguramente es igual de fuerte en aquellos maestros que deben combatir la pobreza que rodea a muchos pequeños para arrancar de éstos buenos resultados cognitivos.

Su defensa de la condición de maestros. Constantino reconocía que pese a las dificultades que afronta la profesión de maestro en el Perú, a las deficiencias de las políticas educativas, el docente debía ser respetado y revalorado. Decía que ninguna reforma, ningún cambio se puede hacer sin la aceptación de los maestros y menos en contra de ellos. En medio de la controvertida forma como el gobierno aplicó la evaluación docente, él fue una voz autorizada para señalar errores y omisiones, y para proponer salidas como que la evaluación sobre el desempeño de maestros y alumnos en las aulas era una mejor forma de proceder. Pensaba también que la condición del maestro pasaba por su diario educar trascendiendo las aulas, su capacitación constante, y que debía predicar con el ejemplo.

Su empeño por una sociedad educadora. Era un critico de la perdida de valores, del autoritarismo en y fuera de la escuela, de las soluciones efectistas, y por supuesto defensor de una educación cívica que propenda el amor a la Patria por su capital físico y humano y no por el mero patriotismo. Un convencido que muchos padres de familia, políticos, militares debían ser reeducados para que puedan ser guías confiables de los niños, un impulsor del fútbol para el logro de triunfos perennes y no para la distracción de las tribunas. Constantino fue uno de los grandes propulsores del Proyecto Educativo Nacional, PEN, desde su concepción, difusión y permanente afán porque el gobierno lo haga suyo y aplique. Creía mucho en el poder de los medios de comunicación por lo que se convirtió en un lidere mediático, quizá incomodo para algunos. Por eso si algo quisiéramos contribuir a la vigencia del pensamiento de Constantino es persistir en la aplicación del PEN, y que todos los estratos de la sociedad aporten a la mejora de la educación.

América Latina: Revolución es sumar y unir

Por: Jorge Gómez Barata*

La actitud golpista que ahora no anida exclusivamente en los cuarteles, el separatismo extemporáneo y oportunista que avanza en Bolivia y asoma en Venezuela y Ecuador, así como las apelaciones al imperio para que intervenga a su favor, son las muestras más evidentes de que la oligarquía y la derecha latinoamericana se han quedado sin argumentos y ahora intentan el consenso por chantaje, practican el terrorismo mediático y llaman a la violencia, incluso a los magnicidios.

El debut de líderes de nuevo tipo, capaces de retarlas en un terreno hasta hace poco exclusivamente suyo y las sucesivas y cada vez más contundentes derrotas electorales, confirman que la burguesía, la oligarquía y las derechas han perdido base social, mientras su capacidad para reconstruirlas se reduce e incluso puede desaparecer. Sin nada que decir a los pobres, sin ofertas reales para las clases medias y sin opciones para sumar a la juventud, los militares jóvenes y a las tropas, el menaje político reaccionario se torna indigente.

Al perder la bandera de la democracia, que ha pasado a manos de los sectores populares, no poder invocar ningún factor externo, explotar el miedo al comunismo, el ateismo o anticlericalismo ni acusar a las nuevas autoridades de atentar contra la propiedad, la familia o Dios, la oligarquía ha perdido solvencia para el debate ideológico o político.

No obstante, esa indigencia ideológica, el poder económico y la influencia política que le otorga el hecho de haber ejercido el poder durante siglos en los cuales creó estereotipos, miedos y lazos de dependencia difíciles de deshacer, hacen a la derecha oligárquica un adversario peligroso.

Aunque en los países donde se han puesto en marcha procesos de cambios, la reacción, encabezada como en Bolivia, por espurios caciques locales, orientada por los medios masivos de difusión, como ocurre en Venezuela, la derecha suele actuar de modo errático, es preciso alertar sobre la existencia de espacios y sectores que no deben ser descuidados por el movimiento popular.

La apelación de Chávez a la “clase media en positivo” y sus constantes búsquedas para favorecer el empresariado nacional, apoyar a la pequeña y mediana empresa, incentivar las cooperativas en el campo y favorecer la prosperidad del campesinado, son ejemplos de fórmulas concretas de trabajo político, para no descuidar a sectores que desorientados y mal atendidos pudieran ser manipulados por la oligarquía a la que naturalmente no pertenecen.

