La promoción de la inversión privada en el Perú no tiene límites. Bajo el enfoque "Perú, país minero", el gobierno impulsa la actividad extractiva en zonas que deberían ser declaradas de reserva y conservación.
Hoy en día, hay concesiones mineras hasta en áreas de glaciares, ecosistemas vulnerables que constituyen las reservas sólidas de agua dulce, cuyos aportes regulan las descargas de las cuencas glaciares, que son utilizadas para fines múltiples como el consumo poblacional, la agricultura y la hidroelectricidad (que constituye 80% de la producción energética en el Perú).
Según el Programa Andino del Instituto de Montaña —organización no gubernamental con sede en EEUU dedicada a la conservación, desarrollo de comunidades y preservación de la cultura en los Andes—, en los últimos 23 años el Perú ha perdido el 30% de la superficie de sus glaciares. El retroceso anual es de aproximadamente 20 m y se estima que para el 2015 todos los glaciares ubicados por debajo del nivel de los 5,500 msnm desaparecerán, y su primer impacto será la escasez de agua.
En el Perú no sólo el calentamiento global ha contribuido a la desglaciación, sino también las concesiones mineras en ecosistemas frágiles y vulnerables.
Por ejemplo, en la Cordillera Huayhuash —ubicada en los límites entre los céntricos departamentos de Ancash, Huánuco y Lima— hay más de un centenar de concesiones mineras que se superponen a las áreas naturales protegidas (Ver mapa). Esta es una de las cadenas montañosas más hermosas del país, considerada entre los 10 mejores circuitos de trekking en el mundo, donde destaca con su imponente belleza el nevado Yerupajá, el segundo nevado más alto del Perú.
A 3 km de distancia de este nevado, en la zona de amortiguamiento de la Cordillera Huayhuash, viene operando la Empresa Minera Santa Luisa-Proyecto Pallca, subsidiaria de la japonesa Mitsui Mining & Smelting, y además se encuentra la Empresa Minera Solitario Perú-Genial Uno y Dos, ubicada en la entrada de un canal de irrigación, que es fuente de agua de las localidades Mangas, Nanis, Chamas y Gorgorillo.
Por el este y sur de la Cordillera Huayhuash se ubica la Cordillera Raura, donde opera la Compañía Minera Raura; sus concesiones están entre el distrito Jesús de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, hasta el distrito y provincia de Oyón, departamento de Lima.
Una cordillera que está concesionada en su totalidad por la Compañía Minera Maran es La Viuda. El nevado del mismo nombre se encuentra ubicado entre las provincias limeñas de Canta y Yauli, en la cabecera de la cuenca del río Chillón, límite entre los departamentos de Lima y Junín.
Fuentes de agua en peligro
Jorge Ávila, miembro de la organización no gubernamental Alternativa, sostiene que la actividad minera aceleraría el proceso de pérdida de nevados y contaminaría las fuentes de agua que abastecen a la población provincial de Canta y los distritos del norte de Lima: Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Santa Rosa, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres y el distrito de Ventanilla, el más poblado de la provincia constitucional del Callao.
Ávila señala que aproximadamente dos millones de personas serían afectadas por el impacto de la actividad minera en la cordillera.
"Cuando se da una concesión se tiene que evaluar los impactos que se van a dar. No digo que no haya minería; la minería se puede ejercer, pero sin vulnerar los derechos de otros. Acá estamos hablando de la calidad de agua, riesgo de contaminación, pérdida de fuente de producción", sostiene Ávila.
Según Pedro Arrojo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, España, y primer español en recibir el Premio Goldman de medio ambiente, "en países europeos deshacerse de un glaciar sería impensable; no es que no sería posible e irrealizable, sino impensable".
Axel Dourojeanni, consultor de organismos internacionales en materia de medio ambiente y recursos naturales y doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Estatal de Colorado, EEUU, señala que "hay zonas donde no debe haber minería y punto, lo cual no significa no a la minería a rajatabla y sin pensar en ninguna alternativa".
"Indudablemente que uno debería tener un estudio por cuenca, lo suficientemente detallado, para ver dónde están las partes sensibles. Y aunque haya oro abajo o todos los minerales del mundo, no se debería explotar. Debemos ver dónde se podría explotar sin poner en riesgo nuestra capacidad de captar agua de las cuencas", precisó.