Aunque por su sensibilidad, por la naturaleza y la función social de sus obras, la intelectualidad literaria y artística es un sector proclive a apoyar las causas populares, frecuentemente, aprovechando la debilidad de sus organizaciones y el aislamiento en que suelen realizar su labor, la reacción trata de confundirlos, actividad que es preciso confrontar con argumentos específicos.

Sumar a los maestros y profesores, el proletariado de la intelectualidad, que viven de salarios miserables, conocen el paro y la cesantía, es de importancia estratégica. Lo mismo ocurre con los médicos, periodistas, juristas, los técnicos de las empresas públicas y privadas, los empleados públicos, los militares, las fuerzas del orden y los científicos e investigadores. El hecho de que los profesionales alcancen un nivel de vida relativamente elevado, no los convierte en burgueses ni en adversarios de las causa populares.

Nada debe inducir a pensar que los cambios en marcha son exclusivamente en beneficio de los más pobres, sino que abarcan a toda la sociedad, que será usufructuaria de las ventajas del progreso y del desarrollo. Se trata de una batalla de ideas de la que nadie debe ser olvidado ni excluido y en la cual ningún aporte carece de meritos.

La característica más sobresaliente de esta hora latinoamericana es que la democracia y la inclusión se han convertido en patrimonio de una izquierda no doctrinaria y no sectaria, a la vez democrática, revolucionaria y socialista, que no rechaza aliados ni desprecia a compañeros de viaje y encuentra en cada patriota y cada ciudadano honesto a un protagonista de proyectos inspirado en el interés nacional.

Mientras más variadas sean las huestes mayor será la fuerza y mientras mayor sea la capacidad de convocatoria de los proyectos populares, mayores serán las posibilidades de éxito. A la izquierda de hoy no le interesa tanto el radicalismo de la retórica como la contundencia de los actos.

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*Jorge Gómez Barata - Periodista y profesor. Graduado del Instituto Pedagógico y colaborador de medios ‘Cuba-Nos y Extranjeros’. En su columna, el autor incluye —además de artículos exclusivos para ‘CubAhora’— materiales suyos publicados por el diario mexicano !Por Esto!, las emisoras Radio Habana Cuba y Radio Taíno, y otros difundidos por la Agencia ecuatoriana ‘ALTERCOM’ y por la Agencia estadounidense de Contrainformación ArgosIs-Internacional en la Red…

Perú: El error histórico de Alan García



Por Jorge Agurto

Alan Gabriel Ludwig García Pérez o simplemente Alan García, viene repitiendo por todos los medios a su alcance (radio, prensa, televisión) que el Congreso cometerá un “gravísimo error histórico” si deroga los decretos legislativos expedidos por su gobierno y que se orientan a afectar la integridad territorial de las comunidades indígenas. Esta es una ocasión propicia para recordar un gravísimo error histórico de García.
Como lo ha evidenciado René Cárdenas, en un comentario ingresado a Servindi, Alan ha cometido el error histórico de traicionar los postulados de Víctor Raúl Haya de la Torre, mentor ideológico del partido aprista, quién -a diferencia de García- valoró la comunidad indígena como una herencia del Perú prehispánico y la consideró una institución clave para el desarrollo nacional.
Veamos lo que dice Haya de la Torre sobre el cordón umbilical que une el ayllu prehispánico a las comunidades indígenas que en la época republicana sobreviven luchando contra el feudalismo invasor:
“Al desaparecer el imperio, al extinguirse la civilización incásica, todo cae: religión, organización política y teocracias. Hasta los cimientos del poderoso imperio se derrumban con los muros de sus monumentos grandiosos. Mas de la catástrofe queda lo indestructible hasta hoy: el sistema comunista, la comunidad, el ayllu. Queda en materia y en espíritu, si puedo usar libremente de este vocablo. La comunidad se enfrenta al feudalismo invasor y no desaparece. Vive luchando.” El Antiimperialismo y el APRA
Haya reconoce las amenazas que viven las comunidades frente a la gran propiedad, representada entonces en el feudalismo y también en el imperialismo, que constituiría para el sector popular un sector de defensa:
“La zona económica agraria que comprende el campo de lucha entre la comunidad incásica y el feudalismo, es vasta. La primera victoria revolucionaria en esa zona tendrá que ser la de la comunidad sobre el latifundio (…) Las fronteras de la opresión feudal no serán las fronteras de la reivindicación campesina. Ya hemos visto que con relación al imperialismo esa zona constituye, también, un sector de ofensiva y, por ende, para nosotros un sector de defensa.” (Ob. citada)
Para Haya -al igual que para José Carlos Mariátegui- la comunidad indígena es una institución que con el apoyo necesario puede contribuir a la economía nacional. Al respecto dice:
“Intensificada la producción, organizada sobre la base de la restauración de la comunidad agraria, evolucionada, modernizada, impulsada con todos los elementos de la técnica moderna y organizada cooperativamente, Indoamérica será el granero y el establo del mundo. La reivindicación del indio como hombre y de su sistema como método de producción, son imperativos por razones económicas. El índice de producción se elevará extraordinariamente.” (Ob. citada)
Mientras que para Alan García las comunidades actuales son creaciones postizas, coloniales, sin ninguna raíz en el pasado, para Haya son instituciones en las cuales anclar el futuro. Mientras que para Alan García las comunidades son “perros del hortelano” que no comen ni dejan comer para Haya las comunidades son las bases para “acelerar el advenimiento del porvenir”:
“La base, como habrá notado el lector, está en los millones de trabajadores indígenas del campo y de las minas, que alientan como anhelo sagrado para el futuro la restauración de un sistema social del pasado. Restaurado en esencia o modernizado por la técnica contemporánea, habremos utilizado el pasado, como ningún otro pueblo, en condiciones favorables para acelerar el advenimiento del porvenir.” (Ob. citada)