Dourojeanni afirma que la minería en glaciares es un tema muy delicado.
"El glaciar es una reserva de agua natural que nos salva de momentos de mayor escasez", explica. "La minería, lamentablemente, aunque quiera hacer lo mejor, aun cuando no quiera, destruye el ambiente. Hemos visto que el solo hecho de que haya camiones pasando por un camino, éstos levantan polvo que cae sobre un glaciar; el glaciar cambia y comienza a calentarse porque el color negro atrae el calor".
"Las concesiones en glaciares son extremadamente graves porque son la única fuente de agua en las partes bajas", dice Dourojeanni. "Dejar después sin agua a un valle completo, significa que el Estado tenga que desalinizar agua de mar, para abastecer de agua potable a esta zona que hoy tiene este recurso. El costo para la ‘desalinización’ es altísimo, y no la van a pagar las mineras; esto es un pasivo que va a asumir el Estado".
Arrojo manifiesta que con minería en glaciares se está acelerando un proceso peligroso de desaparición progresiva de estas bases de regulación de los recursos hídricos.
"Cuando el glaciar sea pequeño, su última fase de fusión, será capaz de fundir poca nieve; ahí se nos habrá acabado una buena parte de la reserva estable de agua de la que vive la gente, de modo que eso implica la desaparición de comunidades vulnerables que hay en esas zonas, que están muy vinculadas a la necesidad de los caudales de riego. Este escenario de por sí sería muy grave", señala.
Debate urgente y necesario
La política de ordenamiento territorial es un tema ausente en el Perú.
"Se requiere de políticas públicas de ordenamiento territorial y protección de cabeceras, con la protección de los acuíferos y otras reservas de regulación de los cauces de ríos, porque si rompemos eso, es como romper nuestras reservas hídricas", dice Arrojo.
El debate no sólo debe ser económico sino que debe incluir criterios de ordenamiento territorial y de protección de los derechos básicos de las comunidades más vulnerables que habitan en zonas de alta montaña. Para Arrojo, la protección, la producción económica y la salud de las poblaciones que están a lo largo de una cuenca deben estar por encima de los pretendidos intereses económicos.
"La minería a cielo abierto es muy agresiva no sólo en la estética, en la apariencia, y en los impactos sociales sobre el territorio, sino también sobre las contaminaciones que se van a derivar a corto y a largo plazo", dice.
Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui —que agrupa a instituciones que promueven el desarrollo sostenible y defienden los derechos de las comunidades y poblaciones en áreas de influencia minero-metalúrgica—, manifiesta que "se debería discutir con instrumentos, normativas y capacidad institucional sobre dónde no se debe desarrollar minería y dónde sí. Sin embargo, es lamentable que ni el Estado ni las empresas estén abiertas y dispuestas a una discusión profunda y seria".
Por su parte, Álvaro Quijandría, gerente de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Antamina, que opera en el departamento de Ancash, señala que "el otorgamiento de concesiones no debería dar una voz de alerta, sino que te está diciendo ‘comencemos a ordenar’. Determinar cuál es la acción económica que se quiere desarrollar en cada actividad se debe hacer mediante un proceso de consulta, y eso podría ser perfectamente parte de un proceso de zonificación ecológica económica, y ver con el mapa del país las potencialidades de cada zona, qué cosa se puede hacer y qué actividades no. El otorgamiento de una concesión no implica necesariamente que se vaya a ir en contra de la ley, explotando en zonas donde no debería haber explotación minera".
Lo cierto es que en el Perú hay un crecimiento desordenado de las industrias extractivas sin ninguna planificación. Leyva asevera que ello se debe a que "no ha habido una mirada en conjunto de cómo queremos crecer; hay una ausencia de visión de desarrollo, de lo que queremos como país; hay ocupación totalmente desequilibrada que genera pobreza, desarticulación, que está guiada por criterios económicos".
Para ordenar el territorio peruano es hora de empezar el debate e impulsar políticas donde no deben imponerse criterios de producción bajo cualquier costo. Se debe optar por criterios ambientales, económicos y sociales que prioricen los valores, los derechos humanos, el derecho a la salud y el derecho a vivir en un ambiente sano, como lo garantiza la Constitución. —Noticias Aliadas. |