Una pequeña corrección al viejo Haya es que las comunidades actuales no anhelan restaurar algún sistema del pasado. Lo que desean las comunidades -sean campesinas o nativas- es que respeten sus propias opciones de desarrollo, el Estado peruano les brinde asistencia técnica y apoyo financiero para su progreso y bienestar, pero respetando su propiedad colectiva sobre la tierra y sus recursos naturales.
Los detractores de las comunidades indígenas no quieren entender de manera interesada que la propiedad colectiva de las comunidades también es propiedad privada. En consecuencia, debe ser respetada tan igual como el sistema jurídico defiende con extremo celo la propiedad privada individual de los banqueros o los inversionistas.
Desde la Revolución de la Independencia, que nos liberó formalmente del colonialismo, los pueblos y comunidades indígenas demandan una Política de Estado que promueva el desarrollo de las comunidades.
Sin embargo, no sabemos de una ley que fomente -con creatividad e imaginación- el desarrollo comunitario y promueva mecanismos eficaces para el desarrollo tecnológico y empresarial de las comunidades a pesar de que son instituciones con personalidad jurídica que poseen bienes, capitales y recursos de diverso tipo.
La postergación y olvido de las comunidades en la agenda pública es una constante histórica a pesar que han resistido un sinnúmero de avatares y agresiones a su integridad, a pesar que durante mucho tiempo han venido y vienen subsidiando con los precios bajos de sus productos la alimentación y el crecimiento de las ciudades.
El viejo Haya de la Torre murió firmando la Constitución Política de 1979 donde se estamparon tres artículos fundamentales para las comunidades indígenas y que los políticos, especialmente los apristas, deben recordar:
“Artículo 161. ­La Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia las superación cultural de sus integrantes.
Artículo 162. ­El Estado promueve el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas y Nativas. Fomentan las empresas comunales y cooperativas.
Artículo 163. ­Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad publicas. En ambos casos con pago previo en dinero. Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad
De un segundo gobierno del Partido Aprista por lo menos se esperaba como primera acción restablecer la Constitución de 1979 y sepultar la espuria e ilegal Constitución fujimorista de 1993. Pero esta es otra promesa de campaña incumplida que le resta credibilidad a la palabra del gobierno.
También se esperaba -sobre la base de una economía estable y en expansión- políticas públicas de largo alcance, que hagan viable la legítima aspiración de un desarrollo humano y sostenible, cautelen los intereses nacionales, reivindiquen y fortalezcan la institución comunal, respeten su derecho colectivo al territorio colectivo y promuevan su bienestar integral.
Pero Alan Gabriel Ludwig García Pérez o simplemente Alan García ha elegido convertirse en el prestidigitador que promueve la quimera del desarrollo por la vía neoliberal, e ilusiona a las comunidades con que únicamente podrán salir de la pobreza, hoy, con su gobierno. ¿Cómo? Fragmentando la comunidad, parcelando sus tierras y asociándose individualmente al gran capital privado.
El gobierno no ofrece otro camino, ninguna fórmula alternativa para propiciar el desarrollo sin que los comuneros dispongan de sus tierras colectivas que es lo que unifica a las comunidades y les otorga una protección legal especial.
Alan García está ahora en campaña para impedir que el Congreso anule las brechas legales que hacen viable la disolución de las comunidades y que el gobierno aprobó ilegalmente cuando se le dio atribuciones para adecuar al país al TLC con Estados Unidos. Este es un gran error y una traición histórica de Alan García a los postulados primigenios de Haya y el APRA.

Perú: Protestas indígenas: La lucha contra los engaños y la prepotencia

Por Alberto Chirif


¿Se oponen los indígenas al desarrollo?
Hace pocos días, en sendas entrevistas por televisión, he escuchado opiniones de dos ministros sobre el tema de las protestas en curso de miles de indígenas en diversas zonas del país. Uno de ellos es el premier, el Sr. Jorge del Castillo, para quien el tema se resuelve en el hecho de que los indígenas son pobres, a pesar de poseer grandes extensiones de tierras, y, a la vez, en la existencia de una serie de personas e instituciones que quieren mantenerlos en esa condición para poder aprovecharse de ellos y manipularlos. No explicó bien en que consistiría este aprovechamiento ni tampoco la finalidad de la manipulación.
El otro es el recién estrenado ministro del ambiente, Sr. Antonio Brack, que hizo una comparación primorosa de los indígenas del Perú con los bávaros. Estos últimos, afirmó, mantienen sus tradiciones, sus vestidos (esos de cuero con tirantes y sombrerito del mismo material, de alas cortas, para los hombres; y de faldas largas, con mandil, para las mujeres), pero a su vez son empresarios ricos. Puso como ejemplo de esto el hecho de que la fábrica de esos súper autos BMW está allá, en Bavaria. Luego pasó a hablar sobre la artesanía shipiba, que le encanta, según confesó, y que podría ampliar su mercado y volver rica a la gente, pero para esto, sentenció, los indígenas debían modernizarse y trabajar.
¿Pero qué ha hecho el Estado para promover eso?, interrumpió el entrevistador al ministro Brack, supongo yo sin ánimo de fastidiarlo, porque ese periodista no se distingue por ser un comunista solapado ni tampoco un crítico del gobierno. ¡Ah!, reparó el ministro, en eso hay que reconocer que no ha hecho nada. A reconocimiento de culpa relevo de pruebas, dicen los abogados.
No obstante, otras cosas me quedaron dando vueltas en la cabeza. La primera es qué tiene que ver la andanada de decretos promulgados por el Ejecutivo, que buscan reducir en unos casos y anular en otros los derechos de las comunidades indígenas, con la preocupación de estos ministros por la pobreza de los pueblos indígenas. Debo admitir que no encontré la relación.
Más bien, me quedó claro que si los indígenas pierden sus tierras se quedarán más indefensos dentro de la sociedad nacional, como fácilmente se puede ver a raíz del tipo de condiciones que suele imponerles aquello que se llama la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, los madereros pagan por un árbol de cedro en pie 20 soles. En otras palabras, ellos recuperan el costo de su asalto con la venta de cuatro pies de un árbol que puede producir dos metros cúbicos de madera.
No se puede negar que en los últimos 10 ó 12 años el Perú registra índices de crecimiento macroeconómico muy positivos. Pero tampoco se puede negar el aumento de las “víctimas del desarrollo”, parafraseando a mi colega Shelton Davies, hoy consultor del Banco Mundial.
En la década de 1970, él estableció estos pares antagónicos para representar, por un lado, a los indígenas del Brasil y, por otro, el espectacular crecimiento que experimentaba el país en ese tiempo, como resultado de una millonaria inversión de capitales transnacionales. Pero esto esta última no ha podido revertir el hecho de que en ese país se reconozca la existencia de un 50% de pobres, de los cuales más de la mitad están en situación de miseria, ni tampoco que se frene el crecimiento desenfrenado de la violencia como producto de dicha pobreza.
Para volver a las “víctimas del desarrollo” debemos referirnos, por ejemplo, a los achuares del Corrientes y, en general, a los indígenas de otras zonas petroleras. Si se compara los índices del PBI que se produce en los distritos petroleros, con la situación de deterioro y empobrecimiento de la situación de los indígenas y ribereños que habitan en ellos, vemos fácilmente que no hay relación positiva entre inversión y desarrollo, sino todo lo contrario.
Los pueblos indígenas nunca han sido ricos pero tampoco han sido pobres. El juego de estos conceptos no ha correspondido a su realidad. No han tenido nunca dinero, elemento que no hecho parte de su propio proceso histórico, pero sí han podido satisfacer plenamente sus necesidades de alimentación, vivienda y vestido; y han tenido además ventajas adicionales, como vivir en un ambiente sano y tener capacidad de manejar sus conflictos. Ahora, en cambio, a raíz del “desarrollo”, no sólo no tienen dinero, sino que tienen un medio ambiente deteriorado, que ya no les provee de bienes y servicios de calidad, como sucedía antes, y su salud está afectada, tanto en lo físico, como en lo psicológico.
Nunca he conocido a un indígena que se niegue al progreso, a tener más dinero y poder comprar con éste nuevos bienes. La historia de las relaciones entre las sociedades indígenas y la colonización da cuenta clara de esto desde los primero tiempos del contacto. Las herramientas de metal, por ejemplo, no fueron una imposición externa, sino una innovación tecnológica aceptada de buen ánimo y buscada por los propios indígenas. De hecho, su interés en mantener comunicación con los europeos no fue motivado por la religión ni otro tipo de enseñanzas de origen foráneo, sino por tener acceso a las herramientas de metal que facilitaban su trabajo y lo hacían más efectivo.
En este sentido, los defensores de los decretos no deben buscar argumentos absurdos para mantener su decisión y cuestionar a los indígenas y a quienes no piensan como ellos. Los indígenas no se oponen a la innovación ni a las mejoras de sus condiciones de vida, sino al despojo y a este tipo de desarrollo que en realidad los hunde porque enajena sus recursos y su capacidad de decidir libremente sobre su futuro.
La insistencia de los decretos
No es que los decretos aprobados fijen condiciones democráticas para que las comunidades indígenas elijan libremente su destino como colectividad, así como el uso que le quieran dar a sus tierras colectivas. No, no es eso. Es, por el contrario, que los decretos promueven compulsivamente la anulación de los derechos colectivos de los indígenas con la finalidad de disolver (palabra que nos trae reminiscencias de abril de 1992) a las comunidades y parcelar sus tierras para que entren al mercado.
Por lo demás, la parcelación de las comunidades para que pongan sus tierras en el mercado de tierra no es una idea nueva, como cree el señor presidente, sino muy antigua.
En el Perú, durante el mandato de Simón Bolívar, con el argumento de atacar instituciones coloniales, “que sustraían la tierra del mercado e impedía la conversión de sus tenedores en propietarios directos”, se eliminaron, en 1824, las protecciones de las tierras indígenas. El resultado fue la creación de latifundios y, entonces sí, el empobrecimiento de la gente que se quedó sin soga y sin cabra.
En Chile se dio un proceso similar desde el siglo XIX que afectó principalmente las tierras de los mapuches. El porcentaje de solicitantes de la parcelación fue reduciéndose paulatinamente, hasta que Pinochet determinó que con uno solo que la pidiera, se procedería a la partición de las tierras. En la práctica, se presentaron casos en que ese uno ni siquiera era mapuche, sino un foráneo asentado en sus tierras.
Las comunidades son autónomas según la Constitución. Por lo que no necesitan ser empujadas a parcelar sus tierras. Si quieren pueden hacerlo por decisión propia. De hecho, por citar un ejemplo, las tierras de todas las comunidades aguarunas del Alto Mayo, base de la Confederación de Nacionalidad de la Amazonía Peruana (CONAP) han sido parcelas y alquiladas a colonos, en ejercicio de su autonomía.
Pero no es sólo a través de esos decretos que el Estado busca anular los derechos colectivos, que son propios de los pueblos indígenas y que han sido parcialmente formalizados, con su esfuerzo y el apoyo de otros agentes, el Estado entre ellos, en la legislación nacional y en los convenios y declaraciones internacionales, durante los últimos 40 años. Es también mediante su práctica política que apunta hacia eso, desconociendo importantes normas que hacen parte de la legislación nacional.
En este sentido, hay que mencionar el derecho a la consulta previa, informada y de buena fe que está contemplado en el Convenio 169 de la OIT, ley nacional desde que el Estado lo ratificó en 1993; y que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada a fines de 2007, retoma y amplía, en la medida que le da carácter vinculante a la consulta. Según este derecho toda actividad de desarrollo y toda norma legal referida a comunidades indígenas que el Estado quiera poner en marcha o aprobar, según el caso, debe pasar por un proceso de consulta previa con éstas y sus organizaciones representativas. Sin embargo, ni uno solo de los decretos aprobados recientemente por el Ejecutivo, a pesar de que comprometen su existencia como entidades sociales, económicas y culturales, ha pasado por la consulta previa.
La situación respecto a los contratos petroleros en tierras de comunidades indígenas es similar. Hay que decir, además, para sopesar el grado de incumplimiento del Estado respecto a sus propias normas, que el Decreto Supremo Nº 012-2008-EM, dado el 19 de febrero de este año, que aprueba el “reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos” y que ha sido elaborado en concordancia con el convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha ratificado el tema de la consulta previa, informada y de buena fe para la suscripción de contratos de explotación petrolera.
No obstante esta reafirmación de principios y obligaciones hecha por el propio Estado peruano, el 12 de diciembre de 2006 PERUPETRO suscribió contrato con la empresa HOCOL para la exploración y explotación del lote 116, ubicado en la zona del alto Marañón, provincia de Condorcanqui, sin haber efectuado ninguna consulta previa; y sólo realizó “eventos presenciales” para informar a la gente sobre el contrato que ya había suscrito, los días 12 y 29 de marzo de 2008, es decir, un año y tres meses después de haber tomado unilateralmente la decisión de autorizar a la empresa su operación en el país.
El racismo
Muchos de los que han escrito sobre el conflicto actual han hablado sobre el tema del racismo. Me atrevo sin embargo a volver a mencionarlo, a riesgo de no tener cosas nuevas que decir. Lo hago simplemente para expresar mi indignación.
En los 40 años que llevo trabajando con pueblos indígenas todas las decisiones fuertes que han tomado colectividades indígenas amazónicas han tratado de ser desacreditadas por sus opositores como supuestos resultados de manipulaciones externas. Recordaré algunas.
A comienzos de la década de 1980, los aguarunas resolvieron echar de su territorio a Werner Herzog, soberbio cineasta alemán, considerado por algunos como “progresista”, que burlándose de la voluntad de la gente quiso a toda costa mantenerse en la zona y realizar allí su película. Antes, el Consejo Aguaruna-Huambisa (CAH), había ganado sus reclamos en todas las instancias administrativas, pero esto no sirvió para que Herzog se marchase. Entonces fue echado a la fuerza. La respuesta fue: son manipulados. ¿Por quienes? La oferta fue variada y hasta contradictoria: misioneros del ILV que no querían gente extraña en la zona, comunistas, espías de países vecinos interesados en crear el caos y, por supuesto, ONG.
Se atribuyó también a la manipulación sucesos trágicos, como el desalojo de colonos realizado por los propios aguarunas, primero, en Chamikar, comunidad en el alto Marañón, y, años más tarde, en Flor de la Frontera, en Cajamarca. En ambos casos, los comuneros indígenas habían ganado sus reclamos administrativos y además judiciales que ordenaban que el Estado desalojara a los colonos, cosa que ciertamente no hizo. Fue entonces que los indígenas actuaron, con las consecuencias ya conocidas.
A fines de la década de 1980, los ashánicas del Pichis se levantaron en armas contra el MRTA, a raíz de que éste había asesinado a su líder, don Alejandro Calderón. En el proceso, convocaron a los asháninkas del Gran Pajonal. Nuevamente se levantó el argumento de la manipulación, que esta vez recaía sobre AIDESEP y sus asesores.
Más recientemente, en 2006, los achuares del Corrientes tomaron medidas de fuerza a raíz de que sus protestas por la contaminación de su medio ambiente y de su propia salud, debidas en ambos casos al vertimiento durante décadas de aguas de formación en los ríos y quebradas. En esta oportunidad, los acusados de manipulación fueron ONG que trabajan temas de derechos humanos y ambientales.
En resumen, nunca se admite que los propios indígenas son capaces de expresar su opinión a procesos que son contrarios a sus intereses. ¿Por qué? Porque son indígenas, es decir, por racismo.
La actitud no es nueva y me hace recordar un pasaje de las investigaciones judiciales realizadas durante el proceso del Putumayo, a inicios del siglo XX, mediante el cual se abrió juicio a los caucheros acusados de las masacres de los indígenas. Rey de Castro, cónsul peruano en Manaos, fue encargado por el gobierno peruano de informar sobre los hechos, pero en realidad asumió la defensa a rajatabla de los caucheros. Él trató de desacreditar las declaraciones de los indígenas que habían sufrido castigos y vejaciones, con el argumento de que, por ser indígenas, no tenían capacidad de afirmar una cosa así. Esto a pesar de que lo que decían se refería a maltratos sufridos en carne propia. En consecuencia, si afirmaban eso, era porque eran manipulados.
En el tiempo que llevo trabajando con pueblos indígenas, nunca he sabido que ninguno de estos actos de protesta u otros menos visibles, para oponerse a decisiones del Estado o de empresas, haya sido manipulado por algún agente externo.
Final
La insistencia en la pobreza de los indígenas, por todas las consideraciones expuestas, parece sospechosa, aunque en algunos casos admito que pueda deberse a la ignorancia de quienes sostienen este argumento para justificar los decretos. La enajenación de sus tierras y el rompimiento de su cohesión social no son formas de encarar la pobreza. La pobreza, por otro lado, es consecuencia de una manera de ver el desarrollo que termina expropiando a la gente con menos poder dentro del sistema, para trasladar sus heredades al gran capital.
Si al Estado le preocupa realmente la pobreza, que comience por donde están la mayoría de pobres, es decir, las ciudades: ambulantes, cuidadores de autos, cantantes callejeros, obreros voluntarios que reparan pistas y hasta carreteras, carteristas y escaperos; también está una larga relación de profesionales de diversas ramas, muchos de ellos muy calificados, que se han empobrecido por falta de trabajo y que han debido dedicarse a labores como la de taxistas.
Y en el caso de las comunidades indígenas, si el Estado quiere hacer algo por ellas que las apoye a manejar sus bosques de manera sustentable, a fin de obtengan beneficios económicos de su aprovechamiento, o las cochas, para levantar la productividad piscícola. Esto no dará como resultado nuevos levantamientos, sino el agradecimiento de las comunidades a un Estado que en vez de tratar de hundirlas, las levante.
Mientras tanto, que el Estado cumpla con la Constitución, las leyes, los convenios internacionales y las declaraciones que ha suscrito en las Naciones Unidas, y que respete la autonomía de las comunidades indígenas para decidir por presente y futuro.